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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Justicia restaurativa frente a la minería ilegal en Ecuador: El caso de Zamora Chinchipe

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Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

  1. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

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Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19

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El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.

La decisión fue anunciada oralmente por el Tribunal luego de que, a las 17:47, se reinstalara la audiencia de juicio contra los Bucaram y otras dos personas procesadas dentro de esta causa.
La Fiscalía General del Estado informó que Leandro Berrones y Oren Sheinman también fueron declarados culpables, pero en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada. Para ambos, el Tribunal impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión.

El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.

Su hijo Jacobo, por su parte, fue señalado por presuntamente financiar la adquisición de la mercadería mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

Un proceso marcado por audiencias fallidas

El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.

Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.

Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.

Dentro de la investigación también figuró Shy Dahan, ciudadano israelí señalado junto con Sheinman por la comercialización de los insumos médicos. Dahan fue asesinado en 2020 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral. Fuente: Vistazo
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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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