Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo
El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.
Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.
La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.
Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.
Contrato de USD 240 millones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Nacionales
Ecuador aún enfrenta desafíos para consolidar ciudades inteligentes y conectadas
Ecuador avanza de manera progresiva hacia la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes; sin embargo, todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la conectividad, infraestructura tecnológica y aprovechamiento de datos. Así lo señaló Katty Rohoden, directora de la Carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante una entrevista con Diario El Amazónico sobre el tema: “Ciudades inteligentes: ¿Está Ecuador preparado para vivir en ciudades más conectadas?”
Rohoden sostuvo que, de acuerdo con la política pública nacional, actualmente no se puede afirmar que una ciudad ecuatoriana sea completamente digital o inteligente, aunque existen localidades que han desarrollado iniciativas orientadas a este objetivo. A su criterio, el país todavía presenta cierto retraso en materia de conectividad, particularmente frente al despliegue de tecnologías de nueva generación.
Uno de los aspectos abordados fue la implementación de redes 5G. La académica explicó que Ecuador tuvo un retraso en los procesos relacionados con la concesión de frecuencias, lo que incidió en el despliegue de esta tecnología. No obstante, señaló que desde finales de 2025 y durante 2026 operadores como CNT y Claro han iniciado el despliegue de redes 5G en el país.
La especialista también puso énfasis en la brecha digital existente en sectores rurales, donde todavía existen comunidades que no disponen de acceso a internet e incluso carecen de cobertura de telefonía celular. Esta situación limita oportunidades relacionadas con la educación en línea, telemedicina, acceso a información y otros servicios digitales.
Conectividad como base de las ciudades inteligentes
Para Rohoden, una ciudad o territorio inteligente no necesariamente requiere contar desde el inicio con la tecnología más avanzada. El elemento fundamental es disponer de conectividad, ya sea mediante radioenlaces, redes Wi-Fi u otras soluciones tecnológicas que permitan garantizar el acceso a la comunicación y la información.
En este proceso, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplen un papel estratégico, debido a que pueden establecer políticas y asignar presupuestos para transformar proyectos tecnológicos en soluciones concretas para la ciudadanía.
La directora de Telecomunicaciones explicó que desde la academia pueden desarrollarse proyectos como sistemas de monitoreo ambiental y redes de sensores; sin embargo, su impacto depende de que existan recursos y mecanismos institucionales que permitan implementarlos a escala territorial.
La experiencia de Loja
Durante la entrevista también se analizó el proceso desarrollado por Loja, ciudad que ha impulsado iniciativas vinculadas con conectividad, puntos Wi-Fi, movilidad y sistemas tecnológicos aplicados a los servicios urbanos.
Rohoden destacó experiencias relacionadas con el monitoreo del tráfico y la congestión vehicular mediante sensores, señalando que estas iniciativas pueden constituir referencias para otros territorios del país.
No obstante, advirtió que el desafío no consiste únicamente en instalar sensores y recopilar información. El siguiente paso es procesar y utilizar los datos mediante herramientas como la inteligencia artificial, con el objetivo de generar análisis predictivos y mejorar la toma de decisiones públicas.
Universidad y formación de nuevos profesionales
La académica destacó el papel de las universidades en la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades tecnológicas de los territorios.
En el caso de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL, explicó que se trabaja en un proceso de rediseño orientado a integrar las telecomunicaciones con áreas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas tecnologías de conectividad.
La formación busca que los futuros ingenieros no solamente conozcan las bases teóricas de las telecomunicaciones, sino que también puedan diseñar e implementar soluciones tecnológicas, considerando las características geográficas y las necesidades específicas de cada comunidad.
Tres desafíos para Ecuador
Al realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades del país para los próximos diez años, Rohoden identificó tres aspectos prioritarios:
1. Reducir la brecha de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores alejados.
2. Fortalecer e incrementar la infraestructura tecnológica, necesaria para el despliegue de redes de nueva generación como 5G.
3. Realizar un uso adecuado e inteligente de los datos, considerando tanto la información generada por dispositivos y sistemas de monitoreo como la protección de datos personales.
Respecto a la conectividad rural, la especialista mencionó a Starlink como una alternativa tecnológica que puede contribuir a atender sectores donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de infraestructura terrestre. Señaló que su utilización debe analizarse de acuerdo con las condiciones, necesidades y presupuesto de cada comunidad o municipio.
Finalmente, Rohoden enfatizó que el concepto de ciudad inteligente debe estar orientado principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no limitarse a incorporar tecnología. A su criterio, el desarrollo tecnológico debe avanzar paralelamente con la atención de las necesidades básicas y la reducción de las desigualdades de acceso a internet.
La UTPL, a través de su Carrera de Telecomunicaciones, informó además que mantiene abierto su proceso de matrículas hasta inicios de octubre, invitando a los estudiantes interesados en tecnología, conectividad, redes satelitales, Internet de las Cosas y soluciones inteligentes a formar parte de esta área de formación profesional.
Nacionales
La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana
El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.
Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.
El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.
También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.
Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.
La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.
El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.
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