La muerte de doce neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en la vía Perimetral, ha despertado indignación nacional. Son doce vidas truncadas no solo por la falta de ejecución presupuestaria en el sector salud, sino también por una política estatal que desprecia lo público y se encuentra desconectada de las necesidades más elementales de la ciudadanía.
Este hecho no es fortuito: es consecuencia directa del desmantelamiento progresivo del sistema público de salud, evidenciado en la reducción de 1.249 millones de dólares de su presupuesto. Las secuelas son visibles: ausencia de insumos esenciales y medicamentos, deterioro de infraestructura, déficit de personal especializado y aumento de infecciones intrahospitalarias.
Quienes padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas viven un calvario semanal para acceder a diálisis o tratamientos indispensables. Muchos han muerto esperando. La crisis es tal que algunos hospitales carecen de alimentación para sus pacientes, recurriendo a la asistencia del Banco de Alimentos. Pedir caridad para sostener un derecho humano básico: esa es la dimensión del abandono.
En lugar de enfrentar esta emergencia, el régimen ha optado por desviar la atención hacia supuestos “enemigos internos” y hacia la Corte Constitucional, responsabilizándola por la crisis de seguridad. Además, impulsa una nueva consulta popular, tan ineficaz como ajena a las urgencias reales del país.
La respuesta oficial ante la tragedia de los neonatos ha sido la desvinculación de autoridades del Hospital Universitario, trasladando la culpa a mandos medios. No obstante, la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud, que a la fecha ha ejecutado apenas el 11,06% de su presupuesto y mantiene procesos de despido de personal sanitario, pese a la promesa gubernamental de no afectar al sector salud en el llamado “achicamiento del Estado”.
El artículo 32 de la Constitución del Ecuador establece que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo y la seguridad social. A su vez, el artículo 3 numeral 1 señala como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. Entre estos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y la Convención sobre los Derechos del Niño que obligan a los Estados a adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil y garantizar servicios de salud de calidad.
La muerte de doce recién nacidos en un hospital público es una violación grave de derechos humanos, un incumplimiento de obligaciones internacionales y una expresión del abandono institucional. En Ecuador, hoy, nacer en un hospital estatal puede convertirse en una sentencia de muerte, y la omisión del Estado en cumplir sus deberes es tan letal como cualquier arma.
