Un distanciamiento familiar es el origen de una confesión alrededor del caso Progen. Wade Manning se convirtió en el testigo estrella de Celec en la demanda planteada en contra de la empresa estadounidense y sus directivos en Florida.

El 24 de julio de 2026, Wade Manning rindió una deposición bajo juramento, a cuya transcripción tuvo acceso PRIMICIAS. Ahí declaró que en los últimos meses ha tenido un alejamiento con su hermano John Manning, CEO de Progen y quien encabezó las negociaciones con Celec en 2024 para la venta de generadores eléctricos por más de USD 110 millones.

La pelea de los Manning se originó en diciembre de 2025, cuando ya había sido presentada la demanda en Estados Unidos y en Ecuador se investigaba un peculado detrás de los fallidos contratos. Progen había dejado de pagar el sueldo de USD 13.000 mensuales a Wade Manning, lo que lo llevó a renunciar en marzo de 2026.

Además, en su relato, Wade Manning dijo que una vez que se había confirmado su declaración en la demanda de Celec contra Progen, en junio de 2026, recibió una transferencia de USD 43.000 de Progen sin ninguna explicación ni aviso. Y que todavía le deben USD 65.000.

Los documentos y generadores viejos
La primera confesión de Wade Manning fue que, para ganar los contratos en Ecuador, Progen falsificó de manera sistemática los certificados que garantizaban la experiencia requerida de la empresa para proveer los generadores y otros documentos.

Por ejemplo, Progen había presentado un certificado que lo avalaba como fabricante experto global en materia energética, cuando nunca había participado en un proyecto de esa magnitud. El mismo Wade Manning admitió que no tenía formación académica en mecánica o energía.

Además, la empresa estadounidense presentó múltiples referencias internacionales de su supuesta participación en proyectos previos. Cuando en realidad solo había instalado tres generadores en Texas, por lo que también hubo una demanda; y cuatro en África, que generaron quejas formales.

Finalmente, Progen certificó que los equipos que iba a entregar a Ecuador eran nuevos y tenían cero horas de uso. Pero, la verdad es que los generadores habían sido comprados bajo la modalidad conocida como «as-is».

Esto significa que los generadores fueron adquiridos como bienes usados, en el estado físico y técnico exacto en el que se encontraban en ese momento, y en el lugar donde estaban ubicados (en Houston, Texas), sin que el vendedor asumiera ninguna obligación de repararlos, limpiarlos o completarlos.

Equipos fraudulentos
Según el relato de Wade Manning, para entregar los generadores a Ecuador, Progen adquirió 21 unidades EMD modelo 20-710 usadas en Houston a través de Apollo Electric. El valor de la transacción fue de USD 8,9 millones.

La deposición señala que los números de serie de estos motores identificaban años de fabricación antiguos, invalidando cualquier pretensión de ser equipos nuevos. Para falsear esa realidad, según Wade Manning, Progen retiró las placas originales de los fabricantes.

Entonces, contrataron a la empresa InterFab para limpiar y pintar los generadores. Además, colocaron nuevas placas con la marca Progen y números de series manipulados para fingir la fabricación propia.

Además, Manning admitió que los equipos eran inútiles para el propósito contractual que buscaba Celec, ya que no eran aptos para Heavy Fuel Oil (HFO) y jamás fueron sometidos a pruebas de rendimiento adecuadas.

Una casa de lujo
En su relato, Wade Manning también relató un viaje de su hermano John, CEO de Progen, a Ecuador. Lo acompañaron. Andrew Williamson, director de operaciones de la compañía y el único procesado por peculado a nivel local.

También viajaron Garrett Williamson, hijastro de Andrew, y Scott Crampton, vicepresidente de Ingeniería Eléctrica de Progen.

El declarante dijo que no tiene más detalles de ese viaje y que tampoco tiene conocimiento directo de supuestos pagos de sobornos relacionados con funcionarios en Ecuador.

Lo que sí relató es que luego de que volvieron de ese viaje y una vez que Celec desembolsó el dinero de los generadores a Progen, Andrew Williamson compró en diciembre de 2025 una residencia en Canterwood Drive, Mulberry, por USD 2,85 millones pagados en efectivo.

Wade Manning admitió que se sorprendió de que Williamson tuviera tanto dinero en efectivo. Y que al preguntarle a su hermano John cómo Williamson había obtenido esa suma, John le dio la excusa de que el dinero provenía de la «jubilación de la junta escolar» de la exesposa de Williamson (con quien Williamson sigue viviendo a pesar de estar divorciados legalmente).

Tras la deposición de Wade Manning, el caso civil por fraude, conspiración y RICO en Florida sigue en la fase de descubrimiento, en la que se fijó como límite el 1 de febrero de 2027. Además, se ha programado el juicio por jurado para el 2 de agosto de 2027. Fuente: Primicias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 31 de julio de 2026 la convocatoria para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que se desarrollarán el próximo domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la resolución aprobada en el Pleno de este organismo, 13’827.643 electores están convocados a las urnas para elegir autoridades de los gobiernos locales y a los siete consejeros de Participación Ciudadana.

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La convocatoria será difundida en cadena de radio y televisión a las 21:00 de este sábado 1 de agosto, en la víspera de que arranque la inscripción de candidaturas.

Esta vez, los ecuatorianos elegirán:

23 prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales;
222 alcaldesas y alcaldes municipales;
909 concejalas y concejales urbanos con sus respectivos suplentes;
457 concejalas y concejales rurales con sus respectivos suplentes;
4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes;
7 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se efectuará del 2 al 17 de agosto, a través del sistema en línea del CNE. Es decir, las organizaciones políticas no necesitan acudir a las ventanillas para este fin.

Requisitos para inscripción de candidaturas
Entre los primeros requerimientos para iniciar el registro de una candidatura constan: tener 18 años cumplidos y demostrar pertenencia con el lugar por el que buscan ser elegidos.

Además, la presentación de un formulario que incluye copia de cédula; una fotografía sin accesorios, salvo que sea parte de un atuendo tradicional; hoja de vida; el plan de trabajo; y una declaración juramentada.

Los candidatos deberán especificar su nombre y apellido en no más de 30 caracteres y está prohibido usar apodos, sobrenombres o iniciales para identificarse, regún el reglamento.

En tanto que la publicación del listado oficial de postulantes calificados al Cpccs se realizará el 24 de septiembre, bajo nuevas reglas. Fuente: Primicias

Caso Confourtable. Con ese nombre bautizó Fiscalía a una investigación por presunto cohecho abierta en 2024 en contra de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, Enma Tapia y Katerine Muñoz, por haber emitido un veredicto que permitió el cambio de carcél de Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, se encontraba recluido en la Cárcel 4 de Quito, pero fue llevado hasta La Roca, entonces la de máxima seguridad en Ecuador, por decisión del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El caso tuvo el nombre de Confourtable, que hace referencia a la confortabilidad que recibiría Terán, porque se ordenó que tenga acceso a internet, salidas al patio, revisiones médicas, entre otros beneficios penitenciarios.

Y enfatizó que más bien el SNAI no empleó una defensa adecuada y no pudo sostener cuál era el motivo para trasladar a alias Diablo a La Roca, por lo que, en sus palabras, no les quedaba más opción que devolver a Terán a Quito.

El caso Confourtable está cerca de cumplir dos años, pero no se ha conocido ningún avance o tentativa para formular cargos.

La tarde del miércoles 29 de julio de 2026, Fiscalía informó que, en el marco de una investigación previa por presunto cohecho, “ejecutó varios allanamientos a inmuebles ubicados al norte de Quito, con el objetivo de recabar indicios”.

La diligencia se realizó en contra de tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco. Ellos fueron los magistrados que integraron un Tribunal para resolver un recurso de casación en una controversia entre el Ministerio de Educación y la empresa china Railway.

Ambas partes tenían un contrato firmado en el gobierno de Rafael Correa para que la empresa china construya escuelas de milenio. Pero en 2018, el Ministerio de Educación decidió de forma unilateral terminar con el contrato.

Educación y la Procuraduría General del Estado apelaron esa decisión y el caso subió a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde debía resolverse el recurso de casación, instancia donde solo se puede analizar la aplicación del derecho, mas no las pruebas que se ventilaron en instancias previas.

El Tribunal de casación tuvo como juez ponente a Milton Rodríguez. Completaron el tribunal Patricio Secaira e Iván Larco. Por unanimidad, el 14 de diciembre de 2023, los jueces aceptaron parcialmente el recurso de casación pretendido por el Ministerio de Educación, dejando el pago no en USD 67 millones, sino en USD 59 millones.

Juez Velásquez recibe apoyo

El propio juez Milton Velásquez reveló en un comunicado que Fiscalía le abrió una investigación por ese fallo en 2024, y le causó “extrañeza” que un allanamiento se realice dos años después, en julio de 2026, sobre todo porque aseguró que siempre ha colaborado con las autoridades. Resaltó que no participa ni ha participado en alguna trama de corrupción e invitó al público en general a revisar su sentencia.

El juez Milton Velásquez recibió el respaldo de abogados y letrados que lo han conocido, destacando su profesionalismo y trayectoria sin tacha.

La abogada Antonella Gil puso en discusión si el allanamiento nuevamente va en detrimento de la independencia judicial. “¿Los allanamientos pueden generar cuestionamientos? Sí. Pero entonces, entre las preguntas que deberían hacerse, están: ¿a qué presiones podrían no estar cediendo los jueces? (…) De los doctores Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco he tenido la oportunidad de aprender al compartir en espacios académicos. Toda mi solidaridad y apoyo. Confío en su trabajo porque lo conozco y porque en el ejercicio diario de mi profesión, leo sus sentencias”.

“Inaudito lo que ocurre en el país. Mi solidaridad con usted, doctor Velásquez. Ojalá se aclare lo antes posible este asunto y los operadores de la justicia penal, se centren -de una buena vez- en los que deben”, comentó la abogada y docente María Paulina Araujo.

“No es época para ‘poner las manos en el fuego’ por alguien, pero Milton Velásquez es de aquellas personas en las que puede confiar en su honestidad, espero que se aclare pronto todo esto”, comentó el jurista Farith Simon.

¿Por qué se investiga a los tres jueces?

El motivo de la investigación quedó claro: la sentencia de Milton Velásquez y compañía supuestamente perjudicó al Estado ecuatoriano al ordenar el pago de USD 59 millones a la empresa china. Al hablar de cohecho, se presume que habría un soborno de por medio.

Fiscalía agregó en julio 2026 que la noticia del delito tiene como antecedente el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura, sentenciado en 2024 en el caso Plaga.

Para tener una pena de cárcel menor (ya la cumplió en 2025), Hernández dio un testimonio anticipado en el que salpicó a varios jueces de estar inmiscuidos en casos de corrupción, entre ellos Iván Saquicela y Felipe Córdova, quienes desestimaron las acusaciones.

Hernández también contó que por versiones de terceros conoció que supuestamente hubo conversaciones con Velásquez para que convoque a la audiencia de casación.

En todo este contexto, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, lanzó una advertencia a los jueces: “O se enderezan y se corrigen, o van a terminar presos”.