Nacionales
Dirigentes del sur de Quito acudieron al Palacio de Gobierno
La Secretaría de Comunicación manifestó que el proceso de diálogo convocado por el Gobierno Nacional continúa desarrollándose con la participación de las organizaciones sociales interesadas por aunar esfuerzos a favor del bienestar de los ecuatorianos. Es así como el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con líderes del sur de la capital este sábado 18 de junio.
En el Palacio de Carondelet, dirigentes gremiales y barriales de Quito conversaron con las autoridades gubernamentales de las principales preocupaciones de este sector de la ciudad. Además, se sumaron a la premisa de que el diálogo es la mejor salida para delinear consensos por el bien del país.
El presidente Lasso recordó ante los participantes del encuentro que hace un año el país estaba sumido en una crisis económica, social y sanitaria profunda. Sin embargo, tras las acciones del Gobierno Nacional esta situación cambió: con un proceso de vacunación efectivo que permitió la reactivación económica, decisiones responsables para reducir el déficit fiscal; y la generación de otras medidas como la entrega de créditos al 1 % a 30 años plazo.
Sin embargo, el mandatario afirmó que reconoce que existen otras necesidades y causas justas que preocupan a la ciudadanía, como el desempleo, la inseguridad, el costo de los productos básicos, entre otros, provocados por la crisis mundial tras la pandemia. “Aquí estamos para solucionarlo”, dijo y, precisamente sensible con estas demandas de los ecuatorianos, ayer anunció algunas medidas para beneficiar a quienes más lo necesitan.
Así, el presidente recordó ante los representantes del sur de Quito que se decidió: aumentar en un 10 % el Bono de Desarrollo Humano, para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a insumos básicos; declarar en emergencia el sistema de salud pública, lo que se suma al próximo lanzamiento del mecanismo para acceder a medicinas desde cualquier punto del país y de forma gratuita; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, y reforzarla; subsidiar hasta el 50 % al precio de la urea a pequeños y medianos productores; condonar los créditos vencidos hasta USD 3.000 de BanEcuador; e impulsar aún más el crédito agrícola de hasta USD 5.000 al 1 % y 30 años de plazo.
Además el presidente fue enfático al insistir en que no habrá alza del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís; y tampoco ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Agregó también que se prevé que la próxima semana mantendrá una reunión con los industriales del aceite para evaluar acciones sobre el precio de este producto. Y, justamente en esta línea, recordó que días atrás se emitió el Decreto Ejecutivo para garantizar que se efectúen rigurosos controles de la especulación.
Guillermo Lasso insistió en que el paro solo genera más desempleo y más inseguridad. Por lo explicó que se ha visto obligado a decidir la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para precautelar el orden público. “Hoy mi obligación como Presidente de la República es actuar como un buen padre, que protege a los ciudadanos y evita desmanes. Hoy, mi familia ya no es de 20 personas, sino de 18 millones de ecuatorianos”, aseguró.
Saida Uzhinia, ciudadana quiteña que vive en el sur de la ciudad, dio a conocer al Presidente algunas preocupaciones, y destacó su confianza en que el Gobierno atienda estas necesidades. “Paso duro y firme, señor presidente, porque lo que necesitamos es un Ecuador de paz”, aseguró. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral
En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.
Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.
Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.
La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.
En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.
Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.
La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.
Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.
El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
Nacionales
Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia
La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.
Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.
La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.
Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.
Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.
Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.
Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.
También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.
A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo
Nacionales
Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales
Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.
“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.
Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.
El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.
UP se pronuncia sobre Luisa González
Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.
“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.
El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.
“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.
Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita
“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.
El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.
“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.
UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo
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