Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
El presupuesto público para medicamentos bajó de USD 440 a 279 millones en tres años: ¿Quién financia la salud en Ecuador?
Del dicho al hecho hay gran trecho. La Constitución ecuatoriana establece que el presupuesto en salud debe subir en forma paulatina. Lo que sube es el gasto de bolsillo en salud. Éste es el monto que paga cada ciudadano, por su propia cuenta. Entre 2018 y 2022 el porcentaje osciló entre 30 y 32 por ciento de todo lo invertido en salud por el país en un año, según datos del INEC. La cifra debe haber subido últimamente, advierten analistas, para bordear el 40 por ciento.

En términos reales, cada ecuatoriano destina alrededor de USD 130 mensuales para temas de salud. Al año, más de USD 1.500.
«Un sistema de salud debe cumplir dos objetivos básicos. El primero es mantener sana a la población y recuperar la salud de quienes la perdieron. Y el segundo es tener una red de protección social en salud para evitar que las familias empobrezcan cuando uno de sus miembros enfrenta una enfermedad catastrófica», explica José Ruales, médico con 45 años de trayectoria como salubrista y 31 años de experiencia en formulación de políticas públicas.
Ruales fue subsecretario, luego viceministro; y dirigió entre julio de 2022 y noviembre de 2023 el Ministerio de Salud. Al salir de esa cartera fue convocado a Centroamérica para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De esa misión acaba de volver al país para dirigir desde el decanato la carrera de Salud de la UISEK, en Quito.
En sus cálculos, el gasto de bolsillo en salud se aproxima al 40 por ciento.
¿Qué implica esto? Que los ciudadanos asumimos la crisis fiscal, financiando de nuestros bolsillos el déficit generado por un menguante presupuesto público destinado al sector.
A mayo de 2026, el presupuesto codificado para salud supera los USD 5.500 millones. Solo USD 2.600 millones están financiados.

Ruales apunta que hay un problema adicional. A USD 1.340 millones asciende el pasivo del sector, ya que se debe pagar a las dializadoras, a Solca y clínicas privadas.
En la actualidad, el presupuesto codificado es el que consta en balances, pero el real es el presupuesto financiado.
En 2023 se contó con un monto efectivo de USD 440 millonespara compra de medicamentos y dispositivos.
Para 2026 lo codificado para el mismo rubro apenas llega a la suma de USD 279 millones. Y e ese valor, 266 millones están financiados.
Todo indica que hay una decisión fiscal de política pública económica de reducir el gasto en salud.
¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona requiere diálisis? Un paquete mensual estándar pudiera costar alrededor de USD 1.450, que incluye tres sesiones por semana. ¿Qué presupuesto familiar alcanza para cubrir una suma así?

Éstas son las principales medicinas que compramos los ecuatorianos
Un estudio del INEC, difundido a fines de mayo, explica cuáles son los medicamentos que más adquieren los hogares ecuatorianos.
La encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares nacionales, que se realiza 12 años después del último estudio, se basa en la investigación en 35 mil hogares, tanto en zonas urbanas como rurales del país.
De ella se desprende que el ingreso mensual promedio en hogares asciende a USD 1.135, a nivel nacional, mientras que el gasto total promedio representa USD 930 por mes.
El rubro salud se encuentra en el séptimo lugar entre los gastos, por encima de los servicios educativos que constan en el puesto 11.
La encuesta detectó alrededor de 20 millones de compras en medicamentos. Los más demandados fueron los relacionados con el tema alimenticio (21 por ciento del total), seguidos por medicinas para el sistema nervioso (19 por ciento del total) y los fármacos para contrarrestar infecciones respiratorias, que bordean el 16,5 por ciento del total.
Cuando la encuesta especificó cuáles son los medicamentos más comprados por los hogares, encontró que multivitaminas y vitaminas están en el tope del ranking. Representan el 2,7 por ciento del volumen de compra y el cinco por ciento del volumen total gastado en medicamentos en el período analizado.
En segundo lugar, un antihipertensivo (Losartán) representa el 4,1 por ciento de las compras y equivale al 4,4 por ciento del total gastado en este rubro.
En tercero, el paracetamol representa el ocho por ciento de los medicamentos comprados por los hogares, y el gasto equivale al dos por ciento de lo destinado a fármacos.
Doloneurobión, insulina y vitamina C se encuentran en las restantes posiciones; seguidas de cerca por ibuprofeno, amoxicilina, electrolitos orales y complejo B.
La encuesta se levantó entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025. Fue difundida por el INEC a fines de mayo.

El anuncio de la política nacional frente a la compra de medicamentos
El 24 de Mayo, en su informe a la Nación, al cumplir el primer año de su actual mandato presidencial, el presidente Daniel Noboa compartió dos noticias importantes en materia de salud.
Primero, la creación de una empresa pública que centralizará toda la logística de salud. En paralelo esto implica la eliminación de un viceministerio.
Y segundo, la importación de medicamentos desde la India para solucionar el desabastecimiento en los centros de atención pública.
Se trata en el primer caso del decreto ejecutivo 393 que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística, AIL EP.

La entidad, que funcionará como sociedad de derecho público, tendrá autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, establece el decreto. Éste aclara que la creación de la entidad no tendrá impacto en los recursos públicos y que funcionará con presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública.
Dentro de la estructura presupuestaria para 2026, del Ministerio de Salud Pública, el rubro más elevado es el de ‘gastos en personal’. Y, efectivamente, el grueso del equipo humano consiste en profesionales médicos y personal afín a ese sector.
Hacia mayo de 2026, de USD 1.730 millones como valor codificado para todo el año, se había ejecutado el 31 por ciento.
Del porcentaje para equipo médico, codificado en USD 2.741 millones para todo el año, la ejecución es del cero por ciento. En el desglose presupuestario este rubro en particular aparece con financiamiento en cero.

Cómo recibieron el anuncio organizaciones de pacientes
Con escepticismo: así recibieron los integrantes de la Alianza Nacional por la Salud, ANS, el anuncio de la compra de medicamentos desde la India, para suplir la carencia.
Gustavo Dávila, quien preside la ANS, explicó que la oferta gubernamental fue cumplir el abastecimiento en marzo. Esto no se cumplió. “¿Cuál es el plan de contingencia hasta que lleguen los medicamentos?”, preguntó en una conferencia de prensa, junto con otros delegados de asociaciones que agrupan a pacientes que requieren medicamentos específicos frente a enfermedades raras o catastróficas.
La ANS agrupa a una treintena de organizaciones, entre ellos, Jóvenes contra el Cáncer. Dávila representa a esta organización y asegura que la sociedad civil, pacientes y academia, deben ser convocados junto con actores expertos, ex ministros, ex directores hospitalarios, academia, sociedades científicas, para una gran ‘minga por la salud’.
Lucía Cedeño representa a pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades diesmielizantes, que están en el grupo de enfermedades raras. “Los pacientes no pueden esperar más”, según su advertencia. Al interrumpir o retrasar los tratamientos, frente a estos cuadros, hay riesgo de recaídas o progresión rápida de la enfermedad.
Leticia Herrera preside la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. “Cuando hablamos de salud no hablamos únicamente de estructuras administrativas, presupuestos o modelos de gestión. Hablamos de personas. Hablamos de lo que ocurre cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad y descubre que su vida cambiará para siempre”.
Los anuncios por tanto no generan esperanza entre los pacientes que requieren medicamentos especiales.
5,8 millones de pacientes atendió la red pública en 2023
Según informes del sector, revisados por Vistazo, en 2023 la red del ministerio de Salud atendió a nivel nacional a 5,8 millones de pacientes. Esto equivale a decir que casi un tercio de la población nacional recibió atención en salud en los centros públicos.
El Ministerio y los distintos centros de atención cuentan con una planta de aproximadamente 92 mil personas, de las cuales 22 mil corresponden a profesionales médicos. Alrededor de 70 mil colaboradores son enfermeras, auxiliares, odontólogos, funcionarios administrativos y responsables de servicios.

Todos ellos trabajan en 163 unidades, que van desde centros básicos hasta hospitales de especialidades, llamados de tercer nivel, como el Eugenio Espejo en Quito y el Abel Gilbert en Guayaquil. A nivel nacional los lugares de atención están distribuidos en nueve zonas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Maletas, blindados y cuentas en Miami: la millonaria ruta del dinero que acorrala al alcalde de Esmeraldas
El millonario desvío de fondos desde Petroecuador, ejecutado presuntamente mediante garantías jurisdiccionales ilegales, habría sido solo el primer eslabón de la trama de lavado de activos que involucra a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas.
Según la Fiscalía, una vez que el dinero de la petrolera estatal ingresó al sistema financiero formal, la estructura criminal supuestamente liderada por Villacís habría activado de inmediato una meticulosa fase de estratificación, que es como se conoce la segunda fase del proceso de lavado de activos, en la que se dispersan los fondos ilícitos.
El objetivo, según la investigación, fue borrar el rastro bancario que vincula los recursos públicos con sus beneficiarios finales.
Los reportes fiscales detallan que la organización habría recurrido al transporte de efectivo en maletas usando camiones blindados, simulaciones comerciales y compras de bienes de lujo.
Pero, además, el Ministerio Público intenta probar que este blanqueo de activos no se limitó a fondos del Estado. Ya que las primeras pericias evidenciarían que la estructura habría cruzado operaciones financieras con dinero producto del narcotráfico, operación que culminó con una fuga de capitales hacia bancos extranjeros.
Las maletas y los blindados
Durante la audiencia de formulación de cargos que terminó en el encarcelamiento del alcalde Villacís y siete personas más, la Fiscalía aseguró que, para evadir la trazabilidad del dinero de Petroecuador en el sistema financiero, la presunta estructura criminal implementó una operación de retiro y transporte de grandes volúmenes de dinero en efectivo.
Según los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que constan en el expediente de la Fiscalía General del Estado, una vez que el abogado Juan Lastre transfirió cientos de miles de dólares a la cuenta personal de Villacís, se activó una fase logística.
Entre enero y marzo de 2023, la red habría coordinado al menos tres retiros que sumaron USD 980.000, fondos que fueron debitados directamente de los depósitos de la autoridad municipal.
Para materializar la entrega sin generar alertas bancarias convencionales, la organización contrató los servicios de una compañía de transporte de valores Fortius, domiciliada en Durán, provincia del Guayas.
Según el relato fiscal, el dinero habría sido empacado en maletas y entregado personalmente a miembros del círculo íntimo del Alcalde en locaciones diferentes a sus domicilios legales.
Las actas de operación de la empresa transportista detallan que Carol Lemos, una de las ocho procesadas por lavado, recibió USD 380.000 en la ciudadela Camino Real de Esmeraldas.
Mientras que el ayudante judicial Diego Montaño Tenorio y Luis Reyna Tenorio, hermano del Alcalde, presuntamente recibieron USD 200.000 y USD 400.000, respectivamente, en habitaciones del Hotel Marriott y el edificio Zoe, ubicados en la ciudad de Quito.
Montaño era ayudante judicial en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Esmeraldas. Específicamente, trabajaba en el despacho del juez provincial Juan S., quien fue uno de los magistrados que validó en segunda instancia los pagos de Petroecuador por USD 17 millones.
El dinero rumbo a Miami
Con el efectivo en poder de la supuesta red, el círculo de Villacís habría iniciado la integración de los fondos en la economía formal a través de la compra de bienes e inmuebles utilizando presuntos testaferros.
Los documentos del Registro de la Propiedad evidencian maniobras inusuales, como la ejecutada por Lemos Hurtado, quien apenas un mes después de recibir los fondos, el 23 de febrero de 2023, adquirió de contado el solar número 11 de la manzana 16 en la urbanización Paradisa, del cantón Daule, por USD 118.000.
Esta misma propiedad protagonizó una presunta operación de ocultamiento cuando, el 23 de noviembre de 2023, fue adquirida por el técnico de ventanilla judicial de Atacames, Jonathan Monte Bagui (también procesado).
La Fiscalía documenta además que, el 3 de diciembre de 2021, Villacís transfirió USD 50.000 a favor de Diana R. L. para justificar un contrato de compraventa de un inmueble en el sector La Florida, en Esmeraldas.
Asimismo, el 11 de septiembre de 2025, Villacís habría simulado la venta de otro bien inmueble en Esmeraldas a favor de Monte.
La estratificación también alcanzó al círculo familiar y empresarial del alcalde de Esmeraldas mediante la adquisición de una flota de vehículos.
Según la información reportada por concesionarias automotrices, el 9 de diciembre de 2020 el funcionario pagó en efectivo USD 34.640 por un vehículo todoterreno tipo motocarro Wildcat XX 1000, facturado a nombre de su hijo, quien en ese momento era menor de edad.
La dinámica de compras continuó el 21 de enero de 2021, cuando Villacís realizó otro pago en efectivo por USD 20.000 por concepto de reserva para la compra de un cabezal modelo HFC4181K3R1.
Adicionalmente, el expediente fiscal incluye una transferencia por USD 20.000 ejecutada el 14 de diciembre de 2021 como abono inicial para la compra de un camión pesado marca JAC, vehículo que finalmente fue adquirido por USD 61.632 y registrado de forma directa a nombre de Reypezpacific S.A., de la que el alcalde Villacís es dueño del 98% de las acciones.
Además, de acuerdo con los movimientos financieros registrados en las cuentas del alcalde Villacís, el 27 de enero de 2025 se ordenó una transferencia bancaria directa por USD 800.000 hacia una cuenta personal en el Truist Bank con sede en la ciudad de Miami.
Finalmente, este esquema de fuga de capitales también se evidenció durante 2024, cuando la estructura envió un total de USD 427.948 hacia las empresas Nantong Amcool y Wangdu Chemical, radicadas en Singapur y China, utilizando una supuesta fachada comercial de importaciones para mover el dinero.
¿Conexión con el narco?
Según la teoría de la Fiscalía, la red que habría comandado el alcalde esmeraldeño habría operado más allá de la corrupción.
El Ministerio identificó operaciones cruzadas entre Reypezpacific -la compañía de Vicko Villacís- y la empresa exportadora Pezymar, una compañía administrada por Gabriela Parrales, procesada en otro caso por delincuencia organizada.
En ese caso, se ha ventilado que Pezymar servía como fachada financiera para Flavio Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’, y César Cedeño Muente, alias ‘Tranza’, identificados por las autoridades como miembros de alto rango de grupos criminales organizados como Los Lobos.
Según las facturaciones analizadas, la empresa del alcalde Villacís habría simulado relaciones comerciales y emitió comprobantes a favor de la estructura criminal de alias ‘Mexicano’ por más de USD 158.000, montos que nunca se reflejaron como transferencias reales en el sistema bancario.
Los expedientes de la compañía manabita revelaron que esta entidad reportó ingresos totales por más de USD 13 millones, de los cuales el 75% consistían en ingresos derivados de depósitos en efectivo realizados directamente en ventanillas bancarias. Fuente: Primicias
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¿Por qué creció la recaudación del IVA en Ecuador hasta abril de 2026?
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como el principal motor de la recaudación tributaria en Ecuador durante los primeros cuatro meses de 2026.
Entre enero y abril se recaudaron USD 4.068 millones, frente a los USD 3.549 millones registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de USD 519 millones. El crecimiento fue de 15% y estuvo impulsado por un mayor nivel de ventas y consumo en la economía.
El IVA aportó casi la mitad de la recaudación tributaria
Por sí solo, el IVA aportó cerca del 46,5% de la recaudación tributaria acumulada en los primeros cuatro meses del año, ya que la recaudación total alcanzó USD 8.745 millones entre enero y abril de 2026.
Para Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, el aumento en la recaudación del IVA se explica por el crecimiento natural de la actividad económica y por mayores controles tributarios. También influyó la aplicación de la tarifa del 15% a algunos alimentos procesados que antes estaban gravados con 0%.
Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, coincidió en que el aumento de la recaudación del IVA está directamente relacionado con el desempeño de la actividad económica.
Además, explicó que este impuesto grava el consumo y, por ello, suele ser un indicador adelantado del crecimiento económico. En otras palabras, cuando aumenta la recaudación del IVA, generalmente refleja que las ventas y el consumo también están creciendo.
Las ventas se incrementaron en 12%
Solo entre enero y marzo del 2026, las ventas internas de Ecuador sumaron USD 53.903 millones, un crecimiento de 12% frente al mismo período de 2025, según cifras del SRI. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores de comercio, industria manufacturera y agroindustria.
Uno de los sectores con buen desempeño en los primeros meses del 2026 fue el automotor. Entre enero y mayo de 2026 se comercializaron 63.773 carros nuevos, un 41% más que las 45.272 unidades vendidas en el mismo período de 2025.
Solo en mayo se colocaron 13.093 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual de 28% y acumula 13 meses consecutivos de expansión. Los vehículos livianos, como automóviles, SUV y camionetas, concentraron el 84% de las ventas del mes.
Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), señaló que este desempeño está relacionado con una mejora de las condiciones económicas, reflejada en una reducción del riesgo país y un mayor acceso al financiamiento. Además, indicó que el crecimiento sostenido de las ventas muestra una recuperación del sector.
¿Qué impacto tuvo el IVA del 15% sobre 60 alimentos?
Asimismo, una de las medidas adoptadas por el Gobierno este año que podría explicar parte del aumento en la recaudación fue la circular emitida por el SRI el 26 de marzo. En ella, la entidad precisó que 60 productos alimenticios ya no debían gravarse con una tarifa de 0% de IVA, sino con el 15%.
Entre los productos incluidos constan las leches importadas y las de producción nacional deslactosadas, saborizadas, enriquecidas o fortificadas. También alcanzó a productos como la leche condensada, la leche evaporada, el manjar y el suero de leche, pulpas de frutas, entre otros.
Idrián Estrella, experto tributario, considera que el efecto del IVA aplicado a más de 60 alimentos procesados que antes tenían tarifa 0% fue limitado.
En conjunto, la recaudación de impuestos en Ecuador alcanzó USD 8.745 millones entre enero y abril de 2026, esto representa un crecimiento de 14,8% frente a los USD 7.618 millones obtenidos en el mismo período de 2025. El aumento equivale a USD 1.127 millones adicionales. Fuente: Primicias
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