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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Mirador II, la mayor mina de cobre de Ecuador, se retrasa y no tiene fecha de arranque

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La segunda fase del proyecto de cobre a cielo abierto, Mirador, en Zamora Chinchipe, se aplaza, informó la empresa en un comunicado la empresa china Tongling Nonferrous Metals publicado por la Bolsa de Valores de Shanghái el 6 de enero de 2026.

La primera fase del proyecto minero Mirador, operado por la empresa Ecuacorriente, filial de Tongling Nonferrous Metals, comenzó la producción de cobre a gran escala en 2019. Es la mina de cobre más grande en producción en Ecuador.

La segunda fase, también conocida como Mirador Norte, prevé más que duplicar la producción de Tongling Nonferrous Metals en Ecuador. Aunque debía estar operando desde 2026, se ha retrasado y no hay certezas de cuándo comenzará a producir.

El 6 de enero de 2026, la empresa china informó en el comunicado, publicado en la Bolsa, que finalizó la última ronda de negociaciones preliminares con el Gobierno ecuatoriano para firmar el contrato que permita poner en marcha Mirador fase II.

«Dadas las importantes diferencias entre el entorno de inversión y operación de Ecuador y el de China, su volátil situación política y la inestabilidad de su entorno legal, la fecha específica de firma del contrato minero para la fase II sigue siendo incierta», dijo la empresa.

El anuncio también detalla que se espera que este retraso tenga cierto impacto en los resultados operativos de la compañía en 2026.

Ecuacorriente esperaba que Mirador Norte comience producción de prueba a finales de 2025 y para 2026 se preveía ya la producción normal.

Sin embargo, aunque la mina y las instalaciones están listas desde mayo de 2025, los planes de la empresa de capitales chinos no se han cumplido.

Y esto se debe a que no se ha firmado la adenda al contrato de explotación que permita a la empresa extraer el cobre en este segundo yacimiento de Mirador.

Mirador puso en el mapa mundial de cobre a Ecuador
Con la primera fase de Mirador, desde julio de 2019, Ecuador comenzó por primera vez a producir y luego a exportar cobre a gran escala. Y, de hecho, Mirador fue la primera mina industrial y a gran escala del país.

Según Ecuacorriente, el primer yacimiento de Mirador produce 60.000 toneladas de material mineralizado al día, del que se extrae cobre.

La empresa había informado que, una vez que entre en operación Mirador Norte, la producción de material mineralizado aumentará paulatinamente y pasará de las 60.000 toneladas diarias a 140.000, en un período de alrededor de tres años.

Ecuacorriente también ha informado que la segunda fase de Mirador demandaría unos USD 600 millones de inversión.

La construcción de una hidroeléctrica, en la polémica
El retraso en la operación de Mirador Norte se debe a la polémica en torno a la construcción de una hidroeléctrica.

En 2024, el Gobierno de Daniel Noboa condicionó la firma de la adenda del contrato a que Ecuacorriente construya una planta de autogeneración hidroeléctrica de 129 megavatios, como se había establecido en el primer contrato, en 2012.

La polémica surgió porque la empresa confirmó que no iba a construir esa hidroeléctrica, pues aseguraba que el Estado debía proveer la energía necesaria para el proyecto.

«Eso (el plan de construir la hidroeléctrica) fue en 2012…han pasado 12 años y, por varias razones, durante los gobiernos de turno, el proyecto se fue demorando y los costos  de inversiones crecieron», dijo en agosto de 2024 a PRIMICIAS el vicepresidente de la empresa, Mauricio Núñez.

«La inversión planificada para esa hidroeléctrica en Mirador Norte ya no existe», añadió.

Tras la polémica, y en un momento en el que Ecuador vivía una severa crisis energética, en el último trimestre de 2024, las partes comenzaron mesas de negociación. Y, por ahora, no hay acuerdo, según el comunicado.

PRIMICIAS solicitó información a Ecuacorriente y al Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta.

¿Cuánta energía necesita Mirador en sus dos fases?
Con el proyecto Mirador, Ecuacorriente es una de las empresas que más energía consume en el país. En su primera fase, la mina demanda 83 megavatios de potencia; esto equivale casi a lo que demanda la provincia de Los Ríos.

Por la alta demanda de energía, durante los cortes de luz de 2024, Mirador tuvo que cesar su operación por semanas, pues el Gobierno dejó de proveerle electricidad a la mina.

Con la segunda fase, las necesidades de Ecuacorriente serán mayores. Se prevé que la demanda suba a 180 megavatios.

En junio de 2025, el Viceministerio de Minas confirmó que la empresa ya estaba alquilando generación termoeléctrica para tener capacidad de autoabastecerse, al menos en la primera fase.

Pero a más de las negociaciones con Mirador, el Gobierno de Noboa ha buscado otras medidas para garantizar que esta y otras grandes consumidoras de energía tengan sus propias plantas.

En junio de 2025, Noboa fijó un plazo de un año y medio a las grandes consumidoras para que cuenten con sus propios sistemas de autogeneración eléctrica. La medida fue dispuesta en el decreto ejecutivo 32 y el plazo vence en diciembre de 2026.

¿Qué pasará con la segunda fase de Mirador?
La empresa seguirá intentando concretar la firma del contrato, dice el comunicado publicado en la Bolsa de Shanghái.

Además, informó que se comunicará activamente con las autoridades ecuatorianas «de forma regular y puntual para agilizar las negociaciones y facilitar la firma e implementación del contrato para la fase II».

Y añadió que monitoreará de cerca la evolución posterior de este asunto y «cumplirá con prontitud con sus obligaciones de divulgación de información sobre el progreso y el impacto». Fuente: Primicias

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Jorge Luis Mazón destacó la centralidad de la prueba en el proceso civil ecuatoriano

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En el marco del programa académico “La Tertulia Jurídica”, se contó con la destacada participación del abogado Jorge Luis Mazón, reconocido jurista de proyección nacional e internacional, quien abordó de manera didáctica y profunda el tema “La prueba en el proceso civil ecuatoriano”, dirigido tanto a profesionales del derecho como al público en general.

Jorge Luis Mazón es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Procesal y especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de licenciado en Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. En el ámbito profesional, ejerce la abogacía en libre ejercicio, es profesor universitario de pregrado y posgrado en Derecho Procesal, director Legal Group – Centro de Capacitaciones Jurídicas, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y autor de dos tomos de “Ensayos críticos sobre el COGEP”, además de coautor en diversas publicaciones colectivas especializadas en Derecho Procesal.

Durante su intervención, el abogado Mazón precisó que no ostenta el título académico de doctor, solicitando expresamente ser referido como abogado, y resaltó su vocación docente con más de 35 años de trayectoria en la enseñanza, tanto en educación secundaria como universitaria, señalando que su principal dedicación en la actualidad es la formación jurídica y la investigación del Derecho Procesal.

En el desarrollo del diálogo, explicó que la prueba constituye el eje central de todo proceso judicial, independientemente de la materia, destacando que es la etapa más compleja del litigio y aquella que, en la práctica, define el éxito o fracaso de una causa. Subrayó que el proceso es el mecanismo civilizado que los Estados de Derecho han establecido para la solución de conflictos y que, dentro de este, la actividad probatoria resulta esencial para la tutela efectiva de los derechos.

El ponente detalló los principales medios de prueba reconocidos en la normativa ecuatoriana, entre ellos la prueba documental —incluida la prueba electrónica—, la prueba testimonial, la prueba pericial y las inspecciones judiciales, enfatizando la importancia de la correcta construcción de la teoría del caso y la adecuada práctica probatoria en audiencia.

Asimismo, realizó una explicación clara sobre la diferencia entre la nueva prueba y la prueba nueva, conforme a lo establecido en los artículos 151 y 166 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), indicando que la nueva prueba constituye una facultad procesal exclusiva del actor para contradecir la contestación de la demanda, mientras que la prueba nueva puede ser anunciada por cualquiera de las partes cuando el medio probatorio no era conocido o no estaba disponible oportunamente.

En relación con la prueba electrónica, el abogado Mazón señaló que el sistema judicial ecuatoriano aún se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a su admisión, práctica y valoración, destacando la necesidad de fortalecer criterios sobre autenticidad, integridad y licitud, y comparó esta realidad con la experiencia de otros países de la región, particularmente Colombia, donde existe una mayor consolidación doctrinaria y jurisprudencial sobre la materia.

Finalmente, resaltó la importancia de la formación continua de los abogados, especialmente en Derecho Procesal y teoría de la prueba, advirtiendo que una deficiente preparación profesional incide directamente en la afectación de los derechos de los ciudadanos. En este contexto, valoró positivamente el espacio académico de La Tertulia Jurídica, al considerarlo un escenario plural que promueve el análisis crítico del sistema de administración de justicia y acerca el conocimiento jurídico a la sociedad.

El programa concluyó con un llamado a ejercer la abogacía con responsabilidad, ética, preparación técnica y serenidad, destacando que la correcta práctica de la prueba es el corazón del litigio y el verdadero momento decisivo del proceso judicial.

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Los embalses de cuatro hidroeléctricas han bajado entre uno y 16 metros

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Los ríos Tarqui, Machángara y Yanuncay en Azuay mantienen un caudal bajo debido a la falta de lluvias considerables según el último reporte de la empresa pública Etapa EP. Algo que podría complicar la situación energética del país ya que en el Austro se ubica el mayor complejo hidroeléctrico conformado por las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Minas San Francisco.

De acuerdo a la página de producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la cota de las cuatro plantas ha empezado a disminuir desde diciembre. Situación que se ha evidenciado más en enero, que en apenas ocho días, los embalses han bajado entre uno y 16 metros del nivel máximo.

Dichas centrales -excepto Minas San Francisco- tienen capacidad para generar 1 700 megavatios y cubrir el 30 % de la demanda nacional de energía.

El promedio normal de la demanda nacional de energía es de 4 000 megavatios. Pero desde el martes 7 de enero de 2026, el consumó de incrementó a 5 000 megavatios y alcanzó los 5 060 megavatios en la noche. Principalmente las provincias de la Costa experimentan altas temperaturas en los últimos días, que superan los 30 grados centígrados.

Celec cubrió la demanda con las operaciones del 63 % de las hidroeléctricas, el 29 % con termoeléctricas y el resto con 300 megavatios comprados a Colombia.

Para el experto José Layana, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, la principal preocupación es la disminución del nivel de la cota en la central de Mazar. Layana explicó que en Mazar es donde se guarda gran cantidad de agua y que según las estimaciones, si la falta de lluvias continúa, la reserva no alcanzaría para dos meses.

Layana indicó que para cuidar las reservas de agua, hay que tener los respaldo térmicos para evitar una situación crítica ante un eventual estiaje. Señaló la forma del embalse de Mazar, tiene un alto volumen en la parte superior y en las más bajas, la cantidad de agua es menor por su forma en triángulo invertido. Por eso, dijo, asusta que la cota disminuya y esté unos 16 metros menos del nivel máximo.

Por su parte el ingeniero y catedrático Marcos Ponce puntualizó que respecto a la parte climática, aún no se puede afirmar con certeza que pueda haber una sequía que afecte a Ecuador. Pero que actualmente, el sistema energético “sigue siendo muy vulnerable ante el escenario seco que se vive”.

¿Habrá apagones en Ecuador? Esto responde la ministra Inés Manzano

Ante este panorama de pocas lluvias y aumento de la demanda energética por altas temperaturas, las autoridades nacionales han descartado la posibilidad de apagones. Pese a que técnicos y expertos han manifestado su preocupación por la disminución de las cotas de los embalses y un posible estiaje, que podrían representar un riesgo.

En una entrevista radial que fue compartida en las redes sociales del Ministerio de Energía, Inés Manzano aseguró el jueves 8 de enero de 2026 que el país “sí cuenta con energía gracias a una gestión responsable y planificada de los embalses”.

Según Manzano, la previsión permitió almacenar agua en época lluviosa y hoy aprovecharla junto a otras hidroeléctricas, para garantizar el suministro a escala nacional. Agregó que durante enero se lanzarán procesos para proyectos de ciclo combinado, que son una infraestructura de transición de utilizará gas y vapor, que aportarán más megavatios adicionales.

Sobre estas iniciativas, el ingeniero Ponce comentó que son entre 2026 y 2028 y por eso ninguna tendría un impacto inmediato, sino que son soluciones a mediano plazo. “Entonces para fortalecer el sistema se necesita pues transformar estos anuncios que dejen de ser anuncios y que sean inversiones efectivas”, expresó.

Ponce indicó que Colombia y Perú han diversificado mucho más su matriz energética en los últimos 10 años en comparación con Ecuador, que ha tenido un “crecimiento mínimo”. Los países vecinos han tenido un crecimiento más acelerado de energías renovables, comentó Ponce.

De hecho, en diciembre de 2025 Ecuador pagó USD 15 millones por la importación de energía a Colombia. Esto justamente ante la falta de lluvias en el Austro. Las compras se volvieron recurrentes desde el 4 de diciembre y se mantienen en enero, según datos de XM, empresa que administra el sistema interconectado colombiano.

Según el Operador Nacional de Electricidad, el lunes de de enero, el 7,5 % de la energía consumida en Ecuador fue importada, mientras que este martes 6 la cifra subió al 9 %. En promedio, cada día de compra se factura por encima de los USD 500 mil.

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