El sistema de justicia ecuatoriano, que fue diseñado para servir a los poderes políticos, resultó presa fácil para que el crimen organizado pueda operar a sus anchas. Cuatro casos judiciales en los que se investiga a narcos, abogados, jueces, políticos y policías dan cuenta de la decadencia, mientras avanza un nuevo concurso para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y se tramita el reglamento para el reemplazo de la Fiscal.

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“Los patriarcas de la componenda”. Así bautizó Jaime Roldós Aguilera a los líderes del Partido Social Cristiano, Concentración de Fuerzas Populares y Partido Conservador, cuando armaron una mayoría opositora en el Congreso y se repartieron la designación de los jueces de la Corte Suprema en 1979. El país regresaba a la democracia, pero la clase política no entendía que la democracia necesita una justicia independiente.

Durante estos años el país ha visto cómo León Febres-Cordero mandaba a cercar el Palacio de Justicia con tanquetas en 1984; “el pacto de la regalada gana” de Abdalá Bucaram y los socialcristianos para repartirse la mayoría de los jueces en 1996; la “Pichi Corte” de Lucio Gutiérrez en 2004; la metida de mano a la justicia de Rafael Correa para reformar todo el sistema hace más de una década…

Esa justicia a la carta, que debilitó la institucionalidad, dejó la mesa servida para el crimen organizado. En el último año, Ecuador vio estallar el caso Metástasis y otros que se llevan en paralelo y dan cuenta de cómo se manipuló la justicia para beneficiar a líderes criminales como Leandro Norero o José Adolfo Macías, alias “Fito”.

De momento, en Metástasis ya hay 14 sentenciados que aceptaron su culpa: entre ellos los jueces Emerson Curipallo y Ángel Lindao, que ayudaron a Norero; también figura Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán, quien fue juez de la Corte Nacional y presidente del Consejo de la Judicatura.

La última cereza del pastel fue un testimonio que salpicó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ahora candidato presidencial, Iván Saquicela y al juez Felipe Córdova.

Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y procesado en el caso Plaga, dijo que Saquicela y Córdova habían recibido dinero por fijar audiencias y habían viajado a recibir un doctorado honoris causa en México, con los gastos cubiertos por una empresa privada que tenía causas en la CNJ.

Los dos negaron los señalamientos y dijeron estar dispuestos a comparecer en la Fiscalía. Iván Saquicela añadió que es una persecución del correísmo ahora que es candidato, pues fue parte del tribunal que sentenció a Rafael Correa y otros en el caso Sobornos.

Aunque lo relatado anteriormente quedará en anécdota, en un país acostumbrado al escándalo, hay cosas de fondo que requieren atención y reformas. En el caso Pantalla, la Fiscalía ha encontrado elementos de cómo Wilman Terán y sus asesores manipularon el concurso para jueces de la CNJ que empezó en junio de 2023 y fue anulado tras la detención de Terán.

En ese entonces Terán, como presidente de la Judicatura, habría intercedido para subir los puntajes de algunos participantes, entre ellos, el de la jueza de Santo Domingo Anabel Torres, mencionada en el caso Metástasis como mediadora en una medida cautelar para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.

También se evidencia la ayuda a Mercedes Villarreal, quien era directora de Control Disciplinario en la Judicatura del Guayas y ahora es procesada en el caso Purga.

Aunque estas personas todavía gozan de la inocencia, ya que aún no son sentenciadas o absueltas, pudieron llegar a ocupar la más alta magistratura en el país: la Corte donde se tratan los casos de mayor relevancia, como los procesos contra presidentes o recursos de casación.

Si eso pasa en la CNJ, todo puede pasar en las cortes provinciales o instancias menores. Ahora hay otro proceso de selección de jueces, aunque también ha sido cuestionado. Los resultados se sabrán en los próximos meses.

Durante los 45 años de democracia, la clase política se ha disputado el control de las cortes, pues necesitan cuidarse las espaldas en los procesos judiciales en los que pueden estar involucrados.

En los últimos años, el expresidente Rafael Correa fue sentenciado por el caso Sobornos; Lenín Moreno es investigado en el caso Sinohydro por el tema de Ina Pappers; y, aunque Guillermo Lasso no ha sido procesado, pero su exgerente de empresas públicas, Hernán Luque y su cuñado, Danilo Carrera, enfrentan el juicio por el caso Encuentro.

“Uno de los grandes problemas es que la meritocracia impulsada en la reforma del correísmo no funcionó”, dice Pablo Encalada, penalista y docente universitario. Explica que, para acabar con la politización de la justicia y la injerencia de los partidos políticos en las cortes, se vendió el discurso de los concursos de méritos y oposición, pero queda demostrado que son manipulables.

“Antes, por lo menos los partidos políticos se preocupaban de poner a sus mejores abogados como jueces de la Corte, porque tenían que dar la cara o responder por sus actuaciones, ahora no sabemos qué personas concursan”, dice Encalada. A esto se le suma la figura de error inexcusable que se instaló hace más de una década, por la que un juez puede ser destituido si al poder político no le gusta la decisión tomada.

Para la directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJEC), María Dolores Miño, si bien el sistema fue diseñado cuando en Ecuador aún no existía el problema del crimen organizado, este resultó funcional.

“Estos jueces de los casos Purga, Metástasis, etc., han entrado a través de estos procesos de selección que supuestamente eran de méritos y oposición, pero que en la práctica ya lo hemos visto hasta el cansancio, terminan siendo mecanismos de situar a alfiles de la delincuencia organizada o de ciertos grupos políticos asociados a la corrupción en cargos de la Función Judicial”, expuso Miño en el foro “Desafíos del sistema ecuatoriano para enfrentar la criminalidad organizada”.

Parte de este diseño caduco, por ejemplo, es que no hay políticas de prevención y protección para los operadores judiciales, más bien han quedado en la impunidad los casos de fiscales asesinados.

Mientras tanto, se sigue comprobando lo manchado que está el sistema judicial. Este jueves 3 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a cinco jueces cuatro jueces y una secretaria judicial de Santo Domingo y otro juez de El Oro, involucrados en el caso Plaga. “Estas personas fueron destituidas por violar los principios éticos y disciplinarios que guían la justicia en Ecuador”, dijo Solanda Goyes, vocal de la Judicatura.

Los analistas coinciden en que la precarización del sistema de justicia a nivel económico es otro de los detonantes para que los funcionarios sean fácilmente cooptados. El problema no solo está en las altas cortes, por donde, según los testimonios de Metástasis, se pagaban hasta 100 mil dólares por decisiones amañadas, pues el dinero ilimitado del narco lo contamina todo. Y los datos lo reflejan.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) analizó 1.500 procesos judiciales relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y tráfico de drogas, y determinó que la mayoría de sentencias se resuelve por procedimiento abreviado y cooperación eficaz. Esto quiere decir que los detenidos aceptan su culpa con lo cual se les rebaja las penas hasta en un 70 por ciento. Es decir, que por delitos que deben estar de 10 a 15 años en la cárcel, pagan solo dos o tres.

“Y luego salen a disfrutar de sus fortunas. No sabemos qué bienes se están incautando para saber que se está impactando económicamente a las estructuras criminales”, cuestiona Renato Rivera, director del OECO.

De los datos analizados, también se desprende que un 60 por ciento de los casos se inicia por flagrancia, es decir, que encuentran a alguien moviendo un cargamento de droga. Cuando la justicia debería perfeccionar y utilizar otras técnicas de investigación como agentes encubiertos para desarticular las estructuras criminales. Por eso Rivera dice que para el narcotráfico es fácil sobornar al policía que hace el operativo. Y si eso no le resulta ofrece dinero al fiscal que empieza a investigar el caso. Y si pasa ese filtro puede sobornar al juez que debe decidir la culpabilidad o inocencia. Pero en medio de eso hay un montón de instancias en las que el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos.

¿Hay salida? Quienes siguen de cerca la actuación de la justicia dicen que mientras los políticos se sigan disputando y tratando de acomodar los concursos de jueces nacionales y de Fiscal General, se seguirá minando el camino para que el crimen organizado opere a sus anchas. Este tipo de actuaciones hace que profesionales destacados prefieran no participar de esos concursos.