La única constante en las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil, desde los 90 ha sido la presencia del Partido Social Cristiano (PSC) como la tendencia a vencer. Inicialmente, la segunda fuerza política era el ya extinto roldosismo, que fue reemplazado desde 2009 por el correísmo.

Esa tradición se mantuvo durante más de tres décadas. Los candidatos de las dos organizaciones hegemónicas han concentrado la gran mayoría de votos, sin importar cuantos contendientes ha habido en la papeleta.

Y, al igual que sucedió en Quito, en 2019 hubo una explosión de candidaturas, con 17 listas terciando por llegar al sillón de Olmedo. Ese exceso coincidió con el fin de la década correísta y su primera participación en unas elecciones seccionales bajo una bandera prestada, la de Centro Democrático.

Ese predominio socialcristiano estuvo acompañado de votaciones superiores al 50% y 60%, lo que hizo que las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri estuviesen además respaldadas por un fuerte apoyo ciudadano, que varias veces se demostró en las calles.

Sin embargo, esa hegemonía llegó a su fin en 2023. Los cuestionamientos sobre los problemas permanentes del Puerto Principal, el desgaste natural de la tendencia política concentrada en lo local y en la Función Legislativa, y el cambio generacional del electorado, minaron su capital político. Así, el PSC ahora se suma a la extensa lista de agrupaciones que luchan por sobrevivir y renovarse.

Y, al igual que ha sucedido en el resto del país, la crisis de representación política ha hecho que los partidos y movimientos tampoco cuenten con liderazgos locales fuertes y recurran a figuras coyunturales, con o sin experiencia en la administración pública.

Por ejemplo, en su intento de derrocar al PSC, el correísmo recurrió a distintos perfiles: su Ministra de Vivienda, en 2009; su asambleísta y posterior gobernadora de Guayas, en 2014; al antiguo candidato roldosista, exprefecto de Guayas y líder de Centro Democrático, en 2019; y finalmente apostaron por un candidato vinculado al fútbol, con el vicepresidente del Barcelona SC.

Sin embargo, el alcalde Aquiles Alvarez no tuvo el éxito rotundo de la lista 6, aunque sí consiguió el 40% de votos válidos. Pero el otro 60%, por primera vez en la historia electoral del Puerto Principal, se dividió entre el PSC (30%), SUMA (14%), Centro Democrático (10%). Y otros siete candidatos se repartieron los votos residuales.

En tres de las últimas cinco elecciones, el tercer aspirante ‘más’ votado se quedó con poco más del 1% de respaldos. Las excepciones fueron en 2004, cuando el extinto PRIAN alcanzó el 8% y en 2019, cuando Creo recibió el 3%.

A esto se suma el hecho de que los votantes guayaquileños prefieren votar por un candidato que por opciones como el nulo o el blanco, que suelen ser más altas en Quito. Por ejemplo, aunque el electorado sigue creciendo, el porcentaje de votos nulos ha bajado.

Y para las próximas elecciones seccionales, de febrero 2027, el escenario podría ser más volátil. El alcalde Alvarez puede quedar fuera de la papeleta, si la prisión preventiva por los casos Goleada y Triple A se mantiene más allá del periodo de elecciones primarias, que cerrará el 14 de agosto.

Esto obligará al correísmo a buscar otra figura que lo reemplace, sin contar que sus seguidores vinculados al movimiento RETO pueden apostar por una opción propia. Mientras que el socialcristianismo busca un perfil que, al menos, les ayude a mantener el 30% que obtuvieron en 2023.

Además, entrará en escena electoral el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El mismo presidente Daniel Noboa anticipó que su carta para la Alcaldía de Guayaquil sería su madre, la también legisladora Annabella Azin. Y todo esto podría colaborar a que la fragmentación electoral en el Puerto Principal se dispare. Fuente: Vistazo

Pronunciamiento de Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

En el programa Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la doctora Dayán Argüello Veintimilla, Coordinadora de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Política criminal frente al femicidio y la violencia de género en el Ecuador”.

Durante su intervención, la jurista presentó un análisis académico sobre la evolución, fundamentos y desafíos de la política criminal en materia de violencia de género, destacando su experiencia investigativa en derecho penal, particularmente en delitos relacionados con el femicidio, objeto de su investigación doctoral desarrollada durante siete años.

Enfoque conceptual y evolución normativa
La doctora Argüello explicó que la política criminal comprende el conjunto de decisiones orientadas a la prevención, sanción y erradicación del delito. En este contexto, enfatizó que la violencia contra la mujer, históricamente invisibilizada, especialmente en el ámbito privado, comenzó a ser reconocida como una problemática estructural a partir de las décadas de 1960 y 1970, impulsando la intervención estatal y el desarrollo de instrumentos internacionales.

En el ámbito regional, destacó que, desde finales del siglo XX, los Estados han incorporado progresivamente normativas para sancionar la violencia de género, evolucionando desde leyes de primera generación, centradas en el ámbito privado, hacia legislaciones más integrales que incluyen la violencia pública, simbólica, institucional y económica.

Asimismo, subrayó que a partir de 2008 varios países latinoamericanos comenzaron a tipificar el femicidio, ya sea como agravante o como delito autónomo, siendo esta última figura la más adecuada, al permitir visibilizar la violencia extrema contra la mujer y generar estadísticas específicas para el diseño de políticas públicas eficaces.

Fundamentos jurídicos del delito de femicidio
En relación con su investigación doctoral, Argüello sostuvo que el femicidio protege no solo el derecho a la vida, sino también la integridad, la libertad y el derecho a vivir sin discriminación. En este sentido, explicó que este delito se configura en contextos de desigualdad estructural, subordinación y discriminación de género, lo que lo diferencia de otras figuras penales como el homicidio o asesinato.

Retos en la prevención y aplicación de la normativa
La especialista enfatizó que la tipificación del femicidio, por sí sola, no constituye una medida preventiva eficaz, sino que debe complementarse con políticas públicas integrales. Entre las principales estrategias de prevención general, destacó:
• Fortalecimiento del sistema educativo con enfoque libre de estereotipos de género.
• Garantía de acceso equitativo al empleo y autonomía económica para las mujeres.
• Desarrollo de marcos normativos integrales (penales, civiles y administrativos).
• Implementación de sistemas confiables de estadísticas sobre violencia de género.

En cuanto a la prevención específica, resaltó la importancia de la “debida diligencia reforzada” en la investigación y judicialización de estos delitos, lo que implica procesos más rigurosos, capacitación constante a operadores de justicia y eliminación de prejuicios de género en el sistema judicial.

Problemáticas estructurales e institucionales
Durante el diálogo, se abordó también la ineficacia en la aplicación de medidas de protección. Argüello señaló que, si bien existen mecanismos legales como boletas de auxilio, estos no garantizan por sí solos la prevención del femicidio debido a la falta de seguimiento, monitoreo y acompañamiento integral a las víctimas.

Además, identificó barreras de acceso a la justicia, deficiencias en la atención institucional y factores socioeconómicos que perpetúan los ciclos de violencia, como la dependencia económica y la falta de redes de apoyo.

Retrocesos y desafíos en Ecuador
Finalmente, la experta advirtió que uno de los principales retrocesos en el país radica en la limitada asignación y ejecución presupuestaria para políticas públicas de prevención de la violencia de género. Según indicó, gran parte de los esfuerzos estatales se han centrado en reformas legales, sin el correspondiente desarrollo de políticas estructurales sostenibles.

En este sentido, concluyó que el abordaje de la violencia de género y el femicidio requiere un enfoque integral, articulado y sostenido, que combine normativa, prevención social, fortalecimiento institucional y compromiso estatal efectivo.