El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.

Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.

«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.

Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.

No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.

«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.

Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.

El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.

Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, compareció este domingo dentro del juicio del denominado caso Triple A, en el que es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustible.

Además de Aquiles Alvarez, entre los procesados figuran Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z. Las empresas llamadas a juicio son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S.A.

El alcalde defendió la actividad de las empresas comercializadoras de combustibles y rechazó haber intervenido personalmente en la firma de documentos mientras estuvo al frente de sus compañías.

Asimismo, sostuvo que el control sobre el destino final del combustible corresponde al Estado y no a las empresas comercializadoras. De igual manera, aseguró que Copedesa, una de las compañías procesadas en el caso, cuenta con todos los permisos necesarios para operar de manera legal.

El alcalde también afirmó que Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), habría sido presionada para presentar la denuncia que dio origen al proceso, en julio del 2024.

El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían participado junto a Alvarez en una presunta trama de comercialización irregular de combustibles, acusación que las defensas niegan y buscan desvirtuar durante esta fase del juicio.

La audiencia de juicio que se instaló este domingo en el Complejo Judicial Norte de Quito fue parte de la fase de pruebas de descargo. Durante esta etapa, las defensas presentan documentos y testimonios para desvirtuar la acusación de la Fiscalía.