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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Terrorismo de falsa bandera en la cárcel del Encuentro | Los Lobos montaron «fiestita» navideña con 15 cilindros bomba

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La madrugada de la Navidad de 2024, un comando armado ejecutó un ataque coordinado contra la construcción de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, bajo una estrategia de engaño y de terrorismo de «falsa bandera». Unos 30 hombres, disfrazados con uniformes militares, instalaron en la prisión 15 artefactos explosivos improvisados elaborados con cilindros de gas.

Las detonaciones provocaron cuantiosos daños materiales,  provocaron la muerte de un trabajador y dejaron a un militar gravemente herido, con secuelas permanentes, y retrasaron la entrega de la obra -que finalmente entró en funcionamiento casi un año después-.

Aunque la banda criminal se identificó verbalmente con el grupo de Los Tiguerones y amenazó a  trabajadores secuestrados gritando que cumplían órdenes del «Comandante Fito» -en referencia a José Adolfo Macías Villamar, extraditado líder de Los Choneros- un proceso judicial revela que el ataque fue orquestado por la facción R29 de Los Lobos.

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Sabotear la construcción de la cárcel culpando a los rivales
El acta de audiencia de formulación de cargos, realizada el 8 de mayo de 2026, contra tres procesados por el caso, detalla que el objetivo del atentado era el sabotaje: Se trató de impedir que se termine la cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, para desviar la atención, los atacantes utilizaron el nombre de bandas rivales.

Durante la incursión se produjo el secuestro temporal de seis trabajadores, entre ellos el jefe del campamento, un ingeniero en sistemas, un técnico hidrosanitario y guardias privados. Los criminales los golpearon, los amenazaron de muerte y le demostraron tener información precisa de sus familiares.

Al los secuestrados -quienes más tarde fueron dejados en libertad- les dejaron un mensaje intimidatorio: «Dejen de construir la cárcel, esto es orden del Comandante Fito, no les vamos a permitir que construyan esa mierda aquí».

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Uno de los guardias testificó haber escuchado a los atacantes preguntarse: «¿A los guardias, los matamos?.

A pesar de la amenaza y de la supuesta identificación de los atacantes con Los Tiguerones -aliados de Los Choneros-, el análisis de los tatuajes de los detenidos y cruce de datos periciadas en sus celulares confirmaron que los procesados pertenecían en realidad a Los Lobos.

La frialdad del ataque quedó registrada en las comunicaciones internas de los delincuentes. Tras someter a los guardias, uno de los atacantes se comunicó por radio pronunciando una frase en clave: «Mi teniente, se activó la fiestita».  «¿A los guardias, los matamos?, escuchó otro de los secuestrado.

Así fue el atentado contra la cárcel del Encuentro
El atentado, planificado inicialmente para mediados de diciembre, y abortado por «órdenes superiores» de sujetos identificados con los alias de «Diablo» y «Vico», se consumó finalmente en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, aprovechando la vulnerabilidad durante las fiestas navideñas. (Los implicados se habían replegado días antes a Ambato (Tungurahua) para reorganizar el atentado).

Los atacantes trasladaron en el balde de una camioneta los explosivos para plantarlos en el recinto. Se movilizaron desde Guayaquil 15 cilindros de gas amarillos, equipados con un sistema de mechas lentas  que ofrecían un retardo de más de 37,5 minutos, según consta en el expediente.

En el convoy criminal participaron cuatro vehículos con placas alteradas. La vestimenta militar y el uso de vehículos con logotipos del Ejército contribuyeron a facilitar el sometimiento del personal de guardia.

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De los 15 cilindros bomba, 11 artefactos lograron detonar, dejando cráteres y destruyendo parte de la infraestructura por entonces en construcción. Además, dos de los artefactos explosivos improvisados fueron neutralizados posteriormente por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

La toma de las instalaciones y la plantación de los explosivos les tomó a los perpetradores una media hora. Y el ataque se saldó con la muerte de un trabajador y con un cabo segundo del Ejército herido de gravedad por la onda expansiva, a quien el atentado lo dejó con discapacidad permanente.

Aunque un pelotón militar de apoyo con base en la cercana comuna de Juntas del pacífico fue alertado a las 02:30 horas de la incursión en la cárcel, el equipo tardó 25 minutos en llegar al campamento en medio de las fiestas navideñas, debido a la lluvia y el lodo en la ruta de cinco kilómetros sin asfaltar que conduce a la cárcel. La acción de este pelotón de respuesta se centró en la evacuación del personal.

La trama del infiltrado y el error que condujo a las capturas
La Policía Nacional logró afectar a parte de la red tras un año y medio de investigaciones, gracias a los errores de los perpetradores, que obtuvieron información privilegiada de un infiltrado.

  • Las autoridades identificaron días antes del ataque a un operador de grúa, Cristian Alexander V. I., quien filtró videos del interior de la construcción a través de su celular. Aunque las autoridades lo despidieron por vulnerar el acuerdo de confidencialidad, la información ya había llegado a la banda.
  • Una de las mayores pistas la proporcionó uno de los atacantes, horas después del atentado. A las 03:55 del 25 de diciembre, Joan Sebastián Mora Jácome -uno de los tres procesados-, cometió el error de abastecer de combustible al vehículo KIA negro usado en el atentado. Solicitó una factura electrónica en una gasolinera de la vía Perimetral en Guayaquil y registró su número de cédula real, dejando un rastro documental clave para la investigación.
  • Con ese nombre, los investigadores descubrieron que Joan Sebastián Mora Jácome había sido detenido nueve días antes junto a otro implicado en el caso: Luis Fernando Romero Calle.
  • Ambos resultaron detenidos el 16 de diciembre de 2024 en Durán (Guayas), por receptación (adquirir, recibir, ocultar o comercializar bienes robados). Se los aprendió en posesión de un vehículo Cherry rojo robado y con placas clonadas, pero quedaron en libertad poco tiempo después lo que le dio el margen de maniobra para atentar contra la cárcel, según la acusación del caso.
  • Las pericias a un teléfono incautado previamente en Durán a los sospechosos revelaron chats donde se coordinaba la logística, se atrasó la fecha del atentado y se emitían directrices de reserva sobre los detalles de la planificación: «Pilas muchachos con la info a nadie más».

«Quería darle por la cabeza a esos manes, pero llamaron de arriba para la otra misión» Chat entre dos de los procesados por el atentado.

Captura de presunto cabecilla
En un megaoperativo policial ejecutado el pasado 6 de mayo de 2026 se logró detener a los tres procesados, presuntos miembros de la facción R29 de Los Lobos.

  • Ángel Luis Macías García (alias «Monito» o «Luna y Túnez»): Señalado como el líder de la facción R29 y objetivo de alto valor. Según las autoridades coordinó el ataque, transmitió «órdenes superiores» («abortar la misión» o cambiar de carro) y condujo una furgoneta en la caravana criminal. La Policía lo capturó en Guayaquil.
  • Joan Sebastián Mora Jácome: Identificado en las cámaras de los peajes como conductor de un de vehículo todoterreno implicado y señalado por el desliz de colocar gasolina con su cédula. La información clave sobre la logística del caso se extrajo de su celular.
    Luis Fernando Romero Calle: Se lo identificó en los videos de los peajes y se vinculó a la organización por sus tatuajes y fotografías incautadas. La caravana criminal ingresó por el peaje de Chongón -desde Guayaquil- y escapó por el peaje de Olmedo -en dirección a Santa Elena-.
  • La Fiscalía formuló cargos a los tres sospechosos por el delito de terrorismo el 8 de mayo de 2026, y un juez les dictó prisión preventiva. A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó que uno estaba en rehabilitación en Riobamba (Chimborazo) y otro en Portoviejo (Manabí), el juez ordenó su reclusión.

La defensa de Joan Sebastián Mora solicitó medidas especiales de seguridad advirtiendo de un supuesto peligro inminente contra su vida si era trasladado a la cárcel de Latacunga (Cotopaxi) debido a la presencia de «enemigos manifiestos». Fuente: Primicias

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Caso Sinohydro: Jorge Glas dijo que recibió llamadas de Moreno para que diera detalles sobre Coca Codo

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El exvicepresidente Jorge Glas rindió su testimonio en calidad de testigo de la Fiscalía en el marco del caso Sinohydro, una investigación por presunto cohecho en contra de 21 personas, incluido el exmandatario Lenín Moreno y su círculo familiar.

La mañana de este martes, 12 de mayo, se instaló el segundo día de juicio en el que el Ministerio Público continuó con la presentación de sus pruebas. Alrededor de las 16:50 fue el turno de Glas, quien se conectó vía telemática desde la cárcel del ‘Encuentro’ donde cumple una pena por varios hechos de corrupción.

El privado de la libertad arrancó recordando que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair fue construida cuando él era ministro coordinador de sectores estratégicos, mientras que Moreno fungía como vicepresidente de Rafael Correa.

“Yo recibía llamadas de Lenín Moreno preguntándome detalles de cómo avanzaba el proyecto, el financiamiento, cosa que me llamaba la atención porque no estaba dentro de sus competencias”, señaló Glas.

Añadió que, al ser el segundo mandatario, decidió brindarle información sobre los avances de las negociaciones entre el Gobierno de China y Ecuador.

Glas también indicó que recibía las llamadas en su despacho a través de un número desconocido y privado.

$!Segundo día de audiencia del caso Sinohydro.

La segunda revelación de Glas

Por otro lado, el inquilino de la cárcel del ‘Encuentro’ contó que conoció a Conto Patiño, otro de los implicados en la trama y amigo de Moreno, en una cena organizada por el entonces embajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Sin embargo, declaró que no interactuó con él.

Posteriormente, Glas relató que, cuando él ya era vicepresidente, recibió otra llamada de Moreno desde Suiza para pedirle que reciba a Xavier Macías Carmigniani, sospechoso de la trama.

Macías le habría indicado que, por decisión de Moreno, desde ese momento todos los temas relacionados con Sinohydro debían ser tratados con él.

Glas dijo que no aceptó aquel pedido y que Macías abandonó su oficina.

Con este último tema, terminó el testimonio del exvicepresidente y el Tribunal suspendió la audiencia para este miércoles, 13 de mayo, a las 08:30.

¿Qué dice la defensa de Lenín Moreno?

La defensa de Moreno rechazó las declaraciones de Glas y subrayó que no tienen sustento.

“Lo que se afirma sin pruebas también puede ser desacreditado sin pruebas (…) No existen esas llamadas, ninguna referencia, un cruce de llamadas para identificar que Jorge Glas recibió estas llamadas”, mencionó el abogado David Meza.

También, recordó que el grupo político al que pertenece Glas, la Revolución Ciudadana, ha manifestado que Moreno “es el mayor traicionero”.

Y que no se puede dar un valor probatorio a la versión de una persona que “tiene problemas mentales”.

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La Presidencia de Ecuador lanza el octavo proceso de contratación de publicidad en 29 meses de gestión

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El Plan Estratégico de Comunicación 2026 de la Presidencia de la República incluye la contratación de un nuevo «servicio de pautaje y difusión de mensajes y campañas del Gobierno Nacional» por USD 6 millones. El segundo más alto en los 29 meses del gobierno de Daniel Noboa.

Los primeros contratos fueron más austeros, pero a partir de octubre de 2024 el monto se ha ido incrementando, con la justificación legal de «garantizar una comunicación efectiva y directa con la ciudadanía».

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La Secretaría de Comunicación explica que «es fundamental establecer lineamientos de imagen gubernamental, así como gestionar de manera adecuada la imagen digital, los medios de comunicación nacionales e internacionales, y la producción y difusión de material audiovisual y multimedia relacionado con los planes, programas, proyectos de salud pública, educación y servicios que el Estado debe garantizar».

Desde el inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa, el Gobierno de Ecuador ha destinado USD 32,47 millones a ocho contratos de pauta y difusión institucional, como se muestra en el siguiente gráfico. El proceso más reciente contempla una inversión de USD 6 millones, monto que ya había sido asignado anteriormente en septiembre de 2025.

Y debido a las nuevas tecnologías, Carondelet ya no busca solamente difundir sus mensajes, sino también aprovechar sus distintas ventajas. Por ejemplo, la medición electrónica de audiencias.

Además, en redes sociales el objetivo es medir las interacciones, comentarios, número de seguidores y reacciones. «Las herramientas de medición y métricas permiten analizar la audiencia, minuto a minuto, individuo a individuo, con el nivel de detalle requerido por el mercado», explica la Secretaría en la documentación.

Este último proceso también fue por invitación directa con la empresa Mabeca Corporation S.A., la misma del contrato anterior, que presentó dos opciones de estrategias de difusión al Ejecutivo. Ambas incluyen pauta en televisión, radio, medios impresos, vía publica y plataformas digitales.

Según los planes de la Secretaría de Comunicación, el 35% del presupuesto deberá dirigirse a canales digitales (incluye redes sociales e influencers) y otro 31% a la televisión. El presupuesto de este próximo contrato cubrirá las necesidades comunicacionales de Carondelet entre mayo y septiembre, según lo previsto por el Gobierno. Fuente: Primicias

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