El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.

Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.

Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.

“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.

La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.

Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.

Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.

Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.

Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.

Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.

“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.

El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.

Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.

En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.

“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.

El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.

Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.

Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.

“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.

Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.

Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los  aranceles si Ecuador también lo hace.

Escenario 1: Levantar aranceles 
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.

Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio,  baje a 75%.

Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.

Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.

Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.

En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».

Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.

Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.

Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.

Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).

Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.

Escenario 3: Salirse de la CAN 
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.

Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.

El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias