El 23 de junio de 2024, un parte informativo de un oficial de Policía alertó sobre la existencia de una presunta red narcodelictiva conformada por ecuatorianos y colombianos. Casi dos años después, esa red fue desarticulada con la Operación Costa y ha sido señalada como parte de una alianza entre la mafia albanesa y Los Lobos para enviar cocaína a Europa.

Según la alerta original, esta organización, cuyos líderes fueron identificados con los alias de ‘Carlos’, ‘Andrés’ y ‘José’, utilizaba cantones bananeros de Guayas y El Oro como centros de acopio temporal para contaminar carga de exportación con droga.

A partir del 5 de julio de 2024, Fiscalía abrió la investigación previa, y días después obtuvo las autorizaciones judiciales para iniciar seguimientos y vigilancias encubiertas.

Detrás de ‘Chente’ y la exportadora de banano
La primera gran pista apareció el 23 de septiembre de 2024. Ese día los agentes identificaron a alias ‘Chente’, quien se movilizaba en un vehículo color vino y residía en la urbanización Ciudad del Sol, en Machala (El Oro).

Este individuo, que luego sería identificado como Hernán Vicente Ruilova (uno de los detenidos el 3 de marzo de 2026 en la Operación Costa), se encargaba de la logística de recepción, acopio y empaquetado de la cocaína.

A mediados de octubre de 2024, la Policía empezó a recopilar más pruebas y sospechosos. Los investigadores observaron a Ruilova reunirse en su vehículo, a las afueras de una gasolinera Primax en El Guabo, con Edison Fares Villacías, otro de los involucrados.

Poco después, un camión conducido por Fares Villacís y acompañado por Lirón Fares Farez (otro procesado), transportó formularios de calidad y cajas de cartón, color azul, de la marca «Anthony Bananas» hacia un inmueble en la parroquia Barbones.

Al amanecer del 16 de octubre de 2024, ambos sujetos, junto a Jean Pierre Fares (también involucrado), llegaron a un espacio tipo empacadora en el sector Parlamento. Bajo la dirección de los Fares, un grupo de jornaleros empacaba banano utilizando las mencionadas cajas azules.

En ese momento, la Policía allanó el lugar y encontró 25 cajas azules de «Anthony Bananas» que ocultaban 20 paquetes tipo ladrillo cada una, sellados con el logotipo «YSL», sumando un peso neto de 499 kilos de cocaína.

Durante su captura, Fares Villacís intentó borrar de su celular Samsung un chat de WhatsApp con el contacto «Hernan», evidenciando su nexo directo con Ruilova. A pesar de este operativo en flagrancia, la justicia local terminó sobreseyendo a los Fares semanas atrás, aunque el personal de inteligencia policial nunca dejó de seguirlos.

El rastro a los sospechosos y a las empresas detrás de los cartones de bananos llevó a los investigadores a vigilar a la Exportadora Bananera Independiente (Exporban), gerenciada por Shirley Barros, también capturada y ahora procesada por delincuencia organizada.

Los albaneses a escena
Con una parte de su red expuesta tras la captura inicial de los Fares, la cúpula de la organización —según la Fiscalía— reestructuró sus movimientos a inicios de 2025, marcando la entrada en escena de los financistas europeos.

El 12 de enero de 2025, Ruilova fue captado en Ibarra (Imbabura), a bordo de una camioneta. En el momento de la captura, estaba reunido con dos ciudadanos albaneses: Donald Lalaj y Mario Gjeci. Hoy ambos son parte de ocho sujetos detenidos en Europa como parte de la Operación Costa.

Los tres sujetos viajaron hacia Guayaquil, hospedándose a partir del 13 de enero en el lujoso edificio Santana Lofts, ocupando estratégicamente los departamentos 503 y 1401.

Allí, mediante interceptaciones telefónicas, los agentes escucharon a Ruilova coordinar la logística y el flujo de dinero ilícito con Pedro Barros,, administrador y propietario de Exporban; y hoy también procesado.

La red financiera también involucró a Mara Coello, pareja de Ruilova, quien, según la teoría del caso, recibía y gestionaba fuertes sumas de dinero, y a Paúl Baldeón, quien (en las llamadas) discutía inversiones de hasta USD 500.000 para «lavar» el capital ilícito.

Los envíos a Europa, caídos
El 4 de febrero de 2025, los movimientos se aceleraron cuando Ruilova trasladó a los albaneses Lalaj y Gjeci a la ciudad de Machala, y al día siguiente los llevó a un predio agrícola en la vía Buenavista-Zaruma, en Santa Rosa.

En ese lugar, bajo la atenta mirada de los albaneses, un grupo de jornaleros dirigidos por Dimitri García procedió al lavado, desmonte y llenado de cajas de banano, nuevamente de la marca «Anthony Bananas», introduciendo bloques de droga en su interior.

Una vez selladas, las cajas fueron subidas a un camión blanco, conducido por Bryan Reyes. En las afueras de esta misma finca se observó estacionado el camión que había sido utilizado por la familia Fares en la incautación de octubre.

Siguiendo el rastro de este nuevo cargamento, la Policía documentó cómo el camión ingresó a Yilport Puerto Bolívar a las 17:50 del 5 de febrero de 2025. Los contenedores, gestionados documentalmente por Yustin Orellana, empleado de Exporban, y coordinados en bodega por Michael Vera, fueron embarcados en el buque «Atlantic Reefer» con destino a Países Bajos, figurando como consignataria una empresa en Rumania.

Las autoridades ecuatorianas emitieron la alerta correspondiente a Europol y a la agencia antidrogas DEA. El 27 de febrero de 2025, al arribar al puerto de Vlissingen, los perros rastreadores dieron alerta positiva en varios pallets de la sección 4C.

En lugar de incautar la droga inmediatamente, las agencias europeas ejecutaron una entrega controlada, siguiendo el cargamento hasta un almacén en Ulvenhout. El 28 de febrero, el equipo de intervención especial allanó el lugar, capturando a cinco ciudadanos europeos e incautando 2.598 paquetes de cocaína pura, marcados con logotipos de «Philipp Plein», «YSL», «Louis Vuitton» y «Rolex», cuyo peso alcanzó las 2,5 toneladas.

A pesar de este duro golpe en Europa, la red intentó un nuevo envío meses después. En abril de 2025, Exporban tramitó otra exportación en el buque «Hood Island», la cual fue inspeccionada en mayo por Europol sin hallar sustancias ilícitas en sus pallets.

Sin embargo, en las bodegas contiguas de esa misma embarcación, las autoridades hallaron más de una tonelada de cocaína camuflada en cajas exportadas por la empresa Fruta Rica (Frutaric).

Esta última incautación arrastró a la investigación a la cúpula de Frutaric: su representante legal, Alfredo Montalvo, y su presidente, el exasambleísta y exconcejal socialcristiano Jorge Fadul Franco, a quienes la Fiscalía vinculó principalmente por su presunta relación telefónica con terceros asociados a la red logística.

Prisión preventiva para la red
Toda esta elaborada secuencia de vigilancia desembocó en los argumentos presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, el 4 de marzo de 2026. El fiscal Giancarlo Almeida señaló formalmente a Hernán Ruilova, Pedro Barros y Saidy Palma Aquino como líderes de la delincuencia organizada, y a los otros 13 detenidos como colaboradores.

Frente a estas severas imputaciones, la defensa de Mara Coello, ejercida por el abogado Galo Valle, argumentó que su clienta es una simple corredora de bienes raíces y que su mención en el caso se reduce a tres llamadas con su conviviente, Ruilova, donde jamás se utilizó lenguaje criminal.

Por su parte, el abogado Pedro Moreira, defensor de los ejecutivos de Fruta Rica, cuestionó el nexo causal de sus clientes, señalando que la Fiscalía tuvo un año para investigar a la empresa y solo los vinculaba por ser directivos y por llamadas con empleados que ni siquiera están procesados.

Tras evaluar todos los informes policiales, los audios interceptados y las pericias internacionales que documentan las más de tres toneladas de cocaína incautadas, el juez Renán Andrade concluyó que la prisión preventiva era la única medida idónea para asegurar el proceso frente a una estructura de tan alto poder económico.

No obstante, acogiendo los informes médicos, el Magistrado concedió arresto domiciliario a Montalvo, por ser adulto mayor, y a Fadul Franco, por su afección cardíaca severa, disponiendo su traslado bajo custodia policial. Fuente: Primicias

Las embajadas y consulados alrededor del mundo cuentan con estrictos protocolos de evacuación, que  pueden incluir la destrucción de información, documentos y material sensible. Aunque, usualmente, estos protocolos se ejecutan en zonas de conflicto, el 4 de marzo de 2026 el escenario fue Quito  y ocurrió después de conocerse que Ecuador declaró ‘non grata’ a toda la misión cubana en Ecuador.

Un video de esa acción difundido por el presidente Daniel Noboa, así como las fotografías de una persona quemando papeles en la terraza de la Embajada de Cuba, provocaron conmoción en redes sociales. El mismo presidente Noboa cuestionó al personal diplomático y afirmó que no habría «nada positivo» en esos documentos.

Pero, aunque la escena parecía sacada de una antigua película de espionaje, la destrucción de documentos y material diplomático no es ajena a la realidad de embajadas y consulados en muchos otros territorios. Por citar un ejemplo, Estados Unidos tiene estrictos protocolos para la impedir el acceso a su información diplomática.

El Departamento de Estado, que rige las relaciones exteriores de ese país, establece procedimientos para que, en caso de una orden de evacuación o suspensión de operaciones de una sede diplomática, sus funcionarios destruyan material sensible para prevenir que su seguridad nacional o la de sus trabajadores se vea comprometida.

Esto incluye información clasificada y sensible no clasificada, en papel y en medios electrónicos, así como sellos consulares, pasaportes en blanco y equipos para procesar dichos documentos, así como instrumentos monetarios y papel moneda. Dependiendo el caso, puede incluir documentos personales de los funcionarios.

Para ello pueden utilizar técnicas de trituración, desmagnetización, inmersión química, desintegración o incineración. Los manuales estadounidenses de Asuntos Exteriores (FAM y FAH, por sus siglas en inglés) exigen que los responsables de la destrucción en dichas emergencias realicen ejercicios funcionales al menos dos veces al año.

Recientemente, estos protocolos han sido aplicados, por ejemplo, en las evacuaciones de las embajadas de Estados Unidos en Jartum (Sudán), en abril de 2023; en Kabul (Afganistán), en agosto de 2021; en Kiev (Ucrania), en febrero de 2022. Todos casos de conflictos armados.El episodio en Ecuador es completamente distinto. Sin esgrimir argumentos, el presidente Daniel Noboa rompió relaciones con el régimen castrista: el 3 de marzo retiró a su embajador en La Habana y al día siguiente declaró personas no gratas a todo el personal diplomático cubano en Quito.

Es decir, el Gobierno ecuatoriano no quiere que la sede cubana siga funcionando, puesto que las oficinas quedarán vacías por completo, después de las 48 horas que tienen los diplomáticos para abandonar el país.

Esta acción coincide con las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir la isla, como lo hizo ya con Venezuela y con Irán, y a puertas de la cita en Miami a la que invitó a varios mandatarios de la región, entre ellos Daniel Noboa y donde se prevé presentar la iniciativa regional ‘Escudo de las Américas’.

¿Qué dice el derecho internacional?
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, rige la materia entre casi la totalidad de países del mundo. Ahí se establece, por ejemplo, que el principio de que el personal diplomático acreditado ante cualquier país tiene inmunidad.

Lo mismo sucede con sus familiares, trabajadores y domicilios, así como las oficinas utilizadas para el funcionamiento de la misión diplomática. Esa norma es catalogada como inviolable. Es decir, el Estado receptor debe garantizar su protección, tranquilidad y dignidad.

La Convención exige además que esas garantías se extiendan a los bienes materiales, archivos, documentos, comunicaciones, correos y valijas diplomáticas. Todos estos elementos también son declarados inviolables y no son objeto de revisión, apertura, intervención o retención.

A la vez, el derecho internacional establece que el Estado receptor puede, «en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión», comunicar al Gobierno acreditante que cualquier miembro de su misión diplomática no es aceptable o non grata.

Agrega que la obligación de abandonar el país debe ser ejecutada en un plazo razonable.

Además, la Convención de Viena manda que, aunque se rompan relaciones e incluso en caso de conflicto armado, el Estado receptor debe respetar y proteger los locales de la misión así como sus bienes y archivos.

Sin embargo, Ecuador no tiene una reputación confiable al respecto en el escenario internacional. La violación de la inmunidad y el asalto policial a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, le valió la condena en los foros multilaterales, de los bloques regionales e incluso de Estados Unidos, al igual que una demanda frente a la Corte Internacional de Justicia.

Por lo tanto, aunque el presidente Daniel Noboa recordó que el personal cubano podía llevarse todos los documentos y archivos de su Embajada sin destruirlos, la misión cubana consideró que no había garantías de que su inmunidad iba a ser respetada y destruyó sus documentos. Fuente: Primicias

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