Nacionales
Diana Salazar, reconocida por Time como una de las 100 personas más influyentes del 2024
A sus 42 años, Diana Salazar Méndez ha sido destacada por la revista Time como una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Este reconocimiento, que forma parte de la prestigiosa lista anual The 100 Most Influential People of 2024, resalta su impacto no solo en el ámbito nacional, sino también en el panorama internacional.
La publicación de Time subraya que su mayor desafío radica en desarticular las redes de narcotráfico que generan violencia en el país. Estas organizaciones operan con brutalidad y cuentan con vínculos en los sectores político, judicial, policial y económico, lo que añade complejidad a su trabajo.
El perfil de Salazar, elaborado por Time, también resalta los riesgos que enfrenta. Las constantes amenazas contra ella y su familia son un reflejo de la magnitud del enemigo al que se enfrenta. Sin embargo, estas intimidaciones no han mermado su determinación. “Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no se arrodillará”, ha declarado con firmeza.
En un país donde la confianza en las instituciones públicas está debilitada, Salazar se ha ganado el respaldo de la ciudadanía, que ve en su liderazgo una esperanza para restaurar la seguridad y estabilidad. Según Time, su labor no solo inspira confianza, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial ecuatoriano y su resistencia frente a presiones externas.
La selección anual de Time reconoce a personalidades de todo el mundo que han dejado una huella significativa en diversas áreas, como política, cultura, ciencia y activismo. Este año, la lista destaca a figuras que han generado cambios trascendentales y han marcado el rumbo de la sociedad global.
Nacionales
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Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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