Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
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EXTRACTO | Notifíquese a los señores:
CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-2V-QUEBRADA, CAP-1V-QUEBRADA, CAP-4-QUEBRADA, CAP-3-QUEBRADA, CAP-2-QUEBRADA, CAP-1-QUEBRADA UBICADA EN QUEBRADA SIN NOMBRE, PARROQUIA BOMBOÍZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.
ACTOR(ES): SURNORTE S.A
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.
Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00003-AA.
Fecha: 09-03-2026 a las 17:33.
VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.
En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de Uso y/o Aprovechamiento de Agua, presentada por SURNORTE S.A, de fecha 2026-03-09 17:33:17.916, en el mismo que solicita la Autorización de MINERÍA, provenientes de la fuente CAP-2V-QUEBRADA, CAP-1V-QUEBRADA, CAP-4-QUEBRADA, CAP-3-QUEBRADA, CAP-2-QUEBRADA, CAP-1-QUEBRADA, ubicada en QUEBRADA SIN NOMBRE, parroquia BOMBOÍZA, cantón GUALAQUIZA, provincia de MORONA SANTIAGO.
Con estos antecedentes, en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado, se:
DISPONE:
1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de Uso y/o Aprovechamiento de Agua para MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua (CDA), en cumplimiento con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y en concordancia con el artículo 107 del Reglamento General de Aplicación a la Ley. Por lo expuesto, se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.
2.- Notifíquese a los señores:
- MARIA ROSARIO SANCHEZ BUCLE
- JAIME ELICIO PILLACELA MALLA
- ANGEL BENITO CABRERA TORRES
- ADRIANO MARIA ROMERO ALEMAN
- LUIS CRISTOBAL UNUP NARANKAS
- JORGE OSWALDO YANKUR TSOKANKA
en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y esta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos de QUEBRADA SIN NOMBRE – BOMBOÍZA – GUALAQUIZA – MORONA SANTIAGO, mediante comisión que se imparte al señor Teniente Político de la parroquia BOMBOÍZA, además de anunciar por la prensa mediante tres publicaciones consecutivas.
3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del artículo 107 (procedimiento general).
4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 del Código Orgánico Administrativo.
5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.
6.- Téngase en cuenta el Casillero Judicial 0, el correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalado para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor, de ser el caso, por SURNORTE S.A.
NOTIFÍQUESE.
DIRECTOR/A ZONAL
DIRECCIÓN ZONAL 10


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La relación de Ecuador con Colombia entrará en una nueva etapa, de la mano de Noboa y de De la Espriella
Con apenas décimas de diferencia, Abelardo De la Espriella se perfila como el próximo presidente de Colombia. El candidato derechista recibió el apoyo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desde la primera vuelta, cuando anunció que llegaron a un acuerdo para «fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad».
El 29 de mayo, Noboa compartió imágenes de la reunión virtual con De la Espriella. Precisamente por ello, el gobierno colombiano de Gustavo Petro, su candidato Iván Cepeda, y la prensa internacional, señalaron al Mandatario ecuatoriano por intervenir en el proceso electoral.
Y, aunque la autoridad electoral no ha emitido resultados definitivos en Colombia, la derecha regional ya celebra el eventual triunfo del polémico y millonario abogado de 47 años. Entre ellos el mismo Noboa, que ya vaticinó que ambos gobiernos enfrentarán juntos al crimen organizado sin excusas.
Pero, en la práctica, ¿qué implicaría un estrechamiento y recuperación de la relación bilateral entre ambas naciones?
Cuando De la Espriella llegue a la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto, se esperaría que Daniel Noboa sea uno de los invitados de honor en la posesión presidencial y subsiguientes celebraciones. Esa sería la primera visita oficial del Mandatario ecuatoriano a Bogotá en lo que va de su gobierno.
Y, con la promesa de restablecer plenamente la relación diplomática, llegaría el nombramiento de un nuevo embajador colombiano para Quito y el retorno del embajador ecuatoriano, Arturo Félix Wong, o su reemplazo, a la capital colombiana.
Además, después de seis meses de guerra comercial en la frontera compartida, también hay expectativa por una revitalización en ese ámbito, que incluye también el transporte de crudo y la cooperación energética, vital para Ecuador para evitar apagones de luz.
Un acuerdo en materia eléctrica, para «una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa», en palabras del mismo Noboa, brindaría alivio al Gobierno ecuatoriano, que ha tenido problemas para concretar la generación adicional, con alquileres retrasados, la polémica por la corrupción en el caso Progen y una brecha de 1.300 megavatios a apenas cuatro meses del estiaje.
Control de frontera
Otra arista importante es el control en la frontera compartida, por donde ingresa la mayoría de cocaína que se exporta desde Ecuador y donde ninguno de los dos Estados ha podido restarles poder a los grupos delictivos. Se trata al menos de 11 bandas locales y ocho grupos armados colombianos, que se disputan el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos.
En este aspecto, los discursos de mano dura confluirán en el epicentro de la producción y transporte de cocaína de la región y, con el impulso del estadounidense Donald Trump y su iniciativa de Escudo de las Américas, se esperaría un incremento de la actividad y presencia militar norteamericana en ambos países.
Y la influencia del Comando del Sur de Estados Unidos provocará expectativa, junto a los ofrecimientos de De la Espriella de bombardear guerrilleros y narcos, al igual que sucedió en Ecuador, aunque todavía no se haya presentado pruebas de que se trataba de un campamento armado.
El candidato derechista también propuso autorizar la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, una iniciativa similar a la planteada anteriormente por Daniel Noboa en Ecuador y que no obtuvo el respaldo electoral en el referéndum de noviembre de 2025. No obstante, el resultado en las urnas no ha impedido que el gobierno ecuatoriano impulse mecanismos para facilitar el ingreso y la operación de contingentes militares extranjeros en el país.
El reciente Decreto 424 abre la posibilidad de otorgar inmunidad a personal militar extranjero, sin que hasta ahora se hayan precisado los términos de eventuales acuerdos bilaterales.
Ante este panorama, el debate se centra en las implicaciones para la integridad territorial. La ausencia de acuerdos específicos y públicos sobre el alcance, las atribuciones y los límites de la presencia militar extranjera genera interrogantes sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas. Para algunos sectores, este escenario podría reavivar preocupaciones asociadas a que puedan ocurrir nuevos episodios como el ataque de Angostura de 2008, cuando fuerzas colombianas ingresaron en territorio ecuatoriano, un hecho que desencadenó una grave crisis por la violación de la soberanía nacional.
Pero, finalmente, en medio de todas las promesas de «mano dura y orden», el desarrollo social y la inversión pública en la frontera compartida no han tenido un papel destacado en los discursos de estas semanas. Por lo que se desconoce de qué manera Noboa y De la Espriella podrían mejorar las condiciones de vida de esas comunidades y disminuir la ya excesiva violencia que sufren. Fuente: Primicias
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Estos son los seis acuerdos que Ecuador y Argentina firmaron durante la visita de Javier Milei
Ecuador y Argentina suscribieron este jueves seis acuerdos de cooperación en materia de ciberdefensa, extradición y lucha contra la pesca ilegal, entre otros, durante una ceremonia encabezada en Quito por los presidentes Daniel Noboa y Javier Milei, respectivamente.
En el mismo comunicado, la Presidencia señaló que Noboa ratificó el «histórico respaldo» de Ecuador a los derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes.
El mandatario también instó a Argentina y al Reino Unido a reanudar cuanto antes las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y destacó la importancia de que Reino Unido se abstenga de adoptar medidas unilaterales, incluida la exploración y explotación de recursos naturales en el área en controversia.
Tras la firma, estaba previsto que el presidente Milei se reúna con representantes de cámaras automotrices argentinas.
Designación de Chone Killers como terrorista y posterior encuentro
El mandatario argentino llegó este jueves a Ecuador en medio de un amplio dispositivo de seguridad para cumplir actividades a las que la prensa no tuvo acceso, como una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, y posteriormente la reunión con Noboa.
Durante esa cita, el presidente ecuatoriano agradeció a Milei por la designación como organización terrorista de la banda ecuatoriana Chone Killers, que se conoció minutos antes del encuentro, una denominación que ya tenían desde el año pasado las bandas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.
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