Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Ecuador anuncia el uso del fracking, en medio de la caída de producción petrolera; esto es todo lo que debe saber
En un momento en el que la producción de crudo de la empresa estatal Petroecuador está a la baja, el ‘fracking’ entra al escenario petrolero ecuatoriano.
La caída de la producción de Petroecuador es preocupante, porque es la responsable de casi el 80% de la producción petrolera nacional, en un país en el que los ingresos por ventas de crudo son la segunda fuente principal de ingresos para el Presupuesto del Estado.
En el primer trimestre de 2026, Petroecuador tuvo una producción promedio de 368.143 barriles de petróleo por día (bpd); esto es 1,83% menos que en el primer trimestre de 2025.
Y solo en marzo de 2026, la producción fue de 364.876 bpd, el nivel más bajo en lo que va del año.
Así, Petroecuador está lejos de la meta planteada para este 2026, que es alcanzar entre 369.000 y 370.000 barriles diarios de petróleo en promedio.
De ahí que la extracción de petróleo de un pozo en el Bloque 57 -Shushufindi Libertador (Sucumbíos), mediante la técnica conocida como ‘fracking’, anunciada por Petroecuador este 29 de abril de 2026, permitirá levantar en algo la alicaída producción de la estatal, pues el pozo está produciendo unos 930 barriles por día.
Petroecuador informó que el trabajo en este pozo se realizó en conjunto con la empresa china CCDC, prestadora de servicio.
Sin embargo, la noticia también levanta dudas con respecto a los riesgos ambientales.
Esto es lo que debe saber sobre este mecanismo:
¿En qué consiste la técnica?
La técnica de fractura hidráulica, más conocida por el nombre en inglés que es ‘fracking’, consiste en el uso de agua a fuerte presión y de partículas de un «agente de sostén» o apuntalante, para que el petróleo que está en una superficie porosa sea extraída, explica Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador.
El apuntalante (arenas, cerámicas y químicos) evita que los «poros» del reservorio en donde está el petróleo se cierren, una vez que entró el agua con presión, para sacar el hidrocarburo sin problema.
«Imagine que el reservorio es como una esponja con agujeros en los que se acumula el hidrocarburo, y hay interconexiones entre esos agujeros, pero son muy pequeños. Con el agente de sostén o apuntalante y el agua, se hacen grandes esos caminos de interconexión, porque crean permeabilidad, y se logra que el hidrocarburo empiece a fluir», explica la experta.
¿Es igual al fracking que hay Estados Unidos?
Reinoso explica que la técnica de fracking que se ha usado en Ecuador es diferente a la de Estados Unidos.
En el caso de Ecuador, el fracking consiste más bien en un procedimiento de reacondicionamiento o de estimulación de pozos petroleros para incrementar la producción, que se ha realizado siempre en zonas de arenas, que son más porosas, como una esponja, dice Reinoso.
Y añade que desde la década de los noventa, en el país se ha utilizado el fracking, pero en arenas.
Lo novedoso en esta ocasión, es que en el Bloque 57 – Shushufindi Libertador, por primera vez se logró extraer petróleo de una superficie más compacta o dura, que es la «Caliza A», añade la especialista.
En Estados Unidos, en cambio, se usa el ‘shale fracking’, explica el exministro de Energía, Fernando Santos.
Se trata de una técnica que se usa para extraer petróleo de rocas mucho más compactas, que son casi impermeables, como el shale o la lutita, añade Santos.
De ahí que se requiere de mucha más agua y más presión para romper o fracturar las rocas en donde está este hidrocarburo.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el consumo de agua en la técnica de ‘fracking’ varía entre 1,5 millones y 16 millones de galones por pozo. Esto significa que en los casos más extremos, si un pozo requiere 16 millones de galones o (60,5 millones de litros), con eso se podría llenar el equivalente a 24 piscinas olímpicas.
¿Qué implica hacer esto cuando el precio del petróleo sube?
Reinoso dice que siempre se debe analizar si el método es rentable, ya que puede ser más costoso si el material donde está el hidrocarburo es menos permeable.
«El recurso se transforma en reserva y luego va a producción si es rentable hacerlo, si los volúmenes son bajos o el precio del petróleo está bajo, tal vez no es rentable hacerlo», dice.
En este caso, la especialista menciona que como los precios del petróleo están al alza por la guerra en Medio Oriente, lo más probable es que en el análisis se determinó que es rentable usar la técnica en este momento.
¿Hay riesgos ambientales?
Sebastián Valdivieso, director de programa de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, dice que se requieren más detalles sobre este nuevo hito anunciado por Petroecuador, para entender el impacto en el medio ambiente.
Valdivieso dice que uno de los mayores riesgos ambientales es el uso extensivo de agua. Eso es lo que ha provocado protestas y fuerte oposición en otros países.
«No se han dado datos de cuánta agua se usó, de dónde provino y tampoco sabemos qué apuntalante se usó, este proceso requiere químicos que entran en la roca como pequeñas partículas, debería conocerse ese detalle», añade.
Para Valdivieso también es importante conocer si se hicieron otros procesos para recuperar el agua que se usó. «Se usa el agua a presión para fracturar el material, pero luego esa agua tiene que recuperarse, tenemos que saber qué pasa después, ¿se está vertiendo al ambiente y con qué procesos?», dice
Además, a Valdivieso le preocupa que si por primera vez se hizo ‘fracking’ en una roca o formación calcárea, se deberían haber hecho estudios de no afectación a cuerpos de agua.
«¿Hay estudios hidrogeológicos para determinar que la aplicación de estas técnicas o la explotación de petróleo de estas formaciones calcáreas no van a contaminar agua subterránea?», dice.
¿Es la primera vez que se hace ‘fracking’ en Ecuador?
El exministro de Energía, Fernando Santos, dice que no es la primera vez que en Ecuador se hace este tipo ‘fracking’, pues se ha implementado en areniscas y también en calizas.
«El ‘fracking’ convencional o fracturamiento lo hemos hecho siempre en Oriente y Amistad. El ‘shale fracking’, como en Estados Unidos y Vaca Muerta (Argentina) en roca madre, no los hemos efectuado aún, eso abriría una nueva frontera energética similar a la de Estados Unidos y Argentina», dice Santos. Fuente: Primicias
Nacionales
Gabinete del Gobierno de Ecuador evidencia puntos críticos en salud, energía y gobernabilidad
El presidente Daniel Noboa lleva 29 meses en el poder y si hay algo que ha caracterizado a su gabinete ministerial es la ausencia de perfiles para ocupar puestos críticos. El último ejemplo fue el encargo del Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto, después de cinco otros funcionarios.
La Segunda Mandataria duró cinco meses en el cargo, durante los cuales nunca presentó el informe de situación sobre los hospitales de la red pública, como ofreció apenas asumió la cartera. Y la crisis, con el desabastecimiento de medicamentos a escala nacional se mantuvo.
Cinco ministros son los que trabajan más de cerca con Daniel Noboa
Es así que los ofrecimientos del presidente Noboa de modernizar el sistema de salud no terminan de concretarse y, pese a la creación de un comité y a los constantes intentos de ejecutar numerosas contrataciones de emergencia, nada termina por zanjar el problema.
La otra señal es el suspenso oficialista sobre quién ocupará el ahora Ministerio de Energía y Ambiente, tras el anuncio de la salida de Inés Manzano. Según el Mandatario, el séptimo elegido llegará el 30 de abril, para enfrentar la difícil situación energética del Ecuador, que otra vez vive inesperados apagones.
Aunque esa cartera encontró estabilidad con Manzano, desde octubre de 2024, su gestión ha estado marcada por polémicas, por el seguimiento a los cuestionados contratos por la crisis eléctrica, las emergencias ambientales por derrames de petróleo, las intenciones de expandir la explotación minera, entre otros cuestionamientos.
Algo similar sucede con el Ministerio de Gobierno, que ha perdido la relevancia que históricamente ha tenido en todas las administraciones previas, pese a ser la entidad encargada de la gobernabilidad y la relación con las otras funciones del Estado.
El principal ejemplo de la debilidad de esa gestión fue el extenso paro en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025 y la posterior derrota de Noboa en su consulta popular y referendo constitucional, en noviembre del mismo año.
Desde entonces, la exlegisladora Nataly Morillo es la sexta funcionaria en ocupar ese cargo, pero la séptima en ser anunciada, después de que el radialista Álvaro Rosero declinara el cargo que ya había aceptado, tras la polémica que desató su selección
Los síntomas que han evidenciado la falta de perfiles en el oficialismo:
Demora para nombrar cargos en el primer gabinete, dejando varias instituciones en manos de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, incluyendo las carteras del área de seguridad.
Reducción de instituciones del Ejecutivo para crear una suerte de ‘súper’ ministerios, que asuman las funciones de otras instituciones eliminadas o adscritas, bajo el argumento de la eficiencia administrativa.
Acumulación de cargos y encargos en el círculo de confianza, especialmente en manos de José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, director Nacional de Contratación Pública (Sercop), director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y otra decena de delegaciones en los sectores estratégicos.
Enroque de funcionarios dentro del mismo gabinete. Por ejemplo, Zaida Rovira pasó por las carteras de Inclusión Económica, Gobierno y ahora Desarrollo Humano, así como por la Gobernación de Guayas; Harold Burbano por la de Desarrollo Humano y ahora Trabajo; Juan Carlos Vega por Finanzas y ahora Agricultura; Sariha Moya por la de Planificación y ahora Finanzas.
En medio de ese contexto, el Mandatario tiene solamente siete ministros que nunca han dejado de ser autoridades en el gabinete, incluso cuando sus gestiones también han sido observadas, sea por la limitada información o por decisiones polémicas.
Gabinete con modificaciones del Gobierno
María José Pinto
Vicepresidenta
Gabriela Sommerfeld
Canciller
José Julio Neira
Director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública, entre otras funciones.
Irene Vélez
Secretaria de Comunicación
Gian Carlo Loffredo
Ministro de Defensa
Michele Sensi Contugi
Director General del Centro de Inteligencia Estratégica
Sariha Moya
Ministra de Finanzas
Juan Carlos Vega
Ministro de Agricultura
Jaime Bernabé
Ministro de Salud
Harold Burbano
Ministro del Trabajo
Enrique Herrería
Secretario Jurídico de la Presidencia
Marissa Pendola
Secretaria General Administrativa
Roberto Kury
Ministro de Telecomunicaciones
Carolina Lozano
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Julia Angulo
Secretaria de Pueblos
Cynthia Gellibert
Secretaria de la Administración Pública
Nataly Morillo
Ministra de Gobierno
John Reimberg
Ministro del Interior
Pendiente Ministro de Energía
Luis Jaramillo
Ministro de la Producción
Roberto Luque
Ministrade Infraestructura y Transporte
Gilda Alcívar
Ministra de Educación
Zaida Rovira
Ministerio de Desarrollo Humano. Fuente: Primicias
Nacionales
Aduana reduce el ingreso de licor sin impuestos: viajeros solo podrán traer hasta 3 litros desde el 4 de mayo
A partir del 4 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) aplicará un nuevo límite para el ingreso de bebidas alcohólicas al país dentro del equipaje de viajeros. Desde esa fecha, solo se permitirá el ingreso de hasta 3 litros de licor sin pago de tributos, en lugar de los 5 litros que estaban autorizados hasta ahora.
La entidad gubernamental informó, este domingo 3 de mayo, que esta modificación busca evitar el uso indebido de este beneficio, que fue creado exclusivamente para consumo personal.
Según el SENAE, en varios casos esta exención habría sido utilizada para abastecer negocios informales, afectando a productores nacionales, importadores formales y miles de empleos vinculados al sector.
Con la nueva normativa, quienes ingresen al Ecuador podrán traer un máximo de 3 litros de bebidas alcohólicas en su equipaje sin pagar impuestos. Cualquier cantidad que exceda ese límite estará sujeta al pago de los tributos correspondientes, de acuerdo con la legislación aduanera vigente.
El SENAE aclaró que este es el único cambio dentro del régimen de efectos personales de viajeros.
La Aduana también explicó que el incremento del límite de 3 a 5 litros, implementado en la administración anterior, no contó con un informe de impacto económico ni cumplió con todos los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Según la institución, las cifras evidencian un aumento significativo en el uso de este mecanismo. Solo en 2024 ingresaron al país cerca de 694.000 litros de licor bajo esta modalidad, lo que, según la entidad, ha generado distorsiones en el mercado y una competencia desleal para el comercio formal.
Impacto en el comercio y la industria
El Gobierno sostiene que la medida busca proteger el empleo, fortalecer la industria nacional y promover condiciones de competencia justa para productores e importadores que operan dentro del marco legal.
Asimismo, el proceso mediante el cual se amplió anteriormente el límite fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Con este ajuste, el SENAE asegura que mantiene el beneficio para los viajeros, pero en un nivel que considera «razonable, técnico y alineado con su propósito original: el uso personal».
Por último, la institución reafirmó su compromiso de «tomar decisiones responsables, con sustento técnico y legal», que protejan el empleo, promuevan el comercio formal y fortalezcan la industria nacional. Fuente: Vistazo.
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