Nacionales
Ecuador ha ‘sufrido en dos semanas una arremetida’ con el objetivo de afectar la consulta popular
El país está atravesando por momentos sumamente difíciles, manifestó el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, al expresar que Ecuador está frente a una «arremetida».
Expresó su preocupación ante la crisis energética en Ecuador, señalando que las alertas no fueron emitidas a tiempo y que los posibles actos de sabotaje deben ser investigados y explicados.
Destacó la gravedad de la situación, afirmando que la crisis energética es el resultado de décadas de corrupción y una política que no se ha adaptado a las crisis climáticas.
En particular, Izurieta mencionó un incidente durante el mandato de Andrea Arrobo en el sector eléctrico, donde la represa de Mazar fue vaciada, lo que ha contribuido a la situación actual. Además, señaló que el sector eléctrico ha sido objeto de ataques coordinados en las últimas semanas, posiblemente con el objetivo de influir en la consulta popular y referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa.
«Está en juego que en Ecuador, por estas acciones de sabotaje y agresiones del crimen organizado, se permita una distracción para evitar que se tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales», dijo.
El secretario de Comunicación responsabilizó a funcionarios y personas vinculadas al crimen organizado por esta situación, y llamó al apoyo en la consulta popular como un momento clave para abordar estos desafíos.
Por último, Izurieta descartó la posibilidad de postergar las votaciones, asegurando que los cortes de energía programados no interferirán con el proceso electoral del domingo 21 de abril, ya que se han tomado medidas para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin contratiempos y garantizando la seguridad nacional.
La jueza a cargo del caso «Magnicidio FV», que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ordenó este jueves prisión preventiva para el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, y el procesado por el Caso «Metástasis», Xavier Jordán, tras considerar nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 3 de septiembre, Jordán y Serrano fueron vinculados al crimen del otrora legislador, perpetrado el 9 de agosto de 2023, al término de un mitin en la ciudad de Quito, como presuntos autores intelectuales, junto al exasambleísta Ronny Aleaga y el sentenciado por corrupción, Daniel Salcedo.
En ese entonces, como medida cautelar, la jueza resolvió que ambos se presentaran una vez por semana en el Consulado de Ecuador de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde se encontraban radicados, mientras avanzaba la investigación en torno al asesinato.
Según la Fiscalía General del Estado, Jordán habría actuado como financiador, Serrano presuntamente ordenó seguimientos a Villavicencio, Aleaga supuestamente coordinó el ataque armado y Salcedo sería quien estableció conexiones con el grupo de delincuencia organizada «Los Lobos».
El pasado 7 de agosto, Serrano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami porque aparentemente habría cometido una infracción de tránsito. Desde entonces permanece retenido por las autoridades estadounidenses, esperando a que se resuelva su situación jurídica.
Noticia en desarrollo (…)
El precio del galón de diésel, fijado en USD 2,80, bajará a partir del 15 de diciembre de 2025, a USD 2,78. El 15 de febrero de 2025 se establecerá un valor menor de USD 2,70.
El anuncio fue realizado por el presidente Daniel Noboa, quien también ratificó que el precio del gas de uso doméstico se mantendrá en USD 1,60.
Noboa también recalcó que estas medidas obedecen a la baja en la inflación de Ecuador, que en septiembre se fijó en un 0,08%, una de las menores de la región.
El mandatario recalcó que el sector productivo y de transporte podrá planificar sus actividades hasta finales de 2025 e durante los dos primeros meses de 2026, con el precio fijado del diésel.
«Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares. Y para quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal… la realidad les arruinó el titular una vez más«, mencionó Noboa.
La decisión de fijar el precio del diésel se concretó después de que el Gobierno Nacional eliminara el subsidio el 19 de septiembre de 2025 y redistribuyera esos recursos en programas de asistencia social, bonos para agricultores, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y compensaciones a transportistas, entre otros. Con esto se evitó un posible incremento del precio de los pasajes y los productos de la canasta básica.
Con ello, el precio del diésel fluctúa mensualmente en relación al precio internacional del petróleo, que para este 2025 cerrará en USD 60 por barril, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este también incide en el costo de otros combustibles como las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís. Fuente: El Telégrafo
El Grupo Noboa, uno de los conglomerados empresariales más grandes del Ecuador, redujo su deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de cerca de USD 98 millones a cero, luego de acogerse a la remisión tributaria establecida en la Ley de Integridad Pública, aprobada durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según explicó el abogado del grupo empresarial, Fernando Yávar, la deuda del grupo Noboa se originaba en alrededor de 25 rubros, acumulados entre 2006 y 2025, que con intereses, multas y costas ascendían a USD 98 millones.
El jurista precisó que dos de estos casos fueron resueltos favorablemente para el grupo en instancias judiciales contencioso-tributarias, lo que redujo el monto entre unos USD 14 y USD 15 millones, dejando un saldo de aproximadamente USD 82 millones.
Posteriormente, el conglomerado —en particular Exportadora Noboa— se acogió a la remisión tributaria contemplada en la Ley de Integridad Pública, la cual permitió cancelar el capital adeudado sin pagar intereses, multas ni costas judiciales.
«Porque en ese periodo de tres o cuatro meses que estuvo vigente la Ley de Integridad Pública, más de 100 mil contribuyentes se acogieron a esta remisión, entre ellos el el grupo Noboa que pagó más de USD 25 millones al fisco ecuatoriano»
De acuerdo con Yávar, el grupo pagó al fisco USD 25’768.621, lo que permitió extinguir totalmente su deuda.
“La consecuencia de la remisión fue que no se cobraron multas ni intereses. Por eso hoy no existe ninguna deuda pendiente por parte del Grupo Noboa ni de Exportadora Noboa con el SRI”, puntualizó.
Ley que benefició al grupo Noboa
El abogado también recordó que desde 2006 se han emitido siete leyes de remisión tributaria en el país: tres durante el gobierno de Rafael Correa, una con Lenín Moreno, una con Guillermo Lasso y dos bajo la administración de Daniel Noboa.
Yávar señaló que, la última de ellas fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional, aunque antes de ello más de 100.000 contribuyentes lograron acogerse a sus beneficios, incluyendo al grupo Noboa.
A finales de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos de las cinco leyes tramitadas por Noboa mediante el mecanismo exprés de “urgencia económica”: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.
La Corte determinó que la primera de estas normas “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”, mientras que la segunda vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
«Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica», concluyó el alto tribunal. Fuente: Vistazo
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