Un revelador estudio, que es presenta hoy en Quito en el marco de un seminario internacional, muestra que muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”.

El informe fue preparado por un equipo multidisciplinario de expertos; encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras. El ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal.

“Salí de Esmeraldas cuando tenía 13 años. Estaba en el colegio y los chicos de una banda esperaban a la salida, para escoger novia. Bueno, lo de novia es un decir. Escogían la chica para la farra del fin de semana”. Doménica vive en Quito desde hace seis años. Sus hermanos mayores, que residen fuera del país, supieron que estaba en peligro cuando la mejor amiga de ella fue escogida como pareja de un ‘duro’.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales es un fenómeno inquietante en el país, agravado desde 2019.

Un equipo multidisciplinario de expertos y organizaciones sumó esfuerzos para mapear el problema. El resultado es un informe con impactantes hallazgos, que se presenta hoy en Quito, en el contexto de un seminario internacional el cual apunta a identificar estrategias de prevención.

El estudio fue elaborado en forma conjunta por investigadores de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés); el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO); el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Comunidades Seguras. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

A partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, “emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras del país”, advierte el documento.

Y aclara que la expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021, mencionados en la investigación, cuyo título es “Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador”.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de 2024, entre 2019 y 2022 los homicidios intencionales de niños, niñas y jóvenes, “aumentaron en un 640 por ciento”. El 87 por ciento se cometió con armas de fuego. Las cifras se incluyen en el estudio.

Si bien en 2024 hubo una reducción general del 15 por ciento en la cifra de homicidios a nivel nacional, dice el documento, en el grupo etario de 0 a 17 años el número de homicidios subió en 8 por ciento respecto del año anterior.

Nueve ciudades del litoral ecuatoriano fueron incluidas en la investigación, expuesta en el contexto del seminario internacional Seminario “Crimen Organizado, Dinámicas de Vinculación de Niñez y Juventud a Grupos Criminales y Estrategias de Prevención”.

Las ciudades son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas, se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Son nueve los principales hallazgos de este proceso. El que más llama la atención: los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, antes que por la fuerza o coerción. Y entre los atractivos se incluyen; el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos propios del grupo, advierte el documento.

Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros, según el hallazgo. En tanto, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal.

Según la investigación, los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.

Los nuevos miembros buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”, buscan respuestas frente a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”. En cambio, la motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.

El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes. El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.

Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez están expuestos a estos grupos, cita el documento. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.

Según el 31 por ciento de los encuestados, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp, según el estudio.

Casi el 28 por ciento de los encuestados afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte de encuestados reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.

El estudio exploró el entorno territorial de los encuestados. Hay novedades. Surgen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos. Pero más grave aún. Ciertos testimonios, recogidos en la fase cualitativa de la investigación, mencionan que si una persona es de un barrio controlado por un grupo violento, por ejemplos los Águilas, debe tener un código de vestimenta, por ejemplo un tipo de calzado. Si esa persona se desplaza a otro sector, controlado por otra organización criminal, su integridad puede estar en peligro.

El documento establece que el contexto familiar tampoco puede ser ignorado en un intento por abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.

La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.

¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros. Todos ellos han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes. Fuente: Vistazo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que calificó la norma de «reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes».

La Ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas que componen el hemiciclo, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones.

El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público. la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber proliferado el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país.

El año pasado fueron más de 3.500 los menores que fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, según confirmó la pasada semana a EFE el ministro del Interior, John Reimberg.

En su comunicado, Unicef manifestó que «este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador».

«Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar posibilidad de reintegración para los adolescentes», apuntó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Esta ley también introduce reformas a un total de diecinueve normas ya existentes para establecer cambios como la prohibición de retorno al país por el período de 40 años a los extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas por delitos con penas de cárcel mayores a cinco años.

De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra las bandas criminales.

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La norma aprobada este martes también da al presidente la facultad de disolver ciertas instituciones públicas, así como que las cooperativas de crédito y ahorros pasen del sistema de economía popular y solidarias al sistema financiero privado.

La aprobación de la llamada Ley de Integridad Pública contó con el rechazo del correísmo, principal fuerza opositora a Noboa, que en un comunicado advirtió también que «eliminaron de un plumazo los derechos laborales conquistados hace años, la estabilidad de funcionarios de carrera, el derecho internacional y convenciones de las que Ecuador es firmante».