Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
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BID aprueba crédito de USD 500 millones para Ecuador, para implementar medidas de estabilidad macroeconómica
El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este 4 de septiembre de 2026 un Préstamo Especial para el Desarrollo (PED), por USD 500 millones para Ecuador. Se trata de un crédito que tiene como objetivo «ayudar al país a impulsar reformas y medidas que promuevan la estabilidad macroeconómica».
El multilateral informó que esta operación de crédito forma parte de un paquete de apoyo internacional liderado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los objetivos del crédito están sostener el financiamiento de los programas sociales para sectores vulnerables.
Además, «el préstamo le permitirá fortalecer sus reservas de dólares, promoviendo así la estabilidad de su mercado monetario», dijo el BID en su comunicado.
El Préstamo Especial para el Desarrollo del BID tiene un plazo de siete años, un período de gracia de tres años y una tasa de interés basada en la SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
La tasa de interés basada en la SOFR es un índice de referencia que refleja el costo promedio de pedir dinero prestado a un día utilizando bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía.
En julio de 2026, en su visita a Ecuador, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, anunció un apoyo de 7.500 millones de dólares por parte de la institución para acompañar el desarrollo de Ecuador durante los próximos cinco años.
Este paquete financiero podría alcanzar los 10.500 millones de dólares, dependiendo de la evolución de las condiciones propicias para la inversión y la implementación. El Grupo BID está integrado por el BID, BID Invest y BID Lab. Fuente: Primicias
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No solo fue el petróleo: los ingresos del Estado aumentan en 2026 por más tasas, regalías mineras y utilidades de entidades públicas
El Gobierno de Daniel Noboa cerró agosto de 2026 con un importante aumento de ingresos en el Presupuesto General del Estado (PGE), de cara a un cuatrimestre que estará marcado por presiones de más gasto público por el Fenómeno de El Niño, las elecciones seccionales y el riesgo de déficit eléctrico por el estiaje.
Según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, los ingresos percibidos por el Estado entre enero y agosto suman USD 18.739 millones; esto es un incremento de USD 2.992 millones o 16% más que en iguales meses de 2025.
Así, los ingresos en el Presupuesto estatal hasta ahora han crecido a un mayor ritmo que el gasto público, que creció 10% en igual período de comparación.
Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que si la tendencia se mantiene, es probable que el déficit en el Presupuesto sea menor a lo que preveía este año el Ministerio de Desarrollo Económico, que eran USD 5.413 millones.
Precios del petróleo al alza
Una buena parte de este aumento de recursos de en la caja fiscal se debe a que desde marzo de 2026, el precio del petróleo en el mundo ha estado al alza, por la guerra entre Irán y Estados Unidos, explica el economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.
«Y esto ayudó al Presupuesto, pese a que la producción no ha tenido incrementos, que hubiera sido mucho mejor», añade.
Por ejemplo, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno de Noboa contó con USD 801 millones en ingresos petroleros; pero en iguales meses de 2026, los ingresos treparon a USD 1.434 millones.
Ya se ha recaudado el 75% de la meta de impuestos
Pero no todo se explica por el boom de precios del petróleo.
La recaudación de impuestos que pagan ciudadanos y empresas es el principal ingreso para el Presupuesto estatal. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos tributarios sumaron USD 13.135 millones, lo que equivale al 70% de todos los ingresos que reportó el Presupuesto en esos meses.
Y el rubro ha tenido un crecimiento de 11% frente a los ingresos por impuestos registrados entre enero y agosto de 2025.
Acosta Burneo dice que esto se explica, en parte, porque ha habido más ventas locales y también más importaciones. Además, añade que en 2025 hubo una recuperación económica que permitió que en 2026 las empresas declaren más Impuesto a la Renta.
Sin embargo, el Gobierno también implementó varias estrategias enfocadas en reducir las exenciones o beneficios tributarios.
Por ejemplo, se retiró alimentos del listado de productos con 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se eliminó a la gasolina y los planes de celular de los rubros por los que personas de la tercera edad y con discapacidad podían pedir devolución de IVA. Además, se aumentaron las retenciones tributarias de Impuesto a la Renta en algunos rubros, explica Salvador.
Con ese ritmo, hasta agosto de 2026 la caja fiscal ya ha recibido el 75% de la meta de ingresos por impuestos para todo el año. Sin embargo, Acosta Burneo reconoce que hay desafíos en los cuatro meses que quedan de 2026.
«Si hay un fuerte Fenómeno de El Niño, o si por un fuerte estiaje se producen apagones, se podría esperar una pérdida en el dinamismo de las ventas y de la economía en general. Sin embargo, no podemos predecir qué pasará con el clima».
Más cobros por tasas, regalías y utilidades de empresas
Otro de los rubros con más crecimiento fue el cobro de tasas. Por ejemplo, en los primeros meses de 2026 se dio el cobro de la tasa de seguridad que impuso el Gobierno de Ecuador a los productos colombianos, en medio de la guerra comercial.
Así, entre enero y agosto de 2025, se había recaudado apenas USD 294.165 en tasas aduaneras, pero para igual período de 2026 la recaudación se disparó a USD 145 millones.
Dentro del rubro considerado como «tasas» el Ministerio de Desarrollo Económico también agrupa a las regalías mineras. Hasta agosto de 2026, el Gobierno recibió USD 214 millones por regalías mineras; esto es una cifra mayor a los USD 72 millones cobrados en iguales meses de 2025.
Uno de los factores que explica esta alza es que el Gobierno firmó el contrato de explotación de la mega mina de oro Cangrejos, en abril de 2026. Con la firma del contrato, la empresa Odin Mining pagó ya una parte de las regalías que le corresponden.
El Presupuesto también muestra un importante incremento de ingresos por utilidades de empresas financieras públicas. Hasta agosto de 2026, el Gobierno recibió USD 722 millones por este rubro; casi el doble frente a lo percibido en iguales meses de 2025, cuando ingresaron USD 383 millones por esas utilidades.
Este rubro correspondería a la Corporación Financiera Nacional (CFN), explica Salvador.
Esta entidad pública es la única accionista del Banco del Pacífico, que tuvo utilidades récord en 2025. Fuente: Primicias
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El Niño se intensificará y podría alcanzar niveles catastróficos hasta 2027
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño ya está establecido y continuará intensificándose durante los próximos meses, hasta alcanzar una categoría muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia finales de 2026. Según el organismo, existe una probabilidad de casi el 100 % de que El Niño se mantenga hasta febrero de 2027, en un escenario marcado por temperaturas oceánicas excepcionalmente elevadas en el Pacífico tropical.
La OMM señala que la evolución del fenómeno tendrá importantes efectos sobre los patrones de lluvia y temperatura a escala mundial, elevando el riesgo de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor. El organismo enfatiza que cada episodio de El Niño tiene características diferentes y que sus consecuencias varían de acuerdo con la región, la intensidad y la duración del fenómeno. Además, advierte que el calentamiento global puede intensificar algunos de sus impactos, debido a que una atmósfera y océanos más cálidos disponen de mayor energía y humedad para fenómenos extremos.
Para Ecuador, la advertencia cobra especial importancia debido a la declaratoria de alerta roja ante el desarrollo del fenómeno. Sin embargo, la alerta no implica que las lluvias intensas ocurrirán inmediatamente, sino que busca reforzar la preparación y respuesta ante posibles impactos. La evolución de El Niño será monitoreada por las autoridades, mientras la OMM insiste en la necesidad de anticiparse a los riesgos y fortalecer las medidas de prevención, especialmente frente a posibles inundaciones y otros eventos extremos que podrían presentarse durante los próximos meses.
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