Nacionales
El asesinato de Don Víctor Guaillas no quedará en la impunidad ni en el olvido.
Tratábamos de comunicarnos una vez por semana. Me llamaba para «reportarse» e indicarme lo qué le sucedía: «estoy bien, doctor David. Cada vez más flaco porque no hay tanta comida en el economato y cada vez se pone más caro todo. Con pena porque es feo estar encerrado y me da pena no poder ver a mis wawas, qué no más les hará falta», me decía con una voz tenue, pero que trataba de agarrar fuerza de donde sea posible
Nunca perdió la esperanza.
Don Víctor tenía 50 años de edad, los cumplió el 25 de agosto.
Era una persona con una discapacidad y sin el privilegio de tener carnet. Fue un campesino sin tierra, rentaba una parcela para poder trabajar. Padre de una extensa familia, incluyendo seis wawas menores de edad para quienes era su sustento económico, responsabilidad que ahora recae completamente sobre su viuda, doña Adriana, y las hijas mayores.
A Don Víctor le convirtieron en un paria dentro de la administración de justicia, porque era el responsable que los sectores que gobernaban con Moreno tanto buscaban para sostener su discurso de odio por el Paro Nacional de Octubre de 2019.A don Víctor le negaron su Habeas Corpus, porque él no tiene panas jueces ni puede comprarselos.
Los que gobernaron con Moreno, y ahora con Lasso, lo convirtieron en un enemigo de la «sociedad de bien» que existe sólo en su metro cuadrado de privilegios, donde la protesta social es de vagos; donde luchar por los derechos más fundamentales es de delincuentes; donde la dignidad depende de tu apellido. A Don Víctor lo mató Moreno, lo mató Lasso, porque sus gobiernos transformaron a las personas privadas de la libertad de un sector de atención prioritaria a ciudadanos de segunda y tercera categoría; carne de cañón empobrecida y despojada para el crimen organizado que poco a poco fue remplazando al Estado en los centros de Privación de libretad de todo el país.
Con el Panchito y todos mis compañeros de Kuska íbamos firmes a luchar por su libertad e inocencia en la audiencia de apelación que iba a suceder el 4 de enero de 2022. ¡¡En poco menos de 2 meses!! Es el segundo compañero defensor del Agua que los desgobiernos nos arrebatan este año. El Tío Andrés y don Víctor no caerán en el olvido.
Las palabras no me son suficientes pero la rabia, digna y firme, me es infinita. No descansaremos hasta lograr verdad, justicia y reparación para ambos.
Por: David Fajardo
Nacionales
Las ventas crecieron 16,7% en julio de este año
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que en julio pasado las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron los USD 25.607,3 millones, lo que representa un crecimiento del 16,7% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron USD 21.939,8 millones.
La entidad indicó que dichas cifras evidencian el dinamismo de la actividad productiva y el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la inversión, fomentar la generación de empleo y consolidar un entorno de mayor estabilidad.
El SRI señaló que el crecimiento de julio también se vio reflejado en sectores estratégicos de la economía, como la construcción, que lideró el desempeño con un incremento del 38,1%, seguida por las actividades de salud, que crecieron 33,8%, y el sector de transporte y almacenamiento, con un aumento del 26,9%.
A escala territorial, el comportamiento de las ventas también fue positivo en varias provincias. Orellana registró el mayor crecimiento, con un 42%, seguida de Zamora Chinchipe, con 27%; Santa Elena, con 25,6%; y Chimborazo, con 24,6%, consolidándose como las jurisdicciones con mayor dinamismo económico durante el mes.
En términos de volumen de ventas, Pichincha y Guayas concentraron el 72% del total registrado en julio, al alcanzar USD 9.516,2 millones y USD 8.933,3 millones, respectivamente, lo que refleja el peso de ambas provincias en la actividad económica nacional.
Nacionales
Hasta dos minutos de sismo que se sintieron eternos: cuánto duró el terremoto en Colombia
El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.
¿Cuánto duró?
El Servicio Geológico Colombiano, explicó en su cuenta de X, que no hay una sola respuesta. “Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, indica.
La institución señala que, para monitorear la actividad sísmica, se usan sismómetros que son capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir.
“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”, asegura.
En el caso del ́ , ́ de movimiento significativo. Sin embargo, algunos ciudadanos contaron que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. “Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, apunta. (I) El Universo
Nacionales
Una sentencia, otra en proceso y un juicio por definir: así avanzan los tres procesos judiciales de Aquiles Alvarez
Una condena, una sentencia pendiente y un tercer proceso a punto de definir si llega a juicio. Ese es el panorama judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien en menos de una semana quedó condenado, en primera instancia, a tres años de prisión en el caso Grillete; espera el veredicto del tribunal en el caso Triple A y se prepara para que desde este martes 11 de agosto se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que ha enfrentado dilaciones por una serie de incidentes procesales.
Los tres expedientes avanzan de manera independiente, pero tienen un punto en común: todos se desprenden de investigaciones relacionadas con la actividad empresarial del alcalde o con las medidas judiciales que enfrentó durante esos procesos.
El primer fallo: el caso Grillete
El único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.
El Tribunal de Garantías Penales declaró, el pasado 3 de agosto, culpable a Alvarez como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de concluir que incumplió la obligación de portar permanentemente el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.
La Fiscalía sostuvo que el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio de Samborondón, agentes policiales encontraron al alcalde sin el grillete electrónico colocado.
Por ese motivo, la sentencia se sustentó exclusivamente en el incumplimiento de portar el dispositivo y no en una supuesta manipulación del equipo.
El tribunal impuso tres años de prisión —la pena máxima prevista para ese delito—, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 4.820), disculpas públicas y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.
La defensa, a cargo del abogado Julio César Cueva, anunció que apelará el fallo una vez que reciba la sentencia escrita.
Triple A espera el veredicto
Mientras tanto, el proceso más antiguo, conocido como Triple A, ya concluyó su etapa de juicio y permanece en fase de deliberación.
En esta causa, la Fiscalía acusa a Alvarez y a otros 21 procesados de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Después de varios meses de audiencia, el tribunal cerró, el pasado 2 de agosto, el debate y ahora debe resolver si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria.
La Fiscalía solicitó que se imponga la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, al considerar que existen agravantes en la comisión del delito, además de multas, reparaciones al Estado y la clausura definitiva de varias empresas procesadas.
Durante el juicio comparecieron decenas de testigos y peritos, quienes sustentaron informes financieros, tributarios y técnicos elaborados con información de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La defensa, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que la responsabilidad penal no puede fundamentarse únicamente en la calidad de Alvarez como representante legal de las empresas investigadas.
El tribunal aún no ha fijado la fecha en la que dará a conocer su decisión. Pero, según la fiscal del caso Ruth Amoroso, debería conocerse antes de que caduque la prisión preventiva de Alvarez en este caso, el próximo 7 de septiembre.
Goleada intentará instalarse este 11 de agosto
El tercer frente judicial corresponde al caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga a Aquiles Alvarez y otras 25 personas por el presunto delito de lavado de activos, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa, Fiorella Icaza; y, su madre, Gioconda Henriques.
Tras varios diferimientos, el juez anticorrupción Jairo García fijó un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollará entre el 11 y el 28 de agosto, en jornadas presenciales y virtuales.
La diligencia llega después de que tres convocatorias anteriores no pudieran instalarse: la primera fue suspendida por una recusación presentada por la defensa del alcalde; la segunda se aplazó porque coincidía con el juicio del caso Grillete; y la tercera fue declarada fallida por la inasistencia del abogado de uno de los procesados, Andrés Viteri, primo de Alvarez. El jurista fue sancionado.
Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones, el juez dispuso que la audiencia tendrá carácter improrrogable, advirtió que aplicará medidas correctivas ante cualquier inasistencia y ordenó que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la representación de cualquier procesado que se quede sin abogado particular durante la diligencia.
Además, negó un pedido de la defensa de Xavier Alvarez para ausentarse por una intervención médica programada en Estados Unidos, al considerar que el proceso debe tramitarse con celeridad.
En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio y las defensas expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva si llama o no a juicio a los 26 procesados. La Fiscalía sostiene que conformaron una presunta estructura empresarial utilizada para lavar activos provenientes de operaciones relacionadas con combustibles, acusación que las defensas rechazan. Fuente: El Universo
(I)
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