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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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«No hay lluvias, pero hay energía», sostiene la ministra Inés Manzano, mientras el embalse de Mazar cae de forma acelerada

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La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó, este 8 de enero de 2026, un riesgo de apagones en Ecuador, en medio de la preocupación por la falta de lluvias en el sur del país y la caída acelerada del embalse de Mazar.

«No hay ningún riesgo de apagón. Acordémonos, en 2024 no había lluvias, no había energía. 2026: no hay lluvias, pero hay energía», explicó la ministra en una entrevista con Radio Centro.

Según la funcionaria, eso significa que «lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el más importante… y para eso son los embalses, cuando hay la época en que no hay lluvia, comienzas a utilizar la energía que está represada».

Debido a la falta de lluvias desde diciembre de 2025 en el Austro del país, donde se encuentra Paute-Molino, el complejo hidroeléctrico más grande de Ecuador, el nivel del embalse de Mazar ha empezado a caer más rápido.

El nivel máximo del embalse de Mazar es de 2.153 msnm, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace. Pero por la disminución de lluvias, este 8 de enero (con corte a las 10:00), el nivel del embalse se encuentra en 2.137 msnm.

Si el nivel del embalse cae por debajo de 2.115 msnm, lo recomendable, desde el punto de vista técnico, es que la hidroeléctrica Mazar salga de operación, para no sufrir daños en sus turbinas por el ingreso de sedimentos.

Inés Manzano añadió que el Gobierno ha realizado algunas inversiones en el sector eléctrico. «Este año tienen que entrar 300 megavatios de térmicas, que es la energía firme, y, adicionalmente, la energía solar».

Sin embargo, el sistema eléctrico de Ecuador aún es vulnerable. Hay un faltante de 866 megavatios de generación pendiente por instalar, de acuerdo con un informe del operador estatal Cenace.

Mientras tanto, en el Austro del país, los niveles de los ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico Paute y al embalse de Mazar siguen cayendo.

En Cuenca, por ejemplo, tres de los cuatro ríos que alimentan a Mazar se encuentran en niveles bajos este 8 de enero, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA. Fuente: Primicias

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CAL pide informe para avanzar con el juicio político contra Mario Godoy: ‘esta Asamblea no adelanta sentencias’

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional pidió un informe técnico para avanzar con el procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Este jueves 8 de enero de 2026, se instaló la sesión presidida por el titular del Legislativo, Niels Olsen, los vocales Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri y Steven Ordoñez, para conocer y resolver la solicitud contra Godoy, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, acerca de presuntas presiones y amenazas para beneficiar un narco serbio.

Al inicio de la sesión, Olsen manifestó que “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia”, recalcó.

Asimismo, Olsen enfatizó: «esta Asamblea Nacional no adelanta sentencias, hace que le corresponde, cuando corresponde«.

Con 5 votos a favor, el Consejo aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual deberá ser presentado en el plazo máximo de 3 días.

En la misma sesión, los consejeros del CAL acogieron la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

Presuntas amenazas en la Judicatura

En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presuntas presiones desde la propia Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado por el delito de lavado de activos.

Según relató Serrano, su pesadilla comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando sentenció a 10 años de prisión a Srdan por lavado de dinero. Tras el fallo condenatorio, le fue retirada la protección policial, una decisión que —advirtió— lo obligó a abandonar el país ante las amenazas que habrían puesto en riesgo inminente su vida.

A las denuncias de Serrano se suma el caso de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien aseguró que la institución, bajo el liderazgo de Mario Godoy, la dejó “a merced del crimen organizado”, pese a haber recibido múltiples amenazas de muerte.

En su defensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones surgidas tras la denuncia del juez Serrano. En su intervención, sostuvo que la entidad que dirige “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales y no emite ni modifica fallos”.

Asimismo, Godoy advirtió sobre un supuesto plan político que buscaría afectar a todas las funciones del Estado y que, según afirmó, habría iniciado en su contra con el objetivo de apartarlo del aparato judicial. Fuente: Vistazo 

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Empresa vinculada con ‘El Turco’ Massuh vendió un software inservible a CNT por USD 4,5 millones

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El informe de la Contraloría fue publicado el 24 de diciembre de 2025. El documento revela presuntas irregularidades en un acuerdo comercial firmado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y una empresa no identificada, que causó un perjuicio de USD 4,5 millones. Pero detrás de dicho acuerdo, cuyos detalles se hacen públicos por primera vez, hay conexiones que se extienden más allá y llegan hasta el caso Encuentro.

La empresa que no es mencionada en el informe de la Contraloría es Milton Morris Partners & Co, una compañía ecuatoriana con sede en Samborondón, provincia del Guayas, y relacionada con Nain Massuh, ‘El Turco’, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana, cuyo último paradero conocido es Colombia, donde fue detenido y luego liberado.

Massuh es un personaje del que se conoce poco, pero cuyo nombre salió a la luz en los casos Encuentro y Metástasis. Es un empresario mencionado en las conversaciones entre Xavier Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero, aunque no está procesado en este caso.

Sí lo está en el caso Encuentro, en el que la Fiscalía lo señala de ser quien manejaría varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener «réditos económicos indebidos» para su socio y amigo, Clemente Icaza Morla, entonces gerente de la empresa pública CNEL.

Según el informe de la Contraloría, Milton Morris Partners & Co vendió una «solución tecnológica de gestión de procesos corporativos y de cumplimiento», por el que CNT pagó USD 4,5 millones. La idea era que CNT luego venda ese software a las instituciones públicas, y recupere lo «invertido». Pero eso nunca pasó, pues en realidad no había interés en las instituciones públicas en un sistema de ese tipo.

Las irregularidades en el acuerdo comercial
El acuerdo comercial entre CNT y Milton Morris se firmó el 27 de mayo de 2022, es decir en el tiempo que Ralph Suástegui se desempeñaba como gerente (entre agosto de 2021 y mayo de 2023). Según la Contraloría, el 21 de junio de 2022 CNT desembolsó los USD 4,5 millones.

Pero antes de firmar el acuerdo, CNT comenzó a ‘armar’ la necesidad de dicha contratación. La investigación de la Contraloría evidenció que, en realidad, no había interés de parte de las instituciones públicas en adquirir un «sistema de gestión de contratos».

Una segunda irregularidad que CNT halló es que originalmente Milton Morris había ofertado que el pago de los USD 4,5 millones era por «la acreditación (a CNT) como canal comercial exclusivo» de dicho software. Pero luego, el acuerdo comercial firmado, estableció que el pago de los USD 4,5 millones sería por el «soporte, mantenimiento y actualización de todas las licencias entregadas en comodato por tres años». Es decir, CNT recibió las licencias «en calidad de préstamo de uso».

Al final, la Contraloría encontró que, a 2025, CNT no recibió ni un dólar de ingresos por la reventa de este software, ni consiguió cerrar una sola venta. La «solución tecnológica» tampoco fue usada por todas las áreas de CNT, como estaba previsto. Es decir, que el perjuicio ascendió a USD 4,5 millones, el mismo valor pagado a Milton Morris.

PRIMICIAS consultó a CNT si el acuerdo sigue vigente y si se han hecho gestiones para recuperar algo de lo pagado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota la tarde del 7 de enero de 2026 no ha habido una respuesta.

La «solución tecnológica» que CNT compró con el acuerdo comercial incluía módulos para gestión de contratos, de gobierno corporativo, de recursos humanos, gestión documental, «data room» y gestión de procesos y debida diligencia. Además, el uso de una aplicación llamada Proximit.

Massuh, detrás de Milton Morris
Milton Morris Partners & Co fue creada, en 2019, por Francisco y Raúl Marchán. Después de algunos movimientos en sus registros, la accionista principal de esta firma desde 2020 es Erna Aguirre Palacios, esposa de Nain Massuh. Es una empresa que, según su registro en la Superintendencia de Compañías, se dedica al desarrollo de software y tecnología.

Milton Morris & Partners también existe como empresa registrada en Delaware, Estados Unidos, aunque no es público el nombre de sus directivos o accionistas.

El nombre de la empresa aparece varias veces en el caso Encuentro. En ese expediente, constan las transcripciones de cientos de grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa de Massuh, en Samborondón, que se obtuvieron en un allanamiento. Aunque ningún contrato con CNT llegó a ser incluido en la acusación contra Massuh, pues las investigaciones se concentraron en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en su amistad con Antonio Icaza, exgerente de esa empresa

En las grabaciones obtenidas de la casa de Massuh (en las que no se identifica a los interlocutores), el nombre de la empresa Milton Morris aparece varias veces, al igual que múltiples menciones a CNT. Por ejemplo, en un archivo de diciembre de 2022 (después de la firma del acuerdo comercial), un hombre dice: «Acuérdate que Milton me compró a mí con CNT».

Los archivos del caso Encuentro
En otro archivo, de septiembre de 2022, el grupo aparentemente se refiere al acuerdo de Milton Morris con CNT:

– VM1: llego ayer a llorarme, que ayude, que ni sé, que con este man del Municipio, que le ayude con el software porque le puede vender. (Le) digo: bueno, está bien, véndelo el software, yo le pago comisión. No (v)es que yo soy el que vende el software. Yo hice un acuerdo con CNT y  CNT no vende.
VM2: Ah ya.
VM1: Y CNT es mi socio, es mi distribuidor autorizado. Entonces yo vendo en (USD) 5 millones, CNT se queda con 2 (millones) y yo con 3 (millones). Así 40-60.
VM2: No te creo.
VM1: Yo he vendido como pan caliente y en el Estado quieren.

En otra grabación, que corresponde a enero de 2023, un hombre dice: «Erna (la esposa de Massuh) administra 29 empresas, tiene certificaciones ISO9001, 37000, 36000. Adminases (otra empresa de Erna Aguirre) le da el servicio de administración a Milton Morris de Estados Unidos, Milton Morris Ecuador…».

Esto se menciona en el marco de una conversación en un grupo sobre un posible negocio con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Los participantes buscan usar el mismo modelo: llegar a proveer el servicio a través de un acuerdo comercial con CNT. «La intención es que el acuerdo comercial se firme entre la ANT y CNT y si es que nosotros como integradores estamos apagando el CNT para soportar esa consola», dice una parte de la conversación. Fuente: Primicias

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