Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
El fenómeno de El Niño olvidado por las guerras: Guayaquil vivió un «maratón hidrológico» mayor al devastador evento 1997-1998
La historia climática del Ecuador guarda un episodio colosal que quedó sumergido bajo las sombras de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto bélico limítrofe de 1941 con Perú. Entre 1939 y 1942, el país registró un fenómeno de El Niño excepcionalmente prolongado que se extendió durante casi tres años.
Se trató de un evento que alcanzó hasta 29 meses de duración, provocando en Guayaquil un acumulado de lluvias sin precedentes que superó ampliamente las precipitaciones del devastador 1997-1998 (que según las autoridades tiene similitudes con el calentamiento del océano de El Niño actual, 2006-2027).
El maratón hidrológico de 9.000 milímetros
El oceanógrafo y docente investigador Franklin Ormaza expuso los datos disponibles de este evento histórico durante una ponencia en el encuentro “El Niño 360°: Anticiparse es la mejor estrategia”, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).
Según las reconstrucciones climáticas y los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), en el evento de 1940-1942 cayeron en Guayaquil cerca de 9.000 milímetros de lluvia (o litros por metro cuadrado).
Ormaza dijo que el grueso de las mayores precipitaciones se produjeron en un lapso de tan solo cinco a seis meses. Esta masa de agua representa una lámina de agua equivalente a nueve metros de altura —si cayeran lluvias de golpe y no hubiese existido escurrimiento ni evaporación—.
En términos comparativos, durante el Niño extraordinario de 1997-1998 se acumularon 5.990 milímetros en la ciudad, mientras que en el evento de 1982-1983 se registraron algo más de 6.000 milímetros, dijo Ormaza. De este modo, el episodio de 1940-1942 generó 1,5 veces más lluvias acumuladas en Guayaquil que los cataclismos hidrológicos más recordados del finales del siglo XX.

Gráfico de fenómenos de El Niño históricos en Guayaquil, con su nivel de precipitaciones.Cortesía Franklin Ormaza/ Espol/ PRIMICIAS
Un desastre diluido por el contexto bélico internacional
A pesar de que las inundaciones causadas por más de 8.000 a 9.000 litros de agua por metro cuadrado en la ciudad, la memoria colectiva y la documentación oficial de este evento se diluyeron en el tiempo.
Ormaza lo atribuye entre otros factores a la coincidencia con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto armado entre Ecuador y Perú en 1941, que concentraron la atención geopolítica.
Sin embargo, como enfatizó el experto, este evento debe convertirse en el patrón «señero» o de referencia para la ciencia climática nacional.
Existe una paradoja clave expuesta por el investigador: mientras que el evento de 1997-1998 fue oceanográficamente el más fuerte en cuanto al calentamiento de las aguas en las costas ecuatorianas, el evento de 1940-1941 —que comenzó como un Niño entre moderado y fuerte— fue “hidrológicamente el más destructivo” por la acumulación prolongada de lluvia.
El evento se extendió por 28 meses lo que lo ubica en la secuencia 1939-1942 entre las de duración extraordinaria, según informe del Departamento Nacional de Planeación de Colombia Conpes. El Niño 97-98 registró unos nueve meses de lluvias ininterrumpidas.
Según la información expuesta por el investigador, el «maratón hidrológico de Ecuador» que derivó en «un trágico año de 1941» estuvo marcado por condiciones favorables de vientos y por una fase cálida fuerte, lo que provocó un invierno extendido.
La crisis sanitaria incluyó brotes de malaria y de dengue. Entre los impactos se encuentran inundaciones prolongadas y un coste aproximado de contracción del Producto Interno Bruto (PIB) regional, menor que el 15% del impacto al PIB del evento 97-98.

Dos niños nadan en una zona inundad de Calceta, en la provincia de Manabí, en medio de jornadas de lluvias intensas en marzo de 1998, durante el Fenómeno de El Niño que empezó en 1997.Francesco Degasperi / AFP
Lecciones para la gestión de riesgos en 2026
El análisis del evento histórico cobra vigencia en el escenario climático actual de 2026, donde las autoridades monitorean si las altas temperaturas del mar se acoplarán finalmente con la atmósfera para generar un régimen de lluvias severo y en evento de El Niño pronosticado como «muy fuerte».
Aunque el incremento térmico registrado frente a las costas de Ecuador y Perú le genera “preocupación”, el oceanógrafo aclara que El Niño no se sostiene únicamente por la temperatura del mar.

Una fotografía sin retocar sobre las inundaciones prolongadas que vivió Guayaquil en 1941, cerca de lo que hoy es la calle Escobedo en el centro de la ciudad.Cortesía La Memoria de Guayaquil
Para que una masa de agua cálida se traduzca en lluvias torrenciales sobre el territorio continental, es indispensable que exista un acoplamiento entre la atmósfera y el océano, explicó. Las primeras precipitaciones de intensidad serían los primeros indicios de ese acople y del inicio de eventos adversos por El Niño en el país, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Ormaza analizó la evolución reciente de los indicadores y consideró que el evento habría alcanzado ya el punto máximo de su curva de calentamiento. Con base en sus cálculos, se arriesgó a proyectar que Ecuador enfrentaría un evento de magnitud «moderada-alta o fuerte-baja”, descartando por ahora un escenario histórico extremo o de Súper El Niño.
En un «escenario optimista» basado en eventos históricos, el porcentaje estimado de pérdida para Ecuador sería del 9% al 12% del PIB, entre USD 9.600 millones a USD 14.000 millones y tiempo de recuperación sería de 2 a 3 años, según las propias estimaciones de académicos de la Espol. Fuente: Primicias
Nacionales
Liberan a 28 tripulantes de barcos bombardeados por EE.UU. por falta de indicios
Una jueza de Ecuador dejó en libertad a 28 tripulantes de dos de al menos seis embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico en las últimas dos semanas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico tras determinar que no había indicios suficientes para procesarlos.
El Comando Sur de EE.UU. afirmó que los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.
Además, fueron señalados por tener presuntos vínculos con Los Choneros, grupo criminal asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.
Steven Alvia, abogado de los tripulantes del Don Rufo, dijo a EFE que la Fiscalía no presentó cargos porque no tenía pruebas suficientes contra los detenidos.
Estos fueron llevados para una audiencia hasta la isla San Cristóbal, en Galápagos, en lugar de hacia la ciudad portuaria de Manta, a donde habían llegado los tripulantes de los demás barcos.
El Ministerio Público podrá seguir «recabando información, practicando diligencias, tomando versiones, y si ya no encuentra elementos suficientes podrá solicitar el archivo definitivo de la causa«, explicó Alvia.
Decenas de tripulantes han quedado en libertad
Los tripulantes del Montecristi y del Don Rufo se suman a los 28 del Conquista 2 y del OM2 que también salieron libres sin cargos, después de que la Justicia no halló indicios de delito.
Además de ellos, 32 tripulantes de las embarcaciones María Candelaria y también del Conquista 2 salieron bajo libertad condicional, tras ser procesados por el presunto delito de asociación ilícita.
Todavía está pendiente conocer qué sucederá con diez integrantes del Don Rufo que no fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses y que fueron localizados en el mar el jueves por la Armada ecuatoriana.
Estas son cinco de las al menos seis embarcaciones de pesca ecuatorianas que han sido atacadas y destruidas en alta mar desde el 28 de agosto, en una ofensiva a manos de EE.UU. para apoyar la «guerra» que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene desde 2024 contra las bandas criminales.
Consultado el miércoles durante su visita a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que estas operaciones no tienen intención de matar a pescadores y que buscan acabar con el narcotráfico marítimo de estas organizaciones criminales, que según el representante de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, actúan como terroristas. Fuente: Vistazo
Nacionales
CENARC UTPL impulsa la mediación como alternativa ágil para la resolución de conflictos
Resolver conflictos mediante el diálogo y sin recurrir necesariamente a un proceso judicial es una de las alternativas que ofrece el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CENARC) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), mediante servicios de mediación orientados a facilitar acuerdos voluntarios entre las partes.
El CENARC cuenta con atención en Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca, y brinda mecanismos alternativos de solución de controversias en diferentes áreas, entre ellas familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social o vecinal, tránsito y asuntos tributarios, entre otros.
El proceso se desarrolla con el acompañamiento de un mediador neutral e imparcial, quien facilita el diálogo entre las partes para que sean ellas mismas quienes construyan una solución acorde con sus necesidades e intereses.
Entre las principales ventajas de la mediación se encuentran la posibilidad de alcanzar acuerdos de manera ágil, voluntaria y menos confrontativa que un proceso judicial. Además, el procedimiento tiene carácter confidencial y, cuando las partes llegan a un acuerdo, el acta de mediación adquiere validez jurídica.
¿Cómo acceder al servicio?
Para iniciar un proceso, primero se verifica que la controversia pueda ser sometida a mediación. Posteriormente, el solicitante presenta el formulario correspondiente junto con los documentos habilitantes y cancela la tasa establecida.
Una vez cumplidos estos requisitos, se notifica a la parte invitada y se fija la audiencia de mediación, espacio en el que las partes, con el acompañamiento del mediador, buscan alcanzar una solución mediante el diálogo.
97 procesos atendidos en Loja durante 2026
Las cifras evidencian el alcance de este mecanismo. En lo que va de 2026, el CENARC Loja ha atendido 97 procesos, de los cuales 66 han concluido con acuerdo total, equivalente aproximadamente al 68 % de los casos atendidos.
Pedro Puertas, responsable del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la UTPL, destaca la mediación como una alternativa efectiva para la solución de controversias y como una herramienta que contribuye a fortalecer una cultura basada en el diálogo y la construcción de paz.
A este trabajo se suma el respaldo institucional a los servicios jurídicos de la UTPL, cuya calidad ha sido reflejada en una calificación de acreditación de 99 sobre 100 ante la Defensoría Pública, indicador relacionado con el cumplimiento de estándares para la prestación de servicios jurídicos.
El costo de la mediación es de USD 25, lo que permite acceder a este mecanismo alternativo para la atención de conflictos susceptibles de ser resueltos mediante acuerdo.
Para conocer los requisitos y el procedimiento de acceso, los interesados pueden consultar la plataforma de servicios jurídicos de la UTPL: Servicios Jurídicos UTPL.
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales5 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales5 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas
