El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».

Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.

Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.

Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas 

Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.

“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.

Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.

El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.

Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.

Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.

El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.

El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo

El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

• Cotopaxi: 1
• El Oro: 7
• Tungurahua: 1
• Los Ríos: 8
• Bolívar: 2
• Manabí: 3
• Guayas: 8
• Esmeraldas: 3
• Chimborazo: 4
• Pastaza: 1
• Santa Elena: 1
• Loja: 1
• Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.