El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que este lunes, 13 de octubre de 2025, enfocarán sus esfuerzos en Imbabura. Irán con un convoy de aproximadamente cien vehículos.

Los objetivos serán: aperturar vías y llegar con atención (productos de primera necesidad) a las personas afectadas por los 23 días de paro.

«Iremos con la fuerza militar, policial, como bloque (de seguridad), y las autoridades, para aperturar vías y llegar con ayuda humanitaria», dijo Reimberg en Teleamazonas.

Según él, la operación les tomará varios días porque «sabemos la magnitud de lo que sucede allá».

Reimberg lo dijo decidido: «usaremos la fuerza pública para hacer una apertura total de vías porque esto se acaba ya«.

Sobre lo sucedido el pasado domingo en la capital, anunció que sabían que había un grupo importante que «tenía la misión de ingresar a Quito, de ingresar al

Arbolito, tomarse lo de siempre acá, Casa de la Cultura, la Universidad Central y atacar a Quito«.

Según él, había toda la logística y alimentos para tener varios días a los manifestantes en esas instalaciones.

Sobre las declaraciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue directo. “El alcalde dice excesos, la ciudadanía le dice orden y control. Por cosas como estas es que en Quito el alcalde está tan distanciado de la ciudadanía. Me huele que recibió una llamada del exterior diciéndole lo que debe decir”.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado, señalando que realizarán el control y resguardo del convoy humanitario que se trasladará el día lunes 13 de octubre hacia la provincia de Imbabura, actualmente afectada por bloqueos y actos de violencia protagonizados por grupos de manifestantes desafectos a la norma legal.

El convoy transportará víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos de primera necesidad y del sector productivo, con el objetivo de abastecer a la población civil que se encuentra aislada por las interrupciones viales.

Este operativo contará con la participación y acompañamiento de autoridades de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de prensa, delegados de la fiscalía general del Estado, Dirección General de Investigación Judicial, personal técnico y logístico de instituciones encargadas de la asistencia humanitaria; entre otros.

El Bloque de Seguridad realizará operaciones de seguridad y control a lo largo del trayecto para asegurar el paso seguro del convoy, proteger a los funcionarios y voluntarios que participan en esta misión, y salvaguardar los insumos destinados a la población.

El programa “Perspectiva 7”, conducido por Félix Narváez en Ecuador TV, dedicó su emisión de este domingo al análisis jurídico y político del crimen organizado en el país, tras la reciente captura de dos cabecillas de Los Choneros, entre ellos alias Fede. En el panel participaron la doctora Catalina Carpio, máster en prevención de lavado de activos, y el doctor Marcelo Dueñas, exasesor legal de la Policía Nacional y especialista en derecho penal.

Un Estado democrático debilitado

La doctora Carpio señaló que el Ecuador atraviesa una crisis de fragmentación política que ha favorecido el crecimiento del crimen organizado.

“El Estado ecuatoriano es democrático, pero con debilidades. Esa fragmentación interna ha permitido que la delincuencia se vuelva más fuerte y visible”, afirmó.

Carpio explicó que, en contextos democráticos frágiles, surgen “cacicazgos locales” que dan espacio al fortalecimiento de grupos delictivos, comparando la situación ecuatoriana con la evolución del narcotráfico en México tras la apertura multipartidista de los años 2000.

Logros policiales y cooperación internacional

Por su parte, Marcelo Dueñas destacó el valor jurídico y operativo de las recientes capturas, calificándolas como una muestra de la coordinación entre la Policía ecuatoriana y la colombiana.

“Estas recapturas son evidencia de un trabajo conjunto y exitoso contra las estructuras criminales que operan en varios países”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la falta de herramientas legales sólidas y las recientes decisiones de la Corte Constitucional —que declararon inconstitucionales dos leyes vinculadas a la extinción de dominio— generan retrocesos en la lucha contra el crimen organizado.

“Con estas decisiones, el único beneficiado es el crimen organizado. Los fiscales y jueces quedan sin herramientas y el Estado pierde capacidad de acción”, enfatizó.

La urgencia de fortalecer controles

Carpio insistió en que la respuesta estatal debe centrarse en cinco tipos de control: electoral, patrimonial, judicial, financiero y de infiltración política. A su juicio, la falta de filtros ha permitido la penetración del crimen organizado en partidos y movimientos políticos.

“Tenemos empresarios y autoridades que provienen del dinero ilícito. El lavado se disfraza de inversión o de poder político”, alertó.

De narcoestado a “mafiocracia”

Carpio sostuvo que el país ha superado la fase de “narcoestado” para ingresar en una “mafiocracia”, en la que las estructuras criminales se han infiltrado en las instituciones públicas y gobiernos seccionales.

“El crimen organizado se ha tomado el poder político y económico. Lo que vivimos ya no es un narcoestado, sino una mafiocracia”, afirmó.

Una Constitución “garantista” bajo debate

Dueñas, en tanto, atribuyó parte de la crisis a la Constitución de Montecristi (2008), a la que calificó de “excesivamente garantista”, lo que —dijo— ha limitado la acción judicial.

“El juez está atado de manos. La prisión preventiva es la última medida y eso permite que delincuentes capturados en flagrancia salgan libres”, sostuvo.

El programa cerró con un llamado de ambos expertos a reconstruir la institucionalidad del Estado, fortalecer la cooperación internacional y revisar el marco jurídico que, según coincidieron, ha debilitado la respuesta penal frente a las mafias. Fuente: El Telégrafo