Nacionales
Debate presidencial: Los votantes quedaron en medio de González y Noboa acusándose de narcotráfico y corrupción

Los ataques fueron el centro de la estrategia de los aspirantes a Carondelet. La expectativa por escuchar propuestas en el debate entre el presidente candidato, Daniel Noboa, y la representante del correísmo, Luisa González, se diluyó entre las acusaciones.
Ambos optaron por explicar a la ciudadanía las debilidades del otro y exponer lo que, a sus ojos, los convertía en malos administradores para el futuro del país. Las denuncias se concentraron en posibles actos de corrupción, conflicto de intereses e, incluso, vínculos con el narcotráfico.
Tanto Noboa como González intentaron posicionar dos ideas clave: que el primero miente y que la segunda es un peligro para la dolarización. Mientras tanto las propuestas de trabajo sobre educación, salud, seguridad, economía y gobernabilidad quedaron como siempre, sin detalles ni acciones claras.
Y al tratarse solamente de dos candidatos, las dos horas del debate presidencial dieron más cabida a los cuestionamientos directos, aunque no fuese precisamente de ideas y argumentos sobre las múltiples crisis que atraviesan al Ecuador, que quedaron una vez más sin respuestas.
Además, el formato y las reglas elegidas por los organizadores del encuentro terminaron enredando a los candidatos presidenciales. Y, a la vez, Noboa y González recurrieron a ayudas visuales inútiles, porque quedaron lejos del alcance de los espectadores.
El material de los ataques
Los aspirantes a Carondelet llegaron al debate presidencial golpeados por las polémicas generadas después de la primera vuelta. Sin embargo, en esta ocasión González tuvo nuevo material para atacar a Noboa, puesto que en el careo de 2023 la reducida trayectoria política de Noboa se lo impidió.
Ahora la candidata de la Revolución Ciudadana llegó con una lista preparada de denuncias contra el Gobierno del presidente candidato: el caso Olón, los contratos eléctricos, el contrato de desayunos escolares, la intención de delegar al sector privado la operación del campo Sacha.
Así como las acusaciones contra las empresas Noboa Trading, por supuesto tráfico de drogas en contenedores de banano, y Petronoboa, por presunto tráfico de combustibles.
González recordó el opaco nacimiento del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), creado por Leonardo Cortázar, acusado de delincuencia organizada en el caso Encuentro, y presidido por María Beatriz Moreno Heredia, sobre quien pesa una denuncia de presunto narcotráfico.
El mensaje central de la candidata de la alianza 5 – 33, que repitió hasta el cansancio, fue: «Noboa, no, no mientas». El pilar de su discurso exponía los incumplimientos de Noboa durante estos 15 meses de mandato y cuestionaba su capacidad o voluntad de cumplir las nuevas promesas electorales.
También señaló como un fracaso las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a la crisis de seguridad, como el secreto Plan Fénix, la declaratoria del conflicto armado interno, el referendo y consulta popular, el incremento del IVA.
Por su parte, el candidato de ADN optó por afincarse en la afirmación de que «Luisa te desdolariza». Las frases monedad digital, moneda paralela, desdolarización, ecuadólares, se repitieron constantemente, incluso en preguntas y respuestas que no tenían que ver con materia económica.
Noboa se apoyó en los polémicos comentarios e ideas difundidas por las figuras del correísmo contra la dolarización, desde el mismo expresidente Rafael Correa hasta el secretario de la RC, Andrés Arauz, y el compañero de fórmula de González, Diego Borja.
Además, el presidente candidato revivió el recuerdo de la polémica tabla de porte de drogas, que derogó al llegar a Carondelet y había sido creada durante el correísmo, para intentar posicionar sin éxito la idea de que si González llega al poder volvería a establecerla.
Y también acusó a la candidata de la RC de tener financistas de la «mafia» en su campaña electoral y le enumeró los casos de las figuras del correísmo que están prófugas o sentenciadas, como el mismo Correa, Jorge Glas y hasta Ronny Aleaga.
El candidato de la lista 7 respondió a algunas de las acusaciones afirmando que su gobierno sacó a «las mafias del desayuno escolar y de las cárceles», al referirse a los polémicos contratos que se hacían en la materia durante el correísmo e incluso en los gobiernos siguientes.
Noboa también decidió recordar el largo recorrido que González tuvo en el sector público durante la década correísta. Quiso vincularla al caso de la Narcovalija durante la gestión de Ricardo Patiño en la Cancillería y habló de la glosa que tiene en la Contraloría por casi USD 900.000. También mencionó la inexistente Refinería del Pacífico y los casos de corrupción en la reconstrucción de Manabí.
Las verdades incómodas
Aunque el formato del debate resultó confuso, sí logró poner ‘contra las cuerdas’ a los candidatos presidenciales en ciertas ocasiones y los obligó a contestar preguntas incómodas, planteadas por sus adversarios.
Por ejemplo, pese a que inicialmente González se rehusó a contestar si reconoce al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, Noboa la volvió a interpelar. En la segunda ocasión la candidata del correísmo aceptó que lo reconocerá como Gobierno legítimo, para poder deportar migrantes venezolanos.
La polémica respuesta incluyó argumentos como la necesidad de expulsar a los migrantes que «nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país». Y aunque González dijo que no daría un salvoconducto a Jorge Glas, sí se contradijo al afirmar que cumpliría con las leyes (que permiten otorgar salvoconductos bajo la petición de otro país que brinda asilo al implicado).
Y, frente a la insistencia de Noboa sobre su mención (como Rana René) en los chats de la ‘liga azul’ , González no negó las intenciones de sus compañeros correístas involucrados en la investigación fiscal, que buscaban ganar espacios a como de lugar en entidades como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Mientras tanto, Noboa aceptó que no cobrará la deuda de que tiene de USD 93 millones. Aunque intentó explicar que se debe a que el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene que seguir sus propios procesos, pese a que se trata de una deuda arrastradas por años.
El presidente candidato también tuvo momentos incómodos con las preguntas y acusaciones sobre las empresas de su familia. Pero aceptó que Noboa Trading había sido investigada por el tema de cajas de banano contaminadas con drogas y afirmó que su hermano no había huído del país después de las denuncias contra Petronoboa. Fuente: Primicias
Nacionales
‘Macro intervención’ en Guayaquil: Policía y FF.AA. intensificarán operativos ante estallido de violencia

Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y la que presenta mayores números de delitos, tendrá una «macro intervención» conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas para disminuir los niveles de criminalidad y violencia, después de la decisión del presidente, Daniel Noboa, de trasladar temporalmente a esta ciudad las comandancias generales de ambas fuerzas de seguridad.
Así lo explicó este lunes el coronel Fernando Vaca, jefe policial de la Zona 5, que comprende varios cantones de la provincia de Guayas, y quien el año pasado estuvo a cargo de la provincia costera de Manabí, adonde Noboa envío por primera vez al mando policial y militar para ejecutar una intervención ante el aumento de los delitos.
«En Manabí se hizo una macro intervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica«, dijo Vaca en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, en la que analizaron los índices delictivos que se registran en los otras ciudades de la provincia, que, según aseguraron, «están a la baja».

Rovira, por su parte, señaló que el traslado de los altos mandos policiales y militares empezará desde este lunes y que espera tener «pronto» una reunión con los comandantes generales de ambas fuerzas para conocer con más detalle las acciones que ya se están planificando.
«La decisión del presidente de la República habla de la importancia que tiene el combate contra la delincuencia, pero, además, es devolverle la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía«, dijo la gobernadora.
Megaoperativos
El coronel Vaca explicó a EFE que, tal como ocurrió en Manabí, a la ciudad arribarán los directores de las unidades de Inteligencia, Investigaciones, Antinarcóticos, Operaciones Especiales, entre otros departamentos, para «hacer un mapeo» y sobre esa información generar acciones y estrategias, entre las que estarán operativos más grandes de los que se han realizado en la ciudad en las últimas semanas.

«Eso es lo que se hizo en Manabí y obviamente dio los resultados. Se desarticuló a algunas estructuras criminales, se incautó grandes cantidades de armas de fuego, se decomisó droga y se controló sustancialmente la violencia y la criminalidad«, añadió el jefe policial.
Guayaquil es una de las ciudades más golpeadas por el aumento de la violencia que la Policía atribuye a disputas entre bandas de crimen organizado, ligadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han alimentado sus economías criminales con los secuestros y las extorsiones, que han crecido de manera exponencial en este cantón del país.
Ascenso de homicidios
Hasta finales de mayo, en la Zona 8, que comprende la ciudad de Guayaquil y los cantones vecinos de Durán y Samborondón, se cometieron 1.585 homicidios, un 78 % más de los que se registraron en el mismo periodo del año pasado (891), según cifras oficiales.
Solo el pasado martes, al menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, en el norte de la ciudad.
Despliegues en la zona costera
Sin embargo, Vaca dijo que estas nuevas acciones van a ir más allá de la Zona 8 y que espera que también beneficien a los municipios a su mando.
En ese mismo sentido, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo en la mañana de este lunes, tras su salida de una comparecencia en la Asamblea Nacional, que la idea es trabajar en todo «el sector costero», donde se «han elevado un poco las cifras en estos días».
«Es una decisión acertada del señor presidente y obviamente nosotros como ministros también vamos a estar a lado de nuestras fuerzas para estar en el sector costero combatiendo la delincuencia«, añadió. Fuente: Vistazo
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Más del 60 % de detenidos en flagrancia no va a prisión preventiva: autoridades alertan de impunidad judicial

La Comisión de Fiscalización y Control Político inició este lunes 16 de junio un proceso de investigación sobre ciertas decisiones judiciales que estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia.
El ministro del Interior, John Reimberg, durante su comparecencia mencionó que las economías criminales mantienen a flote sus estructuras extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad.
Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.
Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.
Reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
Por su parte, el Comandante de la Policía, Pablo Dávila, aseguró que la institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.
Aseguró que cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador.
El comandante dijo que esta situación evidencia la necesidad de revisar los procedimientos para calificar la flagrancia y las condiciones mínimas para dictar medidas sustitutivas, con el fin de sancionar oportunamente estas conductas y evitar la impunidad. Fuente: Vistazo
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Gobierno inicia control masivo a las utilidades por venta de acciones: hay una empresa de Telecomunicaciones en la mira

El Gobierno de Daniel Noboa implementará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que pondrá en marcha un proceso de fiscalización de manera inmediata.
La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio este lunes 16 de junio de 2025, y destacó que se trata de una medida “sin precedentes” en Ecuador, ya que por primera vez se llevará a cabo la fiscalización del Impuesto a la Renta Única (IRU).
La portavoz explicó que, hasta la fecha, cerca de 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de USD 30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.
Jaramillo incluso expuso un ejemplo concreto —aunque sin mencionar nombres— ya que, según dijo, “fácilmente se podrá inferir de quién se trata”, al referirse a una empresa de telecomunicaciones muy conocida y rentable.
Detalló que, en este caso, el hijo transfirió sus acciones a su padre por un valor un 80 % menor al real: apenas USD 58. Esta operación habría provocado un perjuicio al Estado de al menos USD 6,6 millones.
Al ser consultada sobre si el caso en mención tiene que ver con la familia Topic, Jaramillo solo respondió: «me estoy refiriendo a todas la empresas que defraudan al Estado ecuatoriano».
«Cuando se defrauda al SRI, se defrauda al Estado ecuatoriano», enfatizó la vocera.
Por último, la funcionaria acotó que, según las estimaciones del Gobierno, este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a este impuesto que ya existe.
Especialistas contra la corrupción
Otro anuncio presidencial fue que el Gobierno Nacional implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.
Sobre este punto indicó que se trata de un proceso progresivo que lleva adelante la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los responsables en 35 entidades priorizadas del Estado.
La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.
“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenirla corrupción”, indicó.
Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.
Según el Gobierno, la diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad. Fuente: Vistazo
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