La muerte del comunero Efraín Fueres en Cotacachi, aparentemente por un disparo de la fuerza pública; la paliza que uno de sus compañeros recibió por parte de un militar y la retención arbitraria de 17 soldados evidencian que la protesta en Imbabura se tornó violenta. Y que las fuerzas de orden y seguridad del Estado hoy están en la crítica de los sectores sociales por considerarlas altamente represivas. El Gobierno denuncia, por su parte, que los manifestantes son violentos y que detrás de ellos se esconde el crimen organizado.

¿Este conflicto es administrado bajo un protocolo coherente del uso progresivo de la fuerza? Ecuavisa.com revisó las reformas y cambios que desde 2022 se hicieron a estos procedimientos para acompañar el trabajo de policías y militares para neutralizar marchas y amotinamientos. Sin embargo, la crítica a su actuación no han cesado.

En agosto de 2022 se promulgó la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que establece principios fundamentales como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Esta ley regula de manera explícita el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, incluyendo la posibilidad de emplear armas letales únicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.

En junio de 2023 se aprobó el Reglamento de la Ley, que detalla procedimientos de aplicación que van desde técnicas de verbalización y negociación hasta el uso de medios no letales, requisitos de informes sobre intervenciones y protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos en cada operación. Posteriormente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 371, que ordenó la actualización de los manuales operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Esta medida buscaba adaptar las estrategias a nuevas amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo, y asegurar que la actuación de las fuerzas del orden cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, según información oficial del Gobierno Nacional.

Los manuales operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se actualizaron para regular el uso de la fuerza. Se permite fuerza letal solo ante amenazas graves o agresión armada, mientras que la fuerza progresiva y no letal debe usarse en disturbios, evaluando la amenaza en tiempo real. Los superiores son responsables si ordenan acciones ilegales.

En manifestaciones, las protestas pacíficas deben protegerse, y la fuerza solo se justifica ante disturbios violentos o amenaza letal inminente. Ante muertes de manifestantes, la Fiscalía investiga y los familiares tienen derecho a reparación integral.

El presidente puede declarar estado de excepción en provincias con alteraciones graves del orden público, restringiendo derechos temporalmente y aumentando el despliegue policial y militar, siempre con supervisión de la Corte Constitucional. La ONU y la CIDH recomiendan que la fuerza sea último recurso, con capacitación continua y atención médica inmediata a los heridos.

En entrevista con Ecuavisa.com, el excoronel Mario Carillo explicó que el uso progresivo de la fuerza se aplica en función del tipo de protesta. Por ejemplo, cuando algunos manifestantes emplean artefactos caseros, como bombas molotov, las Fuerzas Armadas pueden responder con medios proporcionados, como gas lacrimógeno, para neutralizar la amenaza y dispersar a quienes atacan.

Carillo advirtió que, si los manifestantes vulneran derechos humanos o representan un riesgo claro para la sociedad civil, el nivel de respuesta puede incrementarse. Según información de inteligencia citada por él, algunas movilizaciones incluyen individuos con equipamiento militar o conocimientos técnicos que podrían intensificar los disturbios con fines políticos.

Asimismo, señaló que si miembros de las Fuerzas Armadas son retenidos o secuestrados durante una protesta, el hecho deja de ser una manifestación social para convertirse en delitos tipificados por la ley, como secuestro, tentativa de secuestro o tentativa de homicidio, lo que justificaría una actuación penal y de seguridad distinta.

El excoronel consideró un error la amnistía aplicada en 2022 a manifestantes detenidos, argumentando que se trató de una falta de aplicación de la ley. Finalmente, subrayó que el uso de fuerza letal solo estaría contemplado en casos en los que los manifestantes empleen armamento letal y exista un peligro inminente para la vida de civiles o de los miembros de las fuerzas; en esas circunstancias, las autoridades militares evaluarían la situación y podrían autorizar su uso como medida de defensa del Estado de derecho.

Según Michelle Maffei, experta en crimen organizado y derechos humanos, la implementación del uso progresivo de la fuerza presenta fallas importantes, principalmente debido a la militarización de las manifestaciones. La especialista sostiene que el personal militar carece de lo que denomina “tacto social” y que su formación histórica no está orientada a disuadir o mantener el orden durante paros nacionales, sino a la defensa y al uso de fuerza letal.

Maffei indicó que, tras la muerte del comunero Efraín Fueres, el nivel de violencia en las protestas se ha intensificado. Un ejemplo de esto fue el ataque a un convoy del Gobierno Nacional, que dejó varios vehículos afectados. Según su experiencia, situaciones como esta podrían provocar un aumento en el nivel de represión por parte de militares y policías.

Además, advierte que, más allá de la inconformidad social, las protestas se deben a factores estructurales, como la minería ilegal y el narcotráfico desde la frontera norte, transportados mediante transporte pesado, lo que ha contribuido al estallido de movilizaciones. Otro factor relevante es la infiltración de bandas delictivas dentro de las protestas, lo que coincide con la opinión del excoronel Carillo. Estos grupos delictivos se aprovechan de líderes sindicales para exacerbar los disturbios, de manera similar a dinámicas históricas observadas en la mafia italiana en Europa.

La experta señaló que Ecuador genera aproximadamente 1.1 billones de dólares al año a través de la minería ilegal, pero aclaró que estas bandas no son de origen extranjero, como el Cartel de Aragua, sino grupos nacionales como Los Choneros o Los Lobos.

Las reformas al uso de la fuerza en Ecuador reflejan un intento por equilibrar la seguridad ciudadana con la protección de los derechos humanos. Aunque los manuales de la Policía y las Fuerzas Armadas establecen reglas más claras sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza letal, los antecedentes de abusos en 2019 y 2022 mantienen la desconfianza social. La muerte de manifestantes, como el reciente caso en Imbabura, reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal, la cual los organizadores y precursores del paro responsabilizan al gobierno nacional.