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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”

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Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.

Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.

En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.

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«No se siguieron los parámetros normales»

Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.

El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.

Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso

Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.

Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.ARCHIVO.

En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.

Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.

El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.

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UNE responde a rendición de cuentas de Daniel Noboa y anuncia revocatoria en Ecuador

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La Unión Nacional de Educadores (UNE) difundió un comunicado en el que cuestionó la administración del presidente Daniel Noboa y anunció el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. El documento, presentado en Quito el 24 de mayo de 2026, expone cifras sobre seguridad, educación, salud, empleo y economía en Ecuador. La organización sostuvo que el Gobierno “oculta” la situación real del país y alertó sobre el incremento de la violencia y la precarización social.

El gremio docente aseguró que Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Según el pronunciamiento, el país se ubica entre los más peligrosos de América Latina y 2026 podría convertirse en el segundo año más violento de su historia. Además, la UNE cuestionó los toques de queda y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han frenado el avance de grupos delictivos organizados.

“En Ecuador si sales a caminar te roban, si instalas un negocio te extorsionan y si te expones hasta la vida te quitan”.Comité Ejecutivo UNE Nacional

La organización también señaló que existe una crisis educativa vinculada a la falta de inversión pública y al deterioro de la infraestructura escolar. Citó datos del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para indicar que, pese a existir más de $53 millones codificados para proyectos educativos, apenas una pequeña parte había sido ejecutada hasta abril de 2026. El comunicado añadió que miles de planteles continúan en malas condiciones.

Crisis educativa y deserción estudiantil en Ecuador

La UNE denunció además retrasos en procesos de escalafón y equiparación salarial para docentes con más de 25 años de servicio. El gremio aseguró que más de 11 mil maestros siguen sin recibir recursos económicos correspondientes a estos procesos. También afirmó que más de 200 docentes fueron desvinculados en lo que va del año.

Otro de los puntos expuestos fue la deserción estudiantil. La organización comparó cifras del Ministerio de Educación con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y concluyó que alrededor de 450 mil niños, niñas y adolescentes no estarían estudiando actualmente. En educación superior, la UNE sostuvo que la deserción supera el 20 %, lo que representaría al menos 150 mil jóvenes que abandonan sus estudios cada año.

El comunicado también abordó la situación sanitaria del país. La UNE afirmó que hasta finales de 2025 el Ministerio de Salud solo había utilizado el 45 % del presupuesto asignado. Según el gremio, esto habría afectado el abastecimiento de medicamentos y la atención en hospitales públicos de varias provincias.

Salud, desempleo y pobreza bajo cuestionamiento

La organización aseguró que en hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 54 %. Como ejemplo, mencionó al Hospital Monte Sinaí, en Guayas, donde el stock habría llegado solo al 19 %. El documento también se refirió a la emergencia sanitaria en Taisha y afirmó que comunidades afectadas por enfermedades deben caminar durante horas para acceder a atención médica.

En materia laboral, la UNE sostuvo que más de 186 mil plazas de empleo adecuado se perdieron en el último año. El comunicado citó cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), indicando que el denominado “Otro Empleo No Pleno” superó al empleo adecuado en Ecuador. Según la organización, esta situación refleja un deterioro de las condiciones laborales en el país.

El pronunciamiento también cuestionó medidas económicas impulsadas por el Gobierno. La UNE afirmó que mientras una parte importante de la población enfrenta pobreza multidimensional, los principales bancos del país registraron millonarias ganancias hasta abril de 2026. Además, criticó el incremento del IVA al 15 % y el alza en el precio de los combustibles. Fuente: Expreso

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Informe a la Nación: Noboa reivindica decisiones “difíciles” para recuperar Ecuador

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Como es habitual, el presidente Daniel Noboa mantuvo un tono duro frente a sus opositores y al crimen organizado. “Si algo tienen claro las mafias, los seudopolíticos disfrazados de defensores del pueblo, los criminales en las calles y los malos funcionarios es que no pacto, no me rindo y no retrocedo».

Gianella Muñoz

El domingo 24 de mayo del 2026, en la Asamblea Nacional, durante su informe a la Nación, sostuvo: «A quienes esperan un presidente cansado, les digo que se cansarán ustedes antes que yo”.

¿Están cambiando el rumbo del Ecuador?

Según Noboa, en su Gobierno están cambiando el rumbo. «Se decía que no había salida, que era imposible recuperar la confianza y poner en marcha al país, pero hemos logrado restablecer la credibilidad internacional, reducir el riesgo país y mejorar la balanza no petrolera, lo que ha impulsado la recuperación de las ventas y la actividad económica. Hace poco estuvimos al borde del abismo financiero.

En 2025, dijo Noboa, se alcanzó un récord en inversión extranjera. Además dijo:

  • Uno de los indicadores más relevantes es la reducción de la pobreza: la recibimos en el 26% y en diciembre bajó al 21,4%, la cifra más baja registrada en el país. En esa misma línea, la pobreza extrema también se redujo».

Estos avances se reflejan en el empleo adecuado, que ha crecido en cuatro puntos, según dijo. La mejora económica se siente cuando las finanzas de los hogares empiezan a estabilizarse: en quienes pensaban emigrar, en el joven que accede a su primer trabajo, en la familia que puede vivir con mayor tranquilidad, aseguró en su discurso.

El esfuerzo empieza a dar resultados. Una economía sana no solo mueve cifras; el verdadero crecimiento ocurre cuando el progreso deja de ser un discurso y se convierte en una fuerza que impulsa y orienta el rumbo del país”.

Noboa dijo Adelante, Ecuador adelante, como su padre

Durante el discurso de Daniel Noboa se presentaron videos, uno de ellos con testimonios de agradecimientos de mujeres y jóvenes que han recibido beneficios.

Por eso, a su turno, Noboa dijo que eran los rostros olvidados que por primera vez tienen un Estado al servicio de ellos. «Este Ecuador es suyo, hoy todo el pasado se junta para detener al futuro, desde la extrema izquierda, hasta la extrema derecha. Ecuador ya eligió, no una, dos veces, salir hacia adelante. El pulso. El timón no tiembla».

En su discurso dijo: «Hago mías las palabras de mi padre: ‘Adelante, Ecuador adelante'». 

Según reiteró, él lucha contra golpistas, desestabilizadores, quienes quieren golpear al pueblo. Nombró: los casos Sinohydro, Coca Codo Sinclair, Caso Encuentro», dijo que hubo tráfico de influencias y negociados.

Paola Pabón está a un año de concluir su segundo período en la Prefectura de Pichincha, en mayo del 2027.

Rosero Mariela

Además mencionó al caso Sucre, «otro símbolo de como se manipuló, cambian los nombres y gobiernos, el patrón era el mismo, corrupción, privilegios, lucho por recuperar la dignidad, dejando atrás décadas de abuso. Hoy podemos decir que estamos avanzando, no porque el camino sea fácil o problemas hayan desaparecido, por primera vez hay un Gobierno que pelea todos los días por sacar adelante al país». Fuente: Expreso

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