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Depuración en la Asamblea: entre la ética, el clientelismo y el descontento ciudadano en Zamora Chinchipe

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El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sobre una “depuración sistemática” en la institución legislativa ha desatado un intenso debate público. Más allá de los titulares y las acusaciones cruzadas, el tema expone problemas estructurales sobre ética política, transparencia en la contratación pública y la representatividad que reclaman los territorios históricamente marginados, como Zamora Chinchipe.

La desvinculación de asesores señalados por presuntos vínculos familiares con asambleístas, si bien se presenta como un acto de saneamiento institucional, ha generado críticas que apuntan a un trasfondo político y a una práctica de doble estándar. En la provincia amazónica, líderes sociales y ciudadanos cuestionan en redes sociales la coherencia de sus representantes, quienes en campaña ofrecieron priorizar el talento local, pero en la práctica han favorecido a profesionales de otras provincias en cargos de alta remuneración.

Equipos de trabajo bajo la lupa

De acuerdo con el Observatorio Legislativo, hasta el 30 de junio de 2025, el asambleísta Héctor Valladares (RC5) contaba en su equipo con:

  • Asesor 1: Maldonado Gaona Hilver Leonardo

  • Asesor 2: Pazmiño Lucio Tatiana Marianela (separada el 15 de julio de 2025)

  • Asistente 1: Castillo Calva Karina Elizabeth

  • Asistente 2: Guayanay Correa Norma Elizabeth

Mientras tanto, la asambleísta Esperanza Rogel (ADN) tiene como colaboradores a:

  • Asesor 1: Basantes Camacho Francisco Javier

  • Asesor 2: Ludeña Ontaneda Cristian Antonio

  • Asistente 1: Villalta Salinas Mariuxi Yadira (única profesional de Zamora Chinchipe)

  • Asesor 3: Cruz Fernández Paola Elizabeth

En ambos casos, los cargos mejor remunerados están en manos de personas externas a la provincia, lo que alimenta el descontento popular en una tierra donde el desempleo y la falta de oportunidades son preocupaciones constantes.

️ Respuesta y acusaciones cruzadas

En reacción al trino de Olsen, “Otro familiar del asambleísta prófugo…, Santiago Díaz, queda fuera de la Asamblea Nacional del Ecuador”, Valladares defendió a su exasesora Tatiana Pazmiño, subrayando que su contratación se basó en méritos y que su renuncia fue voluntaria, antes de la publicación presidencial.

“No existió injerencia del exasambleísta Díaz. Tatiana demostró ética, experiencia y compromiso con la provincia. Esta narrativa es una cortina de humo para distraer al país de problemas reales como la inseguridad, el desempleo y la minería ilegal”, declaró Valladares, quien también acusó a la bancada oficialista de mantener familiares en la nómina legislativa.

Críticas desde la base ciudadana

Para los ciudadanos de Zamora Chinchipe, el tema va más allá de un conflicto entre bloques políticos. Líderes comunitarios cuestionan en redes sociales a sus representantes por no cumplir su palabra de apoyar a profesionales locales y por permitir que los recursos humanos de la provincia sigan siendo marginados en favor de intereses externos.

“Nos pidieron el voto con la promesa de dar trabajo a nuestra gente, pero se olvidaron de Zamora Chinchipe. Esto no es un error, es una falta de ética y compromiso”, afirman.

Este descontento no se limita a la Asamblea; se extiende a otras instituciones públicas donde, según denuncias, las contrataciones también priorizan a foráneos, dejando de lado a quienes contribuyeron en campañas electorales y quienes viven la realidad amazónica.

La tema trae al debate la necesidad de reformas profundas que garanticen meritocracia, transparencia y respeto a las comunidades locales en la administración pública. La confianza ciudadana en sus representantes continúa erosionándose en un contexto nacional marcado por crisis económicas, desastres naturales no atendidos y una creciente percepción de abandono estatal en territorios periféricos.

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Familia de Playas del Cuje exigen justicia ante afectaciones provocadas por minería e invierno

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El equipo periodístico de Diario El Amazónico realizó una visita a la comunidad Playas del Cuje, del cantón Centinela del Condor, con el propósito de visibilizar una grave problemática que afecta a varias familias del sector: la ejecución de actividades mineras en terrenos privados, sin la debida autorización y con consecuencias directas sobre la seguridad, la producción agrícola y la vida digna de sus habitantes.

Durante el recorrido, se recogieron los testimonios de moradores que denunciaron incursiones no consentidas por parte de operadores mineros, quienes habrían vulnerado linderos y ocasionado daños en cultivos, cercados. La señora Alexandra, una de las afectadas, denunció un intento de intimidación con maquinaria pesada, la afectación de su terreno y la presión constante para abandonar su propiedad. “Si mi madre y mi hermano menor no se hacían a un lado, hoy estaríamos hablando de otra historia”, afirmó con preocupación.

Los habitantes señalaron además que la minería se desarrolla sin planes técnicos aprobados, afectando la biodiversidad local y reduciendo los espacios de cultivo que históricamente han sido su único sustento. “Antes teníamos plátano, naranjas, cacao, maíz… hoy solo queda una pequeña franja de terreno útil”, indicaron.

A pesar de que las denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía y otras instituciones del Estado, los moradores aseguran no haber recibido una respuesta concreta. Según expresaron, las visitas de la Policía o las Fuerzas Armadas no han generado acciones efectivas. Incluso, se denunció que el Ministerio del Ambiente habría advertido en años anteriores sobre posibles sanciones por la tenencia de fauna silvestre, mientras que no se han adoptado medidas frente a quienes degradan masivamente los suelos y ecosistemas del sector.

Solicitudes urgentes:
• Intervención de la Fiscalía General del Estado ante presuntos delitos ambientales e intimidación.
• Presencia de la Gobernación de Zamora Chinchipe, la Prefectura Provincial, el Ministerio de Ambiente, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM), para verificar la legalidad de las operaciones extractivas.
• Plan de recuperación ambiental en zonas impactadas por la minería y reparación a las familias afectadas.
• Defensa de la integridad territorial y la seguridad jurídica de los pequeños propietarios rurales.

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EXPOMINAS 2025: Mirador, ejemplo de minería responsable y de desarrollo social

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El aporte de la mina Mirador al desarrollo de Zamora Chinchipe y del país fue destacado en la XVIII edición de Expominas 2025. Se resaltó su papel como motor económico del país, su compromiso con el cuidado ambiental, el estricto control de calidad en la construcción de sus estructuras, además del apoyo constante a las comunidades ubicadas en la zona de influencia.

Durante el acto inaugural, que contó con autoridades como el Viceministro de Minas, Javier Subía, Jeimi Chiluisa Palacios, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Comunicación de ECSA, resaltó que la minería impulsa significativamente el desarrollo económico y social del Ecuador. Subrayó los reconocimientos alcanzados por la empresa, como el premio a “Mejor Lugar para Trabajar en Ecuador” y el Distintivo “Iniciativa Verde”. Asimismo, destacó la inversión de más de 25 millones de dólares en gestión ambiental durante el último año y la inauguración del moderno Laboratorio de Suelos y Materiales, con una inversión superior a 2 millones, que fortalece el control de las infraestructuras de la mina. Mencionó que, en el 2024, ECSA generó más de 301 millones en aportes tributarios. Además, mantiene más de 1.400 empleos directos y cerca de 5.000 entre contratistas y subcontratistas, lo que suman más de 6 mil empleos. Las operaciones de la mina Mirador benefician a aproximadamente 19.000 personas.

Como parte de la Conferencia Magistral: «Control de calidad en la construcción del Depósito de Relaves Tundayme de la mina Mirador», se expuso el riguroso control de calidad aplicado en la construcción de la presa del Depósito de Relaves Tundayme, con más de 30.000 ensayos realizados desde 2021. Jorge Carrasco, Coordinador Senior de Gestión de Depósitos de Relaves, destacó el aporte del Laboratorio de Suelos y Materiales, que en su primer año sumó 7.575 ensayos, cumpliendo con los factores de seguridad de estabilidad exigidos por las normativas nacionales e internacionales, y garantizando la sostenibilidad de las operaciones.

Por otro lado, en la Mesa Redonda sobre: “Impacto Social y económico en las zonas de minería sostenible”, se evidenció el compromiso de la mina Mirador con su zona de influencia a través de obras como el parque central de Tundayme, el paso lateral de El Pangui, la pavimentación de calles en Tundayme y la construcción del puente sobre la quebrada Cayamatza, con una inversión cercana a 1 millón de dólares, impulsando el desarrollo del cantón El Pangui y la parroquia Tundayme.

Chiluisa Palacios, también resaltó el respaldo a programas de becas universitarias, bachillerato acelerado, capacitación docente, brigadas médicas y el fortalecimiento del agro y el emprendimiento local, así como las compras a proveedores de la zona que alcanzaron los 59 millones de dólares.

Expominas 2025 reunió al sector público, privado, la academia y delegaciones de más de 12 países, quienes compartieron experiencias y visiones sobre el desarrollo minero. Este evento se consolidó como un espacio clave para impulsar el sector, donde estudiantes, líderes comunitarios y ciudadanos visitaron el stand de ECSA para conocer de cerca la experiencia de minería responsable que se aplica en la mina Mirador.

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Varias familias vulnerables de Cumbaratza exigen atención estatal inmediata tras desastre natural

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Tras los recientes eventos invernales que afectaron a la provincia de Zamora Chinchipe, el vocal William Vinueza, visitó el barrio El Descanzo, perteneciente a la parroquia Cumbaratza del cantón Zamora, constatando la grave situación de varias familias afectadas por el desbordamiento del río. Viviendas anegadas, pérdida total de enseres, ausencia de servicios básicos y la precariedad de los refugios temporales configuran un escenario de emergencia humanitaria que requiere atención inmediata de las autoridades competentes.

Durante el recorrido, se registró el testimonio de don José Rosales, padre de cuatro hijos con discapacidad. Su vivienda fue completamente inundada, perdiendo herramientas de trabajo, camas, electrodomésticos y artículos básicos de subsistencia. La motoguadaña, que le permitía sostener a su familia realizando labores de limpieza de terrenos, quedó inservible. A pesar de recibir un bono por sus hijos, don José hoy depende de la solidaridad de vecinos y allegados.

La situación se repite con doña Rosa Merino, mujer adulta mayore, quien perdió su vivienda y hoy viven en condiciones indignas, alojadas temporalmente en casa prestada. Y doña Maruja también es una mujer adulta, además ambas se encargan del cuidado de sus padres de la tercera edad, uno de ellos con enfermedad catastrófica, y de hijos con discapacidad. Ninguna ha recibido una solución efectiva por parte de las autoridades locales.

Según el testimonio del vocal de la Junta Parroquial de Cumbaratza, William Vinueza, se han hecho esfuerzos ciudadanos por atender de manera inmediata la emergencia: entrega de alimentos, mingas comunitarias y acompañamiento en terreno. No obstante, la respuesta institucional ha sido insuficiente. A pesar de la existencia de un convenio entre el MIES, el GAD municipal y el GAD parroquial, no se ha garantizado atención sostenida, vivienda digna ni acompañamiento social y psicológico a las familias desplazadas.

Asimismo, las familias han denunciado la ausencia de los principales representantes parroquiales y cantonales, quienes no han acudido a constatar personalmente los daños ni han presentado un plan integral de contingencia o reconstrucción.

Llamado urgente a las instituciones y a la sociedad civil
• Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para garantizar la atención prioritaria a personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
• GAD Cantonal de Zamora y GAD Parroquial de Cumbaratza, para activar planes de respuesta y reconstrucción, priorizando viviendas afectadas y vías de acceso.
Organizaciones no gubernamentales y fundaciones, a articular apoyo técnico, logístico y humanitario en esta emergencia social y ambiental.

La situación en El Descanzo es reflejo de la fragilidad estructural de las zonas rurales amazónicas, agravada por la falta de planificación territorial y mitigación de riesgos. Durante el recorrido se evidencian el abandono institucional y la necesidad urgente de una respuesta integral, intersectorial y humana.

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