En entrevista concedida a la Cadena Ecotel de Loja, el abogado Paúl Luzuriaga, representante legal de habitantes de San Carlos de las Minas, expuso una serie de denuncias en contra de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, a la cual se atribuyen presuntas prácticas de minería ilegal y afectaciones ambientales en distintos sectores de Zamora Chinchipe.
Según Luzuriaga, la problemática fue advertida desde el año 2022, cuando moradores de San Carlos de las Minas presentaron una denuncia formal señalando daños al cauce de los ríos Zamora, Nambija y la quebrada Namanda, lo que habría provocado inundaciones y perjuicios a viviendas de la zona. No obstante, pese a la evidencia entregada, la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe habría desestimado el caso, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos.
El jurista argumenta que los mineros cuentan con título de concesión, pero no con la licencia ambiental, requisito establecido en el artículo 26 del Reglamento para la Minería. Además, señaló un posible conflicto de intereses al indicar que uno de los socios de la cooperativa sería Galo Rodríguez, actual fiscal en Zamora, lo cual, a su criterio, comprometería la imparcialidad de las investigaciones.
A estas denuncias de carácter ambiental se suman también acusaciones en el ámbito urbanístico y financiero. De acuerdo con lo expuesto, la cooperativa habría participado en la comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara” (Loja), pese a no contar con facultades legales para tal fin. Esta situación derivó en la presunta estafa a más de 800 familias que habrían invertido entre 9.000 y 10.000 dólares en dichos lotes, alcanzando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de dólares.
Frente a este hecho, los concejales lojanos John Espinoza (presidente de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Loja), Santiago Herráez y la doctora Jolly Castillo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Loja, en un esfuerzo por recuperar los recursos de los afectados.
El abogado Luzuriaga enfatizó que la lucha legal lleva ya más de seis años y que las comunidades afectadas mantienen la exigencia de que se respete el derecho a un ambiente sano, así como la restitución de los bienes perdidos por las prácticas irregulares atribuidas a la cooperativa minera.
Finalmente, reiteró la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con independencia, transparencia y apego a la ley, a fin de garantizar justicia tanto para las familias perjudicadas en Loja como para los habitantes de San Carlos de las Minas que denuncian daños ambientales.
