Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Extradición y detención de José Serrano genera reacciones
La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.
Amanda Villavicencio: «Una gran victoria para el país»
Amanda Villavicencio, hija del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificó la llegada de Serrano como un paso histórico. A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, donde recordó las denuncias de su padre contra el correísmo, se mostró firme frente al exfuncionario:
La Fiscalía General del Estado ha vinculado formalmente a Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que su retorno judicial al país representa la oportunidad clave para que responda directamente ante los tribunales por este crimen.
Patricia Ochoa: «Que pague por el daño que ocasionó»
Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela —excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asesinado en 2010—, reaccionó de forma tajante ante el traslado del exministro:
«Que pague por el daño que ocasionó a muchos con su maldad», aseveró Ochoa, en una clara alusión a la gestión de Serrano y el manejo institucional que se le dio al caso de su esposo durante los años del correísmo.
Ochoa ha sostenido una batalla legal de más de una década para esclarecer el asesinato de su cónyuge, un crimen estrechamente ligado a las denuncias de corrupción sobre la adquisición de los helicópteros Dhruv.
La captura y posterior reclusión de José Serrano marca un hito para las familias de las víctimas del poder político en Ecuador. Activistas y defensores de derechos humanos han respaldado la postura de ambas mujeres, señalando que el proceso judicial que ahora enfrenta el exministro en suelo ecuatoriano determinará si las instituciones del Estado están listas para cerrar de forma transparente capítulos oscuros de la historia nacional reciente. (I)
Nacionales
Familias de niños con autismo viven un calvario para conseguir cupos en escuelas privadas
Mientras la mayoría de los padres y sus hijos se preparan para el inicio del año escolar, previsto para el 1 de septiembre de 2026, en el régimen Sierra-Amazonía, las familias de niños con autismo enfrentan una realidad muy dura. El regreso a clases es un verdadero calvario debido a las dificultades para encontrar un plantel que ofrezca las condiciones, el acompañamiento y las estrategias educativas que sus chicos necesitan.
Así lo vivió la riobambeña Bruna, de 32 años. Su hijo, Matías, fue diagnosticado con autismo grado 1 y enfrentó dificultades. Relata que los docentes de inicial y primero de básica sí fueron empáticos con el pequeño, hoy de siete años. El problema comenzó cuando llegó a segundo y tuvo una nueva profesora.
Durante ese año, Matías tenía dificultades para permanecer sentado durante toda la jornada, se levantaba de su puesto, se acercaba a las ventanas para observar las actividades de los estudiantes mayores y presentaba sensibilidad ante determinados sonidos, principalmente fuertes.
La madre sostiene que la docente no manejó adecuadamente estas situaciones y que, en lugar de aplicar estrategias de refuerzo positivo, recurría a llamados de atención y castigos. Ante eso, Bruna decidió buscar otra institución educativa. Desde abril comenzó a consultar opciones y llegó a cuatro colegios privados, pero ninguno aceptó a Joaquín.
Es muy difícil encontrar un plantel especializado. Muchos dicen que trabajan en inclusión, pero no saben lo que eso significa verdaderamente. Agrega que, durante los procesos de admisión, una de las primeras preguntas que recibe es si el niño tiene alguna condición.
“Automáticamente, cuando usted dice que sí la tiene, comienzan a ponerle todos los peros (en las escuelas)”.
Ecuavisa.com recopiló más de 20 casos en el perfil Padres de Niños con Autismo Ecuador en Facebook, cuyos testimonios coinciden en que conseguir un colegio se convierte en un calvario. “La educación es un derecho de todos los niños, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces siento que ese derecho se va rompiendo poco a poco entre la falta de recursos, preparación, acompañamiento y comprensión”, escribió una de las madres.
Un papá indicó que viven un viacrucis. Existen instituciones educativas en las que, desde que se les menciona TEA o autismo, automáticamente cambian la forma de brindar la información. Al final, terminan diciendo que no es posible porque los cupos están llenos. “Lo más penoso es que en sus estados de redes sociales y en sus propagandas se llenan y mencionan ser instituciones inclusivas”.
Para Vladimir Andocilla, director de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada), las familias de niñas, niños y adolescentes con esa condición enfrentan barreras desde el momento en que buscan un cupo. Aunque la Constitución y la legislación ecuatoriana garantizan una educación inclusiva, todavía hay instituciones que seleccionan a sus estudiantes y excluyen a quienes consideran que van a necesitar más apoyos, adaptaciones curriculares o ajustes razonables.
La negativa casi nunca es directa, porque las autoridades saben que rechazar a un estudiante por su condición es discriminación. Por eso recurren a frases como “no tenemos cupos”, “nuestros docentes no están capacitados”, “el aula tiene demasiados estudiantes”, “aquí no va a poder adaptarse” o “es mejor buscar una institución especializada”. En otros casos, condicionan la matrícula a que la familia contrate y pague, de su bolsillo, un maestro sombra o acompañante.
Como padre de un adolescente autista, conozco de primera mano el dolor y la impotencia que dejan esas respuestas.
El problema no está en los hijos ni en su manera distinta de comunicarse, aprender o relacionarse, indica Andocilla. Está en un sistema que sigue esperando que sea el estudiante quien se adapte a un único modelo educativo, cuando debería ser la escuela la que se transforme para responder a la diversidad humana.
Dominic, un niño con autismo, no conseguía cupo en Napo
A Rocío se le hizo complicado conseguir escuela para su hijo, Dominic, de siete años, en Tena, la capital de la provincia del Napo. En una entrevista con Ecuavisa.com, contó que tenía la esperanza de encontrar una escuela particular, pero en la Amazonía no hay opciones para elegir. Buscó en tres planteles particulares y no obtuvo respuesta. “En la fiscal, por el simple hecho de que es parte principal de la educación, parte del Estado, creo que a regañadientes nos pudieron aceptar. Generalmente, no nos reciben”.
En un plantel particular le dijeron que era imposible aceptar a Dominic porque el cupo de niños ya estaba lleno y que solo trabajaban con un número específico de estudiantes, y que tener a otro infante iba a ser muy difícil.
En el otro, cuando hicimos la entrevista, nos dijeron que no podían aceptar porque los padres consideran que el autismo es una enfermedad contagiosa (…) Dentro de la particularidad se maneja una enseñanza como más personalizada y, aun así, no cumplió las expectativas para ellos, según nuestro hijo.
Ahora que Dominic está en una escuela pública, sigue las instrucciones y está al pendiente de las directrices del Ministerio de Educación.En ese contexto, en Ecuador, una nueva normativa de esa Cartera de Estado regula el ingreso del personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como profesor sombra por la de docente de apoyo externo. Con esto, los padres de niños con autismo no podrán ser los maestros sombra de sus hijos.
Educación aclaró que ningún padre de familia está obligado a contratar o pagar un acompañante y que ninguna institución educativa puede imponer un proveedor. Sin embargo, si una familia considera que su hijo necesita este apoyo individual, el costo del acompañante deberá ser asumido por esta.
En una publicación del noticiero de Televistazo, los colectivos de padres de niños con autismo cuestionaron esta situación y sostuvieron que, en el sistema fiscal, el Estado debe garantizar este tipo de acompañamiento. El Ministerio respondió que en las instituciones fiscales ya existen las Unidades Distritales de Apoyo.
No obstante, los progenitores aseguraron que estos servicios no sustituyen al profesor sombra, que acompaña de manera individual y permanente a un estudiante dentro del aula.
¿Qué deben hacer las familias cuando hay trabas?
Andocilla explica que primero hay que tener claro que la matrícula, los ajustes razonables y los apoyos educativos no son favores que una institución concede, sino derechos exigibles. Es fundamental presentar las solicitudes por escrito, exigir una respuesta motivada y conservar correos, mensajes, documentos y cualquier otro elemento que permita probar la negativa, el condicionamiento o la falta de atención.
Número de estudiantes con discapacidad por sexo y según tipo de discapacidad. Año lectivo 2025-2026
| Tipo de discapacidad | Masculino | Femenino | Total |
| Auditiva | 1.006 | 22.004 | 2.163 |
| Autismo | 1.257 | 4.824 | 6.081 |
| Intelectual | 6.092 | 8.994 | 15.086 |
| Motriz | 2.369 | 3.123 | 5.492 |
| Otras | 412 | 863 | 1.275 |
| Por síndromes | 193 | 312 | 505 |
| Retos múltiples-multidiscapacidades | 549 | 830 | 1.379 |
| Síndrome de Down | 982 | 971 | 1.953 |
| Sordo-ceguera | 7 | 9 | 16 |
| Visual | 711 | 921 | 1.632 |
Fuente: Ministerio de Educación.
Si la institución insiste en mantener las barreras, corresponde presentar una denuncia ante el Distrito de Educación y pedir tanto la asignación del cupo como la adopción inmediata de los apoyos que el estudiante necesita. Y si aun así no hay una respuesta efectiva, la familia puede acudir a las autoridades zonales y nacionales del Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y, cuando la vulneración sea grave o urgente, plantear una acción de protección.
Pero también es importante que las familias no enfrenten esto solas. El acompañamiento de organizaciones como Apada del Ecuador ayuda a entender la normativa, a documentar la vulneración y a sostener, emocionalmente, una lucha que suele ser agotadora. Defender los derechos de los hijos también significa organizarse, acompañar y convertir lo que vive cada familia por su lado en una causa colectiva.
El sistema educativo para niños con autismo
Desde la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2021 han existido avances normativos importantes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes autistas, entre ellos el Instructivo de Atención Educativa a Estudiantes dentro del Espectro Autista y el establecimiento obligatorio del Plan de Ambientación para la Inclusión. “Son instrumentos que reconocen algo que las familias sabemos desde hace tiempo: que hay que preparar progresivamente al estudiante, a la familia, a los docentes, a los compañeros y al entorno educativo para que la inclusión funcione de verdad”, precisa Andocilla.
El problema es que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas de clase, acota el activista.
En la educación particular, una de las principales barreras sigue siendo el acceso: negativas de matrícula, supuesta inexistencia de cupos o exigencias económicas adicionales.
En la educación fiscal y municipal, en cambio, el problema se concentra en la permanencia, por la sobrecarga de estudiantes en las aulas, la insuficiente capacitación docente, la falta de equipos de apoyo y la ausencia de infraestructura que garantice accesibilidad física, comunicacional y sensorial. “Lo he visto de cerca, tanto en mi propia familia como acompañando a otras. Esa distancia entre la norma y la práctica se termina midiendo en años escolares perdidos”.
Educación debe controlar que sus propias normas se cumplan, particularmente en las instituciones privadas, y aplicar las medidas administrativas correspondientes cuando se niegue o se condicione el derecho a la educación. No basta con expedir instructivos y acuerdos ministeriales. Se necesita presupuesto, formación docente permanente, equipos multidisciplinarios suficientes, menos estudiantes por aula y entornos sensorialmente accesibles. La inclusión será real cuando el sistema deje de exigirle al estudiante autista que se adapte solo a la escuela, y sea el establecimiento educativo el que se transforme para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y desarrollo integral.
En ese contexto, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) son equipos especializados del Ministerio de Educación que ofrecen acompañamiento psicopedagógico y pedagógico gratuito para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como el autismo. Asimismo, los profesores de Apoyo a la Inclusión (DAI) del sistema educativo se encargan de hacer acompañamiento psicopedagógico y pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Nacionales
SENAE alerta sobre nueva estafa con documentos falsos que exigen pagos a nombre de la Aduana
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza documentos falsificados, logotipos y elementos de su imagen institucional para aparentar comunicaciones oficiales y solicitar pagos indebidos.
La advertencia fue emitida el sábado 29 de agosto de 2026, ante la circulación de notificaciones fraudulentas que podrían llegar a personas relacionadas o no con trámites aduaneros, encomiendas o compras de productos del exterior.
Según el Senae, los documentos fraudulentos utilizan el nombre y la imagen de la institución para generar confianza en las víctimas. De esta manera, los ciudadanos podrían creer que se trata de un cobro legítimo y realizar depósitos o transferencias.
La entidad aclaró que la utilización de logotipos o elementos gráficos de la Aduana no garantiza que una notificación sea auténtica. Por ello, recomendó desconfiar de mensajes que soliciten pagos mediante correos electrónicos, números telefónicos u otros medios que no correspondan a sus canales oficiales.
El riesgo puede alcanzar a quienes esperan paquetes, adquieren productos provenientes del extranjero o realizan trámites relacionados con mercancías ingresadas al país.
Esta no es la primera vez que la institución alerta sobre casos de suplantación. El pasado 9 de julio, el Senae informó sobre personas que utilizaban WhatsApp para hacerse pasar por funcionarios y ofrecer vehículos u otras mercancías mediante supuestas compras, subastas o remates.
En aquella modalidad, los estafadores solicitaban depósitos a cuentas particulares y también buscaban obtener documentos personales, información bancaria y otros datos de las víctimas.
El Senae recomienda comprobar directamente cualquier notificación antes de efectuar un pago. Para ello, los ciudadanos deben utilizar los canales oficiales de la institución y no los enlaces, números telefónicos o datos incluidos únicamente en el mensaje recibido.
La entidad ha señalado que los pagos correspondientes a liquidaciones o multas se realizan mediante instituciones del sistema financiero y utilizando el número de liquidación emitido por la autoridad aduanera. Los valores deben dirigirse a cuentas institucionales y no a cuentas personales.
Ante cualquier solicitud de dinero o información personal, especialmente si se exige actuar con rapidez, la recomendación es verificar primero su autenticidad y reportar los intentos de estafa a las autoridades correspondientes.
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