Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
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Luisa González inscribirá su candidatura para la Prefectura de Manabí la próxima semana
La excandidata presidencial por la Revolución Ciudadada (RC), Luisa González, anunció hoy que la próxima semana inscribirá su postulación para la Prefectura de Manabí, con una organización política que prefirió guardar su nombre, porque su dirigente “ya fue amenazado”.
“La inscribo la siguiente semana, estamos definiendo el día. ¿Por qué movimiento (político)? No lo voy a decir aún, porque ya fue amenazado el directivo del movimiento, ya hasta intentaron comprarlo, le han ofrecido lo que han podido, gracias a Dios es una persona con principios, con valores. Entonces, un poco más por protegerlo. Lamentablemente así tenemos que hablar ahora en el Ecuador”, mencionó González, en entrevista a Los Especialistas del medio Ecuador en Directo.
Dijo que es muy doloroso escuchar a la gente decir: ¿te dejarán participar en las elecciones seccionales? No obstante, enfatizó que quien la tiene que dejar participar es el pueblo ecuatoriano.
“Ustedes son los que me deben permitir o no participar, el pueblo manabita en este caso (…) Pero ya hay un candidato ahí, que ha aceptado ir a la Prefectura de Manabí, siempre y cuando suspendan o le quiten los derechos políticos o le hagan cualquier cosa a Luisa González”, acotó.
La aspirante a la Prefectura manabita también se refirió al alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, quien el pasado 29 de julio declinó su candidatura para liderar el Gobierno Provincial en las elecciones seccionales de 2026, y que dará su respaldo a la candidatura de Marcos Zambrano para dicho cargo.
“Conozco a Leonardo Rodríguez, creo que ha hecho una gran gestión en mi pueblo, en Chone, y es uno de los alcaldes mejor valorado en nuestra población, la gente le tiene mucho cariño (…) Que Leonardo Rodríguez no acepte ir a la Prefectura de Manabí, porque se une al candidato del oficialismo, vamos, el pueblo chonense tiene clarísimo el por qué de la decisión de Leonardo Rodríguez”, subrayó.
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La UTPL lidera un programa internacional para redefinir el futuro de Galápagos
La universidad presenta la segunda edición del Summer School, una iniciativa que reúne a expertos y jóvenes talentos para co-crear soluciones reales junto a las comunidades locales.
Las islas Galápagos representan uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta, pero también enfrentan un desafío monumental: cómo proteger su biodiversidad sin descuidar el bienestar y el desarrollo de sus comunidades. Problemáticas como la gestión de residuos, el turismo desmedido, la falta de datos para la toma de decisiones y la necesidad de fortalecer la gobernanza exigen respuestas concretas. Ante este escenario, la alianza entre universidades, instituciones públicas y la sociedad resulta fundamental para construir soluciones sostenibles y de largo plazo.
En este contexto, la educación superior está llamada a trascender las aulas y convertirse en un motor de cambio. Con ese propósito, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) presentó, el 30 de julio, en Quito, la segunda edición del Summer School Galápagos 2027: Co-creando el modelo de gestión territorial inteligente de destinos. Este programa de alcance internacional reunirá a estudiantes y profesionales para diseñar propuestas que respondan a los desafíos actuales del archipiélago.
A diferencia de los programas académicos tradicionales, esta iniciativa combina clases virtuales, aprendizaje basado en retos y trabajo de campo. La primera edición demostró el alcance del proyecto al convocar a participantes de Costa Rica, Perú y Argentina. En esta nueva edición se incorporan talentos de disciplinas como turismo, biología, economía y planificación estratégica, quienes emplearán herramientas digitales y análisis de datos para atender las necesidades prioritarias del territorio.
«El Summer School nace como un programa académico con propósito. No buscamos únicamente generar investigación, sino trabajar directamente en el territorio, analizar sus desafíos y aportar soluciones que fortalezcan la toma de decisiones y el desarrollo sostenible de Galápagos», señala David Santiago Salinas Aleaga, docente e investigador de la carrera de Turismo de la UTPL.
La metodología del programa inicia con una fase de preparación virtual y culmina con una inmersión académica en la isla Santa Cruz. Durante esta etapa, los equipos multidisciplinarios trabajarán de manera conjunta con actores estratégicos de la región, entre ellos la Fundación Charles Darwin, el Parque Nacional Galápagos, la Cámara de Comercio local, organizaciones sociales y emprendedores. Este trabajo colaborativo permitirá que las propuestas se construyan desde la realidad del territorio y cuenten con mayores posibilidades de implementación.
«Galápagos es un laboratorio vivo donde convergen conservación, turismo, comunidades, ciencia e innovación. Esa interacción permite que quienes participan comprendan la realidad del territorio desde diferentes perspectivas y desarrollen propuestas con posibilidades reales de aplicación junto a los actores locales», añade Salinas.
Además de fortalecer la formación profesional de los participantes, el programa posiciona a Ecuador como un referente en educación e innovación para el desarrollo sostenible al vincular a docentes, investigadores y especialistas internacionales en destinos inteligentes. Con esta segunda edición del Summer School Galápagos, la UTPL continúa fortaleciendo la investigación aplicada y demuestra que la colaboración entre la academia, las instituciones y la comunidad puede transformar el conocimiento en soluciones concretas para garantizar el futuro sostenible del archipiélago.
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EXTRACTO | Notifíquese a los señores:
CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-2V-QUEBRADA, CAP-1V-QUEBRADA, CAP-4-QUEBRADA, CAP-3-QUEBRADA, CAP-2-QUEBRADA, CAP-1-QUEBRADA UBICADA EN QUEBRADA SIN NOMBRE, PARROQUIA BOMBOÍZA, CANTÓN GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.
ACTOR(ES): SURNORTE S.A
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.
Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00003-AA.
Fecha: 09-03-2026 a las 17:33.
VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.
En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de Uso y/o Aprovechamiento de Agua, presentada por SURNORTE S.A, de fecha 2026-03-09 17:33:17.916, en el mismo que solicita la Autorización de MINERÍA, provenientes de la fuente CAP-2V-QUEBRADA, CAP-1V-QUEBRADA, CAP-4-QUEBRADA, CAP-3-QUEBRADA, CAP-2-QUEBRADA, CAP-1-QUEBRADA, ubicada en QUEBRADA SIN NOMBRE, parroquia BOMBOÍZA, cantón GUALAQUIZA, provincia de MORONA SANTIAGO.
Con estos antecedentes, en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado, se:
DISPONE:
1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de Uso y/o Aprovechamiento de Agua para MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua (CDA), en cumplimiento con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y en concordancia con el artículo 107 del Reglamento General de Aplicación a la Ley. Por lo expuesto, se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.
2.- Notifíquese a los señores:
- MARIA ROSARIO SANCHEZ BUCLE
- JAIME ELICIO PILLACELA MALLA
- ANGEL BENITO CABRERA TORRES
- ADRIANO MARIA ROMERO ALEMAN
- LUIS CRISTOBAL UNUP NARANKAS
- JORGE OSWALDO YANKUR TSOKANKA
en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y esta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos de QUEBRADA SIN NOMBRE – BOMBOÍZA – GUALAQUIZA – MORONA SANTIAGO, mediante comisión que se imparte al señor Teniente Político de la parroquia BOMBOÍZA, además de anunciar por la prensa mediante tres publicaciones consecutivas.
3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del artículo 107 (procedimiento general).
4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 del Código Orgánico Administrativo.
5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.
6.- Téngase en cuenta el Casillero Judicial 0, el correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalado para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor, de ser el caso, por SURNORTE S.A.
NOTIFÍQUESE.
DIRECTOR/A ZONAL
DIRECCIÓN ZONAL 10


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