Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Hasta dos minutos de sismo que se sintieron eternos: cuánto duró el terremoto en Colombia
El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.
¿Cuánto duró?
El Servicio Geológico Colombiano, explicó en su cuenta de X, que no hay una sola respuesta. “Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, indica.
La institución señala que, para monitorear la actividad sísmica, se usan sismómetros que son capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir.
“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”, asegura.
En el caso del ́ , ́ de movimiento significativo. Sin embargo, algunos ciudadanos contaron que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. “Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, apunta. (I) El Universo
Nacionales
Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez
Una condena, una sentencia pendiente y un tercer proceso a punto de definir si llega a juicio. Ese es el panorama judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien en menos de una semana quedó condenado, en primera instancia, a tres años de prisión en el caso Grillete; espera el veredicto del tribunal en el caso Triple A y se prepara para que desde este martes 11 de agosto se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que ha enfrentado dilaciones por una serie de incidentes procesales.
Los tres expedientes avanzan de manera independiente, pero tienen un punto en común: todos se desprenden de investigaciones relacionadas con la actividad empresarial del alcalde o con las medidas judiciales que enfrentó durante esos procesos.
El primer fallo: el caso Grillete
El único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.
El Tribunal de Garantías Penales declaró, el pasado 3 de agosto, culpable a Alvarez como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de concluir que incumplió la obligación de portar permanentemente el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.
La Fiscalía sostuvo que el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio de Samborondón, agentes policiales encontraron al alcalde sin el grillete electrónico colocado.
Por ese motivo, la sentencia se sustentó exclusivamente en el incumplimiento de portar el dispositivo y no en una supuesta manipulación del equipo.
El tribunal impuso tres años de prisión —la pena máxima prevista para ese delito—, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 4.820), disculpas públicas y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.
La defensa, a cargo del abogado Julio César Cueva, anunció que apelará el fallo una vez que reciba la sentencia escrita.
Triple A espera el veredicto
Mientras tanto, el proceso más antiguo, conocido como Triple A, ya concluyó su etapa de juicio y permanece en fase de deliberación.
En esta causa, la Fiscalía acusa a Alvarez y a otros 21 procesados de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Después de varios meses de audiencia, el tribunal cerró, el pasado 2 de agosto, el debate y ahora debe resolver si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria.
La Fiscalía solicitó que se imponga la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, al considerar que existen agravantes en la comisión del delito, además de multas, reparaciones al Estado y la clausura definitiva de varias empresas procesadas.
Durante el juicio comparecieron decenas de testigos y peritos, quienes sustentaron informes financieros, tributarios y técnicos elaborados con información de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La defensa, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que la responsabilidad penal no puede fundamentarse únicamente en la calidad de Alvarez como representante legal de las empresas investigadas.
El tribunal aún no ha fijado la fecha en la que dará a conocer su decisión. Pero, según la fiscal del caso Ruth Amoroso, debería conocerse antes de que caduque la prisión preventiva de Alvarez en este caso, el próximo 7 de septiembre.
Goleada intentará instalarse este 11 de agosto
El tercer frente judicial corresponde al caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga a Aquiles Alvarez y otras 25 personas por el presunto delito de lavado de activos, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa, Fiorella Icaza; y, su madre, Gioconda Henriques.
Tras varios diferimientos, el juez anticorrupción Jairo García fijó un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollará entre el 11 y el 28 de agosto, en jornadas presenciales y virtuales.
La diligencia llega después de que tres convocatorias anteriores no pudieran instalarse: la primera fue suspendida por una recusación presentada por la defensa del alcalde; la segunda se aplazó porque coincidía con el juicio del caso Grillete; y la tercera fue declarada fallida por la inasistencia del abogado de uno de los procesados, Andrés Viteri, primo de Alvarez. El jurista fue sancionado.
Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones, el juez dispuso que la audiencia tendrá carácter improrrogable, advirtió que aplicará medidas correctivas ante cualquier inasistencia y ordenó que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la representación de cualquier procesado que se quede sin abogado particular durante la diligencia.
Además, negó un pedido de la defensa de Xavier Alvarez para ausentarse por una intervención médica programada en Estados Unidos, al considerar que el proceso debe tramitarse con celeridad.
En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio y las defensas expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva si llama o no a juicio a los 26 procesados. La Fiscalía sostiene que conformaron una presunta estructura empresarial utilizada para lavar activos provenientes de operaciones relacionadas con combustibles, acusación que las defensas rechazan. Fuente: El Universo
(I)
Deportes
El futbolista ecuatoriano Daniel Valencia relata el susto que vivió durante el terremoto en Colombia: «Fue bien largo»
El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto también provocó momentos de angustia entre los futbolistas ecuatorianos que se encuentran en el país. Daniel Valencia, del América de Cali, contó cómo vivió el fuerte movimiento telúrico mientras se dirigía al entrenamiento de su equipo.
«Estamos todos bien, fue un susto muy fuerte, fue bien largo. Iba camino al entrenamiento y me regresé al departamento a estar con la familia», relató el delantero de 30 años después del sismo.
El movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a las 07:34 del lunes, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. El organismo ubicó la profundidad del terremoto en unos 103 kilómetros.
El terremoto golpeó con fuerza distintas zonas del occidente colombiano. Cali y Pereira aparecen entre las ciudades con mayores afectaciones, mientras que también se reportaron daños importantes en sectores de Chocó y Manizales. También se lo sintió con fuerza en Bogotá y Medellín.
Valencia recordó el terremoto de Ecuador
La experiencia llevó a Valencia a recordar otro terremoto que marcó la historia reciente de Ecuador. El 16 de abril de 2016, un sismo de magnitud 7,8 golpeó principalmente a Manabí y Esmeraldas y dejó cientos de víctimas mortales y miles de personas heridas.
Sin embargo, el jugador del América de Cali hizo una precisión sobre aquella experiencia: él no se encontraba en Manabí cuando ocurrió el terremoto.
“Yo no estaba en Manabí cuando fue el terremoto de 2016, estaba en Esmeraldas”, explicó.
Un terremoto que mantiene en alerta a Colombia
En Colombia, las cifras provocadas por el terremoto del lunes continuaban aumentando mientras los organismos de emergencia avanzaban con las labores de rescate. El balance disponible durante la mañana del martes reporta, al menos, 169 fallecidos y más de 600 heridos, además de numerosos edificios y viviendas afectadas.
Cali fue una de las zonas que concentró mayores daños. Allí se registraron colapsos de estructuras y personas atrapadas entre los escombros, mientras equipos de emergencia y voluntarios siguen con las labores de búsqueda y rescate.
Para Valencia, el susto terminó sin consecuencias personales. El ecuatoriano pudo regresar a su departamento y reunirse con su familia antes de conocer la magnitud de la tragedia que había provocado el terremoto en diferentes puntos del país.
Por otra parte, la Dimayor, organismo que rige el fútbol a nivel nacional, suspendió la actividad durante toda la semana. Mientras que la Conmebol hizo lo propio con los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana que se iban a jugar entre martes y jueves en distintas ciudades, entre esos el de Tolima e Independiente del Valle en Ibagué. Fuente: Primicias
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