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Daniel Noboa cumple un año en el poder: ¿Cuáles son los aciertos y fracasos de su administración?

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Incertidumbre, desesperanza e improvisación son las palabras más frecuentes que utilizan analistas políticos para describir al Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien cumple un año liderando el Ecuador. Ha sido un tiempo en el que la crisis energética colapsó y problemas como la inseguridad siguen palpables. Como aspectos positivos, los expertos destacan la intervención militar en las cárceles y la continuidad de la política en turismo.

Noboa asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023, luego de ganar las elecciones anticipadas que se produjeron tras la declaración de la muerte cruzada por parte de Guillermo Lasso. Noboa, quien inició su carrera política como asambleísta, se lanzó a una campaña por Carondelet con bajos puntos de aceptación en las encuestas, pero su destacada participación en el debate y su interacción en redes sociales lo ayudó a subir de manera vertiginosa.

El joven empresario triunfó con el 51.83% de los votos frente a la candidata correísta Luisa González, q​​​ue se quedó con un 48.17% en la segunda vuelta. Tanto en la campaña como en sus primeros meses al frente de la Presidencia, Noboa se presentó como un político que promovía la unidad no se encasillaba en ningún extremo: ni en los anti ni en los ísmos.

Una vez que llegó al poder formó un pacto en la Asamblea con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), lo que le permitió la aprobación de cinco leyes de carácter urgente en tan solo cuatro meses. Sin embargo, la historia cambió tras la irrupción de la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. La alianza terminó y empezó una disputa con el Legislativo y otros actores políticos.

“Hoy tenemos un presidente diferente, totalmente anticorreísta, ha radicalizado su puesta en escena. De hecho, dijo que puede ser el peor enemigo”, recuerda la consultora política, Grace Jiménez.

Actualmente, el mandatario mantiene disputas con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, Jan Topic y la empresa de su familia Telconet, entre otros personajes. Un capítulo aparente es la pelea con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien envió como Embajadora a Israel y Turquía; aunque luego el Ministerio del Trabajo la despojó de su puesto con una sanción de 150 días.

En cuanto a seguridad, Noboa mostró una nueva forma de contener el avance de los grupos criminales cuando declaró conflicto armado interno y pasó a llamar a las bandas delictivas como terroristas. Así mismo, los militares intervinieron las cárceles del país. Estas medidas se tomaron después del asalto en vivo a la cadena TC Televisión, lo cual causó consternación nacional.

Teniendo en cuenta este panorama, Noboa también impulsó una consulta popular con 11 preguntas, en su mayoría relacionadas a la lucha contra el crimen. Finalmente, ganó en nueve de sus propuestas y perdió en el trabajo por horas y arbitraje internacional.

Asimismo, aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15% y eliminó parte del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, algo que en Gobiernos pasados era casi impensable, puesto que estas medidas habían provocado paros nacionales por parte de los colectivos sociales e indígenas.

Por otro lado, la economía del país sigue inestable sobre todo por la crisis energética que deja pérdidas de 12 millones de dólares por cada hora sin luz, según gremios empresariales. Noboa ha dicho que los apagones terminarán en diciembre, pero nuevamente hay incertidumbre sobre esa promesa.

Esta falta de certeza, entre otros aspectos, han hecho que la popularidad del presidente baje notablemente. Una reciente encuesta de la empresa Comunicaliza muestra que el jefe de Estado ha caído seis puntos en la intención del voto, pero sigue en primer lugar con 27,5%, seguido de la correísta Luisa González con el 26,7%.

Con este panorama, tres analistas políticos evalúan los aspectos positivos y negativos del año de Gobierno de Daniel Noboa.

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$!Daniel Noboa cumple un año en el poder en medio del avance del narco, apagones, bajo crecimiento económico.

ACIERTOS

1. Militarización en cárceles y calles: los expertos coinciden en que se mantiene un relativo control en los reclusorios del país, aunque hace una semana hubo un nuevo brote de violencia en la Penitenciaría del Litoral, que dejó al menos 17 reos asesinados.

“Muchos dirán que hay denuncias sobre violaciones y maltratos en materia de Derechos Humanos, pero al menos hay una diferencia con respecto a años pasados, cuando veíamos matanzas voraces. Las decisiones que se han tomado han surtido algún tipo de efecto”, comenta Caroline Ávila, catedrática y doctora en comunicación.

Por su parte, el politólogo Santiago Basabe menciona que hay una mayor presencia policial y militar en áreas conflictivas, “lo cual no necesariamente implica que el riesgo y el delito se hayan reducido, pero sí es positivo y quizás eso explique por qué el gobierno mantiene una popularidad alta, a pesar de todas las dificultades”.

2. Turismo: teniendo en cuenta las múltiples críticas que ha recibido esta cartera de Estado, la analista Caroline Ávila destaca se han impulsado acciones positivas como refrescar la marca país y posicionarla a nivel internacional en eventos como la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024, en la que Ecuador ganó como mejor stand para mostrar los atractivos para visitar el país.

De igual manera, la Cumbre Iberoamericana realizada en Cuenca fue un fracaso a nivel político por la ausencia de presidentes latinoamericanos, “pero la ciudad se benefició con el movimiento turístico”, apunta Ávila.

3. Gestión financiera: en mayo pasado, el directorio del FMI aprobó para Ecuador un programa de crédito a 48 meses, con un monto total de 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron desembolsados de inmediato. Además, el gobierno ecuatoriano evalúa un nuevo crédito de resiliencia.

“Teniendo en cuenta los riesgos que implica tener un acuerdo con el FMI, esta gestión ha hecho que tengamos algo de liquidez y se ha podido pagar a los GAD o las deudas históricas que tenía el IESS con Solca”, resalta Caroline Ávila.

“Esta forma de comunicación poco conocida está alejada de la realidad de la gente, pero de alguna forma entretienen, logra ser tendencia a pesar de que no solventa los problemas del país”, apunta la analista Grace Jiménez.

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$!La política turística y la intervención militar como medida inicial de contención de la criminalidad son destacadas por los expertos.

DESACIERTOS

1. Inseguridad: a inicios de noviembre, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que la tasa de homicidios se ha reducido en un 17,6% en comparación con el año pasado. Sin embargo, otros delitos siguen en aumento. De acuerdo a un reporte de Ecuavisa, hasta septiembre de este año, se contabilizan 2.108 secuestros y 10.781 extorsiones en todo el país.

Asimismo, los continuos estados de excepción no han detenido el avance de los grupos criminales. Por ejemplo, en Durán solo en el mes de septiembre se contabilizaron alrededor de 71 personas acribilladas. Este cantón guayasense sigue siendo el más violento del país.

Las intervenciones focalizadas del bloque de seguridad también han sido de alguna manera contraproducentes, puesto que los terroristas han empezado a desplazarse a otras ciudades más tranquilas como Quito, según explicó el experto en seguridad, Mario Pazmiño, a Vistazo en octubre pasado.

Así mismo, los analistas critican que, por el momento, las preguntas de la Consulta Popular, que le costó al Estado unos 60 millones de dólares, no han tenido un efecto significativo en la lucha contra el crimen organizado.

2. Relaciones Internacionales: este tema parece se una de las mayores debilidades del Gobierno de Noboa. Inició en enero de este año desatando la furia del Kremlin, cuando anunció que intercambiará con Estados Unidos “chatarra” de origen ruso, por armamento de última generación.

Luego, vino la intervención a la Embajada de México en Quito, lo cual causó el rechazo de casi todos los países del mundo. Mientras en junio, Noboa lanzó polémicas declaraciones contra varios presidentes de la región como Gustavo Petro al que llamó “snob izquierdista” en entrevista con The New Yorker.

Esta debilidad también se evidenció en la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, ya que ningún presidente de la región llegó a la cita. Esto teniendo en cuenta que en días previos, el Ministerio del Trabajo sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad, lo cual encendió alarmas de organismos internacionales sobre el riesgo de la democracia en el país.

3. Retroceso en materia de derechos: la catedrática Caroline Ávila menciona que en este año evidencia “una capacidad de persecución y atropellamiento de herramientas legales” por parte del presidente. Por ejemplo, al sumario administrativo que se le impuso a la vicepresidenta con tal de que no asuma la Presidencia.

Asimismo, en el control en las cárceles, la experta recuerda que “hay reportes de violaciones a los derechos de los privados de la libertad” y el Gobierno en vez de establecer una ruta de verdadero control, “se ha enfocado en ideas demagógicas”.

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4. Empleo joven: Si bien el Gobierno recientemente impulsó el programa ‘Jóvenes en acción’ para que unos 80.000 jóvenes accedan a un trabajo de tres meses y asegura haber entregado más de 100 mil becas; todavía hay chicos que prefieren salir del Ecuador en busca de mejores oportunidades.

La Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias en Ecuador, realizada por la OIM, estima que 1,2 millones de ecuatorianos tiene la intención de migrar al extranjero. De esta estimación, el 57,3% son hombres, en su mayoría con nivel de instrucción secundario (bachillerato). Así también, se destaca que cerca 370.000 jóvenes de entre 18 y 29 años quieren migrar al exterior.

5. Falta de gestión pública: El analista político Santiago Basabe evidencia falta de gestión pública en todos los sectores, especialmente en el tema energético y social.

“Creo que es un gobierno relativamente intrascendente con pocas ejecutorias de fondo, con algunos chispazos en la política económica, pensando en los subsidios y el aumento del IVA; pero en términos generales es más bien un gobierno discreto”, describe el experto.

6. Crisis energética: la consultora política Grace Jiménez recuerda que todos los problemas que tiene Noboa son heredados, “pero él tiene la responsabilidad de gestionar las crisis”, lo cual no ha ocurrido de manera eficiente en el tema energético.

“No se reaccionó a tiempo y tampoco se planteó un plan de acciones urgentes a mediano y largo plazo”, apunta Jiménez. Y es que Noboa empezó su mandato en medio de apagones y desde el 2023 se venía alertando de las condiciones climáticas que afectarían al país.

Sin embargo, a inicios del 2024 hubo una primera ronda de apagones, causados según el presidente por el ocultamiento de información por parte de la entonces ministra Andrea Arrobo. Luego, se dijo que no habría cortes de luz, pero desde septiembre han vuelto los apagones de hasta 14 horas. Fuente: Vistazo

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Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense

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El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».

Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.

Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.

Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.

Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas 

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Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero

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Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.

Para su ejecución, se establece prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en el país. El proyecto plantea crear un sistema unificado de información para las organizaciones en mención, clasificándolas por riesgo.

“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.

Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.

No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.

El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.

Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.

Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.

El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.

El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo

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Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración

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El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

  • Cotopaxi: 1
  • El Oro: 7
  • Tungurahua: 1
  • Los Ríos: 8
  • Bolívar: 2
  • Manabí: 3
  • Guayas: 8
  • Esmeraldas: 3
  • Chimborazo: 4
  • Pastaza: 1
  • Santa Elena: 1
  • Loja: 1
  • Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.

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