La tragedia se instaló en la comunidad rural Pull Chico del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. Dos niños se ahogaron en un reservorio de agua.

El incidente que cobró la vida de un niño de cinco años y una niña de seis se registró el jueves 11 de diciembre cuando los menores cayeron accidentalmente en un gran reservorio de agua de la comunidad.

En horas de la tarde miembros del Cuerpo de Bomberos de Riobamba encontraron los pequeños cuerpos dentro del reservorio que se usa para riegos agrícolas en la zona.

La comunidad entera se sumió en el dolor al enterarse de la muerte de los dos menores que pertenecían a la misma familia.

Y moradores de la comunidad exigieron mayores medidas de prevención en zonas donde existen reservorios y estructuras de riesgo para evitar futuras tragedias.

Los equipos de rescate fueron alertados del suceso y tras la búsqueda solo pudieron rescatar los cuerpos en medio del llanto de sus familiares que nada pudieron hacer por los pequeños.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Riobamba para realizar la autopsia de ley la mañana de este viernes y confirmar la causa de muerte de los menores.

En una entrevista realizada a Andrea Aguirre, directora de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), expuso un análisis académico sobre los avances, garantías y retos de la administración tributaria digital en el Ecuador, en un contexto global marcado por la acelerada transformación tecnológica.

Aguirre destacó que el derecho tributario, al igual que otras ramas jurídicas, está experimentando profundas transformaciones impulsadas por el uso creciente de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías avanzadas, herramientas que ya son empleadas por las administraciones tributarias de distintos países con el fin de mejorar la recaudación y optimizar procesos.

Avances en la administración tributaria digital en Ecuador
La académica señaló que el Ecuador “avanza en la dirección correcta”, aunque países como Chile, México y España llevan ventaja en la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial y analítica avanzada. No obstante, resaltó importantes progresos nacionales, entre ellos:
• Implementación de facturación electrónica, vigente desde hace varios años.
• Declaraciones tributarias y registros societarios completamente digitales.
• Mecanismos de fiscalización electrónica mediante integración de datos.
• Construcción de perfiles de riesgo dinámicos, que permiten detectar inconsistencias fiscales.

Este proceso, indicó, ha fortalecido la capacidad de control, pero también plantea desafíos jurídicos relevantes, especialmente relacionados con la motivación de actos administrativos, transparencia en el tratamiento de la información, y la protección de datos personales de los contribuyentes.

Garantías necesarias para un sistema transparente y seguro
Aguirre enfatizó que el avance tecnológico no puede desvincularse de la protección de derechos constitucionales. En este sentido, mencionó que el Estado debe asegurar:
• Transparencia en el uso de datos tributarios.
• Estricta protección de información sensible.
• Marcos regulatorios sólidos que orienten el uso de tecnología en procesos automatizados.
• Supervisión permanente para garantizar un uso legítimo, ético y constitucional de la información.

Destacó la importancia de equilibrar innovación, eficiencia y justicia fiscal, evitando vulneraciones en nombre de la recaudación tributaria.

Aguirre explicó que, a pesar de los avances, todavía existen brechas significativas, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a internet y a herramientas digitales es limitado. Agregó que muchos contribuyentes no incumplen sus obligaciones por evasión intencional, sino por desconocimiento o falta de recursos tecnológicos.

En este campo, resaltó herramientas como el RIMPE, un mecanismo que facilita la inclusión tributaria a través de cuotas fijas según ingresos y actividad económica, apoyando a pequeños emprendedores.

El rol de la UTPL en la formación jurídica y tecnológica
Durante la entrevista, la directora señaló que la UTPL cumple un papel fundamental en la adaptación de futuros profesionales al nuevo modelo tributario digital. La universidad cuenta con:
• Carreras de Derecho en modalidad presencial, a distancia y en línea.
• Programas de cuarto nivel en diversas ramas, entre ellos la Maestría en Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal General.
• Grupos de investigación especializados en protección de datos personales y nuevas tendencias del derecho.
• Consultorios jurídicos gratuitos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, donde los estudiantes fortalecen su práctica profesional al servicio de la comunidad.

La docente subrayó que la academia debe repensar los conceptos tradicionales del derecho tributario y prepararse para comprender cómo la tecnología está redefiniendo la relación entre la administración y los contribuyentes.

Ética y riesgos legales en la automatización tributaria
La experta puntualizó que el uso de inteligencia artificial en procesos tributarios exige un manejo ético estricto. Recordó que el Código Tributario obliga a utilizar la información únicamente para fines institucionales, y advirtió sobre los graves riesgos que implicaría su uso indebido o su transferencia a terceros.

La académica Aguirre concluyó que Ecuador avanza conforme a los estándares internacionales, respaldado por organismos como la OCDE y el CIAT, que reconocen la importancia de la analítica de datos y los modelos predictivos. Sin embargo, insistió en priorizar:
• Fortalecimiento de la infraestructura digital.
• Personal altamente capacitado en tecnología y derecho.
• Respeto estricto a los marcos regulatorios y jurisprudenciales.
• Mecanismos de supervisión robustos para garantizar transparencia y legitimidad.

Finalmente, agradeció el espacio otorgado por Diario El Amazónico, reiterando el compromiso de la UTPL con la formación de profesionales íntegros, actualizados y comprometidos con el bienestar de la sociedad.

Los gastos del presidente Daniel Noboa en sus viajes internacionales no son públicos hasta ahora. Con su última gira por España, Emiratos Árabes y Noruega, el Mandatario cierra el año con 29 desplazamientos desde que llegó al poder por primera vez.

Pero, desde el 23 de noviembre de 2023, el Jefe de Estado ha presentado solo una declaración de viáticos por esos traslados: cuando viajó a Madrid para la Feria de Turismo, en enero de 2024. El documento fue publicado en abril de ese año, pese a que la fecha del informe data del 31 de enero y el plazo para que este sea verificado y aprobado en el sistema de la Presidencia es de 30 días.

Esa comisión de servicios se efectuó entre el 23 y 27 de enero y el Mandatario viajó en el avión presidencial. Pero el único gasto declarado es una factura de 6.253 euros por hospedaje. Y el informe de actividades refleja una ajustada agenda con un promedio de 13 horas diarias.

En esa comitiva oficial se enumeró en el Decreto Ejecutivo No. 133 a: Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, la entonces asesora Diana Jácome y el Jefe de seguridad presidencial. Según sus propias declaraciones, las funcionarias viajaron con Noboa.

Otros tres servidores presidenciales tomaron vuelos comerciales un día antes: la Subsecretaria de Protocolo, un fotógrafo y un camarógrafo. Los viáticos de los ministros que estuvieron en la Feria Internacional de Turismo y sus comitivas, no se toman en cuenta porque son cubiertos por cada entidad.

Antes y después de ese viaje, no hay ningún informe de actividades ni resultados sobre los otros 28 viajes del presidente Noboa. Por lo tanto, más allá de los boletines de la Secretaría de Comunicación, nada se sabe de los objetivos, justificaciones y logros de cada desplazamiento.

El Reglamento de Viajes al Exterior de la Presidencia establece como obligatorio el registro de esa información en cada traslado, y la Ley de Transparencia, en su artículo 19, obliga a todos los funcionarios públicos a transparentar sus viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.

Aunque la Ley no prohíbe que el presidente Noboa o cualquier otro funcionario público cubra sus propios gastos, lo que también debería ser informado en cada traslado, esto no exime la responsabilidad de cumplir con los informes legales.

A esto se suma el creciente hermetismo sobre los desplazamientos internacionales. Viajes oficiales que después se transforman en personales, comitivas que no se mencionan en los decretos, y solamente se señala los países a los que va el Mandatario, pero nada sobre las ciudades y citas en las que participará.

Incluso, el Gobierno dijo que había clasificado uno de los últimos viajes del Mandatario a Estados Unidos, para supuestamente tratar temas comerciales y de seguridad. Ninguna entidad ha presentado la respectiva declaración de confidencialidad que existe la Ley de Transparencia.

En los datos de Carondelet sí aparecen otros 213 informes de viáticos internacionales, de 58 funcionarios presidenciales. La mayoría de ellos han formado parte de las comitivas que acompañan al Mandatario. Los que más lo han hecho son el director de Fotografía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y los subsecretarios de Protocolo.

PRIMICIAS consultó directamente a la Presidencia de la República sobre la información de viáticos del Mandatario, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Fuente: Primicias