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Dirigentes del sur de Quito acudieron al Palacio de Gobierno

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La Secretaría de Comunicación manifestó que el proceso de diálogo convocado por el Gobierno Nacional continúa desarrollándose con la participación de las organizaciones sociales interesadas por aunar esfuerzos a favor del bienestar de los ecuatorianos. Es así como el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con líderes del sur de la capital este sábado 18 de junio.

En el Palacio de Carondelet, dirigentes gremiales y barriales de Quito conversaron con las autoridades gubernamentales de las principales preocupaciones de este sector de la ciudad. Además, se sumaron a la premisa de que el diálogo es la mejor salida para delinear consensos por el bien del país.

El presidente Lasso recordó ante los participantes del encuentro que hace un año el país estaba sumido en una crisis económica, social y sanitaria profunda. Sin embargo, tras las acciones del Gobierno Nacional esta situación cambió: con un proceso de vacunación efectivo que permitió la reactivación económica, decisiones responsables para reducir el déficit fiscal; y la generación de otras medidas como la entrega de créditos al 1 % a 30 años plazo.

Sin embargo, el mandatario afirmó que reconoce que existen otras necesidades y causas justas que preocupan a la ciudadanía, como el desempleo, la inseguridad, el costo de los productos básicos, entre otros, provocados por la crisis mundial tras la pandemia. “Aquí estamos para solucionarlo”, dijo y, precisamente sensible con estas demandas de los ecuatorianos, ayer anunció algunas medidas para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Así, el presidente recordó ante los representantes del sur de Quito que se decidió: aumentar en un 10 % el Bono de Desarrollo Humano, para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a insumos básicos; declarar en emergencia el sistema de salud pública, lo que se suma al próximo lanzamiento del mecanismo para acceder a medicinas desde cualquier punto del país y de forma gratuita; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, y reforzarla; subsidiar hasta el 50 % al precio de la urea a pequeños y medianos productores; condonar los créditos vencidos hasta USD 3.000 de BanEcuador; e impulsar aún más el crédito agrícola de hasta USD 5.000 al 1 % y 30 años de plazo.

Además el presidente fue enfático al insistir en que no habrá alza del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís; y tampoco ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Agregó también que se prevé que la próxima semana mantendrá una reunión con los industriales del aceite para evaluar acciones sobre el precio de este producto. Y, justamente en esta línea, recordó que días atrás se emitió el Decreto Ejecutivo para garantizar que se efectúen rigurosos controles de la especulación.

Guillermo Lasso insistió en que el paro solo genera más desempleo y más inseguridad. Por lo explicó que se ha visto obligado a decidir la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para precautelar el orden público“Hoy mi obligación como Presidente de la República es actuar como un buen padre, que protege a los ciudadanos y evita desmanes. Hoy, mi familia ya no es de 20 personas, sino de 18 millones de ecuatorianos”, aseguró.

Saida Uzhinia, ciudadana quiteña que vive en el sur de la ciudad, dio a conocer al Presidente algunas preocupaciones, y destacó su confianza en que el Gobierno atienda estas necesidades. “Paso duro y firme, señor presidente, porque lo que necesitamos es un Ecuador de paz”, aseguró. (I)

Ecuadorenvivo

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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