Esto, en medio de dos anuncios, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración clave: que la votación sería el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el anuncio de replantear preguntas complicaría los plazos y la intención de llegar a votaciones para finales de noviembre.

Solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo de 15 días para convocar a elecciones y otro de 60 días para ejecutarlas. Y, aunque son plazos máximos, estos no pueden ser reducidos radicalmente por el trabajo que implica un proceso electoral.

Por ejemplo, en el referendo y consulta popular de 2024, al CNE le tomó 13 días lanzar la convocatoria, porque primero tenía que estar lista la planificación, el cronograma y el cálculo presupuestario, y después de otros 54 días la ciudadanía llegó a las urnas.

Para la fecha anunciada por el presidente Noboa para esta nueva consulta, quedan apenas 84 días. Pero el CNE no es el único involucrado en un proceso de esta naturaleza.

Más plazos a tener en cuenta
Las dos preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional siguen su trámite en el organismo. Se trata de la intención de implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo, y la reducción de legisladores.

La jueza ponente, Claudia Salgado, avocó conocimiento de la causa el 8 de septiembre de 2025, para realizar el control de la convocatoria a referendo planteada por el Primer Mandatario. La Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga un término de 20 días laborales. Es decir, hasta el 6 de octubre de 2025.

Esto suma un total de 28 días como plazo máximo para que el pleno emita un dictamen y lo notifique. En caso de que esto no suceda dentro del tiempo, la misma Ley señala que se entenderá que los jueces aprueban el texto.

Por lo tanto, si el Ejecutivo decidiera seguir adelante solo con esas dos preguntas, a las que se sumarían la de las bases militares extranjeras y la del financiamiento de las organizaciones políticas (que espera su segundo dictamen hasta el 17 de septiembre), no le quedaría ningún margen de tiempo.

Es así que los plazos máximos de la autoridad electoral y la Corte Constitucional sumarían 103 días, sin contar el tiempo que podrían demorarse las notificaciones o entregas de documentos.

El nuevo escenario
Inicialmente, el presidente Noboa proyectó que su consulta y referendo llegarían a votaciones el 14 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ninguna competencia sobre el control constitucional o la organización del proceso electoral.

Pero, de manera sorpresiva, en una entrevista posterior a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Primer Mandatario anunció un adelanto de dos semanas, para el 30 de noviembre.

Durante esa cita bilateral, el funcionario estadounidense dijo que podrían analizar una invitación de Ecuador para instalar una base militar en el territorio nacional. Pero esto no podrá suceder sin que la propuesta presidencial gane primero en las urnas.

Es por eso que el reciente anuncio desde Carondelet se convierte en un problema logístico y de tiempos.

En caso de que el Gobierno cumpla con su anuncio de enviar un nuevo paquete de preguntas y de reformular las que fueron negadas, se añaden nuevamente los pasos previos y plazos ante la Corte Constitucional.

Los magistrados no tendrían plazos para determinar la vía de tratamiento de los cambios constitucionales que plantee el Presidente, como la eliminación del Consejo de Participación, en el que la vocera Carolina Jaramillo afirmó que insistirían.

Además, que se añadiría un segundo término de 20 días laborales para el control de esta nueva convocatoria. La única excepción serían las preguntas planteadas como consulta popular, como la que busca el retorno de los casinos. Esto porque, al no cambiar la Carta Magna, tienen un filtro menos.

De todas formas, el Consejo Nacional Electoral podría avanzar en la logística de la primera convocatoria, sin un presupuesto fijo para la impresión de material electoral -que dependerá del número de preguntas y de si se trata solo de un referendo o de un proceso mixto- hasta que la Corte dirima sobre el siguiente bloque de propuestas. Si eso ocurre, el proceso ganaría tiempo. Fuente: Primicias

Fotografía tomada durante la irrupción en la narcofiesta referida, en una finca ubicada en la Vía a la Costa, a las afueras de Guayaquil. Celso Miguel Moreira, líder de «Los Choneros» (I-2); y Federico Gómez, alias ‘Fede’, líder de “Los Águilas” (I-1) aparecen en la foto esposados. (Policía Nacional)

Ministro de Defensa de pronuncia sobre captura

El 23 de junio de 2023, Carlos Renato Ortuño fue víctima de un intento de sicariato en las inmediaciones del Edificio de la Bolsa de Valores de Quito. Como consecuencia del atentado, el abogado quedó con un 98% de discapacidad y solicitó la aplicación de la eutanasia.

Luego de varias semanas de espera, el 8 de septiembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó a Ortuño que solicitud de eutanasia fue acogida favorablemente.

Entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre de 2025, el Comité Interdisciplinario para resolver la Aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria del IESS se reunió tres veces para analizar el caso de Ortuño.

Y, finalmente, el 8 de septiembre esta instancia emitió la resolución: «Acoger de manera favorable la solicitud de aplicación al procedimiento de eutanasia activa voluntaria».

El caso de Carlos Renato Ortuño
El 23 de junio de 2023, como todos los días, Ortuño tomó su vehículo y salió de su casa -en una urbanización del Valle de Los Chillos- rumbo a su oficina en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito.

Pero, desde el inicio el trayecto fue extraño. Apenas salió de su urbanización, detrás de él salieron dos vehículos. Uno era de uno de sus vecinos y el otro era un automóvil gris, que circulaba con una velocidad y una agresividad fuera de lo normal.

Ortuño se dio cuenta de que, en todo el camino este automóvil venía atrás suyo, a unos cuatro vehículos de distancia. Eso le causó algo de preocupación, pero continuó por su ruta habitual hasta la calle Jerónimo Carrión, en dónde está el ingreso a su oficina, en el edificio de la Bolsa de Valores de Quito.

Cuando se estacionó en la puerta del garaje, Ortuño debía esperar unos segundos hasta que el guardia de seguridad abriera la puerta. Pero en esos instantes el vehículo gris que lo venía siguiendo frenó a raya, se bajaron dos personas armadas y lo dispararon varias veces.

Los proyectiles causaron en su cabeza, cuello y vértebras le causaron una cuadriplejía. Es decir, perdió la movilidad en sus extremidades y recibió una diagnóstico de discapacidad física del 98%.

En los dos años posteriores, Ortuño -junto a su esposa- intentaron varios tratamientos médicos en México, Colombia y Ecuador, para intentar la recuperación de parte de su movilidad. Pero estos no fueron efectivos, mientras que el dolor seguía empeorando y siendo más constante.

Entonces, a inicios de julio de 2025, Carlos Renato Ortuño presentó oficialmente la solicitud de aplicación de la eutanasia.

La eutanasia en Ecuador
En Ecuador la eutanasia fue despenalizada el 7 de febrero de 2024, tras una histórica sentencia de la Corte Constitucional (CC).

Paola Roldán, una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue quien luchó y logró la despenalización luego de un largo proceso legal ante la CC. Roldán murió la tarde del 11 de marzo de 2024, sin la aplicación de la eutanasia.

Pero tras esa decisión de la Corte, el 8 de mayo de 2025, Ecuador registró el primer caso oficial de eutanasia ejecutada en su territorio. El procedimiento, pedido voluntariamente por la paciente, se realizó en Guayaquil, en el domicilio de una mujer que padecía de cáncer en estado avanzado.  Fuente: Primicias