Nacionales
Dirigentes del sur de Quito acudieron al Palacio de Gobierno
La Secretaría de Comunicación manifestó que el proceso de diálogo convocado por el Gobierno Nacional continúa desarrollándose con la participación de las organizaciones sociales interesadas por aunar esfuerzos a favor del bienestar de los ecuatorianos. Es así como el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con líderes del sur de la capital este sábado 18 de junio.
En el Palacio de Carondelet, dirigentes gremiales y barriales de Quito conversaron con las autoridades gubernamentales de las principales preocupaciones de este sector de la ciudad. Además, se sumaron a la premisa de que el diálogo es la mejor salida para delinear consensos por el bien del país.
El presidente Lasso recordó ante los participantes del encuentro que hace un año el país estaba sumido en una crisis económica, social y sanitaria profunda. Sin embargo, tras las acciones del Gobierno Nacional esta situación cambió: con un proceso de vacunación efectivo que permitió la reactivación económica, decisiones responsables para reducir el déficit fiscal; y la generación de otras medidas como la entrega de créditos al 1 % a 30 años plazo.
Sin embargo, el mandatario afirmó que reconoce que existen otras necesidades y causas justas que preocupan a la ciudadanía, como el desempleo, la inseguridad, el costo de los productos básicos, entre otros, provocados por la crisis mundial tras la pandemia. “Aquí estamos para solucionarlo”, dijo y, precisamente sensible con estas demandas de los ecuatorianos, ayer anunció algunas medidas para beneficiar a quienes más lo necesitan.
Así, el presidente recordó ante los representantes del sur de Quito que se decidió: aumentar en un 10 % el Bono de Desarrollo Humano, para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a insumos básicos; declarar en emergencia el sistema de salud pública, lo que se suma al próximo lanzamiento del mecanismo para acceder a medicinas desde cualquier punto del país y de forma gratuita; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, y reforzarla; subsidiar hasta el 50 % al precio de la urea a pequeños y medianos productores; condonar los créditos vencidos hasta USD 3.000 de BanEcuador; e impulsar aún más el crédito agrícola de hasta USD 5.000 al 1 % y 30 años de plazo.
Además el presidente fue enfático al insistir en que no habrá alza del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís; y tampoco ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Agregó también que se prevé que la próxima semana mantendrá una reunión con los industriales del aceite para evaluar acciones sobre el precio de este producto. Y, justamente en esta línea, recordó que días atrás se emitió el Decreto Ejecutivo para garantizar que se efectúen rigurosos controles de la especulación.
Guillermo Lasso insistió en que el paro solo genera más desempleo y más inseguridad. Por lo explicó que se ha visto obligado a decidir la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para precautelar el orden público. “Hoy mi obligación como Presidente de la República es actuar como un buen padre, que protege a los ciudadanos y evita desmanes. Hoy, mi familia ya no es de 20 personas, sino de 18 millones de ecuatorianos”, aseguró.
Saida Uzhinia, ciudadana quiteña que vive en el sur de la ciudad, dio a conocer al Presidente algunas preocupaciones, y destacó su confianza en que el Gobierno atienda estas necesidades. “Paso duro y firme, señor presidente, porque lo que necesitamos es un Ecuador de paz”, aseguró. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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