«El Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa»

Imposibilitado de modificar la Constitución por el triunfo del ‘No’ en la consulta popular y con dos leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, el oficialismo optó por tomar ‘retazos’ de una de ellas para mantener viva su propuesta de reformas legales.

La fallida Ley de Integridad Pública se ha convertido en una suerte de comodín de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y parte de sus artículos están siendo distribuidos en otras normas, a través de reformas legales, dos de ella ya vigentes.

Este proceso de fusión normativa inició en octubre, una semana después de que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa ley que había sido enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.

Y, según adelantan los integrantes de la propia bancada oficialista, esta práctica continuará hasta incluir en otras leyes que ya están vigentes casi todos —o todos— los artículos que contenía la Ley de Integridad Pública.

Cambios en contratación pública
En esencia, lo que hoy se conoce como Ley de Integridad Pública llegó a la Asamblea con el nombre de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

El objetivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa era plantear una serie de reformas, ajustes y mecanismos de modernización del sistema de contratación pública que data de 2008.

Pero, en el camino, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea empezó modificando el nombre y luego terminó incorporando una serie de cambios en materia penal, migratoria, laboral, entre otras, que rompieron la unidad de materia, tal como determinó la Corte al declarar inconstitucional la norma.

Para no perder la idea original, la Comisión de Régimen Económico, dominada por ADN, tomó artículos y los incluyó en la reformas a la Ley de Contratación Pública. El cambio fue aprobado con 80 votos, el 7 de octubre.

Entre los artículos que quedaron insubsistentes, pero que volvieron a la vida con la reforma están:

Reducción del número de modalidades de contratación.
Fortalecimiento y nuevo Registro Único de Proveedores.
Modernización tecnológica del Portal de Compras Públicas.
Uso de Inteligencia Artificial en contratación pública.
Contrataciones de emergencia a través de una plataforma de datos abiertos.

Deportaciones y antecedentes penales

Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Integridad Pública era un articulado que fue incluido en torno a migración y movilidad humana, que tenía relación con temas como el visado para entrar al país y los trámites de deportación.

A inicios de octubre, la Comisión de Relaciones Internacionales, dominada por ADN, retomó el segundo debate de un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

Una de las críticas del gobierno fue al principio de «ciudadanía universal» que aplica el país a partir de la Constitución de Montecristi y el que, según el ministro del Interior, John Reimberg, se había convertido en una «camisa de fuerzas»

Por eso, se rescataron artículos que tienen que ver con la presentación de antecedentes penales como requisito para solicitar una visa de ingreso a Ecuador, para los países que sean requeridos.

Además, se retomó la propuesta de procedimientos simplificados para deportar o expulsar extranjeros que han cometido delitos en el país o se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

Evaluación a funcionarios públicos
El Pleno de la Asamblea Nacional tiene pendiente el segundo debate y votación de las reformas para el «Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales».

En este se incluyen, casi sin variación, todos los artículos referentes a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones de funcionarios del sector público que constaban en la Ley de Integridad Pública

La reforma debía ser votada el miércoles 26 de noviembre, pero sin mayor explicación el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió ese punto. Se espera que sea retomado esta semana, antes del receso legislativo.

«Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la normativa emita por la entidad rectora en integridad pública en coordinación con el ente rector del trabajo; que en ningún caso incluirá preguntas incriminatorias», dice uno de los cambios.

«La estabilidad (en el sector público) estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados en el Reglamento…», agrega la propuesta.

Ciberseguridad, con toques de la Ley de Integridad
En tanto que, la Comisión de Seguridad, también dominada por el oficialismo, trabaja en una reforma a Ley de Transformación Digital y Audiovisual que incluye un capítulo sobre Ciberseguridad.

En el proyecto, sin embargo, se incluyeron dos temas que poco tendrían que ver con Seguridad Informática, y que era parte de la cuestionada Ley de Integridad Pública:

Una de las reformas propone hacer dos cambios a la Ley de Tránsito. El primero se refiere a los radares: se insiste en poner un plazo de 180 días para que el ente de control realice el análisis y verificación de acreditaciones a las empresas encargadas de la calibración de los medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones.

El segundo hace referencia a que «si el país se encuentra en grave conmoción interna por seguridad, el Presidente de la República podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional».

Menores infractores en la mira
Otro de los puntos polémicos de la Ley de Integridad fue la inclusión, a última hora, de reformas al Código de la Niñez y al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar con mayor severidad a adolescentes infractores.

El lunes 1 de diciembre, la legisladora de ADN, Nathaly Farinango, reveló que la Comisión de Justicia se prepara un paquete de reformas al Coip que incluya artículos que no entraron en vigencia por la declaratoria de inconstitucionalidad.

«Es algo que se tendrá que analizar dentro de la comisión, si bien en el contexto de una ley económica urgente ya hubo un análisis, creo que se necesitaba profundizar para que no haya una narrativa falsa al respecto» Nathaly Farinango, asambleísta de ADN

La Revolución Ciudadana (RC) cuestiona que el gobierno insista en incluir en otras reformas legales artículos que eran parte de las leyes económicas urgentes que fueron cuestionadas por la Corte Constitucional.

La legisladora correísta, Liliana Durán, calificó como una «argucia» del gobierno el uso de artículos que quedaron sin vigencia en la Ley de Integridad Pública.

Farinango calificó a la tesis del correísmo, en el sentido de que esos artículos no podían volver a ser usados en otras leyes, como una «narrativa falsa».

ADN sostiene que los jueces constitucionales se pronunciaron sobre la forma como se construyeron las leyes urgentes, más no sobre el fondo del contenido de los artículos. Fuente: Primicias

A través de la rueda de prensa desarrollada este 1 de diciembre, el asambleísta por Sucumbíos, Juan Gonzaga, expuso ante los medios de comunicación una serie de observaciones relacionadas con el proceso de creación de las universidades amazónicas, específicamente el proyecto correspondiente a la provincia de Sucumbíos. El legislador enfatizó que este tema “convoca el interés de toda la ciudadanía”, pues se enmarca en la responsabilidad de velar por el uso adecuado de los recursos destinados a la educación superior en la región.

Cumplimiento de la Ley de la Amazonía y avance de los proyectos universitarios
Gonzaga recordó que, al asumir funciones legislativas, uno de sus compromisos fue impulsar la ejecución de la disposición transitoria de la Ley de la Amazonía, que ordena la creación de universidades en varias provincias amazónicas.

Según la normativa, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) debía ejecutar los proyectos universitarios para Morona Santiago y Orellana, mientras que la Universidad Estatal Amazónica (UEA), con sede en Pastaza, debía hacerlo para Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El asambleísta señaló que, dentro de la Comisión de Educación, presidida por la legisladora Cecilia Baltazar, se constató el incumplimiento de obligaciones por parte del Ministerio de Finanzas —principalmente en la transferencia de recursos— y por parte de las universidades responsables de ejecutar los proyectos. Como resultado, se estableció el compromiso de agilizar los desembolsos y avanzar en la construcción de los proyectos académicos.

Este informe pasó a la Comisión de Seguimiento de la Creación de Universidades, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel, quien tiene previsto visitar Sucumbíos ayer 1 de diciembre, para continuar el análisis. En esta instancia, se amplió el plazo para que las universidades presenten sus proyectos definitivos hasta el 19 de diciembre de 2025.

Inconsistencias en la información proporcionada por autoridades universitarias
Durante las comparecencias en la Comisión, el funcionario encargado —David Sancho— no asistió en primera convocatoria y delegó su presencia a Verónica Villarreal, directora de Planificación de la UEA.

Villarreal informó que los recursos asignados se habían invertido principalmente en bienes y propiedades, pero no pudo detallar claramente el proceso de adquisición ni los avances del proyecto académico, a diferencia de otras universidades que priorizaron los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Posteriormente, se conoció que la UEA había invertido USD 1’751.000 en la compra de un bien inmueble adjudicado mediante proceso de remate, valor que —según señaló Gonzaga— podría representar un sobreprecio, dada la información técnica que posteriormente obtuvo.

Detalles de los bienes adquiridos
Tras solicitar información al Municipio de Lago Agrio, se determinó que la adquisición correspondía a tres lotes ubicados en esta jurisdicción:
• Lote 1
o Valor del suelo: USD 47.057
o Valor de construcción: USD 735.000
• Lote 2
o Valor del suelo: USD 17.452
o Sin edificaciones (destinado a garaje)
• Lote 3
o Valor del suelo: USD 19.573
o Valor de construcción: USD 41.521

Gonzaga señaló que, según informes técnicos compartidos por delegados de la Secretaría Técnica de la Amazonía, estos bienes no cumplen criterios de funcionalidad ni pertinencia para el proyecto universitario, y que el proceso de adquisición no fue compartido ni coordinado con dicha Secretaría, como estipula la normativa.

Cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de remate
El asambleísta explicó que los bienes adquiridos provienen del fideicomiso mercantil creado tras la extinción de varias universidades y politécnicas, conforme lo establece la ley. Dicho fideicomiso, administrado por la Corporación Financiera Nacional Inmobiliaria (CFNI), tiene la facultad de rematar bienes con avalúos basados en catastros actualizados.

No obstante, Gonzaga reveló que:
• El único oferente en el proceso de remate fue la Universidad Estatal Amazónica.
• Existiría un posible sobreprecio, ya que el costo del terreno —según valores catastrales y parámetros de utilidad pública— no superaría los USD 150.000, mientras que la compra total (incluyendo una edificación a demoler) se adjudicó por USD 1’751.000.
• La funcionaria que dijo desconocer el proceso (Villarreal) aparece firmando los informes de factibilidad técnica en la resolución UEA 179-2025, que autorizó participar en el remate.

Acciones a ejecutarse
Gonzaga informó que la sesión convocada inicialmente en Pastaza se trasladó a Lago Agrio, dado que la adquisición de los bienes se efectuó en esta ciudad. La reunión se realizó a las 14h00 de ayer 1 de diciembre, con dos objetivos:
1. Revisión y presentación del proyecto de creación de la universidad para Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Orellana.
2. Constatación física de los bienes inmuebles ya adquiridos.

Responsabilidades administrativas, civiles y penales
El legislador concluyó que su labor no busca generar conflictos, sino vigilar el correcto uso de fondos públicos amazónicos, afirmando:
“La plata no es de la universidad; la plata es de los amazónicos, y debemos garantizar su correcta administración”.

Añadió que, debido a las inconsistencias encontradas, solicitará que la Contraloría General del Estado determine si existen responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal, en el marco del proceso de adquisición de bienes para la futura universidad.