Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Magnicidio Villavicencio: madre de José Serrano rechaza que su hijo se aliara con el asesino de su hermano
La madre del exministro del Interior, José Serrano Salgado, rompió el silencio sobre el proceso penal que enfrenta su hijo por el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Rechaza que José Serrano se haya aliado con el asesino de su hermano
En el documento, la mujer destacó una resolución de la justicia migratoria de Estados Unidos, que otorgó resguardo a José Serrano bajo la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
En ese contexto, la madre del exministro cuestionó la teoría de la Fiscalía, que señala a José Serrano como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio.
Sostuvo que la acusación se basa únicamente en los testimonios de tres personas sentenciadas.
Recordó que Aguilar fue condenado en 2013 a 20 años de prisión por el asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano de José Serrano.
La cronología que expuso la madre de José Serrano
En el comunicado, Rocío Salgado recordó los hechos relacionados con el asesinato de su otro hijo:
- El 2 de septiembre de 2012, Juan Antonio Serrano fue asesinado en Cuenca.
- El 31 de enero de 2013, Esteban Aguilar, alias «Lobo Menor», fue condenado a 20 años de prisión por ese crimen.
- En 2022 obtuvo la prelibertad de manera fraudulenta y se fugó.
- En marzo de 2026 fue recapturado en México.
José Serrano enfrenta un proceso penal por el magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue asesinado al salir de un mitin político en Quito.
La Fiscalía General del Estado lo señala como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, por lo que en Ecuador pesa sobre él una orden de prisión preventiva.
Actualmente, Serrano permanece recluido en el Centro Correccional del Condado de Adams, en el estado de Misisipi (Estados Unidos), luego de haber sido detenido por autoridades migratorias estadounidenses el año pasado. Fuente: Vistazo
Nacionales
Operativo militar en Zamora deja al descubierto USD 28.000 de presunta procedencia no justificada
En el marco de las operaciones permanentes de control territorial y de combate a las economías ilícitas, las Fuerzas Armadas del Ecuador interceptaron una camioneta que transportaba 28.000 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada por la persona que lo movilizaba.
El procedimiento se desarrolló en el sector La Chacra, cantón Zamora, durante una operación de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX) realizada por personal militar. Como parte de los protocolos de seguridad, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y realizaron una inspección, en la que encontraron la considerable suma de dinero.
De acuerdo con la información oficial, el portador del efectivo no presentó documentación que acreditara el origen lícito de los recursos, por lo que tanto el dinero como las demás evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y la aplicación de los procedimientos legales correspondientes.
Este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer el control territorial y reducir las actividades vinculadas a economías ilícitas, especialmente en provincias fronterizas como Zamora Chinchipe, donde la ubicación geográfica demanda una vigilancia permanente para prevenir delitos relacionados con el crimen organizado, el tráfico ilegal y otras actividades que afectan la seguridad pública.
Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán ejecutando operaciones militares en diferentes sectores del país con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana, apoyar a las instituciones del Estado en el cumplimiento de la ley y contribuir a la protección del orden público mediante acciones coordinadas de control y prevención.
Nacionales
Jurista destaca la importancia de los flujos de información para prevenir delitos dentro de las empresas
Durante una nueva edición del programa La Tertulia, el abogado y jurista Ricardo Molina desarrolló una amplia exposición sobre la responsabilidad penal del subordinado dentro de la empresa y la importancia de los flujos de información, destacando la necesidad de replantear los criterios tradicionales con los que se atribuye responsabilidad penal en las estructuras empresariales modernas.
Al inicio de su intervención, Molina explicó que su interés académico se centra en el estudio permanente del derecho y en la generación de espacios de debate jurídico que permitan fortalecer la formación profesional de las nuevas generaciones de abogados. En ese contexto, abordó uno de los temas más complejos del derecho penal empresarial: la determinación de la responsabilidad penal dentro de organizaciones con estructuras corporativas complejas.
El jurista señaló que uno de los errores más frecuentes consiste en atribuir automáticamente la responsabilidad penal al gerente general o representante legal cuando se conoce de un hecho ilícito dentro de una empresa. Según explicó, este criterio desconoce la realidad organizacional de las compañías actuales, caracterizadas por la existencia de múltiples niveles jerárquicos, delegación de funciones y especialización técnica.
Molina sostuvo que la responsabilidad penal debe individualizarse conforme al hecho propio de cada persona y no únicamente por el cargo que ocupa dentro de la organización. En ese sentido, enfatizó que la imputación debe fundamentarse en criterios de imputación objetiva y subjetiva, considerando la posición de garante, la creación o incremento del riesgo jurídicamente desaprobado, las competencias específicas de cada trabajador y la estructura organizativa de la empresa.
Durante su análisis, explicó que el artículo 49, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce la denominada posición de garante, principio mediante el cual cada integrante de la empresa responde por las actuaciones que le corresponden dentro de sus funciones. Bajo esta perspectiva, afirmó que el representante legal no asume automáticamente el cien por ciento de la responsabilidad, ya que esta también recae sobre quienes ejercen funciones técnicas, administrativas o especializadas mediante procesos de delegación.
Asimismo, destacó que la delegación de funciones constituye una necesidad propia de las empresas modernas, debido a la imposibilidad material de que un solo directivo supervise todas las actividades operativas. No obstante, aclaró que quien delega mantiene un deber residual de supervisión, mientras que el delegado conserva la obligación de rechazar o denunciar cualquier instrucción manifiestamente ilícita.
Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue la importancia de los flujos de información dentro de las organizaciones. Molina afirmó que una empresa solo puede prevenir riesgos penales cuando cuenta con canales de comunicación ágiles, efectivos y oportunos entre los distintos niveles jerárquicos. A su criterio, las estructuras excesivamente rígidas favorecen la pérdida de información relevante, dificultan la prevención de delitos y aumentan la exposición de la organización a responsabilidades penales.
El especialista también abordó los llamados sesgos organizacionales, particularmente los sesgos de conformidad y obediencia. Explicó que estos fenómenos provocan que los trabajadores normalicen prácticas irregulares o atribuyan toda responsabilidad a los superiores jerárquicos, debilitando la cultura de cumplimiento y dificultando la identificación del verdadero responsable de una conducta ilícita.
Como ejemplo práctico, hizo referencia a los delitos ambientales, indicando que, en casos de vertidos ilegales de sustancias químicas, la responsabilidad no necesariamente corresponde al gerente general, sino al profesional técnico que tenía el conocimiento especializado, la capacidad de control y la obligación funcional de prevenir el riesgo.
En la parte final de su exposición, Ricardo Molina comparó dos modelos de organización empresarial: el modelo Top-Down, que concentra la responsabilidad en los niveles superiores, y el modelo Bottom-Up, que propone analizar las conductas desde los niveles operativos hacia la alta dirección. Según manifestó, este último permite una individualización más precisa de la responsabilidad penal y fortalece los sistemas de prevención dentro de las organizaciones.
Finalmente, el jurista concluyó que el derecho penal empresarial moderno exige comprender la complejidad de las estructuras corporativas, privilegiando el análisis de las funciones, competencias, conocimientos técnicos y deberes específicos de cada integrante de la empresa, antes de atribuir responsabilidades penales únicamente por razones jerárquicas.
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