Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
En Tungurahua cuatro alcaldes y el prefecto cuentan con denuncias por diversos delitos: presuntos enriquecimiento ilícito, estafa, contaminación del ambiente y otros relacionados con violencia de género. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones quedaron archivadas.
Esta es la radiografía de una de las provincias más prósperas del país. Con una población de 584.638 personas, Tungurahua se ha convertido en un centro industrial que genera cada año algo más de USD 4 mil millones. Y se evidencia en los patrimonios de sus autoridades.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcalde con alertas de Contraloría
El alcalde de Baños, Marlon Guevara, quien va por su segundo periodo, es uno de los funcionarios que más acumula procesos en el sistema de la Función Judicial: tres investigaciones archivadas y un sobreseimiento. En 2023 fue electo por la alianza Centro Democrático – Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua (CD–MCAT), que también ganó las alcaldías de Mocha y Patate.
En 2018, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal contra Guevara y tres funcionarios del Municipio, además del representante legal de la empresa Amazonas Building, que ganó la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto Termas de la Virgen, por un valor de USD 6’469.558. La Contraloría había detectado irregularidades en el proceso de licitación. La compañía presuntamente presentó documentos, para acreditar su experiencia, con firmas y montos inconsistentes. Por eso, se presumió un delito de falsificación o uso de documento falso. La comisión técnica y el alcalde manifestaron que cumplieron con todos los aspectos de la Ley de Contratación Pública y que, en la etapa precontractual, no estaban facultados para verificar la autenticidad de las firmas. En enero de 2022, la fiscalía provincial de Tungurahua pidió el archivo de la causa por falta de documentos originales y el vencimiento de los plazos legales. Una jueza aceptó el archivo.
En 2018 y 2021, el alcalde de Baños tuvo otras dos denuncias por el supuesto delito de estafa. El primer proceso fue archivado sin detalles de lo sucedido. El segundo terminó en sobreseimiento tras el pagó una deuda de USD 12.000 a una proveedora de Patate, por la confección de unos implementos deportivos, por lo tanto, la Fiscalía retiró los cargos.
Violencia de género e intimidación
En Tungurahua, dos alcaldes han sido vinculados a casos relacionados con violencia de género. Danilo Ortiz, del cantón Mocha, fue denunciado por presunta violencia psicológica en septiembre de 2022. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de conciliación y la investigación quedó archivada. En respuesta al pedido de su versión el alcalde dijo telefónicamente que no habían las pruebas suficientes y que por eso se archivó.
El alcalde de Patate, Hernán Medina, enfrentó una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con violencia intrafamiliar. El caso también fue archivado.
Finalmente, Pablo Velasco, alcalde de Quero, registra una investigación previa por el presunto delito de intimidación contra una mujer en el cantón La Libertad (Santa Elena). El caso se archivó.
El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, cuenta con tres investigaciones: dos fueron archivadas y la otra continúa en trámite. Las tres tienen relación con sus funciones cuando fue alcalde de Pelileo.
La primera causa se originó tras una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en 2014 por un presunto delito ambiental. En documentos judiciales se explica que el agua utilizada por las lavadoras de jeans del cantón va directo a los ríos y los estaría contaminando. El caso sigue en investigación previa luego de que un fiscal quisiera archivarlo, pero la solicitud fue negada y el expediente pasó a otro agente.
La segunda investigación previa inició en el 2016, cuando un ciudadano acusó a Caizabanda de presunta usurpación ya que autoridades municipales habían ingresado a sus terrenos para remover la tierra y construir un estadio. El juez declaró la causa como desierta y la archivó.
Un año después, en 2017, se abrió una nueva investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pero fue archivada.
Las autoridades de Tungurahua se caracterizan por tener patrimonios altos. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza Telenchana (Pachakutik), registra en la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 1.140.929 en 2025. Entre 2023 y 2024, tuvo un aumento del 25% pasando de USD 904.864 a USD 1.131.082, en un año.
La funcionaria es accionista y administradora actual de Chibuleo Motors Cía. Ltda., según el portal público de la Superintendencia de Compañías. La empresa se dedica a la venta de vehículos nuevos y usados. El pago de impuestos de Caiza también ha aumentado en los últimos años. En 2022, cuando aún no era alcaldesa, canceló USD 826 por el impuesto a la renta. Mientras que, en 2025, el valor abonado al SRI fue de USD 6.964.
El alcalde de Mocha, Danilo Ortiz, también registra un patrimonio en ascenso. Él lleva en el cargo siete años. Fue reelecto en 2023 con más del 80%, una de las votaciones más altas del país. Ortiz arrancó su primer mandato en 2019 con una declaración patrimonial juramentada de USD 410.013. En 2025 su patrimonio declarado llegó a USD 771.238, lo que representa un incremento del 88%. equivalente a USD 361.225.
En la página de la Superintendencia de Compañías identifican al alcalde Danilo Ortiz como accionista de la Compañía de Transporte Pesado Internacional Nueva Generación en Transporte Nugetrans S.A.. Además, tiene un RUC como productor de leche desde 2006.
Danilo Ortiz conversó por teléfono con el equipo de Spondylus Info Lab. El alcalde de Mocha dijo que el aumento del patrimonio se debía a que, en su primer periodo, hizo una gestión para revalorizar los predios que habrían pasado de 50 centavos a USD 5,00 en la zona urbana y USD 3,00 en la zona rural. Se le solicitó que envíe por mail los documentos que sustenten estas afirmaciones sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
De hecho, la finca que registra Ortiz, en 2019 estaba avaluada en USD 350.000 y, en 2025, su valor bajó a USD USD 303.737. De igual manera la diferencia entre sus bienes inmuebles de 2019 y los de 2025 (eliminando los 3 terrenos, y la casa obtenida después de ese año) es de apenas USD USD 5.715.
También existen funcionarios con patrimonios relativamente más moderados. El alcalde de Patate, Hernán Medina Castro (CD/MCAT) tiene USD 153.650. El líder del cantón Quero, Pablo Velasco Garcés (SP), contabiliza USD 147.800. Mientras que, el prefecto Manuel Caizabanda (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio de USD 119.324. En 2025 este cayó a USD 95.887.
Saltos patrimoniales
Marlon Guevara, ha sido alcalde de Baños en los últimos dos periodos consecutivos: 2014-2019 y 2023-2027, arrancó su segundo mandato, en 2023, con un patrimonio de USD 1.255. En 2025 esa cifra aumentó a USD 54.680, equivalente a un aumento de 4.256%.
Acercando la lupa, dentro de los bienes declarados en 2023 se encuentra un terreno en Tungurahua, un departamento y una casa en Pichincha, todo avaluado en USD 233.949. Lo que hace la diferencia es que, en 2025, dentro de los bienes inmuebles se suma otro terreno, también en Tungurahua, con un valor de USD 63.642. Adicionalmente, una deuda personal registrada por Guevara bajó de USD 220.000 a USD 180.000 entre 2023 y 2025.
Ramírez respondió a Spondylus Info Lab que, el incremento patrimonial entre 2023 y 2024 “no representa un enriquecimiento injustificado”, sino la incorporación de un bien inmueble avaluado en USD 60.000 comprado en 2019 y que por error fue omitido en la declaración inicial de 2023.
Por su parte, el burgomaestre del cantón Cevallos, Carlos Soria, inició su gestión en 2023 con un patrimonio de USD 233.700. Un año después, ese valor aumentó en 37%, pasando a USD 320.964, es decir una diferencia de USD 87.264. En 2025 se halló un disminución del 30% en su patrimonio declarado en 2025, con un valor de USD 224.964, es decir bajó en USD 96.000 y tiene relación con una deuda contraída entre 2024 y 2025 por el valor de USD 120.000 con un saldo que pagar de USD 109.000.
El alcalde de Pelileo, Gabriel Nicanor Zúñiga Silva, tuvo un crecimiento patrimonial constante del 5% por año, es decir, en 2023, declaró un valor de USD 321.376, en 2024 su patrimonio fue de USD 339.263 y, en 2025, este llegó a los USD 355.431.
El burgomaestre explicó a esta alianza periodística que, la variación registrada responde a circunstancias normales, transparentes y debidamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de control competentes. Y que el incremento se debe, principalmente, a la reducción de obligaciones previamente adquiridas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno de Colombia propone reanudar venta de electricidad a Ecuador tras cinco meses de suspensión
Ecuador y Colombia están más cerca de retomar el intercambio de energía eléctrica, luego de que el pasado 22 de enero de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro decidió suspender las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
Y es que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó el 7 de junio de 2026 un borrador de resolución en el que se establece que ese país podrá realizar exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
Cinco meses de suspensión
La decisión de suspender la venta de electricidad se dio hace ya cinco meses, justo un día después de que el 21 de enero, el Gobierno de Daniel Noboa impuso una ‘tasa de seguridad’ o arancel de 30% a todas las importaciones de productos colombianos, que llegó a escalar a 100% en mayo de 2026.
Por su parte, además de la restricción de venta de energía, Colombia también impuso aranceles a Ecuador, que comenzaron a regir en febrero.
Pero una vez que los dos países derogaron los aranceles, por lo que dispuso la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó en junio de 2026 en su sitio web un borrador de resolución en el que se establece que ese país podrá realizar exportaciones de energía eléctrica a Ecuador.
El documento estuvo en el sitio web del Ministerio colombiano durante varios días para la recepción de comentarios de la ciudadanía, como manda la ley de ese país, explica Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), de Colombia.
El Ministerio recibió comentarios hasta el 22 de junio de 2026.
Ahora está pendiente que el Ministerio de Minas y Energía de ese país tome la decisión y emita el documento oficial, luego de haber recibido los comentarios de sus ciudadanos.
La línea de transmisión permite que Colombia venda a Ecuador alrededor de 450 megavatios de potencia (MW), lo que equivale a alrededor del 10% de la demanda media, que es de entre 4.200 y 4.500 MW.
Y en el caso de Colombia, la energía que Ecuador le puede vender representa alrededor del 2,5% de la demanda promedio del país, dice Castañeda.
Ministro Blum reconoce que Colombia es importante
El ministro Energía, Juan Carlos Blum dijo a PRIMICIAS que para Ecuador es importante que se vuelva a abrir el intercambio de energía con Colombia.
«Siempre es bueno estar interconectado y tener diferentes opciones. Es muy importante Colombia», aseveró.
Y es que la energía eléctrica de Colombia ayudaría a reducir los riesgos de cortes de luz en Ecuador, puesto que el déficit de generación para la época de estiaje o seca en el país, es de alrededor de 1.300 MW, según el Gobierno. Con Colombia, el déficit energía eléctrica de Ecuador bajaría a 850 MW.
Está previsto que en octubre de 2026 comience en Ecuador el estiaje; esto es, cuando por menores lluvias, caen los caudales de los ríos. Con esto, la generación de las centrales hidroeléctricas del país cae drásticamente.
Normalmente, el estiaje en Ecuador suele extenderse hasta marzo del siguiente año.
Colombia enfrentará problemas por El Niño
Pero, aunque se reabra la vía legal para retomar la venta de energía, el factor climático es un desafío.
Esto, debido al Fenómeno de El Niño, que en Colombia amenaza con causar sequías que mermaría su producción hidroeléctrica.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), de Colombia, explica que si se reabre la venta, Colombia podría vender energía en este mes y hasta octubre, «pero no sé qué pueda pasar en noviembre», añade.
Esto, debido a que por el Fenómeno de El Niño, ese país espera una fuerte sequía que afectaría al país sobre todo en el primer trimestre de 2027, por lo que desde noviembre tendrían que tomar medidas para asegurar la provisión de electricidad para sus ciudadanos.
Transporte de crudo también se reanudará
El pasado 10 de junio, Blum también dijo que está por abrirse el uso del oleoducto para el transporte de petróleo colombiano, que también se había paralizado en medio de la guerra comercial.
«Estamos trazando la hoja de ruta, viendo la reconfiguración de tarifas y la firma de un par de contratos que Petroecuador tiene que ejecutar para reiniciar el transporte», añadió. Fuente: Primicias
Nacionales
Roberto Luque y sus declaraciones patrimoniales: alertan una posible omisión de la Contraloría
Desde el primer periodo presidencial de Daniel Noboa, en noviembre de 2023, Roberto Luque se ha mantenido como ministro a cargo de Infraestructura y Transporte. En medio de los apagones, además, asumió temporalmente la cartera de Energía.
Sin embargo, solo constan sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024. Como consta en el reportaje ‘Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía‘, EXPRESO no encontró registros de 2025 ni de 2026 en la plataforma de la Contraloría General del Estado.
«Los funcionarios de nivel jerárquico superior —por ejemplo los ministros— deben presentar esta declaración de forma anual». Así lo explica Guido Escobar, PhD en Hacienda Pública, experto en temas de la Contraloría y docente universitario. Precisa que esta obligación está establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y en su reglamento.
- El 4 de agosto de 2025, la Contraloría General del Estado remitió al Registro Oficial el acuerdo N.º 031-CG-2025, que contiene el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, emitidas de forma electrónica a través del sitio web institucional.
- En este se especifica que los servidores públicos de nivel jerárquico superior, considerados Personas Expuestas Políticamente, deben presentar información adicional conforme a la ley.
¿Puede justificarse la no presentación de la declaración juramentada en 2025 y 2026?
Escobar responde: » No es posible que no aparezcan en la plataforma; es una omisión del Contralor (Mauricio Torres) y de la Contraloría, habría un nivel de desigualdad o discriminación con otros funcionarios como él. ¿Por qué los unos publicitan sus declaraciones y los otros no? La ley tiene dos principios es obligatoria y es general para todos».
Sobre los efectos jurídicos, recuerda que el artículo 231 de la Constitución establece que la falta de presentación de la declaración al término de las funciones, o la existencia de inconsistencias no justificadas entre declaraciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.
Además, Escobar señala que «el Contralor tienen que darnos respuesta, es el primer responsable constitucionalmente, es el director de orquesta, el responsable de todo el manejo del sistema de control interno del país, tanto más si son funcionarios de ese rango».
¿Cuál es el efecto jurídico de la no presentación de declaraciones en un funcionario de ese nivel?
El artículo 4 de la ley establece que no presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión implica la anulación inmediata del nombramiento o contrato, el cese de funciones del servidor y la remoción del responsable de talento humano que lo posesionó sin cumplir este requisito. Además, la presentación tardía de la declaración no subsana el incumplimiento.
En su reporte más reciente, el patrimonio de Luque asciende a 149.000 dólares. Registra trece cuentas bancarias con fondos que suman 39.000 dólares. Estos datos constan en el reportaje sobre los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y su equipo.
El miércoles 24 de junio de 2026 deberá ampliar su versión sobre el caso Progen, según determinó la Fiscalía.
El comunicado de prensa de Contraloría en agosto del 2025:
La Contraloría recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos entró en vigencia el 29 de julio de 2025.
Y señaló que reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
Por lo que, detalló, «los servidores públicos del Ecuador que se desempeñan en cargos de nivel jerárquico superior y son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado (CGE), entre el 1 y 31 de agosto de 2025, con la siguiente información». Con estos datos:
- Posiciones actuales mantenidas fuera de la función pública, ya sean remuneradas o no, en el país y en el extranjero;
- Fuentes de ingresos adicionales al cargo público, detallando el tipo de ingreso, la fuente, y su valor, percibidos en el país y en el extranjero.
- Remuneración a percibir en el cargo público.
- Sociedades, fideicomisos, arreglos jurídicos y bienes de los cuales sea el beneficiario final el declarante, su cónyuge e hijos menores de edad, en el país y en el extranjero.
¿Quiénes se consideran PEP?
- Todos los cargos de libre elección popular.
- Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada. del nivel jerárquico superior y sus equivalencias.
- Subgerentes de Área.
- Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
- En Fuerzas Armadas y Policía Nacional, desde Teniente Coronel; en la Fuerza Naval, desde Capitán de Fragata.
- Alcaldes, vicealcaldes, concejales, administradores, comisarios, directores.
- Gerentes, subgerentes, asesores, coordinadores, de los gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas;
- Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
- Gobernadores e Intendentes.
- Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
- Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el país en representación de otro Estado).
- Magistrados, jueces, conjueces, fiscales, presidente y vocales, director general y provinciales, asesores nacional y provinciales, coordinadores nacionales y provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Gerentes y directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud.
- Directores del Ministerio de Educación. Fuente: Expreso
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