Nacionales
Dirigentes del sur de Quito acudieron al Palacio de Gobierno
La Secretaría de Comunicación manifestó que el proceso de diálogo convocado por el Gobierno Nacional continúa desarrollándose con la participación de las organizaciones sociales interesadas por aunar esfuerzos a favor del bienestar de los ecuatorianos. Es así como el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con líderes del sur de la capital este sábado 18 de junio.
En el Palacio de Carondelet, dirigentes gremiales y barriales de Quito conversaron con las autoridades gubernamentales de las principales preocupaciones de este sector de la ciudad. Además, se sumaron a la premisa de que el diálogo es la mejor salida para delinear consensos por el bien del país.
El presidente Lasso recordó ante los participantes del encuentro que hace un año el país estaba sumido en una crisis económica, social y sanitaria profunda. Sin embargo, tras las acciones del Gobierno Nacional esta situación cambió: con un proceso de vacunación efectivo que permitió la reactivación económica, decisiones responsables para reducir el déficit fiscal; y la generación de otras medidas como la entrega de créditos al 1 % a 30 años plazo.
Sin embargo, el mandatario afirmó que reconoce que existen otras necesidades y causas justas que preocupan a la ciudadanía, como el desempleo, la inseguridad, el costo de los productos básicos, entre otros, provocados por la crisis mundial tras la pandemia. “Aquí estamos para solucionarlo”, dijo y, precisamente sensible con estas demandas de los ecuatorianos, ayer anunció algunas medidas para beneficiar a quienes más lo necesitan.
Así, el presidente recordó ante los representantes del sur de Quito que se decidió: aumentar en un 10 % el Bono de Desarrollo Humano, para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a insumos básicos; declarar en emergencia el sistema de salud pública, lo que se suma al próximo lanzamiento del mecanismo para acceder a medicinas desde cualquier punto del país y de forma gratuita; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, y reforzarla; subsidiar hasta el 50 % al precio de la urea a pequeños y medianos productores; condonar los créditos vencidos hasta USD 3.000 de BanEcuador; e impulsar aún más el crédito agrícola de hasta USD 5.000 al 1 % y 30 años de plazo.
Además el presidente fue enfático al insistir en que no habrá alza del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís; y tampoco ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Agregó también que se prevé que la próxima semana mantendrá una reunión con los industriales del aceite para evaluar acciones sobre el precio de este producto. Y, justamente en esta línea, recordó que días atrás se emitió el Decreto Ejecutivo para garantizar que se efectúen rigurosos controles de la especulación.
Guillermo Lasso insistió en que el paro solo genera más desempleo y más inseguridad. Por lo explicó que se ha visto obligado a decidir la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para precautelar el orden público. “Hoy mi obligación como Presidente de la República es actuar como un buen padre, que protege a los ciudadanos y evita desmanes. Hoy, mi familia ya no es de 20 personas, sino de 18 millones de ecuatorianos”, aseguró.
Saida Uzhinia, ciudadana quiteña que vive en el sur de la ciudad, dio a conocer al Presidente algunas preocupaciones, y destacó su confianza en que el Gobierno atienda estas necesidades. “Paso duro y firme, señor presidente, porque lo que necesitamos es un Ecuador de paz”, aseguró. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.
La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.
Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos
El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.
Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.
Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:
- 20 vehículos.
- Una avioneta.
- 15 armas, entre fusiles y pistolas.
- 200 municiones.
- Chalecos antibalas.
- Combustible para avión.
- Joyas de oro.
Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.
Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.
Operativo Jericó contra Los Choneros
En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.
La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.
Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada. Fuente: Vistazo
El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Crisis por apagones de hasta catorce horas
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
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