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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Asamblea debe aprobar tratado de inversiones con Emiratos para que entre en vigencia

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La Corte Constitucional de Ecuador informó este lunes que el tratado para la promoción y protección recíproca de las inversiones suscrito entre el país andino y Emiratos Árabes Unidos en diciembre pasado requiere de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, antes de su ratificación.

En un dictamen, la alta corte señala que el acuerdo encaja preliminarmente en uno de los casos previstos en la Constitución que exigen aprobación legislativa cuando un tratado podría atribuir competencias propias del orden jurídico a un organismo internacional o supranacional, al prever mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado mediante arbitraje internacional.

El tratado fue suscrito el pasado 6 de diciembre, en una visita que hizo el presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos y permitirá «que las inversiones gestionadas entre ambas naciones abonen al dinamismo económico de Ecuador y a la creación de plazas de empleo«, según dijo en ese entonces la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

Así ha sido el paso del tratado por la Corte

La Corte aclaró este lunes que este pronunciamiento corresponde al primer momento de control constitucional de los tratados internacionales previstos en la legislación ecuatoriana, es decir, que aún no ha tomado una decisión sobre la constitucionalidad del contenido del acuerdo.

Por lo que el alto tribunal «continuará con el segundo momento que corresponde al análisis del contenido del tratado, con el fin de verificar su conformidad con la Constitución».

Por eso también dispuso que se publique el texto del acuerdo en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional para que, dentro de diez días contados a partir de su publicación, cualquier ciudadano defienda o impugne su constitucionalidad parcial o total.

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Noboa revela que EE.UU. aportó con armamento en operativo de Ecuador contra Comandos de la Frontera

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que las Fuerzas Armadas del país han ejecutado bombardeos contra campamentos de grupos narcoterroristas en la frontera norte con apoyo de inteligencia y equipamiento de Estados Unidos, como parte de la ofensiva del Gobierno contra organizaciones criminales.

En una entrevista concedida este lunes a la cadena Univisión, el mandatario señaló que el ingreso de organizaciones criminales desde Colombia ha generado altos costos para el Estado ecuatoriano.

“La frontera norte ha sido un problema para nosotros. Nos ha costado centenares de millones de dólares adicionales al año poder contener el ingreso del narcoterrorismo por nuestra frontera norte”, afirmó Noboa.

El jefe de Estado dio más detalles sobre el bombardeo registrado el pasado viernes en la provincia de Sucumbíos, en el que fue destruida una base de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominada como Comandos de la Frontera, dedicada principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Al anunciar el ataque, la semana pasada, señaló que el sitio era un espacio de «descanso» para alias Mono Tole, uno de los cabecillas de la organización, y también un área de entrenamiento para combatientes armados.

“Trabajamos con inteligencia conjunta, pero también en armamento de bombardeo. Usamos nuestros equipos, así como los equipos americanos, en bombardeos aéreos y también equipamiento o municiones que necesitamos”, precisó el mandatario este lunes.

Operaciones dentro de territorio ecuatoriano

Consultado sobre si llegaría al extremo de ejecutar operaciones militares en territorio colombiano —como ocurrió en 2008 cuando el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe ordenó un bombardeo contra el líder guerrillero Raúl Reyes en Ecuador—, Noboa descartó esa posibilidad.

“No lo haría. No juzgo al presidente Uribe; creo que en ese momento era una necesidad lo que le tocó hacer, pero nosotros estamos blindando la frontera en el norte y atacando campamentos de las ex-FARC y de otros grupos narcoterroristas en territorio ecuatoriano”, sostuvo.

Al referirse a la organización Comandos de la Frontera, considerada terrorista por el Ejecutivo ecuatoriano desde el año pasado, Noboa explicó que «opera desde la zona del Putumayo (sur de Colombia) y se cruzan hasta Sucumbíos (en Ecuador)», y refirió a quienes la conforman como «guerrilleros o exguerrilleros».

En esa línea, el mandatario ecuatoriano responsabilizó a su homólogo del vecino país, Gustavo Petro, por,según él, no haber actuado con suficiente contundencia frente a estos grupos armados en los últimos años.

“Ecuador está sufriendo en términos de seguridad y en términos de narcotráfico por culpa del gobierno de Gustavo Petro de Colombia”, afirmó.

El presidente ecuatoriano reiterío que «la gran mayoría de la droga que entra al Ecuador (…) más del 70%» proviene de territorio de Colombia, el mayor productor de cocaína a nivel mundial.

Cooperación con Estados Unidos

En coordinación con el Comando Sur de los EE.UU., desde el 3 de marzo de este año se pusieron en marcha operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcoterroristas que operan en el territorio ecuatoriano.

Estas operaciones forman parte de una nueva fase de cooperación en seguridad, tras la reunión en el Palacio de Carondelet, en Quito, entre Noboa, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, contralmirante Mark A. Schafer.

La colaboración binacional ocurre en un contexto de intensificación de los hechos violentos en Ecuador, país que desde 2024 se encuentra bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” y sucesivos estados de excepción impulsados por el Gobierno para enfrentar a más de una veintena de grupos de delincuencia organizada, dedicados principalmente al narcotráfico.

A pesar de estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior, mientras que en operativos antidrogas se incautaron 214 toneladas de estupefacientes. Fuente: Vistazo

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Fuerte invierno provoca desbordamientos e inundaciones en Zaruma y Portovelo: familias evacuadas

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Las fuertes lluvias que afectan a la provincia de El Oro provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en varios sectores de los cantones Zaruma y Portovelo, generando momentos de terror entre los habitantes durante la noche del lunes 9 de marzo.

Las emergencias obligaron a evacuar a decenas de familias y dejaron daños en viviendas e infraestructura.

Fuerte lluvia provoca desbordamiento en Zaruma

En la parroquia Salviasen el cantón Zaruma, una quebrada se desbordó tras las intensas lluvias registradas en la cuenca alta.

El incremento del caudal del río Salvias provocó inundaciones en varias viviendas del sector, lo que obligó a las familias a evacuar por sus propios medios hacia el coliseo parroquial para resguardarse.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el evento dejó al menos 10 familias afectadas, lo que equivale a unas 40 personas, además de 10 viviendas con daños y el colapso de un puente.

La Jefatura Política confirmó la emergencia en el sector, mientras que técnicos de la SNGR mantienen el monitoreo y coordinan inspecciones en territorio para evaluar los daños.

La entidad señaló que el Gobierno Nacional continúa articulando acciones para atender la emergencia y proteger a la población afectada por el fuerte invierno.

Portovelo en emergencia: 200 personas evacuadas

La situación también es crítica en el cantón Portovelo. El incremento del caudal del río Amarillo generó procesos de erosión que provocaron el colapso de una pared en la estructura de una planta de beneficio minero y la aparición de grietas en el patio posterior de una vivienda.

Las afectaciones se registraron en los sectores 28 de Noviembre, La Florida, Cdla. El Oro, Las Malvinas y 14 de Enero.

Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al menos 50 familias —unas 200 personas— fueron evacuadas de forma preventiva hacia casas de familiares y familias acogientes.

Además, se reportó una vivienda afectada y daños en un bien privado correspondiente a la planta de beneficio minero.

Las autoridades indicaron que el río Amarillo registra actualmente un caudal de 21 metros cúbicos por segundo, con tendencia a disminuir.

Equipos de la SNGR se desplegaron en la zona para realizar inspecciones técnicas y levantar información sobre los daños. En las labores de evacuación y monitoreo participaron también el Cuerpo de Bomberos de Portovelo y la Policía Nacional, que mantiene operativos de seguridad en el área.

Las autoridades continúan vigilando la evolución de los ríos ante la persistencia de las lluvias en la provincia de El Oro. Fuente: Vistazo

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