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El miércoles 2 de septiembre en el programa de la “Tertulia Jurídica”, se analizó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista y conferencista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y exjuez de un tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado entre 2022 y 2026. Actualmente se desempeña como experto independiente en estas materias.

Durante el programa, Serrano explicó las diferencias entre delincuencia común, codelincuencia y delincuencia organizada, esta última entendida como una estructura criminal con roles definidos y capacidad para desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal y lavado de activos.

El jurista señaló que el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige acreditar elementos como la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, finalidad de cometer delitos con penas superiores a cinco años y un objetivo de beneficio económico.

También destacó que las investigaciones pueden extenderse entre ocho meses y un año, debido a la necesidad de identificar estructuras, roles y evidencias mediante herramientas como interceptaciones de comunicaciones, vigilancias, seguimientos y análisis de dispositivos, siempre bajo autorización judicial.

Serrano advirtió, además, sobre la importancia de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de derechos fundamentales, particularmente la intimidad, privacidad y debido proceso. Finalmente, recordó que se trata de un fenómeno transnacional y destacó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.

El análisis planteó la necesidad de fortalecer la investigación especializada y la cooperación internacional, sin debilitar las garantías que sustentan el Estado de derecho.

Días antes de que el expresidente colombiano Gustavo Petro viaje a México, en donde se reunió con el exmandatario Rafael Correa, la aerolínea Avianca había cancelado sus tiquetes para viajar entre Bogotá y Ciudad de México.

Los pasajes fueron comprados a través de una agencia de viajes de Ecuador. El vuelo de ida estaba previsto para el 30 de agosto de 2026 y el de regreso a Colombia para el 2 de septiembre. Pero el 24 de agosto, Petro recibió una carta de la aerolínea en la que la informaba sobre la cancelación de los pasajes.

La reserva realizada por la agencia de viajes ecuatoriana era para tres personas, pero la cancelación únicamente fue para Petro, según consta en la carta de Avianca.

¿Cuál fue la razón de la cancelación de los tiquetes de Petro? El origen del problema está en una sanción que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al expresidente colombiano el año pasado.

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La aerolínea colombiana justificó que, al tener operaciones comerciales en Estados Unidos, está sujeta a las regulaciones de sanciones económicas de la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro.

«Dichas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, incluida la prestación de servicios a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas», como es el caso de Petro, argumentó Avianca en su carta.

La aerolínea colombiana añade que la cancelación de los pasajes se dio «con el único fin de dar cumplimiento a esta regulación».

Los ticketes de avión fueron comprados en efectivo, por lo que la aerolínea solicita a Gustavo Petro los datos de la cuenta bancaria de la persona que realizó la compra a través de la agencia de viajes de Ecuador para realizar el reembolso del dinero.

Petro no había hecho público el indicente, hasta cuando los medios colombianos difundieron la noticia esta semana. El 4 de septiembe, en su cuenta de X, el exmandatario colombiano responde a Avianca que «la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EE.UU.»

Añade que Avianca no es una empresa de los Estados Unidos , por lo que, «al negar el tiquete, cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas. Y afirma que «se trata de una exclusión por razones politicas».

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La aerolínea Avianca hizo posteriormente un pronunciamiento público.  “Nuestra relación con el país y sus gobernantes trasciende cualquier coyuntura y la presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca”, según cita El Tiempo de Bogotá. Fuente: Primicias