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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera en el país, «está en camino a Ecuador», anuncia Noboa

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En junio de 2025, las autoridades anunciaron la captura, en Emiratos Árabes Unidos, de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado el cabecilla de Comandos de la Frontera en Ecuador. Seis meses después, será trasladado al país.

Este 29 de diciembre, el presidente Daniel Noboa anunció que ya «está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino», a través de una publicación en su cuenta de X.

«Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera» Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Álvarez Vera salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España) y fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025. Pero, a finales de noviembre pasado, su abogado confirmó en una audiencia que estaba libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.

Por ello, el presidente Noboa, al anunciar su traslado a Ecuador, expresó:  «Se acabó su libertad ‘bajo fianza'».

El Gobierno ecuatoriano señala a alias ‘Gerente’ como el presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino, hecho que ocurrió en mayo de 2025. Y lo considera el cabecilla (en Ecuador) de Comandos de la Frontera, una narcoguerrilla que trafica drogas desde Colombia por Putumayo.

Álvarez también estaría «vinculado a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero», según el Gobierno ecuatoriano.

El ministro del Interior, John Reimber, también se pronunció por el traslado. «Huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo», escribió en la red social X.

«Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos» John Reimberg, ministro del Interior. Fuente: Primicias

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No llueve en Paute, mientras sube en 10% la demanda de electricidad en Ecuador

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Entre el 1 y el 27 de diciembre de 2025, la demanda eléctrica media de Ecuador fue de 3.963 megavatios, un incremento de 300 a 400 megavatios frente a los 3.500 y 3.600 megavatios registrados en 2024, sin considerar los meses con cortes de luz. Es alrededor de un 10% más.

Este aumento en el consumo, explicado por las festividades de Navidad, coincide con la falta de lluvias en la zona del Austro, donde se ubica el embalse de Mazar, que abastece al principal complejo hidroeléctrico del país, que es Paute, el cual por sí solo cubre un 38% de la demanda nacional.

El nivel de Mazar baja 
Por ahora, la mayor demanda de energía se ha cubierto con 2.400 megavatios de energía hidroeléctrica, 1.200 a 1.300 megavatios de energía termoeléctrica y 300 megavatios de importación de energía de Colombia.

Pero eso ha implicado una reducción del embalse de Mazar, que ha bajado 12 metros en lo que va de diciembre, una señal de alerta, considerando que el estiaje suele extenderse entre octubre y marzo y el país está recién en la mitad del período crítico.

Los caudales muestran una caída marcada:

En diciembre de 2024 se registraban 40 metros cúbicos por segundo.

En lo que va de diciembre de 2025, los caudales bajaron a un promedio de 28 metros cúbicos por segundo, pero este 29 de diciembre ya estuvieron en 16 metros cúbicos por segundo, niveles comparables a los mínimos de octubre del año pasado, cuando hubo cortes de luz.

Esto refleja un estiaje corto, pero de alta intensidad, dice Buitrón. Y eso ya se traduce en menor generación hidroeléctrica. En semanas recientes, la participación de la hidroelectricidad pasó de 82% a 61%, una caída cercana a 20 puntos porcentuales.

Gobierno descarta cortes de luz
Por ahora, el Gobierno ha descartado cortes de luz. De hecho, las lluvias de octubre y noviembre permitieron llenar el embalse de Mazar, por lo que no es la misma situación que en 2024.

Sin embargo, preocupa que, si se repite el patrón histórico, las lluvias más consistentes en la región oriental —donde están las principales hidroeléctricas— llegarían recién en marzo de 2026. «Estamos todavía a mitad del estiaje», añade Buitrón.

En la cuenca del río Coca, donde está la hidroeléctrica más grande de Ecuador, que es Coca Codo Sinclair, el caudal actual es de 134 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio histórico de 290, lo que evidencia estiaje, aunque no tan severo como el de Paute.

El mayor riesgo está en la cuenca del Paute, donde el estiaje también se retrasó, pero ahora muestra señales agresivas.

Un sistema frágil
Para Buitrón, el sistema eléctrico ecuatoriano es muy frágil porque no tiene suficiente capacidad de reemplazo para la generación hidroeléctrica y depende en gran medida del clima y de la energía importada desde Colombia.

El país no cuenta con respaldo térmico propio suficiente. Cerca de 300 megavatios térmicos provienen de equipos alquilados, como barcazas, lo que limita la seguridad del sistema. A esto se suma que proyectos por 241 megavatios contratados en agosto de 2024 con las empresas Progen y Austral, no han entrado en operación por fallas y retrasos, y no tienen una fecha clara de arranque.

Si la generación hidroeléctrica cae a niveles similares a los de octubre de 2024, es decir, alrededor de 1.800 megavatios, y se suman 1.300 megavatios termoeléctricos, más 450 megavatios importados de Colombia, la oferta total llegaría a unos 3.550 megavatios.

Con una demanda cercana a 4.000 megavatios, el déficit sería de 450 megavatios.

El embalse de Mazar permitiría amortiguar parcialmente ese faltante. Actualmente, cuenta con unos 200 millones de metros cúbicos de agua; ya se ha utilizado cerca del 33% de su capacidad. Usándolo, el déficit podría reducirse a unos 200 megavatios, pero a costa de consumir reservas clave para los meses más críticos.

¿Habrá cortes de luz?
Todo dependerá de qué tan intenso sea el estiaje y de cuándo lleguen las lluvias. Un escenario optimista plantea que entre enero y marzo podrían darse lluvias esporádicas que incrementen el caudal de Mazar, pero eso no está garantizado.

“Estamos dependiendo en gran medida de que llueva”, resume Buitrón. Fuente: Primicias

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Mario Godoy: El oficialismo y el correísmo, que lo llevaron a la presidencia de la Judicatura, ahora buscan su destitución

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El reciente escándalo que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por presuntas presiones a un juez Anticorrupción, ha desatado críticas institucionales y pedidos de destitución y renuncia, incluyendo al mismo presidente Daniel Noboa.

Sin embargo, durante 2024 y 2025, las mismas organizaciones políticas e instituciones que hoy cuestionan a Godoy se alinearon en varias ocasiones para designarlo presidente del CJ para el período 2019-2025 y, posteriormente, ratificarlo hasta 2031.

De Petroecuador a la Judicatura  
La trayectoria de Godoy en el Consejo de la Judicatura comenzó en diciembre de 2023, cuando el organismo enfrentaba una crisis tras el encarcelamiento y procesamiento de su entonces titular, Wilman Terán, por el caso Metástasis y sus vínculos con el crimen organizado.

El 20 de diciembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aceptó la renuncia de Terán. Debido a trámites burocráticos, el proceso para nombrar su reemplazo inició el 17 de mayo, tras la solicitud de una terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Inicialmente, el Pleno de la Corte envió una lista conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. La inclusión de Landívar generó alertas sobre una posible injerencia gubernamental, dado que era directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), la organización política del presidente Daniel Noboa.

Tras incumplir los requisitos, Landívar fue reemplazado por Mario Godoy. Esta decisión fue tomada por José Suing, presidente de la Corte Nacional. Hasta esa fecha, Godoy se desempeñaba como procurador jurídico de Petroecuador en el gobierno de Noboa.

La ‘Liga Azul’ al rescate
El proceso avanzó tras descartarse dos impugnaciones contra Godoy en el CPCCS. El 8 de julio de 2025, la exvicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, mocionó a Dunia Martínez como titular de la Judicatura.

Calvache, el presidente Andrés Fantoni y el exvocal Gonzalo Albán votaron a favor. No obstante, Juan Esteban Guarderas, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto se abstuvieron. El empate obligó a Fantoni a ejercer su voto dirimente, designando así a Martínez.

La denominada ‘Liga Azul’, afín al correísmo, se opuso al nombramiento. La vocal Nicole Bonifaz argumentó problemas de conexión para votar. 48 horas después, el 10 de julio, el correísmo logró anular la designación. Augusto Verduga suspendió su licencia por paternidad para retomar su vocalía y apelar la presidencia de Fantoni.

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Mario Godoy en un evento del Consejo de la Judicatura sobre «Justicia abierta» el 9 de diciembre de 2025.Consejo de la Judicatura.
Con una mayoría de cuatro votos (Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga), la conducción de la sesión pasó a la vicepresidenta Calvache. Esto permitió reconsiderar la designación de Martínez, moción impulsada por Yadira Saltos y respaldada por una nueva mayoría de cinco votos (se sumó Guarderas).

Esa misma noche, tras reinstalarse la sesión a las 20:56, el pleno volvió a votar la moción original a favor de Martínez, la cual fue rechazada por Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga. De inmediato, Yadira Saltos mocionó a Mario Godoy.

La votación reconfiguró las alianzas: con los votos de Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga, Mario Godoy Naranjo fue nombrado vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura. La facción de Fantoni y Calvache votó en contra, mientras Guarderas mantuvo su abstención.

 ¿Alianza entre ADN y el correísmo?  
Tras la designación en el CPCCS con apoyo del correísmo, la atención se centró en la Asamblea Nacional. El proceso de posesión de Godoy estuvo marcado por denuncias de presiones desde ADN.

El 15 de julio de 2024, Alejandro Muñoz, entonces secretario general del Legislativo, denunció haber recibido llamadas y mensajes para acelerar la posesión. Muñoz afirmó que las presiones, bajo advertencia de destitución, provenían del Ejecutivo mediante un emisario que citó órdenes de Esteban Torres, entonces viceministro de Gobernabilidad y actual asambleísta por ADN.

De manera paralela surgieron versiones sobre los vínculos que facilitaron el ascenso de Godoy: una conexión académica con Esteban Torres en la Universidad Indoamérica —donde el padre del ex viceministro era decano— y la relación con Fausto Jarrín, exasambleísta del correísmo, asesor externo del presidente Noboa y amigo personal de Godoy y su esposa, Dolores Vintimilla.

Finalmente, el 16 de julio de 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy. Los detalles de las tensiones previas se confirmaron en diciembre de 2025, cuando el legislador de ADN, Andrés Castillo, admitió haber llamado a Muñoz siendo asesor de la bancada oficialista.

Castillo explicó que la urgencia respondía al vencimiento de los plazos y la indisponibilidad de las autoridades legislativas, Henry Kronfle y Viviana Veloz, lo que dejaba la responsabilidad en el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde. Castillo negó haber ejercido presión, calificando la comunicación como un pedido de cortesía ante la falta de respuesta de Muñoz a las llamadas de Recalde.

 La ratificación en el cargo  
Durante su primera gestión (iniciada en julio de 2024), Godoy enfrentó cuestionamientos. Nubia Vera, jueza que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad en un litigio laboral, denunció presiones de Godoy y sus asesores, Henry Gaibor y Jorge Carrillo, para favorecer al Ministerio del Trabajo.

La renovación de la Judicatura debía concretarse antes del 29 de enero de 2025, pero la falta de reemplazos por parte del CPCCS generó una prórroga. En marzo de 2025, el organismo operaba con el mínimo legal de tres miembros. La estabilidad del Consejo se puso en riesgo el 23 de junio de 2025 por un juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Ejecutivo, el cual no prosperó.

El retraso en la selección de autoridades respondió a disputas políticas: el CPCCS estaba incompleto por la pugna de una vocalía tras la destitución de la ‘Liga Azul’ por el Tribunal Contencioso Electoral, y la Comisión de Selección debió reconformarse tras la salida de vocales en enero de 2025. Además, el presidente Noboa no envió su terna de postulantes.

El proceso se reactivó en marzo de 2025. El 28 de marzo, el CPCCS contrató a Christian Eduardo Troya Macías como asesor de la consejera Johanna Verdezoto. Posteriormente, Troya representó a Verdezoto en la Comisión Técnica de selección. Troya había sido asesor legislativo de Fausto Jarrín y Godoy intentó contratarlo en la Judicatura un año antes.

El 9 de julio de 2025, la Corte Nacional incluyó nuevamente a Mario Godoy en su terna tras la descalificación de los postulantes Landívar y Edison Toro. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el CPCCS designó a los nuevos integrantes. Mario Godoy fue ratificado con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.

 Fiscalización desde los antiguos aliados  
Pese al respaldo previo del correísmo, el oficialismo, la Corte Nacional y el CPCCS, varios de estos sectores impulsan ahora la remoción de Godoy tras nuevas revelaciones.

El 17 de diciembre de 2025, una publicación de PRIMICIAS expuso presiones y amenazas contra Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción, relacionadas con el caso de Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio vinculado a la mafia albanesa y sentenciado a 10 años por lavado de activos.

Serrano grabó una reunión con Henry Gaibor, quien le solicitó prestar atención a la defensa de Srdan, argumentando que el procesado podría delatar a quienes «contaminaron». Archivos judiciales revelaron que los abogados del narcotraficante fueron Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y antiguo socio de Mario Godoy en la firma Invictus Law, respectivamente.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo ha cambiado su postura. El asambleísta Andrés Castillo lidera un proceso de fiscalización que podría derivar en juicio político. Godoy ha sido convocado para el 5 de enero de 2026 para explicar sus vínculos con el caso Srdan. El presidente Daniel Noboa declaró que Godoy debería renunciar tras dicha comparecencia.

Paralelamente, la asambleísta Viviana Veloz confirmó que la bancada del correísmo recolecta firmas para iniciar un juicio político independiente contra Godoy. Fuente: Primicias

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