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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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38 allanamientos en siete provincias para desmantelar red de presunto tráfico de armas

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Un nuevo golpe se dio a estructuras criminales en Ecuador. Se realizaron 38 allanamientos.

La madrugada de este jueves, 21 de mayo de 2026, se realizó un operativo, cuyo objetivo fue desmantelar una red por el presunto delito de tráfico de armas y explosivos. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg.

Cómo fue el operativo

El operativo se realizó en siete provincias: Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha. En total se desplegaron cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional.

“Se está desarticulando una organización por presunto tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. La afectación es Ecuador, Perú y Colombia”, señaló el titular del ramo.

Estos insumos fueron entregados a bandas delictivas. En Ecuador, por ejemplo, iban para ‘Los Lobos’. 

Desde Huaquillas, en El Oro, el ministro Reimberg dijo que esperan tener más de 24 objetivos capturados, entre ellos el cabecilla de esta estructura delictiva.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional y tomaron alrededor de 11 meses hasta buscar todas las evidencias necesarias “para que no salgan de la cárcel”, tomando en cuenta que hay reincidentes.  Fuente: El Telégrafo

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Ecuador tiene tres caminos para responder a pedido de la CAN por aranceles a Colombia

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La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.

Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.

Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los  aranceles si Ecuador también lo hace.

Escenario 1: Levantar aranceles 
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.

Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio,  baje a 75%.

Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.

Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.

Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.

En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».

Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.

Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.

Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.

Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).

Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.

Escenario 3: Salirse de la CAN 
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.

Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.

El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias

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En un año, ADN presentó 151 proyectos en la Asamblea y uno se convirtió en ley 

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La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha tenido todas las herramientas posibles para impulsar en este primer año de funcionamiento de la Asamblea Nacional sus iniciativas y propuestas.

Arrancó el 14 de mayo de 2025 tomando el control de la mesa directiva de la Función Legislativa, con Niels Olsen a la cabeza. ADN también copó todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) junto a sus aliados.

Además, domina el 90% de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea, lo que le permite tener el control en temas como la fiscalización – que para la oposición es una deuda pendiente- así como de los contenidos y tiempos para tramitar proyectos de ley.

En la estadística, se establece que ADN y sus aliados acapararon el 60% de las intervenciones en el Pleno. Además, de los 111 cambios del orden del día, más de la mitad han sido propuestos por la bancada de gobierno.

Con altos y bajos, el bloque oficialista ha logrado mantener la mayoría compuesta (al menos 77 votos) con los exmiembros de Pachakutik, los desertores de la Revolución Ciudadana (RC) y los independientes.

¿Ha aprovechado ADN este panorama favorable para promover y aprobar los proyectos de ley de su autoría?

Casi el doble de propuestas con similar resultado
Hasta el 19 de mayo, en el sistema que registra los proyectos de ley ingresados a la Asamblea había 302 propuestas: 91 de estos proyectos corresponden a iniciativas de Revolución Ciudadana (RC) y 151 fueron de ADN.

Las propuestas presentadas por la bancada de gobierno se encuentran en el siguiente estado:

  • Calificados por el CAL: 80
  • Proyectos recién presentados: 23
  • Conocidos por alguna comisión: 20
  • A la espera del Informe de la Unidad Técnica Legislativa: 13
  • Retirados: 4
  • Con informe para primer debate: 7
  • Con informe para segundo debate: 2
  • Pasó el primer debate: 1
  • Aprobado y publicado en el Registro Oficial: 1

Si bien ADN tiene presentadas 60 leyes más que el correísmo, el resultado final es prácticamente el mismo. Según los datos que arroja la web de datos legislativos, cada agrupación política cuenta con una ley aprobada, aunque la de RC aún espera el veto del presidente Daniel Noboa, mientras que la de ADN ya está en el Registro Oficial.

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Se trata de la Ley para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación (Ley Dual) presentada por Valentina Centeno.

La agenda la marcó el gobierno
Quien tuvo más leyes aprobadas por ADN -en su rol de colegislador- fue el presidente Daniel Noboa que desde el inicio del periodo legislativo envió 9 proyectos urgentes en materia económica y todos fueron aprobados.

Estas propuestas fueron:

  • Ley de Solidaridad Nacional (declarada inconstitucional)
  • Ley de Integridad Pública (declarada inconstitucional)
  • Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas  (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley para el Fortalecimiento para la Minería (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley de Transparencia Social (con demandas en la Corte Constitucional)
  • Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Vivienda de Interés Social
  • Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
  • En diálogo con PRIMICIAS, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, descartó que haya sido el Ejecutivo el que haya marcado la agenda y el trabajo de la Función Legislativa.

«Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo es un colegislador y es el Ejecutivo el que ha presentado nueve proyectos de ley en materia económica urgente. Lo que corresponde es debatir esos proyectos que entran por ventanilla», explicó Olsen. Fuente: Primicias

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