Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
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Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
La Fiscalía informó este lunes 22 de diciembre que dos hombres cumplen prisión preventiva por la desaparición y robo de Paulina Andrade Gallo, una enfermera cuyo paradero se desconocía desde el pasado 12 de diciembre.
La mujer fue secuestrada en el barrio El Conde, al sur de Quito. Un familiar relató que aquel día llegó a la casa de la mujer y encontró la puerta abierta con las luces encendidas y las cosas botadas.
Además, ese pariente observó que el auto de la víctima no se encontraba en el garaje, según reporta la Fiscalía.
Agrega que, desde el número de teléfono de Paulina, se habrían solicitado a los contactos transferencias bancarias por 150 dólares y se envió un número de cuenta, cuya titular era la mujer que ahora se encuentra como testigo protegido.
Tras poner la denuncia, las autoridades iniciaron la búsqueda de la víctima. Es así como la noche del 19 de diciembre, Fabián Arturo C. D. y Juan Pablo V. Ch. fueron detenidos en Manta, provincia de Manabí, a través de acto urgente.
Mientras que el sábado 20 de diciembre se localizó un cuerpo en el kilómetro 20 de la vía Aloag-Santo Domingo, con base en la información entregada por Fabián Arturo C. D.
El cadáver pertenece a Paulina, por lo que se espera que la Fiscalía reformule cargos por el delito de femicidio.
HIPÓTESIS DEL CASO
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó la versión de una testigo protegido, quien estaría amenazada de muerte por Fabián Arturo C. D.
La testigo entregó información respecto a los hechos cometidos por los posibles responsables de la desaparición de Paulina Andrade Gallo.
Indicó que Paulina y Fabián Arturo C. D. habrían empezado –hace unas semanas– una relación sentimental y que desde ese momento, el hombre habría planificado robar su auto y quitarle la vida.
Pero que, una vez consumados los delitos entre el 12 y 13 de diciembre, y arrojado el cuerpo en ‘La Cordillera’, no pudieron vender el auto.
Sin embargo, el Ministerio Público señala que el implicado argumentó en su versión que el automotor fue vendido en Manabí, por lo que se dispuso la retención judicial del vehículo.
Tras finalizar la diligencia, un juez dispuso que Fabián Arturo C. D. y Juan Pablo V. Ch. quedaran con prisión preventiva por el delito de desaparición involuntaria y robo, en concurso real de infracciones.
La Fiscalía también solicitó medidas de protección para los familiares de Paulina Andrea Gallo y para la testigo de esta investigación. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Cárcel del Encuentro desde el espacio; así se construyó la secreta megacárcel de Ecuador
La Cárcel del Encuentro se ha convertido en uno de los lugares más inaccesibles de Ecuador. Aunque la prisión, ubicada en la provincia de Santa Elena, comenzó a operar el 10 de noviembre de 2025, el acceso a la prensa y a otras autoridades es totalmente restringido.
Frente a estas restricciones y dado que las únicas imágenes actuales son las difundidas por el Gobierno, para entender lo que realmente está pasando en la Cárcel del Encuentro, PRIMICIAS analizó imágenes satelitales, que muestran que la prisión todavía está en construcción. Esto contrasta con el discurso oficial que habla de una cárcel terminada.
Una imagen satelital en alta resolución de Planet Labs, capturada el 12 de diciembre del 2025, evidencia que aunque la estructura de los pabellones aparentemente está concluida, la construcción es desigual a lo largo de todo el complejo. La imagen -a la que accedió PRIMICIAS en exclusiva- revela que todavía hay áreas inconclusas, vías de tierra, una serie de estructuras pequeñas típicas del trabajo de construcción y camiones.
Las últimas fotografías independientes de la cárcel fueron tomadas en abril de 2025; allí se podía ver que para esa fecha apenas uno de los cinco pabellones estaba ya levantado, y otro estaba en proceso. Pero el 10 de noviembre, el Gobierno anunció que 300 presos fueron trasladados a la prisión, lo que generó dudas sobre si estaba terminada o no.
A la par, prohibió el acceso a la prensa e incluso a otras autoridades como legisladores y el defensor del Pueblo.
Dos días después, el 12 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa admitió que la construcción no estaba al 100% sino al 35-40%, pero que lo estaría lista dentro de un mes. Este porcentaje, sin embargo, no coincide con anuncios previos del Gobierno, que hace más de un año (en octubre de 2024) había dicho que la obra tenía un 30% de avance.
En ese contexto, el 4 de diciembre de 2025, el ministro John Reimberg posteó en su cuenta una imagen aparentemente tomada por un dron en la noche que muestra la Cárcel del Encuentro, con el mensaje «foto mata cuento». Días después, el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, aseguró que la prisión «ya está terminada».
La prisión tiene una capacidad para unos 800 presos, pero hasta ahora han sido trasladados unos 500.
El complejo se mantiene en construcción
La imagen satelital del 12 de diciembre de 2025 demuestra una cárcel que concentra el avance de su construcción en la zona dentro del perímetro de seguridad. Pero fuera de él, todavía falta para completar el diseño que el mismo Gobierno promocionó.
Es decir, la imagen posteada por Reimberg muestra una perspectiva reducida de la realidad, pues omite los alrededores del perímetro de seguridad. Sobre todo porque la fotografía es en la noche.
Pero al comparar la imagen satelital con la maqueta que el Gobierno presentó el 21 de junio de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa asistió a la ceremonia de inicio de obra, se pueden evidenciar dos cosas: que el diseño cambió y, más importante, que falta todavía por terminar la obra del complejo.
En cuanto a los cambios de diseño, lo principal es la construcción no planificada en el extremo suroeste de la cárcel. Estas estructuras de techo oscuro, que aparentan ser viviendas muy pegadas, no estaban contempladas en la propuesta presentada en 2024.
También hay un cambio en la distribución de los pabellones y del ingreso que se había planificado. E incluso se promocionó que el complejo tendría una cancha más, que finalmente no se hizo.
En cuanto a la construcción, la imagen muestra que todavía hay vías de tierra. A la fecha de la imagen satelital, apenas un tramo de unos 160 metros está asfaltado, que conecta la entrada del perímetro de seguridad con otra zona asfaltada: un perímetro rectangular de unos 40×40 metros, consistente con una área de aterrizaje de helicópteros militares. Pero la vía que va hacia la comuna Juntas del Pacífico y la que va hacia hacia el sur son aún de tierra.
Además, se puede ver que todavía aparecen unas estructuras de techo blanco ubicadas al sureste de la cárcel, que están desde el inicio de la construcción y que podrían corresponder a bodegas o espacios de la constructora.
Al norte, en cambio, se pueden ver unas estructuras pequeñas y de apariencia informal, que tampoco constaban en la maqueta promocionada por el Gobierno.
Dado que el contrato para la construcción de la Cárcel del Encuentro fue declarado como reservado, no es posible saber si hubo un ajuste o aumento de precios con estos cambios desde el diseño original promocionado por el Gobierno.
La construcción de la cárcel
El contrato para la construcción de la Cárcel del Encuentro fue adjudicado el 20 de junio de 2024, a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la estatal China Road And Bridge Corporation (CRBC). La obra tenía un presupuesto de USD 52,16 millones.
Un día después, el 21 de junio, el presidente Daniel Noboa acudió a inaugurar el inicio de trabajos en Santa Elena. Para ese entonces, ya se habría realizado desbroce y movimiento de tierras.
Un análisis de imágenes satelitales de baja resolución evidencia cómo se comenzó a remover la vegetación en junio de 2024, y los primeros avances en la construcción se pueden observar desde octubre de 2025.
En estas imágenes se puede evidenciar que la construcción de la cárcel, por lo tanto, ha tomado más de un año y medio. Sin embargo, no es posible decir si este tiempo es mayor al plazo establecido en el contrato, ni si hubo suspensiones de obra o multas, porque es reservado.
Metodología: Para este reportaje, PRIMICIAS analizó imágenes satelitales de distintas fuentes para verificar el avance de la construcción de la Cárcel del Encuentro. Se utilizaron imágenes del satélite Sentinel-2 (programa Copernicus de la Unión Europea) para construir una línea de tiempo (gif) del desarrollo de la obra desde junio de 2024. Estas imágenes, con una resolución de 10 metros por píxel, permiten identificar cambios generales en el terreno y la aparición progresiva de estructuras.
Para evaluar el estado actual del complejo con mayor detalle, se analizaron imágenes de alta resolución de los satélites SkySat (12 de diciembre de 2025) y PlanetScope (29 de noviembre de 2025), proporcionadas por Planet Labs PBC. Las imágenes fueron procesadas en el software QGIS. Fuente: Primicias
La primera etapa del caso Malvinas ha concluido con la condena de 16 militares como autores de la desaparición forzada de cuatro menores de edad del sur de Guayaquil. En total, 11 soldados recibieron 34 años y 8 meses de cárcel, mientras que cinco cooperadores eficaces tan solo 30 meses. Por otro lado, un teniente coronel, procesado como cómplice, fue declarado inocente.
La sentencia contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados y el pago de USD 10.000 (cada sentenciado) a los familiares de las víctimas.
Además, los condenados, así como las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, deberán pedir disculpas públicas a través de medios de comunicación, en las que se rectifique la información errónea presentada originalmente en contra de las cuatro víctimas.
REVELACIONES DEL JUICIO
Las pruebas expuestas por la Fiscalía confirmaron que las acciones de los 16 soldados “estuvieron separadas de las funciones de servicio propias de un militar y que, en lugar de entregar a los menores de edad a la Policía, sus acciones fueron apartadas del debido proceso, lo que concluyó en la desaparición y muerte de las víctimas”.
En su resolución, el Tribunal señaló tres principales omisiones de los ahora condenados: no comunicaron sobre la aprehensión al ECU 911, tampoco entregaron a las víctimas a la Policía y no garantizaron su integridad física.
El juez ponente José Suárez subrayó que hubo un intento de encubrimiento al “alinear versiones” en un chat grupal de WhatsApp y describir hechos falsos en los partes presentados el día de la detención.
A criterio de los magistrados, los militares actuaron como una “empresa criminal”, que tenían un “plan delictivo” de tres fases.
- 1. El secuestro del 8 de diciembre: los jueces recalcaron que la aprehensión fue ilegal desde el principio.
- 2. El traslado clandestino “a la ruta de la muerte”: las patrullas no reportaron su ruta y se fueron directamente a Taura, cantón Naranjal, por orden del subteniente Zabala, quien dijo: “Síganme”.
- 3. Ejecución material: las torturas a la que fueron sometidos los cuatro menores (golpes, insultos y disparos intimidatorios) y el posterior abandono en una zona peligrosa.
El magistrado también recalcó que los 16 soldados son culpables, ya que el concepto de “obediencia debida”, que ellos argumentaron en el juicio, no es válido ante “tratos crueles e inhumanos”.
UN INOCENTE
El teniente coronel, Juan Francisco I. M., el proceso número 17 en calidad de cómplice, fue declarado inocente por falta de pruebas.
Él no estuvo dentro de las patrullas, pero fue implicado por ejecutar acciones irregulares días después de la desaparición.
En el juicio se conoció que habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
No obstante, los jueces manifestaron que “no se ha acreditado la responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada”, ya que no existen pruebas directas ni indirectas contra él.
¿QUÉ VIENE?
Tras la resolución del Tribunal, iniciará otra lucha: saber qué pasó luego de que los menores fueron abandonados en Taura. La Fiscalía mantiene una investigación por el delito de secuestro con resultado de muerte.
Durante el proceso judicial, un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.
Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.
De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas, por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta.
22/12/2025
11:25
El Tribunal, encabezado por el juez José Suárez, dispuso una serie de medidas de reparación y no repetición a favor de las víctimas:
-Para los sentenciados se dispuso una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral de USD 10.000 por cada uno.
-Disculpas públicas en un medio de comunicación nacional
-Una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y colocación de una placa con los nombres de las víctimas.
–Capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con una carga mínima de 120 horas anuales, enfocadas en intervenciones con civiles, sobre todo grupos prioritarios.
-En cuanto a las versiones erróneas sobre el supuesto cometimiento de un delito por parte de los menores, que nunca se logró comprobar, el Tribunal dispuso la emisión de una rectificación pública en la que resalte que los menores fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.
Por ello, los sentenciados y las instituciones estatales involucradas deben publicar un texto titulado de la siguiente manera: “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”. Ahí se deberá especificar que los cuatro menores no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada.
El teniente coronel, Juan Francisco I. M., el último procesado en calidad de cómplice, fue declarado inocente por el Tribunal.
Los jueces manifestaron que “no se ha acreditado la responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada”, ya que no existen pruebas directas ni indirectas contra él que acrediten que haya tenido una participación dolosa o haya contribuido a la privación de libertad de los menores.
Por ello, el juez ponente José Suárez dispuso que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban sobre el teniente coronel.
Juan Francisco I. M. era acusado de ejecutar acciones irregulares días después de la desaparición.
Durante el juicio, se conoció que habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
Juez declara la culpabilidad de los 16 uniformados que conformaban las patrullas en calidad de autores directos.
Por lo tanto, aceptó la solicitud de la Fiscalía: 30 meses de prisión para cooperadores eficaces y 34 años y 8 meses para otros 11 uniformados como autores directos.
Además, se dispuso el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral que incluye el pago de 10.000 dólares por cada procesado.
El juez manifestó que los 16 militares tienen responsabilidad. «Es imposible que estando en dos camionetas no se percaten de las agresiones: disparos, correazos, etc».
“El Tribunal considera que no tiene justificativo la situación de estos procesados, que justifican su actuar en la obediencia debida”
Agregó que la detención de los menores «no fue un control de rutina» y que se ha demostrado la «crueldad» a la que fueron sometidos.
El magistrado indicó que la versión del subteniente Zabala, quien había dicho que primero iban a llevar a los menores al UPC de Virgen de Fátima, es “insostenible”, ya que hay pruebas de GPS y sus propios compañeros lo señalan como la persona que dio la idea de llevarlos a una fosa.
“También, realizó disparos intimidatorios y ordenó: “pelense” que significa desnudarse”
Juez asegura que las patrullas actuaron como una «empresa criminal», ya que unos militares se encargaron de la retención y otros daban seguridad.
Por lo tanto, el magistrado asegura que están ante un delito de desaparición forzada.
«Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció del comportamiento delictivo», aclaró el juez sobre la responsabilidad de los 16 implicados.
Además, recordó la cadena de agresiones contra las víctimas: disparos, obligados a desnudarse, lanzaron la ropa a matorrales donde había cadena, forzados a mover el árbol, abandonados observando que es un sector desolado.
También, habló sobre acciones de encubrimiento por parte de los militares: chat grupal, reportes falsos omitiendo detalles. «No se puede considerar que los hayan dejado sanos y salvos».
Agregó que hubo intención de «alinear versiones y ocultar la verdad».
El magistrado detalla tres omisiones de las patrullas al detener a los cuatro menores:
-Omite el deber ineludible de comunicar la aprehensión al ECU 911
-Entregar a la Policía Nacional para judicialización de ser el caso
-Garantizar su integridad física
Fuente: Vistazo
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