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De sicarios a superestructura criminal: ‘Los Lobos’ se expanden a Perú, Chile y Colombia

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Los Lobos tienen una influencia y control del 75% de las provincias de Ecuador y se ha convertido en la estructura delictiva ecuatoriana de mayor crecimiento transnacional en América Latina, revela este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Código Vidrio y Vistazo. Su expansión ha alcanzado regiones del Perú, Colombia y Chile, aprovechando las rutas de narcotráfico, los centros de la minería ilegal de oro y el contrabando de armas. Las investigaciones policiales identifican alianzas con grupos como el Tren de Aragua y Comandos de la Frontera.

Antes de la pandemia Los Lobos eran un grupo de sicarios que prestaba sus servicios a otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico global de drogas, pero apenas cinco años después se han convertido en la estructura delictiva de mayor crecimiento y penetración transnacional del Ecuador en América Latina.

Esta organización, asociada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación de México, tiene el control en 18 de las 24 provincias de Ecuador y ha extendido su influencia hacia las zonas limítrofes con Colombia (Nariño y Putumayo) y Perú (Tumbes y Piura).

Un documento de inteligencia, de fines de noviembre de este 2024, al que esta investigación tuvo acceso, confirma el nivel de expansión de este grupo, que supera al de Los Choneros que tienen presencia en ocho provincias, donde también están Los Lobos, que les han declarado la guerra por el control territorial en todo el país.

Es uno de los aproximadamente 12 grupos armados ilegales más peligrosos de Ecuador, pero es el más relevante por el amplio control territorial que ejercen de las rutas para el tráfico de cocaína y otros insumos ilegales, y por su dominio en zonas de extracción ilegal de oro. Fuentes de Inteligencia militar entrevistados para este reportaje coinciden en señalar que Los Lobos está integrado actualmente por más de 10 mil personas.

La experta en criminalística, Alexandra Mantilla, coincide con estos cálculos militares. Hacia el año 2021, cuando “estaban en franco crecimiento se estimaba que sus miembros eran siete mil; pero tres años más tarde, estimo que hay entre 10 a 12 mil personas”, explica Mantilla, con base al análisis que ha hecho sobre las acciones de violencia realizadas por esta organización.

El 6 de junio de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Los Lobos como “la organización de narcotráfico más grande del Ecuador”. La otra banda reconocida como tal por el gobierno estadounidense son Los Choneros, respaldada por el Cártel de Sinaloa, también de México. En sus inicios, Los Lobos trabajaban para Los Choneros.

El gobierno estadounidense informó que el conjunto de propiedades y bienes vinculadas a integrantes y familiares de Los Lobos que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos de los Estados Unidos serán bloqueados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Una veloz expansión: más allá de las fronteras

La estructura criminal de Los Lobos se especializó inicialmente en extorsiones y secuestros. Luego de las masacres carcelarias entre 2021 y 2022, que dejaron más de 400 internos muertos, el Gobierno separó a los líderes de los grupos criminales en distintas prisiones.

Esto ocasionó la dispersión de los miembros de Los Lobos hacia diferentes provincias del país. “La respuesta del gobierno coadyuvó la expansión de sus operaciones hacia Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Loja”, cita un informe policial al que accedimos para esta investigación.

Al norte de Ecuador, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, sus miembros se especializaron en la extorsión a mineros ilegales, y desplazaron al Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, que operaba en la zona de la Merced de Buenos Aires (provincia de Imbabura).

Por el centro y sur del país, Los Lobos se extendieron en las provincias mineras de Azuay y en El Oro, que limita con Perú. Desde el 2022, en el cantón minero Ponce Enríquez se dedican a la explotación ilegal de oro, donde controlan alrededor de 20 minas, a través de operadores llamados “sableros”.

$!Mapa de las organizaciones criminales que operan en Ecuador.

Ponce Enríquez cobró gran relevancia en los últimos años porque se convirtió en una fuente permanente de millonarios ingresos para este grupo criminal. La organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena del oro, desde la extracción, hasta el procesamiento y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Así, Los Lobos, que solo estaban vinculados al tráfico de drogas, encontraron en el negocio del oro la mejor manera de invertir y lavar sus activos.

Su avance hacia el lado peruano obedece, según los reportes policiales de Ecuador, a dos dinámicas: el tráfico de armas que ingresa desde el Perú y el control de la minería ilegal de oro para luego exportar el mineral desde Ecuador, por sus facilidades e inexistentes controles cruzados.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala un informe de la Inteligencia.

Pero este avance territorial de Los Lobos no se realiza necesariamente de manera violenta. Pablo Zeballos, investigador y autor del libro Un virus entre las Sombras, la Expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, sostiene que “en el norte del Perú, hay indicios de vínculos entre Los Lobos y el Tren de Aragua, dos organizaciones emergentes que debieran estar en pugna pero en esta zona las vemos en acción coordinada”.

En su publicación recogió testimonios de diversos actores que explican la relación entre ambas estructuras criminales. En zonas donde hay pugnas por el control territorial, como las áreas de explotación de minería ilegal, “hay posibles acuerdos para beneficio mutuo”. Pero, advierte, las asociaciones entre organizaciones delictivas suelen ser temporales y frágiles.

Los Lobos, según el investigador, tienen en común con el Tren de Aragua su vocación trasnacional, su crecimiento exponencial y sus incursiones en actividades de minería ilegal. Además, ambas nacieron y se fortalecieron desde una prisión. Los Lobos desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, y el Tren de Aragua, desde el presidio de Tocorón, en el estado de Aragua.

El símbolo de la alianza criminal

Las huellas de esta alianza delictiva también son visibles, precisamente, en las celdas de la cárcel Turi, en Cuenca. En esas paredes hay esbozos con símbolos, que según los expertos, son más que solo dibujos.

Un policía identificó el signo de los dedos de la mano que simula un lobo, característico del grupo criminal, con una bandera de Venezuela en la muñeca. Un oficial encargado del análisis del avance criminal cree que este signo puede ser una expresión más de la alianza entre Los Lobos y el Tren de Aragua.

Pese a las coincidencias e intereses económicos comunes, ambos grupos tienen una diferencia en la relación de sus miembros. Los Lobos, a diferencia del Tren de Aragua, son una estructura militarizada, con niveles de disciplina jerarquizados. En este sentido son más parecidos a Los Zetas, derivados de grupos armados de élite de México, dicen los oficiales ecuatorianos.

El investigador Zeballos señala que los miembros de estos grupos no le tienen miedo a la muerte y no temen ir a la cárcel, porque ésta se convirtió en su gran centro de operaciones. Esto explica su capacidad para reclutar a jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

$!La Fiscalía procesó a 13 integrantes de Los Lobos por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con tráfico de drogas, secuestro, asesinatos y porte de armas de fuego. Fueron detenidos el 26 de noviembre pasado en Cuenca y Manta.

Zeballos resalta que es necesario prestar mayor atención a la organización de estas nuevas superestructuras criminales. “Posiblemente hay liderazgos ocultos en Los Lobos que tienen formación paramilitar”.

“Esa mutación hacia una estructura de corte militar también se evidencia en su jerga: sus cabecillas piden que sus subordinados los llamen comandantes”, subraya el analista. Otra particularidad es su esquema de liderazgo, que varía de acuerdo a las circunstancias, entre vertical y horizonal, cuando sus líderes tienen que replegarse, ante el acecho de las autoridades, o de sus rivales en la cancha criminal.

Detenciones en Perú y Chile

¿Hasta dónde llega la influencia actual de Los Lobos? El pasado 22 de agosto, uno de los integrantes de Los Lobos, Wilson Cevallos Cruz, de 23 años, fue extraditado desde Santiago de Chile a Quito, por un proceso judicial que tenía pendiente en Ecuador y que concluyó con su condena por asesinato agravado.

Zeballos tiene dudas sobre la presencia de este extraditado en Chile. “¿Buscaba evadir la cárcel en Ecuador o estaba a cargo de una silenciosa expansión de sus actividades en Chile?”, se pregunta.

Wilson Cevallos asesinó en febrero de 2019 a un hombre por una deuda de 10 dólares, en la zona El Recreo, de Durán, en la provincia costera de Guayas, según la investigación judicial en su contra.

Como la justicia le seguía los pasos, se cambió de nombre y viajó por tierra hacia Perú y luego a Chile, donde se quedó. Vivía en la comuna La Cisterna, de Santiago, con un nombre falso: Enrique David Gamarra Cruz. Incluso, llegó a obtener un registro de identidad chileno (RUT).

En Chile viven sus familiares y entorno cercano. Al investigar sus redes familiares y sociales, las autoridades locales sospecharon que se trataba del prófugo ecuatoriano integrante de Los Lobos. Cuando adoptó su falsa identidad mantuvo el apellido materno, lo que permitió que las autoridades chilenas hicieran las conexiones que lo relacionaron con Los Lobos.

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Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

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El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».

Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.

Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.

Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas 

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Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

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Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.

Para su ejecución, se establece prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en el país. El proyecto plantea crear un sistema unificado de información para las organizaciones en mención, clasificándolas por riesgo.

“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.

Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.

El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.

Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.

Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.

El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.

El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo

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Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración

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El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

  • Cotopaxi: 1
  • El Oro: 7
  • Tungurahua: 1
  • Los Ríos: 8
  • Bolívar: 2
  • Manabí: 3
  • Guayas: 8
  • Esmeraldas: 3
  • Chimborazo: 4
  • Pastaza: 1
  • Santa Elena: 1
  • Loja: 1
  • Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.

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