Nacionales
Daniel Noboa y María José Pinto, los herederos empresariales para las elecciones 2025
El binomio Noboa-Pinto es más que dos jóvenes empresarios menores de 40 años convertidos ahora en políticos. Los unen muchos episodios. No solo es el hecho de que las dos empresas familiares tuvieron incidentes con el gobierno de Rafael Correa. Al Grupo Noboa le incautaron la hacienda bananera La Clementina, por deudas tributarias con el SRI, para entregársela a sus trabajadores.
Paralelamente, la empresa de textiles Pinto trasladaba una de sus plantas hacia Perú, ya que su personal estaba manejado por otra compañía y el gobierno eliminó la tercerización. A Mauricio Pinto Mancheno, padre de la ahora candidata a la Vicepresidencia, el Ministerio del Trabajo le impuso una multa de más de 400 mil dólares, por no recontratar a los trabajadores de la planta que llevó a Perú. Incluso hubo una insólita orden de prisión en su contra, que luego fue retirada. Pero la llaga quedó latente.
Y no es la única coincidencia que parece unirlos. Los dos provienen de familias eminentemente políticas. Si regresamos más de 30 años en el tiempo, cuando María José y Daniel estaban apenas en el jardín de infantes o la escuela, sus papás se la jugaban en cargos públicos y electorales. Mauricio Pinto fue ministro de Industrias, ministro de Economía, representante ante la Junta Monetaria y hasta presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Pinto Mancheno, junto a Alberto Dahik, Augusto de la Torre y otros, eran los ungidos de la política económica de aquella administración.
Con el cambio de gobierno y Abdalá Bucaram en el poder, el puesto de presidente de la Junta Monetaria fue entregado a Álvaro Noboa y, desde allí, el papá del ahora Presidente del Ecuador empezó su carrera electoral con el PRE y luego con el PRIAN, aunque nunca pudo sentarse en el sillón de Carondelet. Mientras Álvaro Noboa se consolidaba como político, Mauricio Pinto no descartaba una candidatura a la Presidencia, aunque nunca se lanzó. Finalmente, el último cargo público que ocupó fue como concejal de Quito, durante la administración de Paco Moncayo. ¿Será que la hija de Pinto llega a Carondelet como lo hizo Noboa, cumpliendo el sueño del padre?
EL PAPÁ DE LA VICE Y EL ABUELO DEL PRESI
Pero hay un episodio más y tiene que ver con el abuelo de Daniel y el papá de María José. Empresas Pinto es una compañía con más de 100 años de historia, que ha pasado de generación en generación, similar al Grupo Noboa. Mauricio Pinto y Luis Noboa Naranjo se conocieron porque el segundo llamó al primero para que asesorara en algunos temas en el Grupo Noboa, cuando Daniel y María José aún no nacían.
Años más tarde, Pinto Mancheno necesitaba la garantía de un banco para adquirir las acciones de la empresa familiar que estaban repartidas entre él y sus hermanas, pues el deseo de su padre era que un solo heredero manejara la compañía. Ningún banco quería darle la garantía, así que recurrió a Luis Noboa. Su nombre bastaba como toda garantía. Así lo contó el mismo Mauricio Pinto en una entrevista con el “Pájaro” Febres Cordero.
Las acciones mayoritarias de Empresas Pinto ahora están en manos de las dos hijas de Mauricio, Carla y María José, aunque el padre sigue tomando algunas decisiones y ahora más, cuando una de ellas es parte del gobierno. La aspirante a vicepresidenta siempre mantuvo un perfil bajo. Nadie la veía en cargos políticos. Irrumpió como titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, atendiendo al llamado de Daniel Noboa desde noviembre de 2023.
¿QUIÉN ES MARÍA JOSÉ PINTO?
Así como nadie pensaba verla en política, hace unos 20 años, cuando terminó el colegio, nadie imaginó que María José Pinto quisiera estudiar alta costura en París. Sus profesores y familiares, sobre todo su papá, la veían estudiando una ingeniería. Trabajó en una casa de modas en Ámsterdam y Dubái. Regresó a Ecuador a sus 24 años para laborar en la empresa familiar. Empezó en cargos medios y cuatro años después ocupó la gerencia de Innovación y luego de Producción.
Entre sus estudios académicos, Pinto González cursó el Master of Business Administration en el INCAE, de Costa Rica, y varios diplomados en el IDE Business School, uno de ellos el de Mujeres en Gobierno Corporativo. Justamente una de sus ambiciones ha sido la participación de las mujeres en la alta gerencia empresarial.
Un funcionario del gobierno confió a Vistazo que la elección de Pinto como candidata se dio a última hora y causó sorpresa porque cuando formó parte del gabinete había dicho que su trabajo sería técnico y no se inmiscuiría en política. Tuvo alguna experiencia trabajando desde su empresa con grupos de niños y mujeres, lo que fue bien visto para que dirigiera la Secretaría contra la Desnutrición Infantil.
Se espera que todo ese conocimiento en territorio y desde lo social apuntalen su discurso para captar votos. Esta vez, Noboa sí hará campaña con su binomio y no como pasó con Verónica Abad, quien se convirtió en una piedra en el zapato.
“No solo es la elección de un nombre, sino una declaración del tipo de Presidencia que quiere ser, del país para los próximos años. Alguien cercano, de mucha confianza, que se mueve en los mismos círculos (empresariales)”, dice Caroline Ávila, doctora en Comunicación Política y docente de la Universidad de Cuenca. Pinto va en la línea del mensaje del “nuevo Ecuador”: supuestos funcionarios jóvenes que son nuevos en política y que sus experiencias en la empresa u otros sectores los vuelven incorruptibles o incompatibles con la “vieja política”, refiere la experta.
Añade que Noboa y Pinto podrían explotar el discurso de dos familias de empresarios que a pesar de los problemas con el correísmo se quedaron en el país y han seguido creciendo, toda vez que el gobierno quiere ubicarse en el espectro anticorreísta para captar esos votos.
¿LE ALCANZAN LOS NÚMEROS A NOBOA?
Aunque a Daniel Noboa le dicen en la oreja que los números son positivos y que las encuestas lo mantienen sobre el 50 por ciento de aceptación para una cómoda victoria en 2025, un análisis más profundo determina la fragilidad de su electorado. Javier Rodríguez, PH.D en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, comparó la votación que recibió Daniel Noboa en la primera vuelta de 2023 y en la consulta popular de abril de 2024, y determinó que su voto orgánico no creció. Los lugares donde Noboa ganó en primera vuelta, fue donde recibió más votos para la consulta.
¿Por qué no comparar con la segunda vuelta? Porque el voto de la primera vuelta es el orgánico, el que apostó por el joven outsider. El de segunda vuelta es un electorado volátil, que lo prefirió a él en lugar del correísmo; gran parte de esos votos provinieron de quienes confiaron en primera vuelta por Topic o por Villavicencio/Zurita.
Si el análisis hubiera determinado que ganó presencia en la consulta popular en los lugares en los que no votaron por él en primera vuelta, habría significado un crecimiento de su base electoral, dice Rodríguez. Esa puede ser una explicación de por qué su discurso está encaminado a la mano dura, para captar los votos de Topic, y en posicionarse como el antagonista del correísmo, para convencer al electorado de Villavicencio. Y en esa línea puede reforzar María José Pinto.
Los analistas coinciden en que, si nada nuevo aparece en el mapa electoral, el correísmo, que ha mantenido un voto duro de alrededor del 30 por ciento, y el noboísmo, con su 23 por ciento de voto orgánico, obtenido en primera vuelta de 2023, estarían en el balotaje, y serían las dos mayores fuerzas en la Asamblea. Aunque la intención de voto posiciona a Noboa en primer lugar y luego a Luisa González. Si esto se mantiene hasta las elecciones, se convertirá en la primera vez en una década y media que el correísmo no va como favorito en primera vuelta.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de FCD, recuerda que Noboa llegó solo con 14 legisladores y ahora tiene a 36 que votan con la bancada de ADN, algunos de ellos desertores de la Revolución Ciudadana y del PSC. Ahora, con una papeleta para la Asamblea encabezada con el rostro de su madre, Anabella Azin, y con algunos ministros ya conocidos se asegurará fácilmente unas tres docenas de legisladores o quizá más.
Igual, de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas, no basta con ser el Estado candidato. No ha logrado resolver los problemas de inseguridad y desempleo, y la inversión pública no despega.
Para Noboa, sumar, restar o mantenerse en los mismos números de electores dependerá de la gestión del gobierno y qué propongan las otras candidaturas. Fuente: Vistazo
En el espacio de análisis de La Tertulia Jurídica, Luis Moriano Álvarez abordó un tema fundamental dentro del derecho penal: los bienes jurídicos protegidos y el principio de lesividad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Al iniciar el programa, el jurista compartió parte de su formación académica, destacando que realizó sus estudios en la Universidad Católica, institución que considera su alma mater. Posteriormente, cursó un posgrado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, donde profundizó en la dogmática penal. Actualmente, se encuentra cursando una segunda maestría en Derecho Constitucional y ejerce la profesión de manera libre.
Durante su intervención, explicó que los bienes jurídicos protegidos surgieron como concepto a finales del siglo XVIII, tras la caída de las monarquías y la separación entre la Iglesia y el Estado. A partir de ese momento, el derecho penal dejó de centrarse en la moral y comenzó a enfocarse en la protección de derechos y bienes esenciales.
En este contexto, señaló dos corrientes importantes: la postura de Jakobs, quien sostiene que el bien jurídico es la propia norma, y la de Roxin, que plantea que los bienes jurídicos derivan de derechos fundamentales y materiales, por lo que solo debe castigarse cuando existe una afectación real a estos.
El jurista explicó que existen bienes jurídicos individuales, como la vida o la integridad, y también bienes superindividuales, como la administración pública o la seguridad del Estado, los cuales protegen el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.
En relación con el principio de lesividad, indicó que este establece que solo debe intervenir el derecho penal cuando exista un daño real y significativo al bien jurídico protegido. Este principio se vincula con la idea de que el derecho penal es de “última ratio”, es decir, el último recurso del Estado.
Asimismo, analizó varios casos dentro del contexto ecuatoriano. En el delito de drogas, mencionó que la Corte Constitucional ha determinado que la tenencia para consumo personal no vulnera el principio de lesividad, ya que no afecta directamente la salud pública. Sin embargo, el tráfico sí constituye una afectación al tratarse de un impacto social amplio.
Respecto al porte de armas, explicó que no puede criminalizarse automáticamente la mera tenencia, sino que debe evaluarse el riesgo real y concreto. Por ejemplo, no es lo mismo poseer un arma guardada en un lugar seguro que portarla en un espacio público.
En cuanto al delito de receptación, destacó que no se puede presumir la culpabilidad únicamente por la posesión de un bien ilícito, sino que el Estado debe probar que la persona conocía el origen ilegal del objeto.
También abordó el delito de lavado de activos, cuestionando la penalización de la mera tenencia de dinero ilícito sin que exista un proceso de ocultamiento o reinserción en la economía formal, lo cual, a su criterio, podría vulnerar el principio de lesividad.
El abogado advirtió sobre el riesgo del expansionismo penal en Ecuador, señalando que en los últimos años se ha incrementado el carácter punitivo del sistema sin que esto haya generado resultados efectivos en la reducción del delito. A su juicio, esto podría derivar en abusos de poder y en la criminalización de conductas sin una afectación real.
Asimismo, enfatizó la importancia de evitar el denominado “derecho penal de autor”, en el cual se sanciona a las personas por sus características y no por sus actos, lo que históricamente ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos.
Finalmente, resaltó el valor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador, considerando que permite proteger el entorno antes de que el daño sea irreversible, ampliando así la concepción tradicional de los bienes jurídicos.
En conclusión, el especialista sostuvo que el derecho penal debe aplicarse con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, evitando convertirse en una herramienta de castigo arbitrario. Subrayó que sin una verdadera afectación al bien jurídico protegido, no debería existir sanción penal en un Estado constitucional de derechos y justicia.
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
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