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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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CNE convoca a sesión para actualizar el calendario de las elecciones seccionales

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para este viernes, 27 de marzo, a una sesión virtual en la que se tratará la actualización del calendario de las elecciones seccionales del 2027.

La reunión se llevará a cabo a las 14:00 por medios electrónicos con un único punto del día: “Conocimiento y resolución respecto de la actualización del Calendario Electoral para las ‘Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027’”.

Los comicios seccionales estaban previstos para el próximo 14 de febrero del 2027, según el calendario aprobado hace más de un mes. Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido el rumor de que se podrían adelantar para noviembre del 2026.

Además, ya existiría una propuesta de modificación basada en un informe de la Secretaría de Riesgos, que alerta sobre la llegada del Fenómeno del Niño entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, lo complicaría el desarrollo de las elecciones en la fecha aprobada inicialmente.

Elena Nájera, consejera del CNE, dijo esta mañana en una entrevista con un medio digital que el apresuramiento de las elecciones “deja muchas dudas y un sabor amargo”.

“El país merece mucha transparencia, mucha claridad, y se debe rescatar la poca democracia que nos queda”, aseguró la funcionaria.

Convocan a reunión para revisar calendario de las elecciones seccionales. (Foto: captura)
ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN JAQUE

Esta actualización de calendario llega en medio de un panorama de incertidumbre para las organizaciones políticas del país, ya que algunas mantienen procesos en marcha que imposibilitan su participación.

Por ejemplo, Unidad Popular (lista 2) y el movimiento Construye (lista 25) están en proceso de cancelación, aunque el CNE les dio un plazo de diez días para presentar sus descargos y observaciones.

Los informes de las áreas técnicas y jurídicas señalaron que las organizaciones no cuentan con el mínimo de afiliados o adherentes exigido por la ley.

Por otro lado, la Revolución Ciudadana (RC) fue suspendida por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras admitir una demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.

Alarcón pidió congelar al movimiento correísta porque se lleva a cabo una investigación previa, denominada caso ‘Caja Chica’ por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Fuente: Vistazo

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UTPL impulsa acceso rápido a títulos mediante homologación

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En el marco de un espacio de una entrevista, Mariana Eras, especialista en reconocimiento de estudios de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer las oportunidades que ofrece la institución para el ingreso a la educación superior a través de procesos de homologación de estudios y reconocimiento de trayectoria profesional.

Durante la entrevista, se explicó que la UTPL cuenta con mecanismos que permiten a personas con estudios previos inconclusos o con experiencia laboral relevante acceder a una titulación universitaria en menor tiempo, mediante el reconocimiento de asignaturas o competencias previamente adquiridas.

En este sentido, la homologación de estudios constituye un proceso de reconocimiento oficial de materias aprobadas en otras instituciones de educación superior, siempre que estos estudios se encuentren dentro de un período de vigencia de hasta diez años. Este mecanismo permite que los estudiantes retomen su formación académica con un avance significativo, completando únicamente las asignaturas pendientes.

Asimismo, se destacó el reconocimiento por ejercicio profesional o trayectoria laboral, dirigido a personas que se desempeñan en un área específica sin contar con un título universitario. Para este proceso, los aspirantes deben presentar documentación que respalde su experiencia, como contratos laborales, certificados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), capacitaciones y cursos, los cuales serán evaluados por el equipo académico para determinar la validación de competencias.

De acuerdo con la especialista, existen casos exitosos en los que los estudiantes han logrado hasta un 70% de reconocimiento de la carrera, lo que reduce considerablemente el tiempo de formación. En situaciones donde el aspirante ha cursado previamente entre dos y tres años de estudios universitarios en una carrera afín, el tiempo estimado para obtener el título puede oscilar entre un año y medio y dos años, dependiendo del análisis académico correspondiente.

En cuanto a los requisitos, para la homologación de estudios se solicita el récord académico y los planes analíticos de las asignaturas cursadas. Este proceso de análisis y reconocimiento no tiene costo. Por otro lado, el reconocimiento de trayectoria profesional implica un valor de 35 dólares por el análisis de la documentación, así como 35 dólares por cada asignatura validada; no obstante, si se reconocen más de diez asignaturas, las adicionales no generan costo.

La UTPL ofrece sus programas en modalidades presencial y en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a personas que trabajan o tienen limitaciones de tiempo. Además, la institución cuenta con más de 90 centros y oficinas de atención a nivel nacional e internacional, así como canales virtuales de asesoría mediante plataformas digitales como Zoom y servicios de mensajería.

Finalmente, Mariana Eras destacó que la UTPL mantiene altos estándares de calidad académica y un índice de empleabilidad cercano al 80%, consolidándose como una institución de prestigio tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, se invitó a la ciudadanía a informarse y aprovechar estas alternativas educativas que promueven la continuidad y culminación de estudios superiores.
Con estas iniciativas, la UTPL reafirma su compromiso con la educación inclusiva y flexible, facilitando el acceso a la formación profesional y contribuyendo al desarrollo académico y laboral de la sociedad ecuatoriana.

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Ecuador será sede de cumbre internacional juvenil

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En entrevista concedida, la presidenta del Comité Organizador Nacional, Samantha Carrera, anunció la realización de la Octava Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril de 2026 en la ciudad de Manta.

El evento, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, reunirá a más de 500 jóvenes líderes provenientes de aproximadamente 15 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Curasao y Ecuador, consolidándose como un espacio de formación, diálogo y articulación internacional enfocado en el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo juvenil.

Desde la provincia de Zamora Chinchipe participará una delegación de alrededor de 10 jóvenes, liderada por Jhomayra Segovia, directora provincial de la organización en territorio, quienes representarán a la provincia en este encuentro internacional.

La agenda académica contempla tres días de actividades intensivas, estructuradas en conferencias magistrales, espacios de networking y mesas de trabajo. Durante la jornada inaugural, prevista para el 24 de abril, se desarrollarán ponencias a cargo de líderes políticos, autoridades y expertos internacionales, destacando la participación confirmada de la consultora política paraguaya.

En el segundo día se llevarán a cabo 12 mesas de trabajo temáticas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las que delegaciones de distintos países analizarán problemáticas actuales de la juventud y propondrán soluciones en ámbitos como emprendimiento, equidad de género, liderazgo y gobernanza democrática. Estas mesas permitirán la construcción de una agenda global de juventudes con proyección al año 2030.

El evento culminará con un acto de clausura en el que se reconocerá el liderazgo juvenil mediante la entrega del Premio Internacional de la Juventud, dirigido a destacar trayectorias e iniciativas de impacto social a nivel nacional e internacional.

Samantha Carrera resaltó que esta es la primera ocasión en que Ecuador es sede de esta cumbre internacional, lo que representa un hito significativo en el posicionamiento del país como referente en la formación de jóvenes líderes. Este logro ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo nacional integrado por jóvenes de distintas provincias, entre ellos Yandri Sánchez, director nacional de la organización, así como representantes de Pichincha, Tungurahua y Bolívar.

Asimismo, se informó que se han coordinado acciones logísticas y de seguridad con autoridades de la provincia de Manabí, garantizando condiciones adecuadas para la recepción de las delegaciones internacionales.

En cuanto a la proyección institucional, la Red Mundial de Jóvenes Políticos anunció la realización de un Congreso Nacional de Juventudes en el mes de agosto en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, orientado a fortalecer el liderazgo juvenil a nivel nacional mediante el intercambio de experiencias, formación académica y construcción de agendas colaborativas.

Finalmente, los organizadores destacaron que la misión de la organización es formar nuevos liderazgos sin distinción ideológica, promoviendo la participación activa de la juventud en procesos sociales, políticos y comunitarios, así como en la gestión de proyectos y mecanismos de participación ciudadana.

Con esta iniciativa, Ecuador reafirma su compromiso con el desarrollo de espacios de formación y participación para las nuevas generaciones, impulsando una juventud preparada, crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y sostenible.

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