Nacionales
Diferencias mantienen a la asamblea nacional con puertas cerradas
La asamblea nacional se mantiene a puertas cerradas desde el pasado 24 de febrero del presente año. Por ello Luisa González, asambleísta por la provincia de Manabí pone de manifiesto lo que está sucediendo actualmente en el legislativo.
Todo funcionario público o servidor del estado está sujeto a ser evaluado. Por lo tanto, los servidores por elección popular son evaluados a través de la gente; y si el pueblo no está convencido o de acuerdo en cómo actúa su líder, se puede emplear la revocatoria de mandato, caso reciente fue el José Bolívar Castillo en su calidad como alcalde de Loja.
“Es una manera de evaluar; dentro de esto se ha propuesto que los miembros del CAL (Consejo de Administración Legislativa) en la asamblea nacional sean evaluados y la Sra. Guadalupe Llori, presidenta de la asamblea nacional no ha permitido la evaluación. Las preguntas son: ¿a qué le teme?, ¿Qué quiere evitar?, ¿Por qué se aferra tanto a un cargo? Ese es el problema y el punto de discusión, lo que le hace cometer errores muy graves. Por ello impide, limita la argumentación y el debate que es la razón de ser de la Asamblea Nacional”, afirma la legisladora por Manabí.
A través de no tener recursos para la función judicial, se está afectando profundamente las funciones de la asamblea nacional al hacer que otros asambleístas interpongan recursos y así eviten que un juez dicte sentencia. Esta situación afecta el avance que se tiene en leyes que son urgentes para el pueblo ecuatoriano.
En una entrevista para este medio, González analiza el tema de la inseguridad en el país: “En el tema de seguridad (haciendo referencia al vídeo que circula el Twitter, donde se ve a un niño afectado por el asesinato de su padre al ir al banco a retirar dinero), es ahí donde debemos razonar bien las cosas. Dicen por ahí que el problema son las leyes, la constitución. Este nivel de violencia en el tiempo del correato no era el mismo porque había asignación de presupuesto para la Policía Nacional; es decir los vehículos se encontraban en buen estado, ahora no hay ni combustible, se están dañando porque el estado no les asigna presupuesto”.
La seguridad es un tema de política de estado. Se debe mejorar el empleo, salud. Si no hay empleo en un estado, automáticamente van a subir los niveles de violencia y criminalidad. Por otra parte, sino se garantiza la salud también y deportes para que los adolescentes se mantengan ocupados.
Justificación de sueldos por cierre de asamblea nacional
“Hemos seguido trabajando en las diferentes comisiones. Se ha seguido trabajando en las sesiones suspendidas, lo que aún nos falta por seguir son las nuevas sesiones y se mantiene así porque la Sra. presidenta no está llamando a las nuevas sesiones para tratar los temas. E incluso interpuso una nueva acción de protección. Cada una de las comisiones estamos llamando para trabajar. En mi caso yo pertenezco a la comisión de ética, la comisión de salud y seguimos trabajando, en otros temas hemos seguido avanzando como asambleístas y de igual las atenciones a la ciudadanía. Se deja en claro que la Sra. Llori debe dar un paso al costado porque no ha sabido manejar la asamblea nacional”.
La legisladora de la bancada de Revolución Ciudadana, eufóricamente señala que: “Es una vergüenza absoluta porque ella tiene una agenda personal entregada al gobierno. Prácticamente lo que está impidiendo es la evaluación. Y ha dejado en claro al país entero que el cargo le quedo grande e incluso la curul de asambleísta y cuando ella habla de repartirse, pues es de ella misma. El asambleísta Bruno Segovia, denunció que la Sra. Presidenta de la asamblea lo dijo “puse hasta el último teniente político en Orellana”, es decir el gobierno nacional la compró a través del reparto de instituciones en la provincia de la Sra. La gobernadora al parecer también ha sido puesta por ella, eso es lo que ha denunciado el asambleísta Bruno Segovia. Yo como parte de la comisión de ética, he propuesto que se les pida a los asambleístas que pongan la denuncia formal ante el comité de ética de la asamblea nacional y seguir los procesos de investigación para ver en cuanto si esta Sra. ha violado la constitución del estado y lay orgánica de la función legislativa”.
Proyectos de la asamblea nacional
Hay varios proyectos, entre ellos la reactivación productiva de Manabí. “Nosotros podemos fiscalizar y aprobar leyes, sin embargo, es lamentable si el gobierno no asigna los recursos, esas leyes no se cumplen”. La constitución de la republica deja claro cuáles son los presupuestos que se deben invertir en salud por ejemplo y no se cumple. Se ha aprobado la reactivación productiva para Manabí y Esmeraldas post-terremoto y tampoco se ha cumplido hasta el momento.
“Desde la comisión de salud se está trabajando en la ley de pandemias y más allá de eso, se hizo un pedido al presidente de la república para que se declare la emergencia sanitaria de todo el sistema hospitalario, no se lo hizo del todo, sino parcial. Aún no se puede evidenciar que la salud despegue, pero más allá de leyes, el tema fundamental es como el ejecutivo asigna los recursos o entrega las funciones adecuadas para mejorar la vida de los ecuatorianos”.
Otra de las leyes que se está tratando es la del uso progresivo de la fuerza. Algunos temas aún se encuentran en debate y no se los puede concluir porque lamentablemente la Sra. presidenta no ha cerrado algunas sesiones y aún están en el debate.
Manabí a seis años del terremoto
“Manabí es bastión de la Revolución Ciudadana y no es por gusto después del terremoto del 16 de abril porque cuando fue el terremoto, el gobierno de Rafael Correa, estuvo atendiendo todas las necesidades y los manabitas se consideran ´gente agradecida´. Jamás en la historia del Ecuador fue atendida como lo fue con la Revolución Ciudadana.
Las provincias e Esmeraldas y Manabí reclaman obras de reconstrucción después del terremoto. Son alrededor de 650 millones que el gobierno nacional no ha dispuesto para que se culminen obras en las dos provincias, misma que son reclamadas y representadas por sus autoridades y asambleístas.
Nacionales
Karol G, así como Shakira, va a presentarse tres veces en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito
La preventa de entradas para el segundo concierto de Karol G en Ecuador se agotó la mañana del 30 de abril y luego de unas horas se anunció una tercera fecha para Viajando por el mundo Tropitour. Con esto, la cantante colombiana se va a presentar en Quito el 15, 16 y 17 de enero de 2027.
El escenario para los shows de Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Así como Shakira que cantó tres veces en noviembre de 2025, la artista nacida en Medellín va a ser la protagonista en el coloso del Batán, en donde se han registrado los conciertos de las principales estrellas mundiales y hasta hace un par de años fue la sede de la selección ecuatoriana de fútbol en Copa América y Eliminatorias.
Al momento, está activa la preventa en la página web de Ticketshow y en puntos de venta físicos en Quito y Guayaquil. La euforia por ver a La Bichota fue evidente en el Mall del Sol, en donde cientos de fanáticos madrugaron a comprar sus entradas para el concierto.
Karol G agota en horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá
Lo de Karol G ya es un fenómeno mundial, no sólo en Ecuador. La cantante colombiana Karol G agotó en pocas horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá, previstos para el 4, 5 y 6 de diciembre, que reunirán a cerca de 120.000 personas en el estadio El Campín, informó su equipo de prensa a la Agencia EFE.
«En tiempo récord, miles de fans aseguraron sus entradas para lo que serán tres noches sin precedentes en la capital, confirmando el fenómeno cultural en el que se ha convertido Karol G y la conexión única con su público colombiano», expresó su equipo en un comunicado.
Karol G marcó un hito hace unas semanas al convertirse en la primera latina en encabezar y cerrar el festival Coachella de California, donde anunció su gira mundial, con la que recorrerá 20 países de América y Europa desde el próximo 24 de julio en Chicago. Fuente: Vistazo
Nacionales
Entran en vigor aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas
Los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor desde este viernes, primero de mayo, lo que recrudece la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de que el vecino país no hace lo suficiente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera común.
La medida se aplica a las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, con algunas excepciones, como importaciones petroleras y de generación energética y afines, entre otras, según se detalla en una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) el pasado 9 de abril.
Empresarios, exportadores y trabajadores de la frontera han rechazado el alza de aranceles y han instado a los presidentes de ambos países a que se sienten a conversar para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad sin que causen más impactos de los que, dicen, ya están provocando tarifas de entre el 30 % y 50 %.

Así escaló la tensa relación entre Ecuador y Colombia
En enero pasado, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas hasta que «exista un compromiso real» de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Colombia respondió con una medida similar, cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.
Un mes después, el Gobierno ecuatoriano señaló que la tarifa subiría desde este viernes al 100 % «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia».

Confrontación entre Daniel Noboa y Gustavo Petro
La guerra comercial también ha estado marcada por acusaciones cruzadas entre Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.
A inicios de marzo, militares ecuatorianos bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con apoyo de Estados Unidos.
Una de esas bombas apareció en un campo de cultivos de coca de Colombia, un incidente que quedó solventado después de que se determinó que el artefacto había rebotado en territorio vecino sin llegar a detonar.
La relación bilateral se volvió a tensar cuando Petro insistió en llamar al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, un «preso político».
Posteriormente, Noboa lo acusó de haberse relacionado con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025 tras acudir a Quito a la posesión del presidente ecuatoriano, algo que el mandatario colombiano niega.
El último episodio se produjo el miércoles, cuando Noboa señaló a Petro por haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, y el presidente colombiano le dijo que «deje de creer mentiras» y le propuso un encuentro en la frontera común para «construir la paz». Fuente: Vistazo
Nacionales
Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral
En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.
El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.
En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.
En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.
Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.
En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.
Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.
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