En cumplimiento de su misión constitucional y en coordinación con otras instituciones del Estado, el Ejército Ecuatoriano ejecutó operaciones militares de control y neutralización de actividades ilícitas de extracción de minerales en el sector del Río Cuchipamba, jurisdicción del cantón Gualaquiza.

Como resultado de esta intervención, se logró inhabilitar maquinaria y equipos empleados en actividades de minería ilegal, entre ellos:

• Una excavadora sin número de serie.
• Un motor industrial grande de agua, también sin serie identificable.
• Una clasificadora tipo Z.
• Dos cisternas con combustible diésel.
• Diversos utensilios de minería, tales como mangueras, platos de batea y alfombras utilizadas en los procesos de extracción.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional de combate a la minería ilegal, una actividad que atenta contra los recursos naturales, el medio ambiente y el orden público. El Ejército Ecuatoriano reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos, al tiempo que contribuye activamente a la protección de los ecosistemas y a la preservación de los recursos naturales del país.

La Fuerza Terrestre, en articulación con los organismos competentes, continuará ejecutando patrullajes, operativos de control y acciones disuasivas en aquellas zonas donde se identifiquen amenazas a la soberanía ambiental y a la legalidad del uso del suelo.

Estas operaciones forman parte de la política de Estado que promueve el uso responsable de los recursos naturales y el fortalecimiento de la seguridad nacional frente a las actividades ilícitas que afectan a comunidades enteras y al equilibrio ambiental del Ecuador.

En cumplimiento del marco legal y en ejercicio de sus competencias constitucionales, la Gobernación de Morona Santiago ejecutó en la madrugada de este lunes un operativo de desalojo en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), ubicada en el cantón Sucúa, la cual permanecía ocupada de manera irregular desde hace varios meses.

La intervención fue liderada por el Intendente General de Policía, abogado Diego Jaramillo, con el respaldo de unidades de la Policía Nacional bajo la coordinación del Subcomandante provincial, coronel Patricio Vargas. El procedimiento contó con la supervisión de un delegado de la Defensoría del Pueblo, quien garantizó que el operativo se desarrollara con apego a los derechos humanos y en estricto respeto al debido proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Gobernación, el objetivo de esta acción fue recuperar el control administrativo y legal del inmueble, restablecer el orden institucional y garantizar la seguridad ciudadana en la zona.

“La Gobernación de Morona Santiago ratifica su compromiso con la legalidad, la convivencia pacífica y el respeto a los marcos institucionales. Este operativo se realizó conforme a lo que dicta la ley y en resguardo de los principios democráticos del Estado ecuatoriano”, afirmó el Intendente Jaramillo al cierre de la diligencia.

El Gobierno Nacional continúa firme en su labor de fortalecer la institucionalidad y velar por la convivencia armónica entre todos los actores sociales, en un ambiente de paz y respeto mutuo.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes 27 de mayo el informe para el primer debate del proyecto de Ley Contra la Economía Criminal

Con mayoría oficialista, la votación por el informe contó con el respaldo mayoritario de los seis legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). A ellos se sumaron dos legisladores del correísmo y dos abstenciones.

De los cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC5) que integran la comisión, dos votaron a favor del informe: Sergio Peña y Jesús Arias; los otros dos, Diego Salas y Mabel Méndez se abstuvieron.

El informe aprobado será llevado al Pleno de la Asamblea este viernes 30 de mayo para su primer debate.

El proyecto fue propuesto por el presidente Daniel Noboa para apoyar la lucha del Bloque de Seguridad contra las mafias, el narcotráfico y el terrorismo.

Entre los aspectos del informe para el primer debate destacan el incremento de incentivos tributarios para empresas que donen equipamiento a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; el incremento de penas en prisión para miembros de organizaciones criminales; la aplicación de la prisión preventiva y reformas a los indultos presidenciales.

Para la elaboración del texto, la Comisión contó con el apoyo de criterios de los representantes de las cámaras de las industrias, la Policía Nacional y dos abogados penalistas.