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El 5 de febrero de 2023 los ecuatorianos acudirán a las urnas

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 7 de febrero de 2022, aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria el Calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023 que establece que el sufragio se realizará el 5 de febrero del próximo año.

Entre las fechas más importantes están: brigadas de cambios de domicilio que se realizarán del 14 de abril al 14 de mayo de 2022; elecciones primarias a desarrollarse del 22 de julio al 5 de agosto de 2022; del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2022 será la inscripción de candidaturas; la campaña electoral se realizará del 3 de enero al 2 de febrero de 2023. Así también dentro de la planificación electoral está la realización de debates electorales obligatorios para Prefecturas y Alcaldías.

De acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia, la posesión de las nuevas autoridades se realizará el 14 de mayo de 2023. (I)

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¿Cuánto pagaría Ecuador a PowerChina por operar Coca Codo Sinclair por 25 años?

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La operación y mantenimiento de la hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair (CCS), estaría, durante 25 años, en manos de PowerChina, según confirmaron a PRIMICIAS altas fuentes del Gobierno.

PowerChina es la casa matriz de la empresa china Sinohydro, que es, de hecho, la misma que construyó esta polémica obra.

El Gobierno de Daniel Noboa se habría comprometido a firmar un contrato que prevé pagos de USD 60 millones anuales a PowerChina por esos servicios durante 25 años.  Es decir, en total, Ecuador terminaría pagando unos USD 1.500 millones a la empresa china; lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.

La inversión que el Estado hizo en esta central fue de unos USD 2.763 millones. Con una capacidad máxima de 1.500 megavatios, Coca Codo Sinclair es la hidroeléctrica más grande de Ecuador. Por sí sola cubre entre el 20 y 25% de la demanda nacional del sistema eléctrico nacional interconectado.

El contrato para la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) reciba definitivamente la obra.

Y esto está próximo a suceder, pues el 6 de abril de 2026 PowerChina ya envió a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la solicitud para la recepción definitiva del proyecto.

«El Acta de Recepción Definitiva deberá firmarse a más tardar el 17 de abril de 2026», indica el oficio firmado por Sheng Mingzhong, gerente encargado del proyecto, de Sinohydro.

¿Por qué recién se está planeando la recepción oficial de la obra? Pese a que esta hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, la central nunca se recibió formalmente por los graves problemas detectados en la infraestructura.

Según un informe de la Contraloría General del Estado de 2018, había más de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo, que tiene unos 1.500 megavatios de potencia. Las fisuras han ocasionado paralizaciones de la central que han ocasionado una reducción de la generación eléctrica.

Y advirtió que esos defectos en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas, valorada en USD 1.011 millones.

Esa es una cifra cercana a lo que el Gobierno prevé destinar este 2026 a bonos y subvenciones sociales como el Bono de Desarrollo Humano y el Bono 1.000 Días para prevenir la desnutrición infantil.

Y de hecho, por las miles de fisuras y los graves riesgos para la operación de la hidroeléctrica, la Contraloría ordenó no aceptar la obra a menos que la constructora reemplace esos equipos claves de la central que reportan miles de fisuras.

Por todos estos problemas, Celec planteó un arbitraje internacional en contra de Sinohydro en 2021.

En mayo se firmaría el nuevo contrato con la empresa china
PowerChina ya había iniciado en 2022 una serie de conversaciones con el Gobierno de Guillermo Lasso para buscar una salida amistosa a la disputa por Coca Codo Sinclair. Pero, tras la muerte cruzada, el Gobierno de Lasso terminó de forma anticipada y los diálogos no siguieron.

Pero en el viaje a China, el 27 de junio de 2025, el presidente Daniel Noboa tuvo un nuevo acercamiento. entonces, el Gobierno acordó con Petrochina firmar un contrato para la operación y mantenimiento de la central, como ya ha anunciado la ministra de Energía, Inés Manzano.

Está previsto, según pudo conocer PRIMICIAS, que PowerChina y Celec firmarán el contrato de servicios de operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair «dentro de los 30 días posteriores a la emisión del documento de recepción de la hidroeléctrica por parte de Celec a Sinohydro.

Si esto se concreta, esto significaría que en mayo de 2026 ya se debería firmar el contrato para que la empresa china se haga cargo de Coca Codo.

En febrero de 2026, la ministra Manzano ya había anticipado que la empresa china no se haría responsable por daños causados por eventos de fuerza mayor, como la erosión regresiva que afecta al río Coca y que amenaza con destruir la toma de agua, u obras de captación, de la hidroeléctrica.

Sin embargo, todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.

En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec, Sinohydro solo detalla que los pendientes se transferirán al nuevo contrato con Power China y añade que tendrá que «atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere, incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».

Es decir, queda abierta la posibilidad de que se repare o reemplace los distribuidores con miles de fisuras, pese a la disposición de la Contraloría de que Sinohydro debía cambiar los equipos antes de su entrega.

¿Habrá compensación de PowerChina para Ecuador?
La ministra de Energía, Inés Manzano, también había adelantado en febrero que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».

Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado. Fuente: Primicias

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De cadena perpetua a 27 años de cárcel, la misteriosa negociación del ‘Gato Farfán’ en Estados Unidos que hace temblar a sus socios

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El 7 de abril de 2026, la Fiscalía de los Estados Unidos presentó formalmente el cuadro resumen de sentencia en contra del narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato ‘Farfán’, en el cual recomendó una pena de 324 meses de prisión, el equivalente a 27 años, y cinco años de libertad supervisada.

‘Gato Farfán’ es considerado por Ecuador como uno de los narcotraficantes de mayor relevancia. Fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia y actualmente es juzgado por su papel como enlace de los carteles mexicanos de la droga.

La condena de quien se considera uno de los mayores capos del mundo estaba prevista para ser leída inicialmente el 14 de abril de 2026 en la Corte del Distrito Sur de California. Sin embargo, un día después de la recomendación de sentencia, tanto la defensa de Sánchez, encabezada por el abogado Matthew J. Lombard, como el fiscal Kyle Martin ingresaron una moción conjunta para aplazar la audiencia.

El argumento principal fue la necesidad de otorgar a la defensa tiempo adicional para preparar los documentos de la sentencia, por lo que solicitaron a la Corte reprogramar la comparecencia judicial para el 18 de mayo de 2026, a las 10:00. La petición se aceptó de inmediato.

Este aplazamiento marca el clímax de un largo proceso judicial contra un hombre cuya pena original, según la Oficina de Libertad Condicional estadounidense, apuntaba irreversiblemente a una cadena perpetua, pero se redujo drásticamente tras una negociación.

El ‘Gato Farfán’
La vinculación de Sánchez Farfán con cabecillas del mundo del narcotráfico tomó fuerza alrededor de 2010. En sus inicios, la Policía lo señaló como el principal responsable de montar cinco laboratorios para la producción de cocaína en Ecuador, los cuales fueron desmantelados y destruidos entre mayo de 2010 y abril de 2012.

Su primer gran tropiezo con la justicia ocurrió el 6 de junio de 2013 durante el denominado operativo Galaxia, cuando fue detenido junto a Telmo Castro, un excapitán del Ejército ecuatoriano -enlace del Cartel de Sinaloa-, mientras intentaban enviar casi media tonelada de cocaína a México desde una pista de aterrizaje clandestina en El Empalme, provincia de Guayas.

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Por este delito, Farfán fue condenado a cuatro años de cárcel, a finales de 2014, pero en enero de 2016 recuperó su libertad de manera anticipada gracias a un beneficio de prelibertad concedido por un cuestionado juez.

Desde ese momento, alias ‘Gato Farfán’ se sumergió en la clandestinidad y construyó un imperio, con el despacho de toneladas de cocaína desde el sur de Colombia hacia América Central, México y Estados Unidos, utilizando aviones privados, lanchas y contenedores comerciales.

El 10 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, bloqueando todos sus bienes y calificándolo abiertamente como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo.

Su reinado en las sombras terminó el 9 de febrero de 2023, cuando fue capturado en Pasto, Colombia, gracias al cruce de sus huellas dactilares y la identificación de un tatuaje, al intentar evadir un control policial de rutina presentando una cédula falsa. Casi un año después, el 25 de enero de 2024, fue extraditado a los Estados Unidos para rendir cuentas.

El acuerdo y la incógnita
La premisa central que envuelve este caso radica en que la sentencia de Sánchez Farfán pudo ser mucho más severa -hasta llegar a una cadena perpetua-, pero al haberse declarado culpable y negociado con la justicia de Estados Unidos, ahora la fiscalía busca un fallo más benevolente.

A su llegada a suelo estadounidense a principios de 2024, el capo ecuatoriano se declaró inocente de los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína. No obstante, tras revisar las pruebas, que incluían más de 7.000 páginas de evidencias documentales, descargas de teléfonos celulares y transcripciones de llamadas satelitales interceptadas, su defensa empezó a negociar un acuerdo legal en mayo de 2024.

Finalmente, el 15 de mayo de 2025, Sánchez Farfán cambió su versión y aceptó los cargos ante la jueza magistrada Bárbara Lynn Major.

Gracias a este acuerdo de culpabilidad, el fiscal Kyle Martin aplicó ajustes a la baja en la fórmula de la condena, restando tres niveles por aceptación de responsabilidad y dos niveles adicionales por la disposición del acusado a renunciar a su derecho de apelación.

Este cálculo matemático permitió reducir el rango de la pena de una cadena perpetua segura a un espectro de 324 a 405 meses de prisión.

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Esta drástica rebaja abre una interrogante sobre los nombres y la información que el narcotraficante entregó a las autoridades para acceder a este beneficio.

En el sistema judicial de los Estados Unidos, los acuerdos de culpabilidad y las posibles reducciones de condena exigen ineludiblemente que el acusado admita todos los hechos y, como condición, delate a sus cómplices para desmantelar las operaciones transnacionales.

Sin embargo, según la normativa estadounidense, la parte de cooperación del acuerdo de culpabilidad pocas veces se hace pública, ya que sirve para otras investigaciones y para precautelar la seguridad del cooperante.

La red de vínculos del ‘Gato Farfán’
Para responder la incógnita sobre los secretos que podría guardar el capo para salvarse de la prisión de por vida, los expedientes judiciales y reportes de inteligencia revelan una extensa red de socios que el narcotraficante tuvo.

En Ecuador, Sánchez Farfán cimentó su seguridad y logística en una sociedad con Los Choneros, cuyo líder histórico, el asesinado Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, fue su principal escudo. Tras la caída de este aliado, alias ‘Gato Farfán’ formó el denominado Cartel Nueva Generación Ecuador, articulando a bandas sanguinarias como Los Lobos y Los Tiguerones.

A nivel financiero interno, construyó un entramado empresarial que lavó cerca de USD 17 millones a través de constructoras y camaroneras como Sanfarmar y Crealto, esquema en el cual utilizó a sus hermanos Lenín y Deice, a su esposa Mónica Chávez, y a colaboradoras como Diana Montiel y Gladis Solarte.

En el extranjero, su alcance era igualmente amplio. En Colombia, coordinaba la obtención de drogas en laboratorios fronterizos con el Frente Oliver Sinisterra -disidencia de las FARC- y operaba con figuras en proceso de extradición como Norberto Enrique Muriel Castrillón y D.M.A., quien el Gobierno ecuatoriano lo ubicó como uno de sus objetivos militares.

Sus conexiones en México eran de primer nivel, nutriendo de cocaína directamente al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación mediante emisarios como Miguel Ángel Valdez Ruiz, su enlace comprobado con Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, detenido en julio de 2024 y también extraditado a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también rastrean los fondos de Sánchez en Culiacán a través de Agrícola Sabael, una sociedad anónima misteriosamente ligada a Pedro Valenzuela Meza, alias ‘Pedrón Ántrax’, un sicario del Cartel de Sinaloa que fue asesinado por militares en 2011.

Como si fuera poco, el capo ecuatoriano tendió rutas directas hacia Europa aliándose con el Clan Devesa en puertos españoles y tejiendo lazos con la mafia albanesa, estructura representada por el ciudadano Artur Rrapaj, quien fue capturado en Samborondón en febrero de 2023 con teléfonos satelitales y cuantiosas sumas de dinero en efectivo.

¿Qué se viene?
Tras concretarse la declaración de culpabilidad, la Corte Sur de California ordenó la preparación de un informe presentencial, un documento técnico elaborado por la Oficina de Libertad Condicional que reúne el historial del reo, la gravedad del delito y plantea la sentencia recomendada para el magistrado.

La etapa culminante de todo este aparato de justicia es la audiencia de imposición de la condena, en la que el juez evalúa exhaustivamente los hechos probados, revisa las pautas de sentencia y calibra los acuerdos pactados con la Fiscalía para dictar el fallo final e inapelable.

Durante esta diligencia, reprogramada para el 18 de mayo de 2026, la defensa y la parte acusadora presentarán sus argumentos concluyentes.

Más allá del inminente encierro carcelario, las leyes federales establecen que se debe dictar una sanción económica de restitución y ejecutar el decomiso penal de las propiedades derivadas del narcotráfico.

El Gobierno de los Estados Unidos ya ha notificado formalmente su intención de confiscar USD 899.980 en efectivo incautados y más de USD 616.058 vinculados a las cuentas de Agrícola Sabael.

Una vez que el juez decida, y dado que Sánchez Farfán renunció expresamente a su derecho constitucional de apelar la decisión, el dictamen quedará en firme y el narcotraficante será trasladado a una prisión federal de alta seguridad. Fuente: Primicias

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Noboa afirma que Ecuador entra en una ‘etapa pacificadora’ tras golpe a bandas criminales

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país atraviesa una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, a la que calificó como una “etapa pacificadora”, tras un periodo marcado por altos niveles de violencia.

El mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista con el medio internacional Bloomberg, donde señaló que la captura de cabecillas —como el líder de Los Choneros, alias “Fito”— provocó disputas internas entre estructuras criminales, lo que habría incidido en el aumento de la violencia.

“Cada etapa de la guerra es diferente. El año 2025 fue de mucho conflicto y también atrapamos a muchos líderes de bandas. Eso creó conflictos en el segundo y en el tercer nivel”, señaló Noboa.

El mandatario indicó que el Gobierno ha entrado en una fase orientada a reducir la violencia mediante el control territorial y de rutas clave. Añadió que estas acciones permitirán utilizar de forma más eficiente a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

Las declaraciones se producen aproximadamente una semana después de la finalización del toque de queda nocturno aplicado entre el 15 y el 30 de marzo en provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante los 15 días de vigencia de la medida, las autoridades reportaron más de mil aprehendidos, así como el decomiso de más de 650 armas, 5.000 municiones y USD 25.600 en efectivo.

Además, a inicios de abril, el Ejecutivo decretó un estado de excepción por 60 días en nueve provincias y varios cantones por grave conmoción interna, que incluye la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, para permitir allanamientos inmediatos cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados, armas o explosivos.

Cooperación internacional y operaciones recientes

El Gobierno mantiene estas acciones en un contexto de crisis de seguridad que se arrastra desde la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, dirigida contra cerca de uan veintena de organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a las medidas adoptadas, 2025 cerró como el año más violento en la historia del país, con 9.235 homicidios, según cifras oficiales. Entre 2024 y 2025, las autoridades también reportaron la incautación de más de 400 toneladas de cocaína.

En este escenario, Ecuador y Estados Unidos anunciaron el pasado 3 de marzo la realización de operaciones conjuntas contra el crimen organizado, como parte de acuerdos de cooperación bilateral.

Dentro de estas acciones se incluyen ejercicios navales recientes en el Pacífico ecuatoriano, con la participación de corbetas nacionales y el portaaviones estadounidense USS Nimitz, junto al destructor USS Gridley.

Estas maniobras se desarrollaron en rutas estratégicas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia otros países.

Además, con miras a fortalecer el control militar en la frontera con Colombia, Noboa impuso el pasado 21 de enero la denominada «tasa de seguridad» a Colombia, de en ese entonces 30% de recargo a la mayoría de sus productos de exportación bajo el argumento de que el Gobierno de Gustavo Petro no ejecutaba suficientes operativos en la zona para contener el tráfico de cocaína a Ecuador.

Aquella acción derivó en la imposición de un arancel del mismo porcentaje por parte de Colombia. En marzo ambos subieron a 50%, manteniéndose vigentes junto a otras sanciones, como la suspensión de energía eléctrica por parte del vecino país y el aumento de la tarifa de traslado de combustible colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de USD 3 a USD 30. Fuente: Vistazo

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