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Ecuador piden a Perú no expulsar extranjeros en su frontera

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El Gobierno peruano aprobó el 14 de noviembre de 2023 una norma que le permite expulsar extranjeros que no tengan en orden su situación migratoria, Ecuador pide que no los deje en su frontera.

Desde el 14 de noviembre de 2023, gracias a la emisión del Decreto Legislativo 1582, Perú está autorizado a expulsar a los extranjeros que sean encontrados en situación irregular o estén vinculados a actividades delictivas, la medida afecta principalmente a los ciudadanos venezolanos, que son el 94% de las personas procedentes de otras naciones. Las autoridades de Colombia y Ecuador piden que quien sea expulsado de Perú no sea sacado a las fronteras de los dos países, sino que se garantice el traslado directo a Venezuela.

El documento establece que, quien no haya regularizado su situación migratoria hasta el pasado 10 de noviembre, con la solicitud del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), podrá ser expulsado en un máximo de 48 horas.

La medida también señala sanciones a las compañías de transporte, lugares de hospedaje y empresas que brinden servicios o contraten a extranjeros que no puedan justificar su permanencia legal en Perú.

Una salida masiva

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migración de Perú, en este país residen 1 millón 200 mil venezolanos, de esta cifra, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo pública el pasado enero, el 35,5% no tenía permiso migratorio, es decir, unos 400 mil venezolanos, de estos, solo 200 mil solicitaron el PTP, por lo que se espera la expulsión de 200 mil personas.

Aunque la salida de venezolanos de Perú todavía no es masiva, en los últimos días, después de que se aplicó la medida del Gobierno peruano, medios locales señalaron que al menos 2.500 personas de esta nacionalidad salieron de este país de forma voluntaria.

Proponen salida por aire

Aunque inicialmente Juan Zapata, ministro del Interior, anunció la creación de un corredor humanitario que permita que los venezolanos expulsados salgan de Perú y atraviesen Ecuador y Colombia por tierra, hasta llegar a su país de origen, finalmente esta idea fue descartada y el pedido de los gobiernos colombiano y ecuatoriano ahora es que se los saque vía aérea.

La decisión se la tomó el 9 de noviembre del 2023, cuando las autoridades de seguridad de Colombia y Ecuador coincidieron en Brasilia, en una reunión de Ameripol, donde acordaron que, hasta que no se tengan listos los corredores humanitarios, las expulsiones de venezolanos se las haga a través de viajes directos desde Perú a Venezuela, sin usar las fronteras de ninguno de los dos países.

“La posición de Colombia y Ecuador ha sido clara y en consenso, no podemos hacer una salida por ninguna frontera, sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo, por eso se solicitó, como primer plan, que la salida de ciudadanos venezolanos se haga desde Perú hacia Venezuela, directamente”, puntualizó Zapata.

El ministro ecuatoriano recalcó que Ecuador enfrenta, en este tema, un problema grave, se trata de la Ley de Movilidad, a la que calificó como la más frágil de la región y que debería ser reformada, pues no permite que las autoridades soliciten a los extranjeros ni siquiera un pasado judicial, lo cual, según la autoridad, vulnera hasta la soberanía del país.

En peligro la población refugiada

Amnistía Internacional, organismo de defensa de los Derechos Humanos, emitió una alerta en la que anticipó la expulsión masiva de personas solicitantes de refugio por parte del Gobierno peruano, las cuales no accedieron a la regularización propuesta por las autoridades.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 532 mil venezolanos han pedido la protección internacional en Perú, a quienes, de acuerdo con la advertencia de Amnistía Internacional, no se les puede obligar a volver a Venezuela, en respeto a la prohibición de no devolución.

“El Decreto Legislativo 1582 es contrario a estas obligaciones de derecho internacional, incluida la obligación de asegurar el derecho a las garantías de debido proceso como barrera fundamental para proteger de la devolución a las personas refugiadas (…) parece establecer como norma las expulsiones ilegales; le instamos a derogar de inmediato y cumplir plenamente la obligación internacional contraída por Perú de proteger a la población venezolana en el país”, señaló Amnistía Internacional en un oficio dirigido a Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros de Perú.

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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