Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Operativo “Cero Impunidad-13774” dejó cuatro aprehendidos por presunto robo en eventos públicos en Macas
En la provincia de Morona Santiago, la Policía Judicial ejecutó el operativo denominado “Cero Impunidad-13774”, que permitió la aprehensión en flagrancia de cuatro ciudadanos presuntamente implicados en el delito de robo a personas durante eventos públicos desarrollados en la ciudad de Macas.
De acuerdo con el informe policial, los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como: M. T. C.M., de 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien registra antecedentes por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y daño al bien ajeno; T. M. M.G., de 58 años, también ecuatoriano, con registros por contravenciones relacionadas con hurto; M. A. L. G., de 63 años, de nacionalidad ecuatoriana, con antecedentes por el delito de receptación; y L. E. R. A., de 25 años, ecuatoriano, quien presenta registros por asociación ilícita, robo y contravención de hurto.
Según las autoridades, los aprehendidos habrían actuado en el contexto de concentraciones masivas, aprovechando la concurrencia de ciudadanos para cometer ilícitos contra la propiedad, particularmente el robo a personas.
Durante el operativo, los agentes policiales lograron recabar varios indicios vinculados al presunto delito, entre ellos seis terminales móviles, dinero en efectivo y un vehículo, los cuales fueron ingresados en cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional indicó que este tipo de intervenciones forman parte de las estrategias operativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y contrarrestar delitos en espacios públicos, especialmente en eventos de alta concurrencia.
Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, conforme lo establece la normativa legal vigente en el Ecuador.
Nacionales
Los cinco cuadernos de Verónica Briones, pareja de Fito, revelan presuntas rutas y pagos, entre ellos, a alias Churrón
A Verónica Briones, pareja sentimental de alias Fito, la describen los investigadores como una mujer fría, que proyecta empoderamiento, y con una frase que lo resume todo: «Tenía apagado el chip del miedo».
Briones, de 33 años, actualmente detenida en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Guayaquil, conocida como La Roca, es una de las seis personas llamadas a juicio en el caso Blanqueo Fito por presunto lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, en el cuerpo 259, al que Vistazo tuvo acceso, también se expone su perfilamiento como una persona con dificultad para reconocer errores o asumir responsabilidad personal. Entre otros detalles, el informe señala que presenta un «apego afectivo y lealtad emocional» hacia el cabecilla de Los Choneros, extraditado en 2025 a Estados Unidos.
Las libretas, de pasta roja, negra, azul, morada y blanca, a los que tuvo acceso este medio, contienen anotaciones con distintos nombres. Según los manuscritos, corresponderían a miembros de Los Choneros, uno de ellos es alias Churrón, Francisco Bermúdez Cagua, lugarteniente de Fito y buscado por Estados Unidos. Además de presuntas rutas de la droga, procesos y registros de pagos. Aquí todos los detalles.
El cuaderno rojo con presuntas rutas, montos y listas
El primer cuaderno presentado por Fiscalía tiene pasta roja, en cuya portada se lee «Iron Man», contiene manuscritos en los que se detallan cifras que presuntamente estarían relacionadas con montos de dinero y rutas de la droga. Entre las anotaciones figuran frases como «ruta semanal 4500» y «ruta 17/06 Loor».
En una de las páginas incluidas en el informe se registran expresiones como: «Sandía ruta semana 4500» y referencias a pagos, por ejemplo: «2.000 por cada medio k de verde lo paga una vez esté adentro», así como cálculos sobre la duración de la sustancia: «medio de verde dura más o menos mes y medio».
LEA: Caso Blanqueo Fito: chats revelan cómo Los Choneros vigilaban a militares y anticipaban operativos
El documento hace alusión a operaciones numéricas vinculadas al término «verde», una expresión utilizada en el argot delictivo para referirse a la marihuana.
En otra de las páginas se menciona una lista de lo que serían alias, como «Carlos Pilay», «Gato Volador», «Godo González» y «Bambino», entre otros. En el encabezado se detalla un pago mensual y, junto a cada nombre, aparecen cifras que oscilan entre USD 50, 70, 150 y 200.
En el cuaderno morado se menciona a alias Churrón, lugarteniente de Fito
En otro cuaderno, de pasta morada y hojas cuadriculadas, se exhibieron 21 páginas con anotaciones en tinta roja y azul, en los que se registran diversas cantidades, cifras y formas de pago.
En la parte superior de varias páginas aparecen palabras como «pagado», «deuda», «llegó» junto a operaciones matemáticas. Por ejemplo, «llegó 6.000 = 168.000». Luego se describe una lista de nombres, como si se tratara de la distribución de pagos: «Monito», «Chinchulín», «Oliver», «Dumbo», entre otros.
En otras hojas aparecen anotaciones que mencionan a «El Parcero», donde se detalla: «130 K de pilas tiene que darme el parcero después de dos viajes (…) cada viaje me cancela 30 K hasta pagarme 130 K». El término «Pilas» es utilizado en ese contexto para referirse a cápsulas o pastillas de éxtasis.
En los manuscritos del cuaderno morado también se menciona presuntamente a alias «Churrón», Francisco Manuel Bermúdez Cagua, subalterno de Fito y por el que Estados Unidos ofrece USD 5 millones, según publicó la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, por participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros.
Previamente, él junto a Fito y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.
En diversos manuscritos de este cuaderno, el alias de «Churrón» aparece asociado a montos y registros de presuntos pagos.
En el cuaderno de pasta azul: inventario de armas
El tercer cuaderno, de pasta azul, contiene manuscritos distribuidos en 12 hojas. De acuerdo con lo que pudo revisar Vistazo en el informe, se detalla una lista de pagos mensuales, ya sea en efectivo o mediante depósitos. También se escribe un listado de honorarios de abogados y otros gastos, como arriendo, compra de llantas, ropa, colchones y multas.
Además, aparecen anotaciones como «abono para caleta segura» y referencias vinculadas a la presunta adquisición de armas, como «compra alimentadora».
En el folio 43 del informe se incluye un nuevo listado, a modo de inventario, en el que se especifica el tipo de armamento como fusiles de asalto: «1 AK-47», «1 AK antiguo» y «alimentadoras AK-47». Además de «1 smil wilson (Smith & Wesson)», «5 pistolas», «2 Glock» y «1800 pepas (cartuchos)», etc.
En una de las hojas se lee, en tinta roja: «llegan 60 y coge 4, me paga 56; viaje llegado, viaje pagado; usted con ese saldo 220”. Luego se menciona una deuda de «341 pollos», lo que, según la terminología delictiva, correspondería a 341 kilos.
Lo que revela el cuaderno de pasta negra
El cuarto cuaderno, de espiral y pasta negra, en cuya portada se lee «Jean Book», contiene varios manuscritos distribuidos en cuatro hojas.
En estos textos se detallan insumos y actividades organizadas en distintos días de la semana, junto con pagos por diversos servicios y gastos, como gasolina, artículos para el hogar, vegetales, medicinas, lentes, pintura e internet.
Además se detallan procesos «filtración 8 horas diarias» y otros pasos escritos a color rojo.
El cuaderno de pasta blanca: inventario de joyas
En la celda de Briones también se encontró un cuaderno espiral académico de pasta blanca, con un logotipo de «Ferrari». Este contiene varios manuscritos distribuidos en 14 páginas.
A lo largo de las hojas, al igual que en los otros cuadernos, se registran las descripción de supuestos pagos y montos junto a alias como «Llorón», «Candela», «Alan», «Dumbo», «Guayaco» y «Teniente», entre otros.
Asimismo, se detalla valores por viajes, como: «3 viajes de 6.000 – 400 = 5.600. Hay que pagar 168.000» y «en estos tres viajes toca pagar 504.000».
En el folio 56 del informe pericial del cuaderno está escrito, en tinta azul, un listado de joyas, como una esclava de oro blanco, tres relojes Rolex, cuatro cadenas religiosas, en las que se describe «San Judas» y «oro blanco Jesús», así como anillos y aretes.
De hecho, en el búnker donde Fito fue capturado el pasado 25 de junio, en un inmueble del cantón Montecristi, Manabí, se encontró un lote de joyas con un peso total de 7.871,44 gramos de oro, avaluadas en USD 2 millones, que no pudo justificar.
Muchas de estas piezas, entre ellas pulseras, anillos y collares, presentaban simbología de la organización Los Choneros, además de figuras de leones e incluso su propio nombre incrustado con brillantes.
Perfilamiento de Verónica Briones: «ausencia de arrepentimiento»
De acuerdo con el expediente, en el cuerpo 259, al que Vistazo tuvo acceso, se expone el perfilamiento de Verónica Briones, que señala que presenta un «apego afectivo y lealtad emocional» hacia el cabecilla de Los Choneros.
El informe añade que no se trataría de una persona con afectaciones mentales, ya que mantiene funciones cognitivas e intelectuales consideradas adecuadas, así como plena capacidad para comprender su entorno y determinar sus actos. Sin embargo, también advierte dificultades para «reconocer errores o asumir responsabilidad personal».
Asimismo, el documento indica que, aunque conserva la capacidad de comprender su situación actual, manifiesta ausencia de arrepentimiento respecto a la relación mantenida con su pareja, Adolfo.
De acuerdo con investigadores que conversaron con Vistazo, su participación no se limita a haber sido la pareja de alias Fito. Como evidencian los manuscritos, también se involucró en el portafolio criminal de Los Choneros e incluso habría intentado llenar el vacío de poder dentro de la organización.
Nacionales
Análisis jurídico del terrorismo y sus límites centró el debate académico en “La Tertulia”
En el marco del programa “La Tertulia”, se desarrolló un espacio de análisis académico con la participación de Mariona Llobet, docente de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España), quien abordó el tema: “¿Qué es el terrorismo y quién es terrorista?
Concepto y límites en la lucha contra los más peligrosos”.
Durante su intervención, la experta explicó que las legislaciones penales a nivel internacional tienden a definir el terrorismo de manera amplia, estructurándolo sobre dos elementos fundamentales: la comisión de delitos y la existencia de una finalidad específica. No obstante, advirtió que estas finalidades suelen estar formuladas de forma ambigua —como alterar la paz pública o subvertir el orden democrático, lo que genera dificultades interpretativas y amplía el margen para calificar diversas conductas como terrorismo.
En este contexto, Llobet señaló que dicha amplitud permite que múltiples fenómenos delictivos, incluidos el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, e incluso ciertas formas de protesta social, puedan ser subsumidos dentro del concepto de terrorismo, lo que plantea serios riesgos de inseguridad jurídica y desproporcionalidad en la aplicación del derecho penal.
La académica enfatizó la necesidad de una interpretación restrictiva del delito de terrorismo, sustentada en tres criterios fundamentales: proporcionalidad, precisión terminológica y coherencia sistemática. En este sentido, destacó que no todas las conductas violentas o generadoras de temor deben ser calificadas como terrorismo, ya que ello podría desvirtuar tanto la gravedad del fenómeno como el significado jurídico del término.
Como propuesta teórica, Llobet introdujo el concepto de “doble instrumentalización” para delimitar el terrorismo. Este implica que el acto delictivo no solo afecte a víctimas directas, sino que además genere un efecto de intimidación generalizada en la sociedad y, simultáneamente, busque coaccionar al Estado para modificar decisiones políticas. Según este enfoque, la existencia de un fin político resulta determinante para diferenciar el terrorismo de otras formas de criminalidad organizada.
En el diálogo, también se abordó la realidad ecuatoriana, caracterizada por altos índices de violencia. Ante ello, la especialista precisó que, aunque el crimen organizado puede generar niveles elevados de terror social, carece del elemento político necesario para ser considerado terrorismo en sentido estricto. Sin embargo, reconoció la gravedad del fenómeno y su posible encuadre en delitos de lesa humanidad en determinados contextos.
Finalmente, Llobet advirtió sobre los riesgos del uso expansivo del concepto de terrorismo por parte de los Estados, señalando que esta práctica puede derivar en la aplicación del denominado “derecho penal del enemigo”, caracterizado por penas desproporcionadas, restricción de garantías procesales y anticipación de la intervención punitiva. Esta tendencia, según indicó, puede poner en tensión los principios fundamentales del Estado de derecho, incluso bajo el argumento de proteger la democracia.
El espacio concluyó con un llamado a fortalecer el debate jurídico y académico en torno a la definición y aplicación del terrorismo, especialmente en contextos de crisis de seguridad, donde resulta fundamental preservar el equilibrio entre eficacia penal y respeto a los derechos fundamentales.
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