Un operativo se desplegó en la cárcel de Guaranda, en la provincia de Bolívar, este lunes 2 de febrero de 2026. Intervinieron los soldados de la Brigada de Caballería Blindada, para mantener el orden y la seguridad al interior del centro penitenciario.

Los uniformados hallaron:

• Teléfonos celulares.
• Cocaína.
• Armas blancas.
• Accesorios para celulares.
• Pipas artesanales.
• Otros objetos prohibidos.

Esos objetos fueron hallados dentro de colchones, paredes y enseres que estaban al interior de las celdas de este centro de reclusión.

La impunidad reina en los casos de denuncias de minería ilegal en Ecuador, según datos de la Fiscalía.

De 2021 a 2025, la Fiscalía reporta 1.654 denuncias por delitos de minería ilegal pero de ese total, unos 1.151 casos (el 69,5%) seguían en investigación previa y otras 275 denuncias fueron archivadas.

En cambio, solo en 34 casos hubo una sentencia condenatoria y en 32 casos la sentencia ratificó la inocencia de los acusados.

En otros 69 casos, los acusados fueron sobreseídos; es decir, el proceso finalizó porque no hubo pruebas suficientes.

Hasta 30 años de cárcel dicta el Código Penal
El Código Integral Penal establece una pena de 16 a 20 años de cárcel por la «actividad ilícita de recursos mineros».

El artículo 260 de ese Código menciona que incurre en este delito toda persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros.  En el caso de minería artesanal ilegal, la pena es de 13 a 16 años.

Además, si se ocasionan daños al ambiente, la sanción sube a cárcel de 22 a 26 años; y si se comete como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada la pena es cárcel entre 26 y 30 años, más una multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados.

Y el artículo 261 tipifica, además, otro delito: el financiamiento o suministro de maquinarias para la actividad de extracción ilícita de recursos mineros, con pena de cárcel de tres a cinco años.

Las denuncias han aumentado en 2025
Solo en 2025 la Fiscalía recibió 393 denuncias por los dos delitos: actividad ilícita de recursos mineros  y financiamiento o suministro de maquinarias para minería ilegal.

Se trata de un incremento importante frente a 2021, cuando se reportaron 249 denuncias.

De los dos delitos, el más denunciado es el de actividad ilícita de recursos. En 2025, de las 393 denuncias, 388 fueron por este delito.

La lentitud en el avance de los procesos se debe a que en la mayoría de los casos denunciados ante la Fiscalía el delito se reportó como «no flagrante».

Esto significa que cuando las autoridades llegaron al punto en donde se estaba realizando la actividad de minería ilegal, ya no había personas en el sitio o las máquinas ya estaban apagadas, dice el abogado especialista en minería, Stevie Gamboa.

«La razón para tan pocos resultados es la dificultad para seguir los procesos sin que haya personas detenidas. Los procesos que más o menos avanzan son los que están en flagrancia», añade Gamboa.

Gamboa explica que para entender mejor el problema de la impunidad en los casos de minería ilegal también se debe analizar cuántos amparos administrativos recibe la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) por parte de las empresas con concesiones mineras formales.

Los amparos administrativos son los recursos que presentan las empresas mineras, además de las denuncias en Fiscalía, cuando identifican que en sus concesiones hay actividad de mineros ilegales.

Se trata de un proceso obligatorio que deben hacer las empresas, pues si no lo hacen, pueden perder las concesiones, dice Gamboa.

Y pese a que las empresas serias presentan estos amparos a la Arcom y pagan dos tasas para que la Agencia haga las inspecciones, Gamboa explica que la mayoría de trámites no prospera, pues quedan archivados.

El abogado dice que los funcionarios de la Agencia se demoran tanto tiempo en tramitar los amparos que en muchos casos los mineros ilegales ya se han ido explotando todo lo que pudieron.

Otro problema es que hasta hace poco, uno de los requisitos para presentar un amparo administrativo era informar «la relación circunstanciada de los hechos con la indicación de los nombres y apellidos de las personas causantes de la invasión, despojo u otra forma de perturbación».

Pero el 31 de diciembre de 2025 se eliminó ese requisito mediante un decreto ejecutivo.

En tres provincias hay más denuncias de minería ilegal
Tres provincias concentran el 62,5% de todas las denuncias presentadas por minería ilegal en 2025. Se trata de Zamora Chinchipe, Loja y Napo.

La  provincia amazónica de Zamora Chinchipe, de hecho, lidera la lista de denuncias por minería ilegal desde 2021.

Según la Arcom, en Zamora Chinchipe hay alrededor de 10 puntos rojos de minería ilegal identificados: Zumbi, Cumbaratza, Yanzatza, Nangaritza, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza Chinapintza, La Saquea, Yacuambi.

Este problema contrasta con la otra cara de la moneda en esta provincia, que también es el centro de la actividad minera industrial formal del país, pues desde 2019, ahí operan las dos únicas minas a gran escala que tiene el país:

La mina de cobre a cielo abierto, Mirador, a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente.
Y la mina subterránea de oro, Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Lundin Gold.
Producto de esa actividad, la recaudación de impuestos en Zamora Chinchipe creció 39% en 2025 y es la cuarta provincia en donde se recauda más impuestos.

Las otras dos provincias con puntos críticos y más denuncias de minería ilegal son Loja y Napo.

La minería ilegal en Napo, al mando de Choneros y Lobos 
En Napo, organizaciones como Napo Ama la Vida denuncian desde 2020 el avance de la minería ilegal en zonas como Yutzupino (Puerto Napo), Tena, y en Carlos Julio Arosemena Tola, en donde ríos como el Jatunyacu y Anzu ya muestran signos de contaminación con mercurio.

José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama la Vida, explica que tras el mega operativo de Manatí, en febrero de 2022, para desalojar la minería ilegal en Yutzupino, la actividad no desapareció, sino que se movió a otros puntos y se multiplicó incluso en territorios de comunidades indígenas.

«La mayoría de concesiones mineras entregadas en Napo son terrenos en donde viven familias y comunidades indígenas y muchas zonas ya están tomadas por mineros ilegales», dice Moreno.

Y añade: «ahora vemos comunidades en donde los niños tienen problemas en la piel, en donde no se puede pescar, nadar, ni usar para nada el agua de los ríos que antes eran cristalinos».

Moreno explica que la minería ilegal es un fenómeno que ha dividido a los pobladores de Napo pues, por una parte, hay familias que han permitido el ingreso de mineros ilegales a cambio de dinero o de que les permitan sacar también oro de las orillas de los ríos.

Pero también hay comunidades indígenas que se han organizado para oponerse y cerrar el paso a los mineros ilegales en sus territorios, añade.

Moreno explica que la problemática es más grave pues la minería ilegal está ahora al mando de grupos armados en Napo, como Los Lobos y Los Choneros. Fuente: Primicias

Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:

21% de los ingresos permanentes  del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.

El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:

15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.

De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.

«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.

¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.

El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración.  En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.

Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.

En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.

¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.

Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.

Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.

Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949  millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.

Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.

Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.

El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.

Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.

Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.

«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.

Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.

¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.

Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.

Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD  —  no solo de la asignación estatal—  sea para inversión y obra pública.

«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista

Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias