Alex Nain Saab Morán, una de las personas de mayor confianza del exlíder venezolano Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos después de que fue deportado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela.

El gobierno de Rodríguez, mediante el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería de Venezuela (SAIME), aseguró que Saab fue deportado por estar «incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América».

En 2017, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ya había acusado a Saab de ser un testaferro de Maduro y en 2021 había sido extraditado por primera vez al país norteamericano, en donde el gobierno le acusaba de conspirar para lavar activos en una red de corrupción sustentada en sobornos.

En 2023, durante la administración de Joe Biden, Washington entregó a Saab a Caracas a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y unos 20 presos políticos venezolanos.

A raíz de su reciente deportación, la fortuna de este testaferro de Maduro ha despertado curiosidad entre venezolanos y ciudadanos del mundo entero.

¿Cuál sería la fortuna de Alex Saab?
En años previos, Estados Unidos había acusado a Saab de lavar cerca de USD 350 millones en ese país, junto a su socio Álvaro Pulido.

Una investigación de Transparencia Internacional publicada en 2021 había señalado que Saab manejaba una estructura de gran tamaño conformada por «unas 89 empresas, registradas en 15 países y más de una docena de abogados en su equipo de defensa».

El Fondo Global de Construcción (Foglocons) era una de las tres firmas vinculadas a Saab que operaban en Ecuador, y que ha sido señalada por haber realizado presuntamente exportaciones ficticias a Venezuela con el sistema SUCRE.

Colombia y Panamá eran los dos países donde la mega estructura de Saab mantenía más empresas, con 22 y 27 firmas respectivamente.

Belice, Estados Unidos, Emiratos Árabes, España, Hong Kong, Italia, Malta, México, Reino Unido, Suiza y Turquía también figuraban en el listado de naciones donde Saab mantenía empresas, según el reporte de Transparencia Internacional.

Gerardo Reyes, autor del libro ‘Alex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’ y actual director de investigación en Univisión, decía en 2021 que el gobierno de Estados Unidos calculaba que el aliado de Maduro tenía un patrimonio de entre USD 1.000 millones y USD 1.500 millones.

La relación de Saab con el candidato colombiano Abelardo de la Espriella
A la par del interés sobre el dinero que habría manejado Saab, y en medio de un contexto de campañas electorales en Colombia, la deportación del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla ha causado reacciones en el debate público.

Paloma Valencia, candidata presidencial por Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, consideró que Saab «debe estar buscando abogado» y que «ojalá se conozca toda la verdad y que Alex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido ni de otra candidatura».

Si bien Valencia no se refirió a nadie específicamente, uno de los candidatos que busca llegar a la presidencia colombiana es el derechista Abelardo de la Espriella, quien desde 2015 había sido el abogado de Saab.

En una entrevista con el periódico colombiano El Espectador publicada en abril de 2021, Saab había descrito a De la Espriella como un «gran abogado y amigo».

Durante una entrevista con El Tiempo publicada en febrero de este 2026, el abogado y ahora candidato dijo que empezó su relación con Saab cuando este se le presentó como un empresario de textiles, hace más de una década.

Tras enterarse de que Saab era señalado por sus vínculos con el chavismo, le había recomendado al aliado de Maduro que se siente con los estadounidenses y coopere.

«Si tú cooperas con los americanos, puedes quedarte en Estados Unidos pero tienes que pagar un día de cárcel, podrás quedarte con parte de tu dinero», dijo el abogado en esa entrevista, en la que afirmó que fue por su gestión que Saab se reunión con agencias estadounidenses.

De la Espriella ha asegurado que cuando Estados Unidos le notificó que se iba a presentar una acusación contra Saab, optó por terminar su relación con el aliado de Maduro. «No atendió mi consejo y terminó mal», comentó ante El Tiempo.

En su libro, Reyes había escrito que De la Espriella y la exsenadora Piedad Córdoba eran «personajes colombianos que son clave para entender» los logros de Saab.

Tras las declaraciones de la cantidad Valencia, el presidenciable De la Espriella no se ha referido públicamente a la deportación de Saab hacia Estados Unidos, ni tampoco a su relación con él en el pasado. Fuente: Primicias

En una nueva edición del programa “La Tertulia Jurídica”, se contó con la participación del abogado Luigi Cruz Ponce, subcoordinador jurídico de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quien desarrolló una amplia exposición académica sobre el tema: “La teoría de la imputación objetiva como óbice al poder penal”.

El jurista compartió su trayectoria profesional y académica, destacando su formación como abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja.

Cruz Ponce señaló que actualmente cuenta con cerca de once años de experiencia dentro de la Corte Nacional de Justicia, desempeñándose como subcoordinador jurídico en una de las salas especializadas más relevantes del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, resaltó su aporte académico mediante publicaciones y artículos científicos relacionados con el derecho penal y el derecho procesal penal.

En el desarrollo de la ponencia, el expositor abordó la teoría de la imputación objetiva como una herramienta dogmática fundamental para delimitar el alcance del poder penal del Estado y establecer cuándo un resultado lesivo puede ser jurídicamente atribuido a una determinada conducta.

El jurista explicó que la imputación objetiva constituye un límite frente al ejercicio arbitrario o excesivo del poder punitivo estatal, comparando este fenómeno con la obra “Saturno devorando a su hijo” del pintor español Francisco de Goya, utilizada como metáfora de un poder penal descontrolado y autoritario.

“Cuando el poder penal actúa sin límites puede convertirse en una estructura arbitraria y discrecional, alejada de los principios garantistas del Estado constitucional de derechos”, manifestó.

Durante su intervención, Cruz Ponce desarrolló un análisis histórico y doctrinario sobre la evolución de las teorías de imputación, iniciando con la teoría de la equivalencia de las condiciones, posteriormente la teoría de la adecuación y finalmente la teoría de la relevancia típica, hasta llegar a la moderna teoría de la imputación objetiva.

El especialista sostuvo que no toda causa que antecede a un resultado lesivo debe generar responsabilidad penal, ya que corresponde determinar si la conducta creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si dicho riesgo se concretó en el resultado producido.

Para ejemplificar el tema, expuso diversos casos doctrinarios y jurisprudenciales internacionales, entre ellos el caso “Burrage vs. Estados Unidos”, relacionado con responsabilidad penal en delitos vinculados al tráfico de drogas; así como el caso “Kennedy” resuelto por la House of Lords del Reino Unido, referente a la autoadministración de sustancias estupefacientes.

Asimismo, explicó conceptos esenciales como el riesgo permitido, la previsibilidad objetiva, el fin de protección de la norma y la autoprotección de la víctima, elementos fundamentales para comprender la aplicación contemporánea de la imputación objetiva dentro del derecho penal moderno.

Cruz Ponce también enfatizó que el principio de mínima intervención penal, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), constituye un mecanismo esencial para evitar que el derecho penal se convierta en una herramienta de represión desproporcionada.

“El poder penal debe actuar como última ratio, únicamente frente a conductas verdaderamente lesivas para bienes jurídicos protegidos”, puntualizó.

En otro momento de la exposición, el funcionario judicial destacó que la teoría de la imputación objetiva no se limita únicamente a delitos culposos o de tránsito, sino que resulta aplicable a todas las infracciones penales, permitiendo una interpretación racional y garantista del sistema jurídico.

Finalmente, Luigi Cruz Ponce reflexionó sobre los desafíos actuales del sistema de justicia ecuatoriano y la necesidad de fortalecer el debate jurídico tanto en la academia como en la práctica judicial, con el objetivo de consolidar criterios jurisprudenciales que permitan limitar adecuadamente el ejercicio del poder penal.

“La administración de justicia debe nutrirse permanentemente del debate académico y doctrinario para garantizar decisiones coherentes con los principios constitucionales y con una adecuada protección de derechos”, concluyó.

Un 77 % de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho.

Según las investigaciones de la Fiscalía General, que se expusieron en los tres primeros días de la audiencia del juicio del caso Sinohydro, Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total $ 58,8 millones de los $ 76 millones que se habrían pagado como sobornos y que representarían -a su vez- el 4 % del valor del contrato, que ascendió a más de $ 1.970 millones.

En tanto que el exmandatario Lenín Moreno y su familia habrían recibido un poco más de un millón de dólares, esto es, el 1,3 % de los dineros.

La audiencia de juicio se reinstalará este lunes, 18 de mayo del 2026, desde las 08:30. Así lo dispuso el Tribunal de Juzgamiento, integrado por Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio César Inga.

En los primeros días de la diligencia, el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón se comprometió a demostrar 27 puntos relacionados con la participación de los acusados en el esquema de sobornos que habría operado entre el 2008 y el 2018, cuya finalidad fue favorecer a la empresa en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto ya citado.

La mayoría de esos puntos tiene relación con el rol de Conto Patiño, sus familiares y hasta sus abogados.

Pagos por ‘consultorías’

El fiscal Alarcón contó que Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.

Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno.

Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional.

Luego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.

En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador.

La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.

El rol de los abogados

Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.

En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos. O sea, cuatro veces más que el expresidente Moreno.

Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2′925.000.

En total, Recorsa de Ecuador habría recibido $ 75,6 millones en el banco de Panamá; y Recorsa de Panamá, $ 585.0000, “configurándose una estructura en que la compañía domiciliada en Panamá operaba como entidad instrumental, lo que resulta particularmente relevante al advertirse que, pese a tratarse de un contrato de obra pública ejecutado en el Ecuador, se abrieron y utilizaron cuentas en el extranjero para la recepción de dichos fondos, evidenciando un mecanismo orientado a ocultar y canalizar pagos indebidos fuera del control nacional”.

Alarcón indicó que el grupo familiar y empresarial de Patiño “cooperaron en la recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”.

A continuación un desglose de los montos de los sobornos que habría recibido cada grupo.

El grupo de Conto Patiño, su familia y sus abogados

El grupo de Lenín Moreno y su familia

Grupo de ‘los amigos de Coca Codo’

Fuente: Expediente de la Fiscalía/EL UNIVERSO

(I) Fuente: El Universo