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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Marinos hallan 1 300 bloques de cocaína en una playa inhóspita de Galápagos

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Más de 1 300 bloques de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, fueron hallados ocultos en un escondite de una playa inhóspita de las Islas Galápagos, según anunció este jueves 4 de diciembre la Armada ecuatoriana.

La droga fue descubierta a 300 metros de una playa rocosa en la isla Isabela, la más grande del archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.

Si bien Isabela es la isla de mayor extensión, está escasamente habitada, con apenas 3 000 habitantes, la mayoría concentrados en el poblado de Puerto Villamil.

El operativo se realizó el miércoles y este jueves la droga llegó a la base de la Armada en la isla de San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, donde será pesada para determinar la cantidad exacta.

Las Galápagos, una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, y considerada como un laboratorio natural que inspiró el científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies, se ha vuelto un punto estratégico para las mafias del narcotráfico en su objetivo de llevar grandes cantidades de cocaína por mar desde Ecuador a Centroamérica y México.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

Ecuador es el tercer país que más drogas decomisa, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas anualmente desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2023. En lo que va de 2025, la cifra de decomisos supera las 110 toneladas de narcóticos.

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Ecuador: Lanzan campaña para frenar la mendicidad y proteger a grupos vulnerables

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El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), lanzó este jueves 4 de diciembre la campaña “Derechos con Dignidad 2025”, una iniciativa que busca frenar la mendicidad y evitar que grupos delincuenciales utilicen a personas vulnerables para pedir dinero en las calles durante la temporada navideña.

La campaña hace un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero en las calles, pues esto alimenta redes que reclutan a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores para actividades de mendicidad. Además invita  a la ciudadanía a donar alimentos no perecibles, juguetes, ropa en buen estado y confites en los puntos seguros habilitados en todas las oficinas del MDH a nivel nacional.

La ministra del ramo, Zaida Rovira, alertó que en diciembre las mafias se aprovechan de la buena voluntad de los ecuatorianos. “No podemos seguir fomentando estas prácticas entregando dinero en la calle. La manera correcta de ayudar es hacerlo en los puntos seguros del Ministerio”, dijo.

Puntos:

Los puntos de donación estarán activos del 1 al 31 de diciembre, de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00. La ubicación exacta de estos espacios puede consultarse en la página web institucional: www.desarrollohumano.gob.ec.

La meta del MDH es llegar a 150.000 personas este año. Para ello se movilizarán 8.000 técnicos que realizarán abordajes, visitas a zonas críticas, actividades de contención y sensibilización en calles, parques y comunidades donde esta problemática es más frecuente.

El Ministerio de Desarrollo Humano actualmente atiende a cerca de 15.000 personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión que supera los USD 11 millones en 2025.

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Universidad Amawtay Wasi alerta sobre grave reducción presupuestaria para el año 2026

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En el programa informativo Frente a Frente, de Diario El Amazónico, participó Freddy Simbaña, Vicerrector de Gestión Comunitaria, Investigación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad Amawtay Wasi, para analizar la crítica reducción presupuestaria que enfrenta la única universidad pública intercultural del país.

Durante la entrevista, el vicerrector contextualizó la situación histórica y estructural de la institución, recalcando que la Universidad Amawtay Wasi es “fruto de la lucha histórica de los pueblos indígenas por una educación superior acorde con su identidad, sus lenguas y saberes ancestrales”. Recordó que la universidad alcanzó la plena autonomía académica en 2024, tras seis años de intervención estatal, e inició un proceso de fortalecimiento institucional y de consolidación de su oferta académica.

Reducción presupuestaria sin precedentes
Para el año 2025, el presupuesto inicial asignado fue de USD 7’056.300. Sin embargo, desde agosto de 2025 la institución dejó de recibir transferencias provenientes de créditos externos, los cuales representaban el 84 % del financiamiento operativo. Esta interrupción afectó directamente el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de vinculación, al destinarse los escasos recursos disponibles casi exclusivamente al pago de nómina.

En la Proforma Presupuestaria del Estado 2026, la Universidad Amawtay Wasi registra una disminución drástica: de USD 12’224.059,61 a USD 3’799.000, lo que representa un 68,92 % de reducción respecto al presupuesto codificado 2025. 46,15 % menos en comparación con el presupuesto inicial del año anterior.

El vicerrector enfatizó que se desconoce el fundamento técnico de esta reducción extrema, que aplica criterios similares a universidades con entre 20 y 100 años de trayectoria, pese a que la Amawtay Wasi es una institución joven y aún en proceso de consolidación.

Impacto directo en 2.200 estudiantes de todo el país
La universidad atiende a más de 2.200 estudiantes, de los cuales el 68 % son mujeres, en su mayoría jóvenes, indígenas y rurales. Para muchas de ellas, la Amawtay Wasi constituye la única posibilidad de acceder a la educación superior.

Según Freddy, el recorte “no es sólo una afectación institucional; es una afectación a 15 nacionalidades y 18 pueblos que estudian, investigan y transmiten su forma de comprender el mundo”. La reducción amenaza:
• La sostenibilidad de la planta docente.
• La continuidad de proyectos de investigación territorial.
• La oferta de cupos para 2026.
• Los procesos de vinculación comunitaria.
• La revitalización lingüística y cultural de 14 lenguas ancestrales.

La universidad cuenta con 10 carreras, entre ellas la carrera de Lengua y Cultura, y el Instituto de Lenguas Originarias. La falta de recursos obligaría a reducir estudiantes, limitar salidas de campo, y restringir la oferta académica, generando un impacto proyectado a 10, 20 y hasta 40 años, debido al riesgo de desaparición de lenguas ancestrales.

Proyectos de investigación y cooperación internacional detenidos
El vicerrector informó que un proyecto internacional de investigación sobre saberes alimentarios y soberanía epistémica, que beneficiaría a ocho pueblos y nacionalidades, permanece sin ejecución desde 2024, pese a contar con recursos aprobados y depositados en el Banco Central.

La universidad ha cumplido con todos los requisitos, cronogramas y reformulaciones solicitadas, pero el Ministerio de Economía no ha liberado los fondos, imposibilitando avanzar en los indicadores de investigación para la acreditación 2026–2027.

Riesgos en la acreditación universitaria
La ausencia de recursos comprometería seriamente los estándares requeridos para la acreditación nacional, tales como:
• Infraestructura propia.
• Publicaciones científicas.
• Ejecución de proyectos de investigación.
• Proyectos de vinculación en territorios rurales.
• Movilidad estudiantil y docente nacional e internacional.

Actualmente, la universidad funciona en dos inmuebles prestados mediante comodatos temporales, mientras continúa pendiente, desde 2023, la firma del Gobierno Nacional para entregar oficialmente las 5 hectáreas destinadas al campus universitario en Conocoto, un proyecto fundamental para su desarrollo académico.

¿Existe riesgo de cierre de la universidad?
Ante esta pregunta, Freddy afirmó que la institución “no contempla ningún escenario de cierre”, y que las autoridades, docentes, estudiantes y organizaciones indígenas mantienen un firme compromiso para sostener la universidad mediante:
• Diálogos con la Asamblea Nacional.
• Mesas de trabajo con SENESCYT, CES, CASES y Ministerio de Economía.
• Movilización y gestión comunitaria.
• Articulación con universidades nacionales e internacionales.

¿Existe discriminación en la asignación presupuestaria?
El vicerrector señaló que existe “una vulneración de derechos”, pues la Constitución reconoce a la educación pública como un derecho universal, y recordó que la Universidad Amawtay Wasi se construye como parte del proyecto histórico del Estado intercultural y plurinacional.

Además, recalcó que muchos parámetros tradicionales utilizados para asignación presupuestaria, como número de graduados, infraestructura propia, docentes con nombramiento o publicaciones indexadas, no son aplicables con equidad para una universidad intercultural en proceso de consolidación.

Actualmente, la institución cuenta únicamente con 12 docentes con nombramiento, dos funcionarios administrativos y tres autoridades universitarias, dotación insuficiente para sostener la estructura mínima que exige el modelo ecuatoriano de educación superior.

Llamado urgente al Estado ecuatoriano
Finalmente, Freddy reiteró que la reducción presupuestaria pone en riesgo:
• La sostenibilidad institucional.
• La continuidad de la oferta académica 2026.
• Los procesos comunitarios interculturales.
• La revitalización de lenguas y culturas ancestrales.
• La calidad, permanencia y acreditación de la universidad.

La Universidad Amawtay Wasi exhorta al Estado a revisar la fórmula presupuestaria aplicada y a garantizar los recursos necesarios para sostener el único proyecto universitario público intercultural del Ecuador.

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