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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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El fenómeno de El Niño revive la alerta de una grave escasez de alimentos en Ecuador como en 1997

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La llegada de un fenómeno de El Niño especialmente fuerte en este 2026 ha prendido las alertas por los efectos que puede generar en Ecuador. Las previsiones internacionales anticipan un fuerte evento climático, generarían fuertes lluvias e inundaciones, que pueden llegar a afectar a las plantaciones, y por lo tanto a la capacidad de provisión y distribución de alimentos dentro del país.

La preocupación llega con una experiencia previa: el fenómeno de El Niño de 1997, que dejó pérdidas históricas en el agro ecuatoriano y generó una crisis de desabastecimiento que obligó a importar alimentos para evitar una hambruna.

De hecho, un análisis de la ONU advierte que con el fenómeno de El Niño, hasta julio de 2026, unas 2,6 millones de personas se encontrarán en situación de crisis o emergencia alimentaria en Ecuador, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). De ese total, alrededor de 2,5 millones estarán en fase de crisis y unas 95.000 en fase de emergencia.

Y los efectos se acercan rápidamente, aunque la magnitud de afectación aún no está asegurada. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador, el Fenómeno de El Niño 2026-2027 en Ecuador ya está en su fase inicial. Y según el Ministerio de Agricultura, los meses más complicados serán entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

La devastación de 1997
Estimaciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apuntan que cerca de siete millones de personas, es decir el 60% de los habitantes que tenía Ecuador, vivió impactos directos o secundarios por el Fenómeno de El Niño de 1997, el último de gran magnitud que ha enfrentado el país.

 

thumbDos niños nadan en una zona inundad de Calceta, en la provincia de Manabí, en medio de jornadas de lluvias intensas en marzo de 1998, durante el Fenómeno de El Niño que empezó en 1997.Francesco Degasperi / AFP

«No me es grato recordar el fenómeno de 1997 y 1998», dice a PRIMICIAS el exministro de Agricultura Alfredo Saltos Guale (1990-1992 y 1997-1998). Cuenta que precisamente el sector agropecuario fue uno de los más impactados, y eso tuvo consecuencias sociales, demográficas y económicas.

El informe de la CAF publicado en el año 2000 sobre el impacto de El Niño de 1997-1998 en Ecuador estima que el daño de ese evento climático en el país causó pérdidas por USD 2.882 millones, unos USD 6.070 millones ajustados por inflación a mayo de 2026, según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Ese informe tamién revela que más de 843.873 hectáreas de diferentes cultivos fueron afectadas, lo que dejó impactó en decenas de miles agricultores. Esto, cuenta Saltos Guale, puso en riesgo incluso la seguridad alimentaria de Ecuador, aunque entonces había una reserva nacional para almacenar alimentos.

«Algunas haciendas, al no tener producción, suspendieron a muchos trabajadores», cuenta Sergio Cedeño, agrónomo graduado en la Universidad Zamorano, quien fue presidente de la Asociación de Productores de Cacao (Aprocafa).

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Gráfico de la Organización Meteorológica Mundial ante el aviso del arribo del fenómeno El Niño en el mundo, Suiza, 1 de junio de 2026.AFP

Cifras gubernamentales y de las Naciones Unidas citadas por la CAF revelan que 106.388 agricultores fueron afectados por los efectos de El Niño de esos años en Ecuador.

Cedeño, quien cuenta administró las plantaciones de cacao, mango y banano de varias empresas grandes de la costa ecuatoriana en esos años, recuerda que la totalidad de los cultivos bajo su supervisión en las provincias de Guayas y Los Ríos fueron afectadas.

Pero la llegada de las inundaciones, relata este agrónomo, también acarreó una serie de problemas más, como la aparición de enfermedades fúngicas, problemas para dragar o expulsar el exceso de agua de los cultivos, y la pérdida de producto, que se dañaba rápido en medio de dificultades logísticas para el traslado de los alimentos.

Fue en este escenario que, según cuenta Cedeño, los agricultores no podían pagar sus créditos a los bancos. «El país entero cayó en una depresión económica y luego ya vino el año 2000, la dolarización».

La Memoria de 1999 del Banco Central del Ecuador expone en su Capítulo II que, precisamente, el Fenómeno de El Niño de 1997 y 1998 afectó de tal manera a la actividad agropecuaria que «esto alteró el ciclo económico y agravó las tendencias negativas latentes en materias de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia estabilidad macroeconómica».

No obstante, el economista Marco Naranjo considera que atribuir los efectos de el fenómeno de 1997 a la debacle del feriado bancario de 1999 deja de lado aspectos de más peso, como una mala administración pública de los recursos petroleros, y una adquisición sostenida de deuda entre las décadas de 1980 y 1990 acompañada de una pobre cultura financiera.

Una reserva estratégica y el riesgo de hambruna
El exministro Saltos cuenta que además hubo zonas dedicadas a la crianza y producción de aves, como Bahía de Caraquez, Tosagua y Portoviejo, que también fueron afectadas y tuvieron que dejar esas labores.

Además, el aumento de la temperatura del agua de las costas ecuatorianas ocasionó que algunas especies marinas como la sardina o el atún tengan problemas de reproducción y busquen lugares con un clima más agradable.

Este escenario crítico, dice Saltos, provocó una necesidad de importar alimentos en gran cantidad como azúcar (200.000 toneladas métricas), maíz (140.000 toneladas métricas) y soja (60.000 toneladas métricas adicionales en 1997).

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Inundación en la vía Babahoyo-Jujan, en marzo de 2024, el último año que se desarrolló el fenómeno de El Niño.API

En 2023, el entonces presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, señaló que cerca de 200.000 toneladas de arroz fueron importadas a Ecuador por el fenómeno de El Niño de 1997.

El exfuncionario, que ahora trabaja como consultor agrónomo, expone su preocupación sobre la existencia (o carencia) de reservas estratégicas de alimentos.

«En 1997 y 1998 funcionaba un organismo para el almacenamiento de alimentos, la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, pero desapareció paulatinamente y ahora no existe. Por eso hay que acudir al sector privado para que apoye con infraestructura, porque lo peor que puede suceder es que haya una hambruna, como se dio en 1982 y 1983», considera.

No obstante, Cedeño apunta a que no toda la producción es almacenable, como ocurre con el banano, el cacao y el mango.

Además, ambos expertos señalan que un desafío a enfrentar es el secado de las cosechas, pues, al menos en el caso del arroz, el producto no puede ser guardado con una humedad superior al 13%. Fuente: Primicias

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TCE suspende provisionalmente al movimiento AMIGO y pone en riesgo candidaturas del correísmo

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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional del movimiento político AMIGO por un plazo de nueve meses, luego de admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón.

La decisión podría tener repercusiones en el escenario político, al comprometer la participación de candidatos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana que tenían previsto postular bajo esa organización en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
La resolución fue emitida por el juez Juan Patricio Maldonado Benítez, quien señaló que la denuncia por presunto lavado de activos se fundamenta en un procedimiento de carácter reservado.

Como medida cautelar, el magistrado ordenó la suspensión provisional del movimiento AMIGO del Registro Permanente de Organizaciones Políticas que administra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El fallo establece que la medida tendrá una duración inicial de nueve meses, aunque podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses previsto en el artículo 374 del Código de la Democracia.

La medida podría afectar las elecciones seccionales

La resolución también establece que la suspensión podrá levantarse antes del plazo fijado si la Fiscalía General del Estado retira formalmente su solicitud, comunica que ya no sostiene el pedido o si la investigación que dio origen al proceso concluye, es archivada o cesa por decisión de la autoridad competente.

Mientras la medida permanezca vigente, la Fiscalía deberá informar al Tribunal cada 30 días sobre el estado de la investigación.

La decisión adquiere relevancia en el marco de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026.

El movimiento AMIGO había servido como plataforma electoral para candidatos de la Revolución Ciudadana, pues, al también disponerse su suspensión en marzo de este año por el caso Caja Chica, busco aliados para el auspicio de sus candidatos.

Entre las figuras políticas afectadas encuentra el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aspira a buscar la reelección en la capital.

Los comicios de noviembre definirán 5.742 autoridades en todo el país, entre ellas 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y los siete integrantes principales del CPCCS.

La jornada electoral fue adelantada por el Consejo Nacional Electoral, que originalmente había previsto las votaciones para febrero de 2027, debido a los riesgos logísticos asociados al pronosticado fenómeno de El Niño. Fuente: Vistazo

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¡Lamentable! Viajó de Loja para recuperar a su expareja y terminó asesinado en Quito

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Lo que parecía ser un último intento por reconstruir una relación sentimental terminó en una tragedia. Kevin R., de 27 años, viajó desde Loja hasta Quito con la esperanza de reconciliarse con su expareja, pero fue asesinado a tiros la noche del 15 de julio de 2026 mientras conversaba con ella en un parque de Llano Grande, en el norte de la capital.

El crimen ocurrió alrededor de las 19:00. De acuerdo con el mayor Fabián Méndez, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Calderón, la víctima no registraba antecedentes penales.

Según las primeras investigaciones, Kevin R. había contactado a su expareja para intentar retomar la relación y la citó en un parque de Llano Grande. Sin embargo, mientras ambos permanecían en el lugar, fueron sorprendidos por varios hombres armados.

La Policía informó que los atacantes utilizaron un automóvil y dos motocicletas para ejecutar el crimen.

Las cámaras de videovigilancia captaron parte de la secuencia. En las imágenes se observa que desde el vehículo se entregó un arma de fuego al presunto sicario, quien descendió, disparó contra Kevin R. y luego regresó al automóvil para devolver el arma antes de huir junto con sus cómplices.

Las grabaciones forman parte de las evidencias que analiza la Policía para identificar a los responsables.

Lo habrían seguido desde Loja

Durante las investigaciones, la Policía conoció que Kevin R. habría sido buscado por grupos delictivos desde Loja, por lo que una de las hipótesis es que el atentado ya estaba planificado.

El mayor Méndez señaló que los investigadores manejan la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con actividades de microtráfico y con la operación de organizaciones delictivas que actúan en Quito.

Aunque residía en Loja, la víctima era oriunda de Quito, precisó la institución.

La Policía busca más evidencias

Como parte de las diligencias, la Policía solicitó la colaboración de los habitantes del sector de Llano Grande y Llano Chico, para que entreguen grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

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