Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
El nuevo año arranca con sinsabor, tanto para los ecuatorianos como para los actores políticos, especialmente para el presidente Daniel Noboa. Ecuador cerró 2025 como el año más violento de la historia, con una grave crisis hospitalaria, denuncias de presunta corrupción que salpicaron al Ejecutivo y una reciente derrota electoral.
No obstante, el país empezará 2026 de la mano de la vicepresidenta María José Pinto: el Primer Mandatario estará de vacaciones hasta el 15 de enero e inmediatamente después tiene previstos dos viajes oficiales a Suiza y Bélgica. Es decir, en enero, Noboa estaría apenas nueve días en el Palacio de Carondelet
Esto marcará el arranque de la ya cuestionada gestión gubernamental, que, dependiendo de la voluntad del Jefe de Estado, podría reajustar el rumbo de su administración para responder al llamado de atención que tuvo en las urnas cuando perdió todas las preguntas de la consulta popular y referéndum.
Sin embargo, el movido y ausente inicio de año del presidente Noboa apunta a que el estilo de Gobierno se mantendrá: silencio ante los cuestionamientos, opacidad en la administración de lo público y una negativa a reconocer los problemas.
Esta también ha sido la tónica en la Asamblea Nacional, marcada por Acción Democrática Nacional (ADN) en sus principales competencias, de legislar y fiscalizar:
Leyes bajo la ‘sombra’ de Noboa
En el primer caso, se espera que la bancada oficialista intente tramitar otras medidas definidas por el Primer Mandatario, especialmente como leyes urgentes en materia económica.
Y con la ayuda del nuevo secretario Jurídico en Carondelet, Enrique Herrería, el objetivo del Gobierno sería evitar nuevos fiascos como la caída de leyes por incumplimientos del proceso legislativo y de los principios constitucionales. Además, si el Gobierno mantiene la política de decretar permanentes estados de excepción, podría enviar hasta dos leyes cada mes.
Sin embargo, la bancada oficialista también se enfrentará a la disyuntiva de mantener su subordinación al Ejecutivo o sostener el discurso del ‘nuevo Ecuador’, defendiendo los intereses nacionales y no la agenda de turno, sin repetir viejas prácticas de bloqueo y silenciamiento de la oposición.
Además, en el horizonte podrían estar las enmiendas constitucionales que anunció el mismo Noboa después de haber perdido en las urnas, temas en los que el Ejecutivo quiere insistir, pese a la negativa de la Corte Constitucional y de la ciudadanía.
Fiscalización: una deuda permanente
En el segundo caso, la primera prueba para ADN será la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El trámite que se dé a las graves denuncias de corrupción en su contra serán la muestra del camino que tomará el oficialismo en 2026.
Aunque Godoy no es un funcionario del Ejecutivo, ADN ha mostrado vacilación para juzgarlo. Su llegada a la cúspide del poder judicial provocó dudas sobre una presunta injerencia del Gobierno, no solo en la Corte Nacional de Justicia, sino también en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
No obstante, el mismo Noboa se encargó de apuntar sus deseos para el futuro del funcionario judicial al sugerirle que renuncie, a través de sus redes sociales, el 29 de diciembre. En caso de cumplirse, esto evitaría que su bancada tenga que lidiar con el caso directamente, puesto que pondría en riesgo la posibilidad de un juicio político, bajo la presión de la opinión pública.
Pero esto no quitará las sombras de duda sobre el papel del CPCCS, que continúa moviéndose al vaivén de los pulsos políticos, y este año deberá designar al nuevo Fiscal General y, al menos, reemplazar a los ‘superprorrogados’ vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y jueces Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Y todas esas autoridades de control están a la vez en la mira de los grupos de poder, especialmente de los dos partidos políticos ahora hegemónicos: ADN y la Revolución Ciudadana (RC). Aunque en el papel exista una supuesta independencia de funciones, los ecuatorianos han sido testigos de que los intereses partidistas inundan esas designaciones.
Pero, este año, las conveniencias políticas no serán las únicas en influir en el rumbo del país y del Estado. El avance del crimen organizado, pese a la ‘mano dura’, la constante militarización y las decenas de videos e imágenes promocionales de capturas e incautaciones, ha demostrado que continuará acechando no solo al poder judicial, sino también abriéndose espacios en la tarima política.
Un nuevo proceso electoral, en la mira
El escenario electoral entrará nuevamente a prueba en el segundo semestre del año, cuando las debilitadas organizaciones políticas deban prepararse para arrancar el camino hacia las seccionales de 2027, que definirán miles de candidaturas locales.
Las autoridades electorales ya han dejado claro que no pueden ejercer un control efectivo del financiamiento de la política, por falta de recursos, de cumplimiento de la legislación e incluso de tiempo e interés. Apenas a finales de 2026, el CNE denunció a las agrupaciones que no transparentaron su gasto electoral en la campaña extraordinaria de 2023.
Y por más que ADN y el correísmo hayan unido fuerzas para modificar nuevamente las reglas electorales y quitarse de encima al resto de los partidos y movimientos, que, mayoritariamente, solo necesitan un fracaso más para desaparecer.
Esto porque ha quedado claro que el distanciamiento entre los actores políticos y la ciudadanía, sumado a la violencia política infligida por el crimen organizado, ha provocado que las listas de candidatos sean, cada vez, más difíciles de completar y que quienes acepten la participación estén subyugados a los intereses de los dueños o ‘líderes’ de cada tienda.
Este sistemático debilitamiento del sistema político tiene y mantendrá impacto directo en el destino del país, aunque la ciudadanía, cada vez más alejada de la participación en los asuntos de interés público, se niegue a aceptarlo.
ADN pondrá a prueba su nueva estructura, que pese a su juventud ya ha recurrido a figuras recicladas de otros partidos y a cuadros sin experiencia ni conocimientos para ocupar cargos públicos. Todo después de descubrir que las redes sociales y la propaganda gubernamental no alcanzan para convencer a los votantes que padecen día a día con los problemas del país.
Mientras que el correísmo arrancará 2026 con una definición interna clave: su nueva presidencia nacional. Tras el fracaso de Luisa González y las posturas inapelables de Rafael Correa, que solo dividen a sus bases, la lista 5 decidirá si seguir bajo la sombra exclusiva del exmandatario o arriesgarse a probar su propia suerte.
Esa decisión podría marcar el fin de la tendencia política como la conocía el Ecuador, que poco a poco dejó de ser la primera fuerza electoral y empezó a desgranarse bajo el peso de los casos de corrupción, los audios filtrados y las pugnas internas, que han alejado a sus figuras más conocidas y con mayor trayectoria.
Y esos rostros, especialmente los que ya han sido descartados públicamente por el mismo Correa, podrían encontrar cabida en las listas de RETO, para intentar mantener espacios de poder cuatro años más en los distintos gobiernos locales, como prefecturas y alcaldías.
Aunque eso les implique mantener pulsos políticos con el Gobierno, que ha demostrado su obstinación en enfrentarse con las autoridades correístas o de oposición, que están por terminar sus periodos, pese a que esa pugna y división pudo haber influido en la última decisión de los ecuatorianos, que ya advirtieron que sus votos no están garantizados para ninguna tendencia. Fuente: Primicias
Nacionales
Seis personas fueron asesinadas durante celebraciones por fin de año en Buena Fé, Los Ríos
Durante la madrugada del 1 de enero del 2026, cuatro hechos violentos, que dejaron un saldo de seis muertos, entre ellos dos menores de edad, se registraron en el cantón Buena Fé, en la provincia de Los Ríos.
Los hechos se perpetraron bajo la modalidad de sicariato y fueron ejecutados por individuos con el rostro cubierto que se movilizaban en vehículos. Hasta las 09:00 de este viernes, la Policía no ha anunciado detenciones relacionadas a los casos.
El primer ataque se registró en una vivienda del sector Las Vegas, a las 01h00. La víctima, identificada como Édison Omar Quijije Bravo, de 46 años, murió tras recibir varios disparos. Otras cinco personas que se encontraban en el inmueble, celebrando el Año Nuevo, quedaron heridas, incluidos dos niños, de 5 y 9 años.
A las 04h00 se registró una balacera en el sector La Lupita, en el que Vicente Leovigilio Vélez Ponce, de 60 años, y su hijo Carlos Alberto Vélez Guagua, de 35, murieron en su vivienda al recibir disparos por parte de sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El ataque también dejó un familiar de las víctimas herido.
Posteriormente, en la parroquia rural Patricia Pilar, un hombre identificado como Fernando José Zambrano Intriago, de 24 años, murió tras recibir disparos a quemarropa efectuados por un hombre encapuchado que, al igual que en el resto de casos, escapó de la zona en una motocicleta.
Nueva estado de excepción
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles 31 de diciembre un nuevo estado de excepción en nueve provincias, incluido Los Ríos, y tres municipios, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado, luego de que el registro de homicidios en el 2025 alcanzara la cifra récord de 8.847., de acuerood a datos de la Policía Nacional.
La medida, vigente por 60 días, abarca también las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, incluye a los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
El decreto señala que la violencia se ha intensificado y extendido territorialmente, con dinámicas delictivas interconectadas entre corredores logísticos y zonas de influencia. El objetivo es neutralizar amenazas de seguridad y recopilar información clave contra el crimen organizado. Fuente: Vistazo
Nacionales
Capturan en Colombia a alias ‘Gato Celi’, cabecilla de los Chone Killers vinculado a crímenes en Durán
Cristhian Pastor V., conocido con el alias de ‘Gato Celi’, fue capturado en Cali, Colombia, este miércoles 31 de diciembre. El detenido es señalado como cabecilla del grupo criminal Chone Killers y cómplice de alias ‘Bob Marley’.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, confirmó la detención del sujeto, quien es responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán.
Además, el ministro detalló que ‘Gato Celi’ mantenía disputa territorial con alias ‘Negro Tulio‘, «uno de nuestros huéspedes de (la cárcel de máxima seguridad) El Encuentro”.
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