En un pronunciamiento considerado emblemático para la defensa de los derechos laborales en la provincia Amazónica, la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe emitió una sentencia que marca un paso importante en los procesos judiciales emprendidos por extrabajadores del Municipio del cantón Chinchipe, quienes durante años han luchado por la reivindicación de sus derechos constitucionales y laborales.

Así lo dio a conocer el abogado defensor de los trabajadores. Edgar Robayo, durante una entrevista en Diario El Amazónico, donde explicó el contexto, implicaciones y alcances jurídicos de este fallo que, luego de más de cuatro años de litigio, favorece a los trabajadores despedidos en mayo de 2019, tras el cese de su relación laboral con la municipalidad.

Un proceso largo y plagado de obstáculos
El jurista explicó que el proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades judiciales que entorpecieron el acceso a la justicia por parte de los trabajadores. Desde inadmisiones arbitrarias de la demanda, hasta dilaciones procesales injustificadas —como la falta de juez en el cantón Chinchipe durante casi un año, los extrabajadores enfrentaron un sistema que, en palabras del abogado, “los obligó a litigar en una cancha inclinada”.
Una de las principales controversias surgió cuando el juez de primera instancia declaró la prescripción de los procesos, aduciendo demoras en su tramitación, las cuales habían sido provocadas precisamente por decisiones judiciales que contravenían lo dispuesto por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En específico, el juez declaró de oficio su incompetencia, acción expresamente prohibida por la normativa en materia laboral, que reserva dicha excepción exclusivamente a la parte demandada.

Corte Provincial rectifica y sienta precedentes
El caso dio un giro con la sentencia dictada el 2 de julio de 2025 por la Corte Provincial, en la causa del extrabajador Darwin Patricio Saquinaula Rueda. En dicha resolución, los jueces provinciales Frans Ricardo Camaño Ochoa y Marcos Gavino Coronel Vélez revocaron la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la declaratoria de prescripción. La sentencia de la Corte destacó que el proceso había sido injustamente archivado por obstáculos generados por el mismo sistema judicial.

Este fallo no solo resolvió favorablemente para el demandante, sino que, según Robayo, se convierte en una “trocha abierta” que guiará más de un centenar de juicios laborales pendientes en la provincia. “Esta sentencia reivindica una lucha obrera, ya no por la obtención de nuevos derechos, sino para que los ya reconocidos constitucionalmente sean efectivamente aplicados”, indicó.

Valor académico y jurídico de la sentencia
El abogado resaltó el contenido técnico y argumentativo de la sentencia, que ha comenzado a ser analizado en espacios universitarios de posgrado por su valor en materia de argumentación jurídica. “Esta decisión judicial no solo tiene un impacto formal, sino que adquiere dimensión material y pragmática, al interpretar con profundidad el sentido protector del Derecho del Trabajo y su finalidad social”, expresó.

Uno de los fragmentos destacados de la sentencia, contenido en el numeral 25.3, establece que “subsumir al trabajador dentro de lo preceptuado en el artículo 2419 del Código Civil es torturar mortalmente la norma”, refutando así la visión meramente mercantilista que se pretendió aplicar desde primera instancia para desestimar el carácter laboral de la relación y evadir la obligación patronal.

Impacto económico y social del fallo
Según las estimaciones de Robayo, cada trabajador podría recibir una indemnización que bordea los 15.000 dólares, suma que incluye montos por concepto de sueldos impagos, intereses legales acumulados y multas contempladas en el Código del Trabajo. Cabe señalar que el empleador, en este caso el Municipio, incumplió el pago de tres meses de remuneración tras la finalización de los contratos, lo que generó el inicio de esta gesta jurídica.

“Esto no es atribuible a los trabajadores, sino estrictamente a la administración municipal, que contrató de forma inadecuada y omitió sus obligaciones legales”, indicó el jurista.

Denuncias y riesgos en la defensa de derechos
Robayo también denunció las agresiones físicas que sufrió como consecuencia de su labor profesional. Relató haber sido víctima de un atentado en el que resultó con heridas graves, tras ser atacado por familiares del exalcalde del cantón. Estas acciones, señaló, reflejan los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y laborales en la provincia.

Un llamado a la ética profesional y al compromiso social
Finalmente, el abogado en libre ejercicio, realizó un llamado a la comunidad jurídica, exhortando a los abogados laboralistas a honrar los principios éticos de la profesión y asumir con valentía la defensa de los más vulnerables. “No basta con aparecer cuando hay juicios fáciles; hay que estar en las verdaderas luchas, junto al pueblo trabajador, cuando el poder político y judicial se convierten en obstáculo para la justicia”, señaló.

Este proceso judicial, más allá de su dimensión legal, encarna una lucha simbólica y estructural por la dignidad laboral en la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias a la actuación de la Corte Provincial, se sienta un precedente que fortalece el Estado de Derecho y visibiliza las históricas desigualdades que han afectado a los trabajadores. Y a la ciudadanía, organizaciones laborales y actores institucionales están llamados ahora a acompañar y vigilar el desarrollo de los procesos pendientes, en el camino hacia una justicia más equitativa, eficaz y humana.

El equipo de Diario El Amazónico realizó un recorrido en el sector de Jambué Bajo, cantón Zamora, donde constató los severos daños provocados por la temporada invernal, especialmente en la infraestructura productiva y la conectividad de esta importante zona agrícola de la provincia de Zamora Chinchipe.

La visita permitió recoger las voces de los moradores, entre ellos el ciudadano José Zapata, productor y referente comunitario, quien expuso con firmeza y preocupación la crítica situación que atraviesan doce familias directamente afectadas por la crecida del río Jambué, fenómeno natural que alteró su cauce y provocó daños irreversibles en cultivos, infraestructuras, canales, chancheras, peceras e invernaderos.

“El invierno hizo un tremendo daño al Valle del Jambué. No solo a una familia, sino a muchas”, expresó Zapata, quien hizo un llamado a las autoridades provinciales, en especial a la Prefectura de Zamora Chinchipe, para que prioricen con carácter de urgencia la atención a esta zona rural, altamente productiva y estratégica para el abastecimiento de alimentos a la ciudad de Zamora.

El puente que servía de conexión entre las comunidades ha quedado bloqueado, aislando a las familias y complicando el acceso a servicios básicos y mercados. “Ese puente está al medio, el río aisló y lo dejó a un lado. La gente debe dar la vuelta por Martín Ujukam”, manifestó Zapata.

Las pérdidas económicas en la zona se estiman en más de 30 mil dólares, entre cultivos arrasados, maquinaria inutilizada y bienes de las fincas familiares. “Perdimos peceras, polleras, cañaverales y los animales de corral. El río llegó a las casas y nadie se ha acercado a verificar los daños.”
De igual forma, el productor Manuel Zapata lamentó que, pese a las gestiones realizadas con antelación, no se haya intervenido con la canalización del río cuando era posible. “Hace tres meses fuimos en comisión a pedir canalización. Hubo compromiso, pero no voluntad. Hoy, lo hemos perdido todo”, declaró visiblemente afectado.

Los moradores hacen un llamado categórico a las autoridades provinciales, cantonales y para que se actúe con inmediatez. Las prioridades, según los habitantes, son:
1. Canalización y encauce del río, para evitar que continúe afectando propiedades productivas.
2. Habilitación del puente comunitario, para recuperar la conectividad seguro.
3. Intervención técnica con maquinaria pesada, disponible por parte de la Prefectura, a fin de realizar trabajos de mitigación y recuperación de zonas afectadas.
4. Censo de afectaciones productivas y humanas, con participación del MAG y la Secretaría de Gestión de Riesgos, para coordinar la entrega de ayudas y compensaciones.

El Valle del Jambué es reconocido por su producción de caña de azúcar, yuca, plátano, pollo, cuyes y diversos cultivos de ciclo corto que abastecen a la ciudad de Zamora y ferias locales. Los testimonios recogidos reflejan no solo el drama humano, sino el impacto directo sobre la seguridad alimentaria del cantón.

“El campo no puede seguir siendo invisible. Desde aquí se alimenta la ciudad”, Las autoridades competentes deben asumir con celeridad y responsabilidad su rol técnico, operativo, para evitar que la población rural siga pagando con pérdidas irreparables la falta de acción oportuna.

La mañana del lunes 7 de julio de 2025 se dio a conocer el perfil de las nuevas autoridades designadas por la representante del Ejecutivo en la provincia de Zamora Chinchipe. En un esfuerzo por fortalecer la gestión territorial y la seguridad ciudadana, cuatro mujeres profesionales asumen funciones estratégicas como Tenientes Políticas en dos parroquias y Comisarias Nacionales de Policía en los cantones Yantzaza y Yacuambi.

Designaciones en las parroquias El Chorro y La Chonta

En la parroquia El Chorro, del cantón Chinchipe, fue designada la Teniente Política Danixa Araceli Rodríguez Núñez, profesional con amplia experiencia en el sector público. Rodríguez ha trabajado durante varios años en el ámbito social y educativo, desempeñándose en el cuidado y formación de niños en su etapa inicial, además de otras funciones dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe.

Por su parte, la parroquia La Chonta contará con la gestión de la Teniente Política Joselin Thalía Gómez Romero, Licenciada en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, institución donde también cursó un diplomado de cuarto nivel. Gómez ha acumulado experiencia laboral en el sector financiero y administrativo, destacando su desempeño como asistente contable en Disgen, cajera en JESAMA S.A. y pasantías en BanEcuador.

Comisarías Nacionales de Policía en Yantzaza y Yacuambi

En el cantón Yantzaza, la Comisaria Nacional de Policía Mireya Estefanía Mena Silva, abogada formada en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), asume el cargo con una sólida trayectoria tanto en el sector público como privado. Mena inició su carrera como educadora en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del Municipio de Yantzaza, desempeñándose posteriormente como secretaria en el Consultorio Jurídico Legal Consult, asistente contable en la Cooperativa Saracoop y recaudadora de impuestos en el GAD Cantonal de Yantzaza. En los últimos años ha ejercido como abogada en el Consultorio Jurídico CP.

Finalmente, en el cantón Yacuambi, la Comisaria Nacional de Policía Doris Patricia Armijos Chalán, oriunda del barrio Muchime, parroquia La Paz, asume sus funciones con una sólida formación jurídica. Armijos es abogada por la Universidad Nacional de Loja (UNL) y ha trabajado en libre ejercicio, además de desempeñarse como asistente administrativa en “Consultoría & Asociados”, asistente en la Secretaría General del GAD Municipal de Yacuambi, consultora jurídica en “Legal Consul Asesoría y Representación Jurídica” y colaboradora en el área de Gestión de Turismo del GAD Provincial de Zamora Chinchipe.