Una farmacia de Cuenca fue clausurada tras una inspección en la que técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hallaron más de 300 medicamentos caducados, varios de ellos con fechas de vencimiento borradas y remarcadas. Entre los productos irregulares se identificaron antigripales, mentol, suplementos alimenticios y soluciones para nebulización.

La institución alertó que la venta de medicamentos vencidos representa un riesgo sanitario grave. Después de su fecha de caducidad, los fármacos pueden perder eficacia, volverse inestables e incluso generar efectos adversos. En el caso de bálsamos y productos inhalados, la oxidación de sus componentes puede causar irritación en la piel y vías respiratorias, reacciones alérgicas y una reducción del efecto descongestionante. Estos peligros aumentan especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En total, Arcsa registró 311 productos irregulares. Todo el inventario fue inmovilizado, el establecimiento quedó clausurado y se inició un proceso administrativo sancionatorio. Según la Ley Orgánica de Salud, las sanciones por comercializar medicamentos caducados pueden incluir multas de hasta 10 salarios básicos unificados (USD 4.700) y clausuras temporales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La institución recordó que toda farmacia debe operar bajo la supervisión de un bioquímico o químico farmacéutico, responsable de garantizar la calidad y seguridad de los productos que se ofrecen al público.

La investigación para dar con los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador, ha entrado en una fase crítica de complicaciones procesales. Lo que comenzó como un expediente sustentado en testimonios de exoperadores del crimen organizado, se ha transformado en una batalla de desacreditaciones cruzadas entre la Fiscalía General del Estado y los procesados.

En el centro de la trama judicial se encuentran cuatro figuras procesadas por asesinato: Xavier Jordán, prófugo por corrupción hospitalaria y señalado como supuesto financista; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción; Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo; y José Serrano, exministro del Interior.

La teoría del caso de la Fiscalía se basa, principalmente, en los relatos de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y el testigo protegido identificado como RPHR. Todos ellos, sentenciados o involucrados en otras tramas de delincuencia organizada, quienes han señalado una supuesta estructura jerárquica detrás del crimen de Villavicencio perpetrado en agosto de 2023.

Asesinato, espionaje, extorsión y narcotráfico, entre los antecedentes del nuevo testigo del caso Villavicencio
Sin embargo, en las últimas semanas, la solidez de estas versiones ha sido puesta a prueba. Los procesados, desde el exterior o desde prisión, han desplegado una estrategia para evidenciar supuestas inconsistencias y montajes por parte de las autoridades investigadoras.

Un audio apunta a Vimos, el primer testigo
Esta dicotomía procesal se evidencia en el manejo del primer testimonio clave: el de Lenin Vimos. Este abogado sentenciado en el caso Plaga fue pieza fundamental para explicar cómo operaba la red de protección judicial del narcotraficante Leandro Norero.

Según su versión, rendida el 4 de abril de 2024, la planificación del crimen se gestó mientras Villavicencio vivía. Vimos relató contactos con Jorge Robinson Chonillo, alias ‘Negro Yorkis’, un sujeto cercano a Fabricio Colón Pico, quien le habría confesado reuniones en Cali con cabecillas de Los Lobos.

En dicha reunión en Colombia, según el testimonio de Vimos, alias ‘Negro Yorkis’ presenció una videollamada de Ronny Aleaga. En esa comunicación se habría coordinado el pago de USD 1 millón para la ejecución del asesinato, estableciendo una cadena de mando clara.

Vimos fue explícito al describir la estructura intelectual. Señaló a Jorge Glas y José Serrano en la cúspide de las órdenes, a Xavier Jordán como el financista económico y a Aleaga como el coordinador operativo con las bandas criminales.

Además, Vimos aseguró que alias ‘Invisible’, uno de los sicarios materiales, le confirmó en la Cárcel 4 la participación de Daniel Salcedo como enlace entre la clase política y Los Lobos, banda a la que se le adjudica el crimen.

No obstante, la credibilidad de este relato recibió un golpe este 24 de noviembre de 2025. José Serrano, prófugo y detenido en Miami por temas migratorios, publicó en su cuenta de X lo que califica como una prueba del «montaje».

Serrano hizo referencia a un audio donde, supuestamente, un testigo relata que Lenin Vimos le confesó: «No te preocupes, esa versión es creada por las autoridades». El exministro acompañó la publicación con ataques directos a la gestión de la exfiscal Diana Salazar y su equipo.

 El giro del testigo Marcelo Lasso  
El segundo frente de conflicto se abrió con Marcelo Lasso, conocido por haber sido la mano derecha de Leandro Norero en la cárcel de Latacunga. Su participación en el caso Metástasis fue el antecedente de su involucramiento en el caso Villavicencio.

Lasso declaró bajo juramento que Norero, antes de ser asesinado en octubre de 2022, ya tenía planes para atentar contra Villavicencio. Según su relato, estos planes incluían seguimientos coordinados con figuras políticas y criminales.

El testigo afirmó que, tras la muerte de Norero, la posta fue tomada por Xavier Jordán y los otros procesados. Lasso detalló que se reunió USD 1 millón, entregados por Salcedo a alias ‘Sianca’, financiero de Los Lobos, para dividir el pago con el Frente Oliver Sinisterra.

Sin embargo, la narrativa de Lasso sufrió un revés radical en Estados Unidos. El 20 de noviembre de 2025, Xavier Jordán reveló extractos de una deposición que Lasso rindió ante la Corte de Miami Dade, en el marco de una demanda por difamación contra Diana Salazar.

En esa diligencia en suelo norteamericano, Lasso se habría retractado de lo dicho en Ecuador. Según los documentos presentados por la defensa de Jordán, el testigo afirmó que su versión incriminatoria fue realizada bajo presión y pedido de la Fiscalía ecuatoriana.

La respuesta del Ministerio Público fue inmediata. La Fiscalía anunció el inicio de una investigación por fraude procesal, argumentando que las «narrativas» posicionadas desde el extranjero carecen de sustento legal y buscan la impunidad.

A pesar de la retractación en EE.UU., la Fiscalía sostiene que los testimonios originales de Lasso han sido corroborados con otras pericias técnicas y versiones dentro del expediente nacional.

 RPHR: El expolicía que denuncia sobornos  
El tercer vértice de esta disputa es el testigo protegido RPHR, un expolicía de inteligencia que trabajó durante la gestión de José Serrano y que terminó preso por delitos comunes. Su testimonio conecta la operatividad de los seguimientos con los autores intelectuales.

RPHR relató que fue reclutado en la cárcel por Daniel Salcedo. Debido a su experiencia en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), se le encargó coordinar las tareas de vigilancia a Fernando Villavicencio, en julio de 2023.

Según su versión, presenció videollamadas entre Salcedo y Serrano, donde el exministro urgía la obtención de información sobre la rutina y seguridad del candidato presidencial, bajo la promesa de reincorporarlo a la Policía.

El expolicía detalló la entrega de fotografías y reportes de seguimiento a través de la aplicación encriptada Threema, la misma utilizada por la red de Norero. Por este trabajo, afirmó haber recibido USD 5.000 en efectivo.

Tras el asesinato, RPHR ha sufrido múltiples atentados contra su vida dentro del sistema penitenciario, incluyendo intentos de ahorcamiento y envenenamiento, lo que obligó a su traslado y protección especial.

Este 24 de noviembre de 2025, RPHR rindió su testimonio anticipado y lanzó una acusación que conecta los cabos sueltos de las retractaciones recientes. El testigo aseguró que intentaron comprar su silencio.

En 2019, RPHR fue detenido luego de ser vinculado a un robo con muerte en Cuenca.X / @daburma69

Desde la Cámara de Gesell, RPHR reveló que fue contactado por Marcelo Lasso —el testigo que se retractó en Miami— para ofrecerle dinero a nombre de Xavier Jordán.

Según abogados presentes en la diligencia, la oferta ascendía a USD 300.000. El objetivo era que RPHR alterara su versión y acusara a la fiscal Diana Salazar de armar fraudulentamente los casos Metástasis y Villavicencio.

El testigo protegido fue más allá y aseguró que el propio Xavier Jordán le escribió desde una cuenta falsa de Instagram. En esos mensajes, le prometía «arreglar su vida» a cambio de colaborar con la narrativa del montaje fiscal.

RPHR entregó a las autoridades el dispositivo móvil donde constan estos mensajes, el cual fue incautado en la Cárcel 4 y entrará en cadena de custodia para su peritaje.

Además, el expolicía lanzó un dardo contra la credibilidad de la retractación de Lasso en Estados Unidos. Aseguró tener conocimiento de que Lasso cobró USD 200.000 a Jordán por dar ese testimonio favorable en la Corte de Miami. Fuente: Primicias

Cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años permanecen detenidos por el femicidio de Alison Juliana Altamirano, estudiante universitaria de 23 años que fue asesinada en el cantón Cevallos, en Tungurahua.

El delito ocurrió la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025, cuando la víctima fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Ferroviario.

Intento de femicidio en Quito: sospechoso fue herido tras disparar a la Policía
En el sitio, el cuerpo de la joven, oriunda de Tena, estaba oculto bajo un colchón y presentaba heridas de arma blanca.

En la vivienda fueron aprehendidos cuatro hombres, identificados como Anderson V., de 25 años; Steven D., de 21 años; Ronald G., de 18 años; y Johan V., de 18 años.  Según reportes preliminares, horas antes la víctima habría consumido licor con los implicados.

Como indicios, la Policía levantó un arma blanca, un mazo de madera, botellas de licor, pipas artesanales y prendas de vestir.

Conmoción en Tena
Tras el femicidio, Jimmy Reyes, alcalde de Tena, reaccionó al hecho y repudió el asesinato de Alison Juliana Altamirano.

“El pueblo de Tena pide a las autoridades judiciales de Tungurahua practicar todas las diligencias correspondientes para condenar a los causantes de la muerte de nuestra coterránea”, escribió en sus redes sociales.

Según el Municipio, la víctima era sobrina de una funcionaria de la institución y nieta de un exconcejal del cantón Tena. En Tungurahua, Altamirano estudiaba Medicina Veterinaria en la Universidad Técnica de Ambato

La Policía Nacional informó que los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Además, tres teléfonos celulares quedaron bajo cadena de custodia como indicios relacionados con la investigación.

Según la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea), Ecuador registra 349 feminicidios entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, “el número más alto nunca registrado, con una mujer o niña asesinada cada 22 horas”.