Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.
La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.
Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.
A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.
A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.
Regresó a la vivienda, pero sin su hijo
El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.
Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.
Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.
Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.
Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo
Nacionales
El Niño: Guayaquil prevé inundaciones de hasta 2,80 metros de altura, mientras acelera sus planes de mitigación
El Municipio de Guayaquil proyecta niveles de acumulación de agua de entre 40 centímetros hasta 2,80 metros de altura en los sectores más vulnerables de la ciudad. Se trata de niveles de fluctuación histórica de inundación registrados en zonas del noroeste de Guayaquil, que se podrían agudizar ante potenciales lluvias extremas por el fenómeno de El Niño.
Sandra Peñaherrera, líder comunitaria de Voluntad de Dios en Monte Sinaí, advirtió que la falta de alcantarillado pluvial en ese sector del noroeste incrementa el riesgo de desbordamientos y eleva a niveles peligrosos el nivel de las aguas durante inundaciones.
«El año pasado se nos cayeron tres casas y este año no queremos otro desastre», manifestó Peñaherrera, que urgió al municipio a desplegar maquinaria en el sector, pues señaló que la limpieza de los canales de aguas lluvias aún no iniciaban en la zona.
Fenómeno de El Niño: Del cerro Santa Ana a Nueva Prosperina, 14 sectores de Guayaquil tienen puntos amenazados por deslizamientos de tierra
El noroeste, la zona con mayores deficiencias de servicios públicos de la ciudad, es también la más expuesta pues creció de manera desordenada -a través de invasiones de tierra-.
Mapa de riesgo de inundaciones en en el norte de Guayaquil.PRIMICIAS
Según las autoridades, en el noroeste se construyeron viviendas sobre canales naturales de desagüe, por lo que no se descartan evacuaciones de familias enteras en el sector durante El Niño, pese a trabajos de mitigación. El Municipio tiene capacidad para albergar hasta 2.000 personas en 29 albergues temporales ubicados en los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI).
Los reclamos sobre la falta de inicio de trabajos de limpieza de canales se registran también en zonas del noroeste en torno a urbanizaciones como Mi Lote y Villa Bonita.
La concesionaria de agua potable y alcantarillado Interagua informó de un cronograma progresivo de intervención y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), el ente rector municipal, presentó avances de su Plan Preinvernal, el pasado 15 de septiembre de 2026.
El avance de obras y sectores con riesgo criminal
Emapag articula acciones preventivas de la ciudad mediante dos ejes: el Plan Preinvernal y el Plan Choque. De acuerdo con Isabel Tamariz, presidenta del directorio, el Plan Preinvernal contempla la limpieza de 145 kilómetros de canales, sumideros y tirantes con una asignación de USD 2 millones.
Por su parte, el Plan Choque expandió su alcance inicial de 19 a 35 obras, duplicando su presupuesto de USD 4 millones a USD 8,2 millones para intervenir con infraestructura puntos de alta vulnerabilidad.
David Ortiz, gerente general de Emapag, detalló que el porcentaje de ejecución actual ronda el 5% en el Plan Choque y cerca del 10% en el Plan Preinvernal. Se trata de trabajos de mitigación que suelen iniciar cada año entre septiembre y octubre, pero que este año se adelantaron por El Niño al mes de agosto.
La meta municipal es culminar la totalidad de los proyectos entre noviembre y diciembre, meses en los que El Niño prevé alcanzar su clímax -según previsiones internacionales-. Los trabajos de limpieza se están acelerando pero son las obras de mayor envergadura -como la construcción de ductos cajón y cámaras de drenaje- son las que tomarán más tiempo.
Ortiz habló de un desplazamiento en el núcleo o «centro de acoplamiento» de El Niño hacia Colombia por lo que confía que las lluvias más intensas en Guayaquil se presenten en época tradicional, desde inicios de año, dijo. A los desafíos se suma un problema de seguridad en sectores como en noroeste de la ciudad, el más vulnerable: la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), reconoció.
Según reportes de Interagua y Emapag bandas criminales extorsionan a contratistas, amenazan con dañar la maquinaria pesada e incluso han llegado a secuestrar a trabajadores, obligando a coordinar las labores de limpieza de canales con patrullaje y resguardo de la fuerza pública.
Inundaciones en Guayaquil, por el invierno, marzo de 2023.API.
Sectores críticos y el clamor de barrios vulnerables
Además del noroeste, entre los puntos críticos expuestos a mayores inundaciones se encuentra barrios enteros en el norte de Guayaquil y en el suroeste de la ciudad, en el sector del Suburbio.
Sauces 6, en el norte, cuya topografía se encuentra 1,5 metros por debajo del nivel promedio del resto de la ciudad, sufre severas y prolongadas inundaciones cada año. El municipio invierte cerca de USD 1 millón en la construcción de una estación de bombeo, informó Emapag. La obra busca reducir los tiempos de anegación a un máximo de 15 a 20 minutos.
El muro del canal de aguas lluvias de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, con filtraciones, tras una lluvia en junio de 2026.API
Otros de los barrios en el norte, con riesgo periódico de quedar íntegramente bajo el agua, es Las Orquídeas Este, donde el muro perimetral de un canal es lo único que mitiga en algo las inundaciones.
Los moradores solicitan una intervención urgente debido a que el muro de contención registró filtraciones en la pasada etapa lluviosa y corre el riesgo de romperse, con resultados potencialmente catastróficos ante lluvias extremas.
Las autoridades de Emapag se comprometieron a inspeccionar el estado del muro y a un posible refuerzo, “en caso de identificarse la necesidad”, señaló Tamariz.
Mapa de sectores inundables en el sur y suroeste de Guayaquil.PRIMICIAS
Los puntos críticos por riesgo de inundación en Guayaquil
- En el noroeste de Guayaquil, en donde viven medio millón de personas: Ciudad de Dios, Socio Vivienda 2, Monte Sinaí (Tres Hermanos, cooperativas Cerro Porteño, Arcoiris. Ebenezer, Monte Sinaí, Maria Paidal, El Sol, Valle Italiano, Caminos Reales 1, 31 de Octubre y Reynaldo Quiñones 2).
- En el norte de Guayaquil están expuestos barrios como Urdesa Central, Miraflores, Samanes, Sauces, Los Vergeles y Las Orquídeas, según el geoportal de riesgos de la Municipalidad.
- En los márgenes del Estero Salado, al suroeste de Guayaquil: Los sectores 19 de Septiembre, 2 de Agosto, cooperativas 30 de Abril, Febres-Cordero (sectores 13, 14, 15 y 16), Héroes del 41, Isidro Ayora, Plan Piloto 2; Precooperativas 11 de Enero, 22 Julio, Independencia, Manzana 621, Mariscal Sucre y San Francisco de Asís. Fuente: Primicias
El miércoles 16 de septiembre, el programa “La Tertulia Jurídica” desarrolló una jornada de análisis académico sobre “Crimen organizado y responsabilidad penal: desafíos probatorios en Colombia y Ecuador”, con la participación de la abogada penalista colombiana María Alejandra Jaramillo como ponente y el abogado Yamil Ávila como panelista.
El espacio fue transmitido por Diario El Amazónico, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y comunidad jurídica al análisis de la criminalidad organizada y los retos que enfrenta la administración de justicia.
Jaramillo explicó que cuenta con trayectoria en derecho penal y procesal penal, habiéndose desempeñado como servidora pública, juez penal municipal con funciones de control de garantías y defensora pública en el área penal. También ha ejercido como docente de posgrados y capacitadora de profesionales en Colombia y Perú, además de participar en procesos de formación para concursos de mérito en instituciones como la Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.
Durante su ponencia, señaló que uno de los principales retos consiste en identificar y demostrar la estructura criminal que existe detrás de determinados delitos, considerando que estas organizaciones pueden distribuir funciones de dirección, financiación, coordinación, transporte, ejecución y lavado de activos.
En el contexto colombiano, abordó el concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, diferenciándolo de la coautoría y explicando su relación con estructuras criminales de carácter permanente.
La especialista destacó que las investigaciones requieren integrar diferentes elementos, entre ellos evidencia digital, información financiera, documentación societaria, registros migratorios y aduaneros, testimonios, seguimientos e interceptaciones obtenidas legalmente, debido a que una evidencia aislada puede no demostrar por sí sola la existencia de una organización criminal.
Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal debe ser individual, por lo que una relación comercial, familiar o social con una persona investigada no convierte automáticamente a alguien en integrante de una organización criminal.
Otro de los ejes de la tertulia fue la cooperación internacional, considerada fundamental frente a organizaciones que operan en varios países. En este ámbito se analizaron mecanismos de intercambio de información financiera y digital, movimientos migratorios, extradición y recuperación de activos, siempre dentro del respeto a las garantías procesales y la soberanía de cada Estado.
Finalmente, Jaramillo abordó el denominado “Escudo de las Américas”, presentado como una estrategia de cooperación multinacional frente al crimen organizado transnacional, con énfasis en la articulación entre Colombia, Ecuador y Perú, y la participación de Estados Unidos. La ponente explicó que este mecanismo no sustituye a las fiscalías, jueces ni instituciones nacionales, sino que busca fortalecer el intercambio de información, inteligencia y coordinación.
“La Tertulia Jurídica” consolidó así un espacio de análisis jurídico y académico para abordar los desafíos que plantea la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las investigaciones penales y la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.
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