Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Deportes
Enner Valencia descarta volver a la selección de Ecuador tras su histórico hat-trick con Boca Juniors
Enner Valencia vivió un momento inolvidable con Boca Juniors. El delantero ecuatoriano anotó un triplete en la remontada ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, y se convirtió en el gran protagonista de la clasificación del conjunto ‘Xeneize’ a las semifinales.
Su destacada actuación con Boca reavivó las expectativas de los aficionados ecuatorianos sobre un posible regreso a la Selección, pero el propio delantero se encargó de despejar cualquier duda al ratificar su decisión de retirarse de la Tricolor, tomada después de disputar el Mundial 2026.
De esta manera, sus tres goles con el ‘Xeneize’ no marcarán el inicio de una nueva etapa con Ecuador, sino que representan otro capítulo destacado en su carrera a nivel de clubes.
Tres cabezazos para una remontada histórica
Valencia fue suplente en el compromiso ante ‘La Academia’ e ingresó al campo de juego a los 56 minutos, cuando Boca Juniors perdía 2-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El cuadro local se había adelantado con un gol olímpico de Gastón Lodico, a los 19 minutos, y amplió la ventaja con una anotación de Adrián ‘Maravilla’ Martínez al inicio del segundo tiempo.
Cuando el panorama parecía complicado para Boca, el delantero ecuatoriano cambió el rumbo del encuentro con una actuación determinante. A los 72 minutos, Valencia descontó con un cabezazo. Ocho minutos después, volvió a aparecer por la misma vía para establecer el empate.
Después del encuentro, Enner Valencia reconoció la importancia de lo vivido en Rosario y destacó el apoyo de los aficionados de Boca, que continuaron alentando incluso después de terminado el partido. Desde su llegada en el último mercado de pases, Valencia suma nueve partidos, cuatro goles y una asistencia con Boca Juniors, aunque solo ha sido titular en dos ocasiones. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fuga en cárcel de Turi en Cuenca: dos PPL escaparon de una celda de mínima seguridad
La Policía confirmó la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi, en Azuay. El hecho fue detectado durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre y activó un operativo de búsqueda en la provincia y otras zonas del país.
El jefe de Policía de Azuay, Julio Camacho, informó que recibió la alerta alrededor de las 03:00. A partir de ese momento, según explicó, se activaron los protocolos correspondientes para localizar a los dos internos.
Los PPL permanecían en la celda 52 del área de mínima seguridad. De acuerdo con la información proporcionada a la Policía, ambos habrían salido del centro penitenciario después de forzar una pequeña ventana y utilizar sábanas para descender desde el lugar.
¿Quiénes son los dos internos que escaparon?
Según Camacho, se trata de dos hombres que compartían la misma celda y que estaban privados de libertad por diferentes procesos.
Uno de ellos está procesado por narcotráfico y el otro por robo, señaló el jefe policial.
Tras conocerse la fuga, las unidades policiales comenzaron a recopilar información sobre los lugares donde los dos internos podrían tener familiares o domicilios. Esa información fue compartida con otras subzonas y provincias para ampliar la búsqueda.
“Entonces, nosotros con la información proporcionada por El Turi estamos trabajando ya en los territorios donde ellos tienen su domicilio, tienen sus familiares”, explicó Camacho.
Así habría ocurrido la fuga
La salida de los dos internos habría sido posible luego de que forzaran una ventana ubicada dentro de la celda. Según la información entregada a la Policía, los internos utilizaron varias sábanas unidas entre sí para formar una especie de cuerda y poder descender.
El jefe policial precisó que el hecho ocurrió en el área de mínima seguridad, no en un pabellón de máxima seguridad. Las circunstancias exactas de la fuga continúan bajo investigación.
Policías que estaban de guardia quedaron a disposición de Fiscalía
Una de las líneas que se investigará es si existieron responsabilidades o posibles complicidades que facilitaran la salida de los dos PPL. Camacho señaló que los policías que se encontraban de guardia al momento de la fuga fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
“Estamos verificando y efectivamente nosotros estamos con los protocolos que corresponde. Los compañeros policías que estuvieron de guardia ese día están en este momento ya puestos a órdenes de Fiscalía”, manifestó.
Por ahora, la autoridad no confirmó que exista complicidad de los uniformados y señaló que ese aspecto deberá determinarse durante las investigaciones.
Policía y Fuerzas Armadas buscan a los fugados
Desde las primeras horas de este lunes se desplegaron unidades policiales para intentar ubicar a los dos internos. El operativo incluye la participación de unidades operativas, investigativas y de inteligencia, además de personal de las Fuerzas Armadas.
Camacho explicó que los agentes realizan recorridos y un mapeo de los alrededores del centro penitenciario, mientras se mantiene la coordinación con otras provincias para ampliar la búsqueda.
“Hasta este momento las unidades especializadas se encuentran realizando un mapeo, un recorrido de todos los exteriores”, indicó. El jefe policial aseguró que el protocolo de contingencia permanece activado desde las 03:00, cuando se conoció la fuga.
La búsqueda continúa mientras las autoridades intentan determinar el paradero de los dos PPL y establecer cómo lograron salir del centro penitenciario.
Nacionales
Técnicas de litigación oral: especialista analiza alegatos, interrogatorios, contrainterrogatorios y objeciones
En el espacio La Tertulia Jurídica, se dialogó con el especialista Adrián Suárez sobre las principales técnicas de litigación oral aplicadas durante una audiencia de juicio, con énfasis en los alegatos de apertura y clausura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las objeciones.
Durante la entrevista, Suárez explicó que la audiencia de juicio requiere una estrategia estructurada y técnicamente sustentada. Señaló que el alegato de apertura no debe exceder los siete minutos y debe caracterizarse por ser claro, preciso y contundente. Precisó que no debe confundirse con un simple relato de los hechos, pues comprende una fundamentación fáctica, jurídica y probatoria.
En la fundamentación fáctica se realiza un breve recuento de los hechos; en la jurídica se establece la teoría del caso y el enfoque que se pretende desarrollar ante el tribunal; mientras que en la probatoria se identifican los principales elementos de prueba, entre ellos documentos, testimonios y pericias. El especialista enfatizó que en el alegato de apertura no corresponde argumentar, sino presentar de manera concreta aquello que posteriormente podrá ser demostrado con la prueba.
Respecto del interrogatorio, explicó que deben utilizarse principalmente preguntas abiertas que permitan al testigo o perito desarrollar la información. Además, destacó la importancia de acreditar previamente la experiencia y conocimientos del perito o testigo para fortalecer su credibilidad ante el tribunal.
En contraste, señaló que el contrainterrogatorio debe desarrollarse fundamentalmente mediante preguntas cerradas y sugestivas, orientadas a obtener respuestas concretas y confirmar información previamente conocida por la defensa. Advirtió que realizar preguntas abiertas durante esta etapa puede generar información que el litigante desconoce y dificultar el control de la estrategia.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de las objeciones. Suárez explicó que el abogado debe identificar oportunamente preguntas sugestivas, compuestas, repetitivas u otras que no correspondan a la técnica procesal utilizada. También destacó que la objeción debe ser fundamentada cuando el juzgador solicite su explicación.
El especialista sostuvo que una de las finalidades estratégicas del contrainterrogatorio es evidenciar contradicciones y delimitar el alcance del conocimiento de los testigos o peritos. En ese contexto, diferenció entre un testigo presencial y uno referencial, señalando la importancia de establecer qué hechos realmente le constan a la persona que declara.
La entrevista también abordó el alegato de clausura, etapa en la que, según explicó Suárez, el litigante sí puede desarrollar su argumentación y relacionar las fortalezas de su prueba con las debilidades identificadas en la prueba de la contraparte. La finalidad es presentar al tribunal una estructura clara que le permita valorar los elementos incorporados durante el juicio.
Otro de los conceptos analizados fue la duda razonable y su relación con el principio in dubio pro reo. El especialista diferenció este principio del de favorabilidad, señalando que este último opera cuando existe una pugna entre normas de la misma materia, mientras que el in dubio pro reo se relaciona con la existencia de duda derivada de una prueba insuficiente o de la ausencia de prueba suficiente.
Durante el espacio también se analizó la diferencia entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio oral y adversarial, destacándose que, dentro de este último, el juez dirige la audiencia, pero la función de dirección debe diferenciarse de la formulación de preguntas destinadas a introducir información que no fue objeto del examen de los sujetos procesales.
Suárez sostuvo que las preguntas aclaratorias del juzgador deben guardar relación con aquello que previamente fue planteado por las partes y que los abogados deben estar atentos para formular objeciones cuando consideren que una intervención excede ese propósito.
Finalmente, el especialista resaltó que la litigación oral exige preparación técnica, conocimiento de las reglas procesales y capacidad para estructurar una estrategia coherente desde el alegato de apertura hasta el de clausura.
La entrevista formó parte de La Tertulia Jurídica, espacio dedicado al análisis y discusión de temas jurídicos y procesales, con participación de profesionales y especialistas vinculados al ámbito del Derecho.
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