En una entrevista, el periodista lojano Pablo Sanmartín Rodríguez, integrante de S.R. Radio de la ciudad de Loja, analizó la realidad política y electoral del Ecuador, enfocándose en la necesidad de transparentar el financiamiento de campañas electorales, reformar el Código de la Democracia y fortalecer la estructura doctrinaria de los partidos y movimientos políticos.

Durante el diálogo, Sanmartín sostuvo que uno de los principales problemas de la política ecuatoriana radica en la falta de control y transparencia sobre los recursos económicos utilizados en campañas electorales. En este contexto, señaló que los ciudadanos deben exigir conocer quién financia las candidaturas y cuál es la procedencia del dinero que sostiene las actividades proselitistas.
“El signo de partida de una campaña electoral es el recurso económico. Los ciudadanos deben preguntarse cómo llega ese dinero a la caja chica de un partido o movimiento político”, manifestó.

El comunicador explicó que el Código de la Democracia debería reformarse para establecer mecanismos claros de financiamiento político, responsabilizando directamente a los partidos y movimientos políticos de cubrir económicamente las campañas electorales de sus candidatos y no dejar esa carga exclusivamente en los aspirantes.

Según Sanmartín, permitir que los candidatos financien sus propias campañas abre las puertas al ingreso de recursos ilícitos o de origen desconocido, situación que podría afectar la legitimidad democrática y favorecer intereses particulares dentro de la política nacional.
Además, cuestionó que muchas organizaciones políticas se han convertido en estructuras “ocasionales”, activadas únicamente durante procesos electorales, perdiendo su esencia ideológica y doctrinaria.

“Los partidos y movimientos políticos han perdido su verdadera visión y misión. Hoy existen estructuras convertidas en vientres de alquiler al servicio de cualquier aventurero político con recursos económicos”, enfatizó.

El periodista consideró indispensable que las organizaciones políticas mantengan actividades permanentes durante los 365 días del año, impulsando escuelas de formación política, fortaleciendo la preparación de sus militantes y desarrollando propuestas ideológicas coherentes.
A criterio de Sanmartín, la ausencia de formación política ha permitido que muchos candidatos lleguen a cargos públicos sin conocimiento suficiente sobre administración pública, legislación o planificación territorial, afectando directamente el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, indicó que los planes de trabajo no deberían elaborarse de manera individual por cada candidato, sino responder a una línea ideológica y programática previamente construida por el partido o movimiento político.

Durante la entrevista también abordó la diferencia entre corrientes ideológicas de izquierda y derecha, señalando que los partidos políticos deben tener claridad doctrinaria respecto a temas económicos, redistribución de la riqueza y libertad económica.

En otro momento del diálogo, Sanmartín reveló que trabaja en una propuesta de reforma constitucional orientada a ampliar la participación ciudadana en futuras candidaturas, especialmente para procesos constituyentes. La iniciativa busca permitir que organizaciones civiles, gremios profesionales o barrios puedan presentar candidatos sin depender exclusivamente de partidos políticos.
“Una constituyente representa al pueblo ecuatoriano y no solamente a los partidos políticos”, afirmó.

Finalmente, el periodista se refirió a la polémica generada en el Municipio de Loja respecto al tratamiento de la ordenanza sobre el incremento del pasaje urbano. Según explicó, durante el proceso legislativo se habrían incorporado modificaciones adicionales al documento inicial debatido por el cabildo, situación que evidenció falta de revisión técnica y jurídica por parte de algunos concejales.
Sanmartín sostuvo que este tipo de errores reflejan debilidades en la lectura, análisis y control de la documentación municipal antes de aprobar ordenanzas de impacto ciudadano.

La entrevista concluyó con un llamado a fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y promover una cultura política más responsable de cara a los próximos procesos electorales en el Ecuador.

A inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno no internacional en Ecuador para frenar a los grupos delictivos. Sin embargo, las acciones contra cabecillas no han impedido la expansión territorial de estas estructuras.

La actividad de las bandas que ahora son consideradas grupos armados organizados ha provocado un incremento de las muertes violentas y las extorsiones, especialmente en las provincias costeras ubicadas en la denominada ‘ruta de la droga’.

Los habitantes de esas zonas han quedado atrapados en disputas armadas que han transformado su vida cotidiana y los han obligado a buscar refugio urgente en otros lugares, en el propio país.

Al cierre de 2025, según el Informe mundial de 2026 sobre el desplazamiento interno, 316.000 personas se encontraban viviendo en situación de desplazamiento acumulado a causa de la violencia en Ecuador.

Éxodo interno por el crimen
El reporte del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) señala que, solo en 2025, Ecuador contabilizó 131.570 nuevos desplazamientos internos motivados por el conflicto y la violencia.

Este volumen representa el nivel más alto documentado en la historia del país, en cuanto a desplazamientos (movimiento de una población de un lugar a otro, dentro del mismo país). Lo que corrobora que se trató del año más violento experimentado en Ecuador.

El documento del IDMC no hace una referencia provincial o cantonal a estos desplazamientos. Sin embargo, a nivel mundial, el país se ubica en el puesto 23 con más casos de este tipo. Y el tercero en la región, solo tras Colombia y Haití.

Otro informe de la Defensoría del Pueblo determinó que el 44% de las personas desplazadas se reubicó dentro de su misma ciudad de origen, el 36% se trasladó hacia otra urbe  y un 20% optó por abandonar el país.

A nivel interprovincial, las jurisdicciones de Guayas, Pichincha y Manabí concentran la mayor cantidad de movimientos poblacionales.

Adicionalmente, provincias como Azuay, El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas registran dinámicas simultáneas, operando tanto como lugares de origen como de destino de los desplazados.

El reporte también señala una clara preferencia ciudadana por trasladarse hacia Pichincha debido a su mayor capacidad de acogida y mejores condiciones, en contraste con las provincias costeras que sufren de profundas brechas sociales y estructurales.

El clima agrava el escenario
Los factores ambientales y los desastres constituyeron la segunda causa de movilidad forzada a nivel nacional, según el reporte del IDMC.

El reporte global documentó un total de 9.600 desplazamientos internos provocados por eventos climáticos adversos a lo largo de 2025.

Según los informes de situación emitidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ese año en el país ocurrieron miles de emergencias, siendo los deslizamientos de tierra y las inundaciones los incidentes de mayor recurrencia.

Las declaratorias de emergencia regional por la época lluviosa abarcaron a los territorios más expuestos ante las precipitaciones prolongadas. Las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro registraron el mayor impacto sobre la población civil y reportaron el desbordamiento de cientos de cuerpos hídricos.

Sin embargo, el IDMC ubicó a Esmeraldas, Cotopaxi y Loja como las provincias que lideran los desplazamientos internos por desastres naturales.

La Defensoría del Pueblo, además, entrega datos sobre la etapa de acogida. El 49% de los desplazados accedió a vivienda, el 39% a redes de apoyo y el 6% a albergues. A su vez, el 51% no encontró empleo en los primeros tres meses de reubicación. Fuente: Primicias