Nacionales
El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano
Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.
Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.
Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.
Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.
En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.
Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.
La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.
Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.
De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.
Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.
Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.
Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.
Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.
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Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.
La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.
En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.
Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.
La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.
El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.
“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias
Nacionales
Cortes de luz temporales se deben a un aumento de sedimentos en Coca Codo Sinclair, informa Energía
El Ministerio de Ambiente y Energía informó este 21 de mayo de 2026 que habrá cortes de luz temporales en varios sectores del país, debido a afectaciones en la operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por el «incremento extraordinario de sedimentos» .
El incremento de sedimentos en Coca Codo Sinclair fue provocado por la crecida de los ríos que alimentan a la central, explicó el Operador Nacional de Electricidad Cenace, de acuerdo con el comunicado de la Cartera de Energía.
Entre las 00:00 y las 12:00 de este jueves, Coca Codo Sinclair operó a un promedio de 808 megavatios (MW), es decir, al 53,8% de su capacidad instalada que son 1.500 MW, según el reporte en tiempo real del Cenace. Sin embargo, una acumulación de sedimentos puede afectar la operación de la central e incluso sacarla de operación, de ahí que el operador activó las medidas.
«El sector eléctrico activo acciones operativas y generación adicional para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible», señaló el Ministerio en su comunicado.
La Cartera de Estado explicó a PRIMICIAS que, debido a que este evento se desarrolla en tiempo real y requiere acciones inmediatas para proteger la infraestructura eléctrica y mantener la estabilidad del sistema, «se efectuarán desconexiones temporales en varios sectores del país hasta que las maniobras de limpieza duren».
Según el comunicado de Energía, las empresas distribuidoras «informarán oportunamente» sobre los sectores afectados con cortes de luz temporales.
De hecho, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó en redes sociales a las 12:10 de este 21 de mayo que, conforme a esta disposición, se encuentran afectados los siguientes sectores de Quito: Pomasqui, Barrio Nuevo, El Bosque, Conocoto, Iñaquito, Cumbayá, Río Coca, El Inga Bajo y sus alrededores.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/economia/operacion-coca-codo-sinclair-afectacion-incremento-sedimentos-cortes-luz-apagones-123371/
El Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la jueza María Daniela Ayala, quien estaba a cargo del proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La decisión fue tomada por el pleno del organismo el 21 de mayo de 2026, en el marco de un expediente disciplinario abierto en su contra.
Nadia Larco Bravo
Cuestionamientos por decisiones en audiencia clave
La sanción se relaciona con la actuación de la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos del caso, en la que optó por no dictar prisión preventiva para algunos procesados señalados como presuntos autores intelectuales.
En su lugar, Ayala dispuso medidas alternativas, como la presentación periódica ante autoridades consulares en el exterior para José Serrano y Xavier Jordán.
Según el análisis del organismo disciplinario, la jueza habría actuado con irregularidades al no acoger el pedido de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la fundamentación de su decisión.
Magnicidio. El expediente fiscal del caso Villavicencio está compuesto por versiones, pericias, chats, etc.
Antecedentes del proceso disciplinario
La destitución se produce tras una serie de acciones previas contra la funcionaria. En 2025, la jueza había sido suspendida de manera temporal mientras se investigaba su actuación durante la misma audiencia, luego de una denuncia presentada por la Fiscalía.
En ese proceso también se analizaron expresiones emitidas por la magistrada durante la diligencia, consideradas fuera de su rol dentro del sistema judicial. Estas actuaciones dieron paso a un sumario administrativo que culminó con la sanción definitiva.
Caso Villavicencio sigue en investigación
El proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio continúa en curso y busca determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del crimen, ocurrido en agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito.
La investigación involucra a figuras políticas y empresariales, y ha estado marcada por decisiones judiciales que han generado polémica pública y debate en torno a la independencia de la justicia. Fuente: Expreso
Nacionales
La Tertulia Jurídica se consolida como uno de los principales espacios académicos del país
El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.
Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.
Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.
“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.
La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.
Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.
Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.
Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.
Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.
Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.
“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.
El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.
Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.
En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.
“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.
El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.
Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.
Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.
“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.
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