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Durante ocho años, el Estado destinó USD 442 millones para vivienda social, ¿cuántas casas se construyeron?

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La promesa de vivienda propia ha sido uno de los principales ejes de las campañas electorales y gobiernos de turno. De «Casa para todos» a «Creando Vivienda» y «Casa 100», los últimos mandatarios han apuntado al déficit de casas propias en Ecuador.

El último censo 2022, contabilizó poco más de 2 millones de hogares que no tienen una casa propia, de un total de 5,18 millones. Y las cifras del ahora Ministerio de Infraestructura (MIT), que absorbió al Ministerio de Vivienda, reflejan que en ocho años el Estado central ha destinado USD 442 millones a cubrir esa necesidad.

En total, los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, entre enero de 2018 y diciembre de 2025, lanzaron 362 proyectos de vivienda 100% subsidiada por el Estado, que buscaban la construcción de 21.359 casas.

El Gobierno recibirá hasta USD 90 millones en donaciones por viviendas de interés social en 2026
La mayoría de esos contratos, el 69% (251), han llegado a su fin y han sido recibidos por la entidad del Ejecutivo encargada del proyecto. Y alrededor del 8% no han llegado a finiquitarse, sea porque se suspendió el proyecto o el contrato fue terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente.

Al analizar los datos por el número de casas, en cambio, el 69% de casas fueron entregadas a ciudadanos hasta diciembre de 2025, según los registros del MIT. Esto equivale a más de 14.700 viviendas.

Otro 17% estaban construidas, pero sin entregar a los beneficiarios; un 7% todavía estaba en construcción, principalmente de los contratos más recientes; y el 6% no habían sido construidas. Esto sin contar las 252 casas planificadas que no constan en ninguna de esas categorías.

Proyectos por tipo de terreno
La mayoría de casas 100% subsidiadas por el Estado Central han sido construidas en terrenos urbanizados por el mismo Estado. Son las llamadas de tipo 1B. Se trata de los grandes proyectos de vivienda que usualmente son inaugurados por los mandatarios en eventos públicos.

Las provincias priorizadas entre 2018 y 2025 fueron Guayas y Manabí, con proyectos que sumaron 2.622 y 2.420 casas, respectivamente, con más de USD 50 millones de inversión en cada una. En tercer lugar, con menos de la mitad de viviendas y costo, estuvo El Oro, seguido de Los Ríos y Sucumbíos.

De estas viviendas 1B, se habían entregado hasta diciembre 7.405 casas, otras 2.651 estaban construidas pero sin otorgar a los beneficiarios, otras 850 seguían en construcción y 1.239 no se habían llegado a ejecutar.

En ocho años el Estado contrató 110 proyectos de viviendas totalmente subsidiadas por USD 273,8 millones

Se trata de urbanizaciones construidas solo en terrenos estatales, que sumaban 12.165 casas. Pero quedan 850 casas en construcción y otras 1.239 no fueron ejecutadas.

Azuay 2 2 626 689 110 104
Bolívar 9 4 628 452 335 276
Cañar 3 6 072 327 261 61
Carchi 8 15 820 305 550 108
Chimborazo 6 6 587 554 256 240
Cotopaxi 6 8 734 395 340 203
El Oro 8 19 275 935 1 004 285
Esmeraldas 4 17 100 496 668 245
Guayas 12 54 676 481 2 622 1 490
Imbabura 4 5 549 849 218 127
Loja 3 7 137 085 295 83
Los Ríos 6 19 115 850 805 665

Por otro lado están las viviendas tipo 1A, que son aquellas construidas por el Estado en terreno propio de cada beneficiario. Estos proyectos son más numerosos, alcanzan los 252, pero la inversión total y alcance es menor, puesto que alcanzó los USD 168 millones y las 9.203 planificadas.

Las provincias en las que más se utilizó este mecanismo fueron Zamora, Cotopaxi y Pichincha, con 591 casas planificadas. En este caso, hasta diciembre, se habían entregado 7.379 viviendas, otras 863 estaban construidas sin entregar, 698 seguían en construcción y solo 22 no se habían ejecutado. Fuente: Primicias

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Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»

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El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.

A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.

Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.

En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.

Como un buen encebollado: completos”, escribió Noboa al describir las fotos.

Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

$!Precandidatos de ADN junto a Daniel Noboa.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?

Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.

Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Radio Centro, Noboa explicó que la elección de Viteri responde tanto a su posicionamiento político como a la necesidad de impulsar una administración coordinada con el Ejecutivo.

Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.

Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo

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Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).

“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.

Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Correístas reaccionan al archivo

La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.

No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.

Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.

“Ella sabía que el contrato tenía problemas y aceptó el pago de USD 71 millones a esta empresa”, denunció Palacios.

Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo

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Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión

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La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

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