Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Organizaciones políticas de Loja tienen plazo hasta el 12 de julio para formalizar aceptación de precandidaturas
Las organizaciones políticas de la provincia de Loja que realizaron sus procesos de democracia interna mediante la modalidad virtual deberán completar, hasta el próximo 12 de julio, la formalización de la aceptación de sus precandidaturas, como parte del cronograma electoral establecido para el proceso de inscripción de candidaturas.
Así lo informó Luis Cisneros Jaramillo, director de la Delegación Provincial Electoral de Loja, quien explicó que este procedimiento corresponde exclusivamente a las organizaciones políticas cuyos procesos de democracia interna se desarrollaron de manera virtual entre el 18 de junio y el 2 de julio.
El funcionario precisó que las personas seleccionadas como precandidatas deberán acudir de forma presencial a las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Loja para suscribir el acta de aceptación de la precandidatura, requisito indispensable para continuar con el proceso de inscripción de candidaturas dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.
Cisneros señaló que este procedimiento constituye una etapa obligatoria para validar oficialmente la voluntad de quienes fueron designados durante las elecciones internas de sus respectivas organizaciones políticas.
Participación de organizaciones políticas
De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación Provincial Electoral, en la provincia de Loja 22 organizaciones políticas cumplieron con sus procesos de democracia interna para la selección de precandidatos.
La distribución corresponde a:
• 11 organizaciones políticas de carácter nacional.
• 4 organizaciones políticas de ámbito provincial.
• 6 organizaciones políticas cantonales.
• 1 organización política parroquial.
Estas organizaciones desarrollaron sus procesos internos dentro del período comprendido entre el 18 de junio y el 2 de julio, conforme al cronograma aprobado por el órgano electoral.
Cumplimiento del calendario electoral
La Delegación Provincial Electoral de Loja recordó que el cumplimiento oportuno de esta fase permite garantizar la transparencia, legalidad y seguridad jurídica del proceso electoral, al asegurar que las personas designadas ratifiquen formalmente su participación antes de avanzar a las siguientes etapas previstas por el Consejo Nacional Electoral.
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Juan Gonzaga: «La universidad para Zamora Chinchipe sigue en marcha»
El asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Juan Gonzaga, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. En el diálogo también presentó una actualización sobre el estado del proyecto para la creación de una universidad pública en Zamora Chinchipe.
Al inicio de la entrevista, el legislador manifestó sus condolencias por la emergencia que enluta a la provincia amazónica y destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida mientras participaban en labores de respuesta y auxilio.
“Quiero expresar mi solidaridad con esta desgracia natural que afecta a la hermana provincia de Zamora Chinchipe y mi sentido pesar a los familiares de quienes perdieron la vida, tanto ciudadanos del sector como funcionarios que cumplían actividades oficiales de atención y auxilio durante la emergencia”, señaló Gonzaga.
El asambleísta afirmó que el dolor provocado por esta tragedia es compartido por toda la Amazonía ecuatoriana y recordó que la región enfrenta permanentemente fenómenos naturales derivados de sus condiciones geográficas y climáticas.
Causas del aluvión: llama a una investigación técnica
Durante la entrevista, Gonzaga fue consultado sobre las versiones difundidas en algunos medios nacionales que relacionan el aluvión con presuntas actividades de minería. En respuesta, sostuvo que atribuir responsabilidades sin una investigación técnica sería apresurado.
Indicó que los factores que originan un desastre natural pueden responder a múltiples variables y que no necesariamente están vinculados con actividades extractivas.
«Puede ser que sí, puede ser que no», expresó al referirse a la hipótesis sobre la minería, insistiendo en que corresponde a los organismos competentes establecer las causas reales del deslizamiento.
El legislador enfatizó que la prioridad debe centrarse en fortalecer los sistemas de prevención y gestión de riesgos, especialmente en la Amazonía, donde las intensas lluvias y la variabilidad climática incrementan la vulnerabilidad de las comunidades.
En ese contexto, señaló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos debe reforzar sus mecanismos de monitoreo, alerta temprana y prevención para reducir el impacto de futuros eventos naturales.
Universidad para Zamora Chinchipe continúa en proceso
Uno de los temas centrales de la entrevista fue el avance del proyecto para la creación de una universidad pública destinada a las provincias de Zamora Chinchipe y Sucumbíos.
El legislador explicó que actualmente existe una comisión para dar seguimiento al proceso, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel.
Recordó que la elaboración de los proyectos fue encargada a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) como entidad promotora, mientras que en los casos de Morona Santiago y Orellana la responsabilidad recayó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Gonzaga informó que los primeros proyectos para Zamora Chinchipe y Sucumbíos fueron archivados por incumplir los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), debido a observaciones relacionadas con la planificación institucional, la oferta académica, la infraestructura, la sostenibilidad financiera y otros componentes exigidos por la normativa.
Precisó que los nuevos proyectos fueron ingresados durante el mes de junio de 2026 y actualmente permanecen en análisis por parte del Consejo de Educación Superior (CES), organismo encargado de emitir las observaciones técnicas que posteriormente deberán ser incorporadas por la Universidad Estatal Amazónica.
Una universidad con identidad amazónica
Para Gonzaga, la creación de una universidad no debe limitarse a la construcción de infraestructura física o a la entrega de títulos profesionales. El asambleísta sostuvo que la nueva institución debe convertirse en un centro de investigación científica, innovación y desarrollo regional, con una oferta académica orientada a responder a las necesidades específicas de la Amazonía.
Asimismo, indicó que la futura universidad deberá fortalecer áreas relacionadas con el desarrollo agrícola, la protección ambiental, la biodiversidad, las actividades productivas y el estudio de las particularidades sociales y culturales de las provincias amazónicas. En su criterio, la institución deberá formar profesionales comprometidos con el territorio y generar conocimiento que contribuya al desarrollo sostenible de la región.
Ubicación de la universidad deberá definirse técnicamente
Respecto a la ubicación de la futura universidad en Zamora Chinchipe, Gonzaga manifestó que esta decisión no debe responder a intereses políticos ni generar divisiones entre cantones. Explicó que será el Consejo de Educación Superior (CES), mediante estudios técnicos especializados, el organismo encargado de determinar el lugar más adecuado considerando aspectos como seguridad geológica, cobertura estudiantil, acceso, disponibilidad de servicios básicos y viabilidad territorial.
Reconoció que anteriormente existieron diferencias entre autoridades y actores políticos sobre la ubicación del campus universitario, situación que, a su criterio, retrasó el avance del proyecto.
Financiamiento y sostenibilidad
En materia financiera, el legislador explicó que el proyecto actualizado contempla una inversión aproximada de 23 millones de dólares.
Sin embargo, señaló que, conforme al artículo 60 de la Ley Amazónica, la concurrencia económica prevista alcanza entre 11 y 12 millones de dólares, por lo que aún será necesario gestionar recursos adicionales por un monto similar mediante el Ministerio de Finanzas para garantizar su ejecución.
Participación ciudadana
Finalmente, Gonzaga invitó a profesionales, docentes, técnicos, estudiantes y ciudadanía de Zamora Chinchipe a participar activamente cuando el CES emita las observaciones al proyecto.
Consideró que la construcción de la universidad debe realizarse con participación social, incorporando criterios técnicos provenientes del territorio para consolidar una institución sólida, sostenible y alineada con las necesidades del desarrollo amazónico.
El asambleísta concluyó señalando que, pese a los retrasos y observaciones técnicas registradas en el proceso, existen expectativas favorables para que la provincia de Zamora Chinchipe logre concretar, en los próximos años, una universidad pública propia que fortalezca la educación superior y contribuya al desarrollo integral de la Amazonía ecuatoriana.
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Gasolinas Extra y Ecopaís: Daniel Noboa reforma el mecanismo de precios y anuncia una reducción
El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó el mecanismo para fijar los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís con el objetivo de reducir el impacto por las alzas internacionales del petróleo.
De acuerdo con el Ejecutivo, la aplicación de este ajuste al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís permitirá que, durante la actualización correspondiente a este mes de julio, se registre una reducción en el precio de los combustibles.
De esta manera, cuando existan fluctuaciones temporales en los precios internacionales, se podrán amortiguar sus efectos sobre el precio final de los combustibles.
Los precios actuales de los combustibles entraron en vigencia desde el 12 de junio de 2026. El diésel pasó de USD 3,10 a USD 3,25 por galón, mientras que las gasolinas Extra y Ecopaís aumentaron de USD 3,16 a USD 3,31 por galón.
En el caso de la gasolina Súper, cuyo precio está liberalizado y depende de las condiciones del mercado internacional, el valor se incrementó de USD 4,81 a USD 5,60 por galón.
Estos precios estarán vigentes hasta el 11 de julio de 2026. A partir del 12 de julio entrará en vigor una nueva actualización mensual, que, de acuerdo con el Gobierno, reflejará una reducción en los precios como efecto de la reforma.
Por último, el Gobierno informó que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se garantiza el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.
Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará ejecutando controles para verificar el abastecimiento, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio del territorio nacional. Fuente: Vistazo
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