Nacionales
Ecuador en decadencia: De la justicia politizada a la justicia narcotizada
El sistema de justicia ecuatoriano, que fue diseñado para servir a los poderes políticos, resultó presa fácil para que el crimen organizado pueda operar a sus anchas. Cuatro casos judiciales en los que se investiga a narcos, abogados, jueces, políticos y policías dan cuenta de la decadencia, mientras avanza un nuevo concurso para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y se tramita el reglamento para el reemplazo de la Fiscal.
Revise: Narcosentencias exprés: privilegios e impunidad en la justicia ecuatoriana
“Los patriarcas de la componenda”. Así bautizó Jaime Roldós Aguilera a los líderes del Partido Social Cristiano, Concentración de Fuerzas Populares y Partido Conservador, cuando armaron una mayoría opositora en el Congreso y se repartieron la designación de los jueces de la Corte Suprema en 1979. El país regresaba a la democracia, pero la clase política no entendía que la democracia necesita una justicia independiente.
Durante estos años el país ha visto cómo León Febres-Cordero mandaba a cercar el Palacio de Justicia con tanquetas en 1984; “el pacto de la regalada gana” de Abdalá Bucaram y los socialcristianos para repartirse la mayoría de los jueces en 1996; la “Pichi Corte” de Lucio Gutiérrez en 2004; la metida de mano a la justicia de Rafael Correa para reformar todo el sistema hace más de una década…
Esa justicia a la carta, que debilitó la institucionalidad, dejó la mesa servida para el crimen organizado. En el último año, Ecuador vio estallar el caso Metástasis y otros que se llevan en paralelo y dan cuenta de cómo se manipuló la justicia para beneficiar a líderes criminales como Leandro Norero o José Adolfo Macías, alias “Fito”.
De momento, en Metástasis ya hay 14 sentenciados que aceptaron su culpa: entre ellos los jueces Emerson Curipallo y Ángel Lindao, que ayudaron a Norero; también figura Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán, quien fue juez de la Corte Nacional y presidente del Consejo de la Judicatura.
La última cereza del pastel fue un testimonio que salpicó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ahora candidato presidencial, Iván Saquicela y al juez Felipe Córdova.
Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y procesado en el caso Plaga, dijo que Saquicela y Córdova habían recibido dinero por fijar audiencias y habían viajado a recibir un doctorado honoris causa en México, con los gastos cubiertos por una empresa privada que tenía causas en la CNJ.
Los dos negaron los señalamientos y dijeron estar dispuestos a comparecer en la Fiscalía. Iván Saquicela añadió que es una persecución del correísmo ahora que es candidato, pues fue parte del tribunal que sentenció a Rafael Correa y otros en el caso Sobornos.
JUSTICIA MANIATADA
Aunque lo relatado anteriormente quedará en anécdota, en un país acostumbrado al escándalo, hay cosas de fondo que requieren atención y reformas. En el caso Pantalla, la Fiscalía ha encontrado elementos de cómo Wilman Terán y sus asesores manipularon el concurso para jueces de la CNJ que empezó en junio de 2023 y fue anulado tras la detención de Terán.
En ese entonces Terán, como presidente de la Judicatura, habría intercedido para subir los puntajes de algunos participantes, entre ellos, el de la jueza de Santo Domingo Anabel Torres, mencionada en el caso Metástasis como mediadora en una medida cautelar para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.
También se evidencia la ayuda a Mercedes Villarreal, quien era directora de Control Disciplinario en la Judicatura del Guayas y ahora es procesada en el caso Purga.
Aunque estas personas todavía gozan de la inocencia, ya que aún no son sentenciadas o absueltas, pudieron llegar a ocupar la más alta magistratura en el país: la Corte donde se tratan los casos de mayor relevancia, como los procesos contra presidentes o recursos de casación.
Si eso pasa en la CNJ, todo puede pasar en las cortes provinciales o instancias menores. Ahora hay otro proceso de selección de jueces, aunque también ha sido cuestionado. Los resultados se sabrán en los próximos meses.
Durante los 45 años de democracia, la clase política se ha disputado el control de las cortes, pues necesitan cuidarse las espaldas en los procesos judiciales en los que pueden estar involucrados.
En los últimos años, el expresidente Rafael Correa fue sentenciado por el caso Sobornos; Lenín Moreno es investigado en el caso Sinohydro por el tema de Ina Pappers; y, aunque Guillermo Lasso no ha sido procesado, pero su exgerente de empresas públicas, Hernán Luque y su cuñado, Danilo Carrera, enfrentan el juicio por el caso Encuentro.
EL FONDO DEL PROBLEMA
“Uno de los grandes problemas es que la meritocracia impulsada en la reforma del correísmo no funcionó”, dice Pablo Encalada, penalista y docente universitario. Explica que, para acabar con la politización de la justicia y la injerencia de los partidos políticos en las cortes, se vendió el discurso de los concursos de méritos y oposición, pero queda demostrado que son manipulables.
“Antes, por lo menos los partidos políticos se preocupaban de poner a sus mejores abogados como jueces de la Corte, porque tenían que dar la cara o responder por sus actuaciones, ahora no sabemos qué personas concursan”, dice Encalada. A esto se le suma la figura de error inexcusable que se instaló hace más de una década, por la que un juez puede ser destituido si al poder político no le gusta la decisión tomada.
Para la directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJEC), María Dolores Miño, si bien el sistema fue diseñado cuando en Ecuador aún no existía el problema del crimen organizado, este resultó funcional.
“Estos jueces de los casos Purga, Metástasis, etc., han entrado a través de estos procesos de selección que supuestamente eran de méritos y oposición, pero que en la práctica ya lo hemos visto hasta el cansancio, terminan siendo mecanismos de situar a alfiles de la delincuencia organizada o de ciertos grupos políticos asociados a la corrupción en cargos de la Función Judicial”, expuso Miño en el foro “Desafíos del sistema ecuatoriano para enfrentar la criminalidad organizada”.
Parte de este diseño caduco, por ejemplo, es que no hay políticas de prevención y protección para los operadores judiciales, más bien han quedado en la impunidad los casos de fiscales asesinados.
Mientras tanto, se sigue comprobando lo manchado que está el sistema judicial. Este jueves 3 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a cinco jueces cuatro jueces y una secretaria judicial de Santo Domingo y otro juez de El Oro, involucrados en el caso Plaga. “Estas personas fueron destituidas por violar los principios éticos y disciplinarios que guían la justicia en Ecuador”, dijo Solanda Goyes, vocal de la Judicatura.
EN LAS GARRAS DEL NARCO
Los analistas coinciden en que la precarización del sistema de justicia a nivel económico es otro de los detonantes para que los funcionarios sean fácilmente cooptados. El problema no solo está en las altas cortes, por donde, según los testimonios de Metástasis, se pagaban hasta 100 mil dólares por decisiones amañadas, pues el dinero ilimitado del narco lo contamina todo. Y los datos lo reflejan.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) analizó 1.500 procesos judiciales relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y tráfico de drogas, y determinó que la mayoría de sentencias se resuelve por procedimiento abreviado y cooperación eficaz. Esto quiere decir que los detenidos aceptan su culpa con lo cual se les rebaja las penas hasta en un 70 por ciento. Es decir, que por delitos que deben estar de 10 a 15 años en la cárcel, pagan solo dos o tres.
“Y luego salen a disfrutar de sus fortunas. No sabemos qué bienes se están incautando para saber que se está impactando económicamente a las estructuras criminales”, cuestiona Renato Rivera, director del OECO.
De los datos analizados, también se desprende que un 60 por ciento de los casos se inicia por flagrancia, es decir, que encuentran a alguien moviendo un cargamento de droga. Cuando la justicia debería perfeccionar y utilizar otras técnicas de investigación como agentes encubiertos para desarticular las estructuras criminales. Por eso Rivera dice que para el narcotráfico es fácil sobornar al policía que hace el operativo. Y si eso no le resulta ofrece dinero al fiscal que empieza a investigar el caso. Y si pasa ese filtro puede sobornar al juez que debe decidir la culpabilidad o inocencia. Pero en medio de eso hay un montón de instancias en las que el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos.
¿Hay salida? Quienes siguen de cerca la actuación de la justicia dicen que mientras los políticos se sigan disputando y tratando de acomodar los concursos de jueces nacionales y de Fiscal General, se seguirá minando el camino para que el crimen organizado opere a sus anchas. Este tipo de actuaciones hace que profesionales destacados prefieran no participar de esos concursos.
Nacionales
Por la guerra comercial, exportadores colombianos alertan de una caída de 27% en sus ventas a Ecuador
El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa una de sus peores crisis debido a la escalada de la guerra comercial entre ambos países, que han impuesto aranceles a los productos comercializados en ambos lados de la frontera.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, las ventas de ese país hacia Ecuador disminuyeron 27% entre entre enero y febrero de 2026, frente a igual período de 2025.
Eso se debe a que desde el 1 de febrero de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa impuso un arancel de 30% a los productos que llegan de Colombia. Desde el 1 de marzo, la llamada tasa de seguridad subió a 50% y para el 1 de mayo llegará a 100%, por lo que es previsible que la compra de mercancías al país vecino —sus exportaciones a Ecuador— siga cayendo.
Según cifras del Gobierno de Ecuador, entre febrero y marzo, tras el inicio de la guerra comercial, las compras desde Colombia cayeron 57%, alcanzando los USD 124,8 millones.
Mientras tanto, las ventas de Ecuador hacia el país vecino aumentaron en 32% en el período de enero y febrero de 2026, y llegaron a un monto de USD 187,7 millones. Pero esto se explica, en parte, porque el Gobierno de Gustavo Petro comenzó a cobrar un arancel ‘espejo’ de 30% a las importaciones ecuatorianas recién desde el 24 de febrero. Además, en un comienzo se aplicó solo a un grupo de productos.
Y desde el 6 de marzo, el arancel que cobra Colombia a los productos provenientes de Ecuador subió también a 50% para la mayoría de la oferta exportable ecuatoriana.
Productos colombianos enviados a Ecuador
Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de gravar con un arancel a los productos colombianos, la energía eléctrica tuvo el mayor peso en las exportaciones de Colombia en el período de enero y febrero.
Y es que en medio de la guerra comercial, la venta de electricidad de Colombia a Ecuador se suspendió, pero recién desde el 22 de enero de 2026.
De ahí que las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador sumaron USD 25,3 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una caída de 77% frente a iguales meses de 2025.
Sin tomar en cuenta el intercambio energético, los medicamentos son el rubro de productos que más exportó Colombia a Ecuador, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 8,4 millones, lo que representa un alza de 27,3%.
En otros productos, como insecticidas y carbureactores, los envíos también crecieron de manera importante, 143% y 88%, respectivamente. En cambio, las exportaciones de azúcares de caña o remolacha cayeron 26%
Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, explica que el aumento de exportaciones de algunas categorías de productos de Colombia a Ecuador se dio por dos motivos. Por una parte, las empresas aceleraron sus envíos en enero, antes de la entrada en vigencia de los aranceles en febrero.
Y por otro lado, en febrero se registraron declaraciones de exportaciones en la Aduana de Ecuador que no alcanzaron a registrarse en enero, aunque correspondían a ventas realizadas en ese mes.
De hecho, la mayor parte de las ventas de Colombia a Ecuador realizadas en el primer bimestre del año se realizaron en enero. En medicamentos, por ejemplo, hubo un crecimiento interanual de 131% en enero, mientras en febrero cayeron 23%.
«Con el dato de marzo, se espera una desaceleración y una caída más pronunciada» Javier Díaz, presidente de Analdex.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol), Freddy Cevallos, coincide en que los incrementos de exportaciones en ciertos rubros responden a adelantos a de compras, realizados a finales de enero, cuando Noboa anunció el nuevo arancel de 30%.
E incluso, considera que los envíos de febrero también corresponden, en parte, a adelantos, debido a que en ese mes se conoció que desde marzo subirían los aranceles a 50%.
«Cuando el arancel en Ecuador llegue a 100%, la compra de productos colombianos será la mínima necesaria. Probablemente, en mayo podremos ver los verdaderos efectos», dice Cevallos. Empresas que más exportaron
Según el análisis de Analdex, sin contar al sector energético, Colgate Palmolive fue la empresa que más exportó productos a Ecuador desde Colombia, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 7,8 millones, para un crecimiento de 18%. Su principal producto es la crema dental.
Le sigue la fabricante japonesa de carros Hino Motors, con USD 5 millones. Y en tercer lugar, la compañía farmacéutica Procaps, con USD 4,8 millones, con un crecimiento de más de 1500%, debido al adelanto en la venta de medicamentos. Fuente: Primicias
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¿Quién es Juan Carlos Blum, el nuevo Gerente General de CNEL EP tras los cortes de luz en Guayas?
Juan Carlos Blum asumió como nuevo gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP este martes 14 de abril, luego de los recientes incidentes en el servicio eléctrico que provocaron cortes de luz en varios sectores de la provincia del Guayas.
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, anticipó una reestructuración en el sector eléctrico al señalar que habría una “nueva plana mayor” tanto en CNEL EP como en el CENACE.
¿Quién es Juan Carlos Blum?
Juan Carlos Blum es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania. Su trayectoria combina experiencia técnica con enfoque en políticas públicas, especialmente en el ámbito energético y de sostenibilidad.
Blum también ha colaborado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, en proyectos que exigen el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad y gestión de riesgos.
Desde la Gerencia General de CNEL EP, se espera que impulse una gestión enfocada en la eficiencia operativa, la mejora del servicio eléctrico y la atención a los usuarios, en un contexto marcado por el malestar ciudadano tras los recientes apagones.
Apagones en Guayas
Uno de los eventos críticos se registró la madrugada de ayer por una falla en una línea de subtransmisión que abastece a usuarios entre el kilómetro 1 y el 10 de la vía a Samborondón. Aunque la intervención debía durar una hora, el corte de luz se extendió por aproximadamente cuatro horas. “Esto es inadmisible”, enfatizó Manzano.
En ese contexto, la funcionaria responsabilizó a CNEL EP y al CENACE, calificando su respuesta como lenta e ineficiente, lo que aceleró la decisión de cambios en la cúpula del sector.
Además, anunció la suspensión inmediata de todos los mantenimientos programados en las empresas distribuidoras eléctricas del Ecuador.
«Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido (…) al conectar las torres de Dos Cerritos. Si bien es mejora de infraestructura, inversión, reducción de pérdidas técnicas, mejora de voltaje, no se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar«, expresó la ministra, al referirse a los trabajos realizados en el sistema eléctrico.
Finalmente, Manzano ofreció disculpas públicas «porque esto no debió hacerse de manera desinformada y con retrasos».
No obstante, han continuado los reportes de habitantes de urbanizaciones en la vía a Salitre por nuevos apagones, que han generado afectaciones en negocios y hogares. La inestabilidad del servicio también ha provocado daños en electrodomésticos.
Desde el Gobierno, los cortes de energía han sido atribuidos a diversas causas, entre ellas la sobrecarga en transformadores debido a la intensa ola de calor —que ha impulsado el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores—, así como desconexiones programadas por trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la distribución eléctrica. Fuente: Vistazo
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250 días detenido en Miami: esta es la última jugada legal de José Serrano para evitar ser deportado
José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, lleva 250 días detenido en Estados Unidos. Y su caso ha entrado en una etapa llena de incertidumbre por la decisión final sobre una posible deportación.
Su detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se produjo tras la caducidad de su estatus migratorio en territorio estadounidense.
Desde entonces, el político ecuatoriano permanece recluido en el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, Florida.
Su situación en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a un complejo panorama judicial en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El exfuncionario buscó asilo argumentando temor por su vida, pero su proceso migratorio ha entrado en una fase de profunda incertidumbre procesal. Mientras que si es deportado, tendrá que llegar a Ecuador directo a una cárcel.
Silencio en la corte y la ofensiva del habeas corpus
La situación de Serrano ha experimentado un giro legal. Según el buscador oficial del ICE, el exministro permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en las instalaciones de Krome.
Sin embargo, el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revela un estado procesal definitorio, indicando que el caso está pendiente de resolución, pero ya no existen audiencias futuras programadas.
Ante este escenario a nivel migratorio, la defensa de Serrano ha intensificado sus acciones legales en el ámbito federal. El 6 de enero de 2026, el abogado Andrew Clopman asumió la defensa principal, reemplazando a Robert Sheldon, con el objetivo de reactivar un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Este recurso original había sido desestimado sin perjuicio en octubre de 2025 por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein, debido a una falta de jurisdicción temporal.
Como parte de esta nueva estrategia, el 13 de abril de 2026 la defensa presentó una moción para ingresar una petición enmendada y verificada de hábeas corpus, buscando forzar un pronunciamiento sobre la legalidad de su prolongada detención.
Un día después, el 14 de abril de 2026, la jueza Elfenbein denegó por inoficiosa una moción previa tras confirmar la actualización de la demanda ingresada por el equipo legal de Serrano. El Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 27 de abril para responder.
Los laberintos legales
El contraste entre la falta de audiencias en la EOIR y la persistencia de la custodia en el ICE tiene implicaciones jurídicas que se explican a través de tres posibles escenarios basados en las normativas y manuales estadounidenses.
1. Primer escenario
El primer escenario sugiere que la jueza emitió una orden de deportación final, lo que cambia automáticamente el fundamento legal de la detención preventiva del estatuto 8 U.S.C. § 1226 al estatuto 8 U.S.C. § 1231, el cual rige la detención posterior a la orden de deportación.
Bajo este último estatuto, el Gobierno cuenta con un período de remoción de 90 días para ejecutar la salida del país, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe la detención indefinida, estableciendo que un encierro posterior a la orden de seis meses es presuntamente razonable.
Si este es el caso, el abogado Clopman se podría haber visto obligado a modificar el habeas corpus, argumentando que la ley que justificaba el encierro cambió y la demanda original quedó obsoleta.
2. Segundo escenario
El segundo escenario podría ser una detención prolongada sin una orden final, lo que implicaría una posible violación al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Si la decisión final está en reserva por parte de la jueza o existe una apelación no definitiva, Serrano sigue detenido preventivamente bajo el estatuto § 1226 y acumula aproximadamente ocho meses bajo custodia hasta abril de 2026.
Aunque el fallo de la Corte Suprema en el caso Jennings v. Rodriguez determinó que las leyes de inmigración no garantizan audiencias de fianza automáticas a los seis meses, sí dejó abierta la puerta para demandas constitucionales según se apliquen a cada caso, permitiendo a los tribunales evaluar si la duración de la detención se ha vuelto irrazonable.
En este contexto, la defensa podría exigir -reactivando el habeas corpus- al juez federal que ordene una audiencia para justificar por qué su cliente sigue encerrado en Krome.
3. Tercer escenario
Finalmente, un tercer escenario contempla que ya haya una orden de deportación que no se ha hecho pública y que el caso haya sido apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), lo que suspende la ejecución de la decisión de la jueza y vacía el calendario de audiencias.
Si el proceso se encuentra transferido en la BIA, la detención se prolongará por varios meses adicionales, justificando plenamente la urgencia del recurso de hábeas corpus para forzar su liberación bajo el argumento de una privación prolongada de la libertad. Fuente: Primicias
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