Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Serbio Jezdimir Srdan: Fiscal dio un giro se abstuvo de acusar a 7 miembros en el caso ‘Operación Finisterra’
El jueves 26 de febrero, a las cuatro de la tarde, la fiscal que investiga delitos transnacionales, Janneth Cueva, emitió un dictamen sorpresivo. El documento se abstiene de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso de delincuencia organizada, que se sigue en contra de la estructura delictiva, liderada por el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Esta red es investigada hace tres años, entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores sostienen que el grupo delincuencial es responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2020.
El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Se trata de una investigación de enorme trascendencia, desarrollada por unidades especializadas de la Policía nacional, con cooperación internacional de varios países, en particular, de Francia.
Dictamen abstentivo
La fiscal Cueva emitió su dictamen abstentivo pocos días antes del inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Jezdimir Srdan y otros 15 procesados en el caso de delincuencia organizada. Esta diligencia estaba prevista para el jueves 5 de marzo.
Por pedido de la fiscal y de uno de los abogados defensores, la audiencia quedó prevista para hoy, lunes 9 de marzo, a las 08h30. De no presentarse incidentes debe empezar este día.
Poco después del dictamen abstentivo, el juez de la unidad anticorrupción emitió el auto de sobreseimiento a favor de los 7 procesados. Esto ocurrió a inicios de marzo. En consecuencia, el juez anticorrupción Sebastián Cornejo dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y la emisión de boletas de excarcelación, siempre y cuando no se encuentren a órdenes de otra autoridad jurisdiccional.
Seis de ellos se encontraban privados de la libertad al momento de la emisión del dictamen abstentivo. Y sobre el empresario pesaba la prohibición de salir del país y la orden de presentación periódica ante la autoridad.
Cambio de fiscales de Unidot
El proceso investigativo empezó en 2023. El fiscal a cargo de la Fiscalía Unidot 10, que persigue delitos transnacionales, Galiano Balcázar lideró el proceso hasta fines de noviembre de 2025. Fue notificado de su relevo el 28 de noviembre, con el argumento de una renovación institucional.
Por esos días, varias oficinas de Unidot fueron reestructuradas por decisión del flamante fiscal general Leonardo Alarcón. Él sucedió en el cargo a Wilson Toainga, quien fue enviado a la unidad de Género, en Machachi.
Como consecuencia, algunos fiscales de Unidot, con muchos años de experiencia en investigar al crimen organizado transnacional, fueron trasladados a otras dependencias dentro de la misma institución. Incluso, a parroquias rurales o a cantones distantes de Quito.
La doctora Cueva se hizo cargo de Unidot 10 en diciembre pasado. Pocos días después de asumir el despacho, vinculó a 4 personas al expediente por delincuencia organizada, que hasta entonces tenía a 12 procesados. De este modo, el total de personas vinculadas subió a 16.
No obstante, el dictamen abstentivo de fines de febrero redujo el número de procesados a 9.
Pero, ¿Quiénes son y qué rol habrían tenido en la estructura? Esta alianza lo revela a continuación.
Los siete que no irán a juicio
Las siete personas que recibieron dictamen abstentivo por parte de la Fiscal y auto de sobreseimiento por parte del juez anticorrupción pertenecen al círculo logístico de la red, pudo conocer esta alianza a partir de entrevistas con los agentes que vienen investigando el caso. En suma, se trata de quienes transportaron los cargamentos con la droga, o la escondieron en los contenedores, desde los cuales fue enviada por el Pacífico hacia los puertos europeos.
LEA TAMBIÉN | Andrés Arauz niega que haya utilizado auto de un narco serbio: ‘Me buscan silenciar’
A este grupo se suma un empresario, directivo de una industria que empacaba atún en latas para exportación. La compañía se encuentra actualmente en fase de disolución. Las autoridades detectaron al menos tres envíos de cocaína escondida en las latas de alimento. Los directivos de la entidad privada deslindaron responsabilidades y aseguraron que el producto fue contaminado fuera de sus instalaciones.
El argumento de Fiscalía menciona que estas personas no intervinieron en la totalidad de los eventos que motivan el proceso penal.
1. Luis L. Junto con otras dos personas, fue sorprendido por el control de cámaras en el puerto de Contecon contaminando un contenedor con ocho sacos de yute con franjas rosado, negro y celeste. Contenían 573 mil gramos de cocaína. El hecho ocurrió en mayo de 2020. En su defensa argumentó que ya fue procesado por esa causa.
Según el dictamen abstentivo, no participó en los diez eventos señalados en el proceso penal. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.
2. Gabriel P.Fue uno de los tres empleados portuarios que fueron capturados cuando contaminaban el contenedor en mayo de 2020.
Según el dictamen abstentivo, no participó en todos los eventos señalados en el proceso. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.
3. Miguel F. El 3 de junio de 2020 fue sorprendido transportando un contenedor que tenía ocultos en el piso 423 mil grados de cocaína, con la inscripción ‘Holly’.
El argumento del dictamen abstentivo menciona que no participó en todos los eventos señalados en el proceso. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.
4. Darwin T. Se encontraba en el transporte (cabezal) que llevaba este contenedor.
Según el dictamen abstentivo, ya fue sentenciado por este hecho, y se encontraba cumpliendo una pena de 13 años por narcotráfico.
5. Ramón Z. Estaba en el vehículo pesado que transportaba el mencionado contenedor.
Según el dictamen abstentivo, no participó en la totalidad de hechos señalados en el proceso. Cumplía pena en el CPL 1 Guayas.
6. William T. Conducía el furgón blanco con cajón de madera cubierto con carpa, en el cual se escondían 474 mil gramos. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 2020.
Según el dictamen abstentivo, no participó en la totalidad de acontecimientos señalados en el proceso.
7. Miguel A. El empresario que trabaja en la industria pesquera que envió 1,5 millones de gramos de cocaína al interior de latas de atún recibió dictamen abstentivo.
Según el pronunciamiento fiscal, no se puede asociar su identidad con los seudónimos de ‘Rafa’, ‘Ratón’ o ‘Speedy’. Con estos tres nombres se identifica, en múltiples chats en la plataforma SKY ECC, al colaborador de la estructura que contaminaba el cargamento de atún con droga.
En todos los casos no hay elementos que determinen la responsabilidad de las personas en el delito investigado, según el dictamen fiscal.
Las consecuencias
El proceso habría perdido continuidad técnica y estratégica en la investigación, tras el cambio de fiscales, advirtieron fuentes cercanas al caso.
La decisión de abstenerse de acusar podría ser objeto de análisis y cuestionamiento jurídico, particularmente en lo relativo a la interpretación del tipo penal de delincuencia organizada, que se fundamenta en la valoración de todos los elementos de convicción existentes en el proceso. En particular, una asistencia penal permitió desencriptar miles de mensajes, con textos y fotos, entre todos los miembros de la estructura delictiva. En ellos, hablan de envíos, cargamentos, compra de empresas para camuflar las actividades ilegales. A la cabeza, estaba ‘Brate’, que en serbio significa ‘hermano’.
En cientos de mensajes se refleja que se trata de una estructura compleja con operadores empresariales, empacadores de frutas, conductores, trabajadores del puerto encargados de la contaminación y autoridades de la Policía que tomaban decisiones sobre la revisión de los contenedores.
Esta alianza conoció que agencias de cooperación policial de la Unión Europea están preocupadas por el desarrollo de este proceso. Esto, debido a la comprobada capacidad del serbio Srdan de buscar impunidad por todos los medios.
De hecho, en el proceso por lavado de activos, contra el mismo serbio, el acusado intentó intimidar al juez anticorrupción Carlos Serrano, durante la audiencia de juicio. Serrano recibió, además, el pedido de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura para direccionar su pronunciamiento en este caso. Al no acceder, su protección personal fue retirada. Por ello, a mediados de diciembre, Serrano salió del país y denunció las presiones. Recién el primer fin de semana de marzo el Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia.
Para entonces, el serbio Jezdimir Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos.
La denuncia de Serrano motivó una crisis institucional sin precedentes en la función judicial y derivó en la salida de Mario Godoy de la presidencia del Consejo de la Judicatura. El funcionario que habría presionado a Serrano era su mano derecha en ese organismo. Fuente: Vistazo
La Función Judicial de Ecuador está en crisis, en parte, por las presiones políticas. Esa es la conclusión más clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garantía de derechos’, presentado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
En sus páginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.
Como parte del reporte, la FCD mostró cómo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años.
Esta caída, según el análisis del Informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedió del puesto 77 en 2020 al 108.
A escala regional, asimismo, el país ocupa el escalón 23 de 32 en América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobarómetro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos confía en su sistema de justicia.
A la par, el índice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiografía, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico.
Los casos de la crisis
El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexión que supuso el denominado Caso Metástasis, a finales de 2023, que destapó una profunda infiltración al revelar presuntos vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán.
Además de Terán, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.
A esta cooptación institucional, según el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado.
La investigación cita ejemplos como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, forzado a abandonar el país sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dramática, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.
Las presiones políticas
Pero las balas y los sobornos no son las únicas formas de coacción. Según FCD, el poder político también ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calificó públicamente a la Corte Constitucional como «enemiga del pueblo».
Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campaña de estigmatización.
La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administración de justicia en un «botín de mayorías coyunturales».
Y esa politización ya tiene consecuencias: debido a la parálisis y la corrupción en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deberían integrarla.
Frente a este panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garantía material más básica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder.
La organización propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo técnico, litigio estratégico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa pública que le explique al ciudadano común por qué le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. Fuente: Primicias
El tricolor Pervis Estupiñán fue figura este domingo en el Derby della Madonnina al marcar el único gol con el que AC Milan venció 1-0 al Inter de Milán en el estadio San Siro, por la jornada 28 de la Serie A. El lateral tricolor arrancó como titular y resolvió el clásico con una aparición determinante en el primer tiempo.
El tanto llegó a los 35 minutos, cuando Estupiñán recibió un pase de Youssouf Fofana y sacó un potente remate de zurda que superó al arquero Yann Sommer. El gol significó además el primero del ecuatoriano con la camiseta rossonera, en un partido de máxima exigencia y frente al líder del campeonato italiano.
La victoria permitió al Milan llegar a 60 puntos y recortar distancias con el Inter, que se mantiene en la cima con 67 unidades. El resultado también dejó un dato especial: el conjunto rossonero completó su primer doblete de triunfos sobre Inter en una misma temporada de Serie A desde 2011.
Con una actuación sólida y decisiva, Estupiñán volvió a dejar en alto el nombre de Ecuador en una de las vitrinas más importantes del fútbol europeo. Su gol no solo definió uno de los partidos más emblemáticos de Italia, sino que también reforzó su protagonismo en una temporada en la que empieza a ganar peso dentro del esquema del Milan. Fuente: El Telégrafo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica1 año ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil