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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Tres teorías se manejan en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, sobre crimen de trabajador

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En el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, se manejan tres teorías alrededor del asesinato de uno de sus trabajadores, a las que se suma la publicada este 4 de marzo por el presidente Daniel Noboa en redes sociales.

En su cuenta de X (antes Twitter), el presidente expresó su solidaridad con la familia de Carlos Christian Maruri Torres, de 44 años, quien fuera atacado con 19 disparos la mañana del martes 3 de marzo en los exteriores de su vivienda, en la cooperativa Justicia y Libertad, en el sur de Guayaquil, poco antes de salir hacia su lugar de trabajo.

“Se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza. Así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse”, señaló Noboa, quien emitió un decreto en el que encarga al Ministerio de Salud el manejo del hospital por un lapso de 180 días, es decir seis meses.

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo, la noticia del crimen del trabajador se convirtió en el tema del día entre funcionarios, médicos y los mismos trabajadores, algunos los cuales vistieron de negro.

“No es cierto que la persona asesinada se haya negado a firmar algo, porque no estaba en capacidad de firmar, era de código del trabajo, no era un servidor público, no tenía la competencia de suscribir contratos”. Funcionario del hospital

Maruri Torres no ocupaba un cargo de nivel jerárquico superior que le asignara responsabilidad civil, penal o administrativa, explicaron fuentes del Teodoro Maldonado Carbo, que señalaron que “no tenía una profesión”, sino un título de bachiller, como consta en su cédula.

A diferencia de los directores, jefes, médicos o personal administrativo, que están regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), la víctima estaba amparada por el Código de Trabajo y ocupaba, desde junio de 2017, el cargo de ‘auxiliar de servicios’, según los registros de la Contraloría General del Estado, donde reportó en 2024 un patrimonio de USD 1.264.

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Teoría 1: Conflictos con proveedores
Aunque su cargo correspondía a auxiliar de servicios, Maruri Torres fue designado este año como jefe de Servicios Generales, una función que -señalaron en el hospital- no consta en el organigrama del Teodoro Maldonado, sino que se aplica por disposición de la gerencia.

Maruri Torres asumió esa jefatura tras el nombramiento de Daniel Rodríguez Silvestre, quien se posesionó como gerente del hospital el 29 de diciembre de 2025 por disposición del Consejo Directivo del IESS, con sede en Quito, y en reemplazo del médico Alberto Sper, quien cumplió funciones del 11 de febrero al 28 de diciembre de 2025.

El cambio de autoridades se produjo en medio del proceso para la nueva contratación de la limpieza del hospital, un servicio cuestionado porque su millonario costo (USD 2,3 millones) supera a los contratos de hospitales más grandes del IESS, como el Carlos Andrade Marín.

El nombramiento del nuevo gerente, Daniel Rodríguez, fue criticado porque el funcionario está llamado a juicio en un caso de peculado por presuntas irregularidades en la compra de ropa de protección médica durante la pandemia de Covid-19 en el mismo hospital Teodoro Maldonado Carbo. También fue cuestionado su director técnico, Telmo Haro, quien durante la pandemia de Covid-19 fue investigado por la entrega irregular de carnés de discapacidad.

El trabajador asesinado cumplía tres funciones en el hospital, contaron a PRIMICIAS varios colaboradores.

“Era jefe de Servicios Generales, asesor del gerente y también su guardaespaldas; hacía tres cosas, en todos los videos donde aparece el gerente, él estaba detrás, era supervisor de servicios varios, de la limpieza, camilleros, de guardianía, de mantenimiento”. Empleado del hospital.

Por estas actividades de supervisión, Maruri Torres mantenía “conflictos” y “desacuerdos” con los proveedores de estos servicios. “La delincuencia está estructurada en el hospital, a cada gerente que llega le dicen ‘no te metas con la limpieza’, ‘no te metas con la guardianía’, ‘no te metas con la alimentación’, porque todos esos son contratos millonarios”, contaron en el hospital.

Teoría 2: Nuevos cargos
Una segunda teoría que señalaron empleados del hospital Teodoro Maldonado Carbo al comentar el crimen del trabajador está ligada a los nuevos nombramientos y al movimiento de personal que -aseguran- se inició desde enero de 2026.

Tras la salida del anterior gerente, Alberto Sper, la mayoría de las jefaturas médicas y cargos de nivel superior entraron en análisis de las nuevas autoridades del hospital. “Muchos jefes, coordinadores, directores y personal clave fueron removidos de sus funciones, todos estaban nerviosos por los cambios”, contaron funcionarios del centro médico.

Por sus actividades como ‘asesor’ del gerente, Maruri Torres surgió -dijeron funcionarios- como figura visible para las nuevas designaciones. “La gente hablaba con él para seguir en su puesto, para algún ascenso de puesto o para recomendar a algún familiar”, aseguraron empleados.

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Teoría 3: Presencia de GDO
La presencia de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) dentro del hospital también surgió como teoría del crimen del auxiliar de servicios del hospital del IESS más grande de Guayaquil y que maneja un presupuesto que bordea los USD 50 millones en contrataciones, según los datos registrados en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop.

En el Teodoro Maldonado Carbo operan -según señalaron funcionarios antiguos del hospital- varios grupos delictivos, entre ellos los Tiguerones, Lobos, Lagartos y Carniceros. “Siempre están en pugna, muchas veces se quieren aplicar las ‘vacunas’ de un grupo a otro, y eso provoca los muertos. Todo esto lo saben en Quito, en planta central, allá conocen quiénes son los pipones, los que solo van a timbrar”, dijeron funcionarios.

Por la injerencia de GDO, la Fiscalía ha registrado delitos como amenazas, intimidación, secuestros y asesinatos vinculados al hospital Teodoro Maldonado Carbo, principalmente ligado a la contratación del servicio de limpieza.

En marzo de 2023 fue asesinada la directora administrativa Nathaly López, encargada del proceso de esta contratación ese año, mientras que Ronny Camba, desapareció a fines de enero del 2025 y hasta ahora se desconoce su paradero.

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En la Fiscalía también se registró el asesinato de dos gerentes de la empresa proveedora del servicio de limpieza del hospital José M. y Xavier Q., en octubre de 2022 y en julio de 2024, respectivamente.

En abril de 2025, Víctor Concha, de 37 años, camillero del Teodoro Maldonado y compañero de Carlos Maruri, también fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta y que lo atacaron en la vía pública, en las calles 30 y Colombia, en el suroeste de Guayaquil. Fuente: Primicias

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La guerra contra el narcotráfico en Ecuador pone en la mira el control portuario y el contrabando de oro

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Desde septiembre de 2025, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado en tres ocasiones el inicio de una “nueva fase” en la guerra contra el crimen organizado en Ecuador.

 

El más reciente aviso, del 2 de marzo de 2026, incluye operaciones conjuntas con Estados Unidos que tenían previsto desplegarse en medio de un toque de queda anunciado entre los próximos 15 y 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo.

Pero un día después del anuncio, el 3 de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos reveló que “las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas” en Ecuador, una categoría que Washington asignó en septiembre de 2025 a los grupos armados organizados de Los Choneros y Los Lobos.

La cooperación binacional busca ‘estrangular’ la salida de cocaína en los puertos y, sobre todo, atacar el contrabando de oro, afectando el financiamiento que reciben los grupos criminales de la minería ilegal.

Este giro -operaciones en marcha antes incluso de la emisión de un decreto oficial de toque de queda- genera suspicacias. ¿La estrategia de anunciar con tanta antelación las operaciones busca provocar movimientos en las estructuras delictivas -transferencias de dinero, traslado de armas o reubicación de narcóticos- para interceptar comunicaciones, ejecutar capturas y desmantelar redes criminales?

¿Un aviso previo como señuelo?
El anuncio de operaciones militares y policiales con casi 15 días de antelación suena extraño, pero según el analista André Santos habría sido un mensaje deliberado del Gobierno y tiene un objetivo táctico concreto: obligar a las estructuras criminales a moverse y, al hacerlo, delatar sus redes.

Esta “maniobra de inteligencia”, según el abogado especialista en derecho constitucional y asuntos públicos, buscaría forzar a los grupos criminales al cometimiento de errores.

“El objetivo es que el enemigo cometa la torpeza de anticiparse”, dijo Santos este miércoles a la cadena Ecuavisa. “El Comando Sur ya se encuentra realizando operaciones conjuntas con el país. Y cuenta con un sistema de tecnología para interceptación de datos y comunicaciones”.

A su criterio, el anuncio empuja a estructuras delictivas a mover dinero, armas, drogas y personal en un contexto de creciente desconfianza interna, de rivalidades y fragmentación criminal, lo que deja rastros y los puede terminar exponiendo por la vía de interceptaciones telefónicas, anotó.

Cooperación se extenderá al menos por dos años
En la primera operación militar conjunta, Estados Unidos se «limitó a asesorar a las tropas ecuatorianas» y a «proporcionar apoyo logístico e inteligencia», según informaron funcionarios estadounidenses a medios internacionales.

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, confirmó también el inicio de operaciones, pero realizó la misma aclaración -este miércoles en un foro internacional sobre seguridad en Quito-, descartando el ingreso de tropas estadounidenses a Ecuador.

La cooperación entre Ecuador y Estados Unidos tendrá un componente operativo sostenido en el tiempo, con énfasis en el ataque a la minería ilegal y al contrabando de oro. Delgado señaló que la cooperación se extenderán por tiempo indeterminado.

Pero Melissa Ran, funcionaria de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada estadounidense en Ecuador, confirmó -durante un foro internacional sobre seguridad y justicia antimafia en Quito— que el proyecto bilateral se extendería en inicio «por dos años”.

“El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de capacidades del Ecuador en su abordaje a la cadena delictiva de la minería ilegal y el contrabando de oro”. Melissa Ran, oficina de Asuntos Antinarcóticos.

Además, existe un esquema de coordinación directa con la Armada de Ecuador en puntos estratégicos, bajo un proyecto denominado Grupo de Operación Conjunta Marítima, enfocado en el control del golfo de Guayaquil, dijo.

A esto se suma el trabajo que Estados Unidos coordina con la Armada ecuatoriana en las Islas Galápagos desde inicios 2025, que ha resultado en la incautación de droga frente a la costa de Manta, o en la captura de grandes alijos con cocaína y armas en las inmediaciones del archipiélago. El ejército estadounidense ejecutó un ataque aéreo contra una presunta embarcación que transportaba drogas frente a las costas de Galápagos, el 5 de febrero de 2025, con un saldo de dos personas muertas.

Lo que hay que saber sobre el Golfo, el narco y el contrabando de oro:
Los canales de acceso a los puertos marítimos del sur de Guayaquil y de Posorja recorren aguas del Golfo, en las que buques mercantes son sensibles a la contaminación con cocaína. Una parte de las maniobras de introducción de droga a los barcos se ha extendido a esas aguas debido al incremento en el control de contenedores de carga en el ingreso y al interior de los puertos.

Los Lobos extraen oro ilegal, lo concentran en Portovelo, en El Oro -donde se suspendieron todas las operaciones mineras- y lo exportan a países como China o Finlandia como concentrados auríferos vía puertos marítimos,  “camuflado o subdeclarado”. La Iniciativa Global GI-TOC señaló a mediados de 2025 una gran brecha entre las exportaciones de oro reportadas por Ecuador y lo que los países de destino declaran recibir, sugiriendo evasión fiscal y contrabando.

Cerca de El Oro -incluida en el toque de queda del 15 al 30 de marzo- se registra extracción ilegal de oro en Ponce Enríquez (Azuay), entre Guayas y El Oro. Guayas tiene los principales puertos. Y cantones de Los Ríos y Santo Domingo -que completan las provincias con toque de queda- actúan como sitios de paso, acopio y despacho de drogas entre la frontera norte y los puertos marítimos.

¿Qué dicen los ministerios de Defensa y del Interior?
Tras la difusión de un video del Comando Sur de Estados Unidos que confirmó el inicio de operaciones conjuntas con Ecuador, el Ministerio de Defensa informó que los detalles de la denominada “Ofensiva total” se mantienen en reserva “con la finalidad de no entorpecer futuras acciones”.

La cartera anunció el arranque de una nueva fase ofensiva contra el narcoterrorismo y la minería ilegal y señaló que marzo marca “una etapa decisiva” con operaciones coordinadas con aliados, incluido Estados Unidos.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, detalló que el desmantelamiento de una estructura vinculada a Los Lobos y a la mafia albanesa en el operativo Costa, este 3 de marzo, contó con un centro de operaciones con monitoreo internacional.

En la acción participaron unidades antidrogas de Europol, la Policía de Bélgica, Países Bajos y la DEA (Administración para el Control de Drogas, de Estados Unidos), aunque se trató de una operación coordinada desde enero 2025, que aún no se escribiría en la nueva fase de cooperación.

Reimberg reiteró que entre el 15 y el 30 de marzo se ejecutará una operación “de gran magnitud y alcance” que afectará de forma a economías criminales y a sus estructuras. Subrayó que la cooperación con Estados Unidos es clave tanto en inteligencia como en control de armamento y envíos de droga. Fuente: Primicias

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‘Ecuador no luchará solo’: Noboa resalta cooperación internacional tras golpe a red de narcotráfico en ‘Operación Costa’

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció sobre los resultados de la denominada ‘Operación Costa’, un operativo policial ejecutado este martes que permitió la captura de 16 personas presuntamente vinculadas a una red internacional de narcotráfico con conexiones con la mafia albanesa y el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, el mandatario destacó que el operativo fue el resultado de un año y ocho meses de investigación realizada por la Policía Nacional del Ecuador con el apoyo de agencias internacionales, entre ellas Europol y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Hoy el mundo ha sido testigo de un resultado contundente”, afirmó Noboa, al detallar que se realizaron 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, donde las autoridades incautaron cerca de un millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas presuntamente vinculadas a las estructuras criminales investigadas.

Según el mandatario, la operación permitió desarticular una red de narcotráfico que operaba a escala internacional y evidenció cómo la mafia albanesa habría logrado infiltrarse en empresas ecuatorianas para facilitar el lavado de dinero.

“Estos resultados no son casualidad. Son parte de la decisión firme del Gobierno Nacional de desarticular cada una de las redes que gobiernos anteriores permitieron que operen aquí”, señaló el presidente.

Noboa también destacó el respaldo internacional en la lucha contra el narcotráfico y afirmó que Ecuador cuenta con aliados en esta estrategia de seguridad.

El jefe de Estado reiteró que el país enfrenta una “guerra contra el narcotráfico” y sostuvo que Ecuador, pese a no ser un país productor de cocaína, se ha convertido en un escenario de disputa para redes criminales transnacionales.

“Nosotros estamos librando una guerra contra el narcotráfico, pero no la estaríamos librando si existiera control en la producción. Ecuador nunca ha sido un país productor”, recalcó el mandatario, en alusión a recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro —cuyo país es el mayor productor mundial de cocaína—, quien sostuvo que la producción de droga es “cada vez más ecuatoriana”.

Así fue el golpe al narcotráfico

La ‘Operación Costa’ fue ejecutada de forma simultánea en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro por la Policía y la Fiscalía General del Estado. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 800.000 dólares en efectivo, además de joyas, armas y vehículos de alto valor.

Las autoridades determinaron que la red utilizaba empresas exportadoras de frutas como fachada para enviar cocaína hacia Europa, ocultando la droga en contenedores refrigerados junto a cargamentos legítimos para evadir controles en los puertos.

Un juez anticorrupción ordenó este miércoles prisión preventiva para 14 de los procesados por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Otros dos implicados recibieron arresto domiciliario, uno por su condición de adulto mayor y otro por razones de salud.

Entre los detenidos figura el exasambleísta Salomón Fadul, capturado en Machala. Las investigaciones también identifican como uno de los principales enlaces con la mafia albanesa a Hernán R.

“El desafío es grande, pero cada golpe al crimen organizado es un paso hacia un país más seguro”, sostuvo Noboa en su mensaje, en el que aseguró que el Gobierno mantendrá la ofensiva contra las redes criminales transnacionales que operan en el país. Fuente: Vistazo
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