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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Estados Unidos pone bajo llave el expediente de ‘Patucho Celso’ para cuidar a sus testigos

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El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.

El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.

Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.

El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.

Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.

La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.

Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.

La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.

Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.

Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.

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Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer

Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.

La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.

El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.

El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.

Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.

Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.

El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.

thumbDarío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg

Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias

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«No existe impedimento legal para la candidatura de José Bolívar Castillo», afirma Jorge Jaramillo

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Durante una entrevista difundida en la cuenta Fabián Armijos Informa, el abogado Jorge Jaramillo se pronunció sobre la situación jurídica del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y sostuvo que, conforme a la normativa vigente, no existe impedimento legal que le impida participar como candidato en las próximas elecciones seccionales, cuyo proceso de inscripción de candidaturas se desarrollará durante el mes de agosto.

Al ser consultado sobre si una presunta mora con el Estado impediría la participación política de Castillo, Jaramillo explicó que ni la Constitución de la República del Ecuador ni el Código de la Democracia contemplan la mora ordinaria con el Estado como una causal para suspender los derechos políticos.

En ese sentido, precisó que el derecho constitucional de elegir y ser elegido permanece vigente, por lo que, desde su interpretación jurídica, José Bolívar Castillo podría inscribirse como candidato sin que exista una prohibición legal que limite su participación electoral.

Respecto a la polémica generada en torno al tema, el abogado señaló que el debate público debe desarrollarse con objetividad y buena fe, reconociendo el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de asuntos de interés ciudadano. No obstante, manifestó que también debe respetarse el debido proceso y evitar que las discusiones públicas se conviertan en mecanismos de descalificación política.

Jaramillo indicó que el exalcalde ha sido objeto de diversos actos administrativos y procesos de control por parte de organismos competentes, situación que —afirmó— forma parte de los mecanismos de fiscalización previstos para quienes ejercen funciones públicas.

Asimismo, sostuvo que José Bolívar Castillo ha enfrentado dichas actuaciones administrativas «con valentía, determinación, claridad y transparencia», señalando que, hasta el momento, los resultados de esos procesos han sido favorables para el exalcalde. En ese contexto, añadió que la revisión de las actuaciones públicas por parte de los medios de comunicación resulta legítima siempre que se realice con responsabilidad y permita explicar los antecedentes de cada caso.

Durante la entrevista también hizo referencia a los cuestionamientos existentes sobre determinadas actuaciones de organismos de control en administraciones anteriores, señalando que algunas de las resoluciones emitidas en esos períodos han sido objeto de controversia jurídica y pública, aspecto que, a su criterio, también debe considerarse al analizar este tipo de procesos.

Finalmente, Jorge Jaramillo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, José Bolívar Castillo no registra ninguna causal que suspenda sus derechos políticos, por lo que considera que puede ejercer plenamente su derecho constitucional a participar como candidato en las próximas elecciones seccionales.

Además, afirmó que existe un importante grupo de ciudadanos lojanos que respaldan el proyecto político encabezado por el exalcalde, el cual —según indicó— busca impulsar propuestas orientadas al progreso y a la transformación del cantón Loja.

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José Delgado rechaza propuesta de Daniel Noboa para ser concejal de Guayaquil

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José Delgado, presentador de televisión, descartó oficialmente su participación electoral para ocupar una concejalía en la ciudad tras recibir una propuesta formal del equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa.

Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. «Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado», detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños. Fuente: El Expreso

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