Luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) resolviera el pasado 31 de diciembre poner fin al arbitraje que mantenía con la empresa china Sinohydro por deficiencias en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el Estado ecuatoriano se encamina a ceder la administración del complejo a la filial de la compañía asiática.

A través de esa acción, Ecuador reclamaba una compensación de USD 580 millones, tras haberse identificado más de 13.000 fisuras en los distribuidores del complejo, ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Tras su entrega, la obra nunca alcanzó la capacidad de generación de 1.500 megavatios que había sido ofrecida en el contrato.

Según reportó el portal de noticias Ecuavisa este lunes, el Gobierno habría aceptado recibir un pago de USD 400 millones, la mitad en efectivo y la otra en crédito de proveedor. Aquello coincide con declaraciones emitidas en diciembre del año pasado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien dijo que Ecuador recibiría una compensación por dicha cifra, resuelta por medio de un acuerdo global de conciliación.

El proceso continuará con la definición de un acuerdo conciliatorio por parte de la Procuraduría General del Estado y la Corporación Eléctrica del Ecuador, documento que establecerá las condiciones para cerrar oficialmente la disputa legal. Dichos términos deberán ser notificados al Centro de Arbitraje de Madrid, instancia que trata la disputa y que debe emitir la resolución que deje sin efecto el arbitraje.

Hasta ahora se ha confirmado que PowerChina asumirá la gestión de la infraestructura, aunque persisten interrogantes sobre el modelo de operación, las tareas de mantenimiento y las medidas que se adoptarán para enfrentar los riesgos técnicos existentes.

Además de los problemas ya identificados, la obra, cuya construcción costó USD 1.011 millones, se ve amenazada por la erosión regresiva del río Coca, que avanza a pocos kilómetros de distancia, así como por el deterioro de los desarenadores, cuya acumulación de sedimentos compromete el funcionamiento.

Estos factores ponen en jaque la estabilidad de una instalación que aporta cerca de un cuarto de la energía eléctrica que consume el país. Fuente: Vistazo

Dos hombres fueron hallados sin vida el domingo en la noche en una prisión de Quito, a donde fueron trasladados luego de haber sido detenidos el pasado viernes en Tumbaco por el delito de extorsión y por estar presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos.

Según confirmaron a EFE fuentes policiales este lunes, las víctimas corresponden a los alias Klever y Kevin, de 43 y 27 años, quienes habían sido arrestados junto a otras dos personas por supuestamente extorsionar a los propietarios de un local comercial, a los que exigieron el pago de USD 5.000 para no atentar contra su integridad y la de sus trabajadores.

En ese operativo, ocurrido el pasado viernes, la Policía detuvo a cuatro personas implicadas, todas señaladas como presuntos integrantes de Los Lobos, una de las organizaciones delictivas más activas en el país.

Klever registraba antecedentes por asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que Kevin tenía procesos por porte no autorizado de armas y municiones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que los decesos ocurrieron la noche del 18 de enero en la cárcel de El Inca, en el norte de la capital, a donde los detenidos habían sido trasladados.

Con base en las pericias de la Policía Nacional y de Medicina Legal, todavía se desconocen las causas de los fallecimientos.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica. Fuente: Vistazo