Nacionales
Daniel Noboa anuncia plan anticorrupción: ‘No permitiremos que ningún pillo más de cuello blanco llene sus arcas’
El presidente Daniel Noboa oficializó este 9 de diciembre de 2024 el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
Según resaltó el Ejecutivo, con esta acción se marca un nuevo capítulo para el país, caracterizado por la transparencia, la ética y la firme voluntad de erradicar la corrupción, un desafío urgente, ya que en las últimas décadas esto ha debilitado las bases institucionales, consumido recursos vitales para el desarrollo social y económico, y generado desconfianza entre la ciudadanía y el Estado.
Por ello, la rendición de cuentas será clave para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos.
Alto nivel de corrupción en Ecuador
El plan fue elaborado por la Función de Transparencia y Control Social y otras entidades estatales, la Cooperación Técnica Alemana GIZ, grupos empresariales, academia y la sociedad civil.
El desafío es considerable, pues según señaló el contralor Mauricio Torres, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, los índices de percepción de Transparencia Internacional colocan al país en el puesto 115 de 180 naciones, con una calificación 34/100.
Es decir, “la corrupción está arraigada en el sistema político y judicial”, mencionó Torres.
Mauricio Torres explicó que en razón a estas cifras, el plan tiene tres objetivos claros:
- Fortalecer las capacidades constitucionales y legales para prevenir y combatir la corrupción mediante la creación de estructuras especializadas;
- Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado y sectores económicos vulnerables a la corrupción;
- Y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción a través del desarrollo de campañas sobre el enfoque sistémico de integridad.
En su intervención, Noboa resaltó que el gobierno tiene un “compromiso real que permitirá avanzar al país de manera contundente contra la corrupción”.
Acotó que, ahora la ciudadanía podrá denunciar casos de corrupción de manera segura y confidencial, garantizando que sus denuncias sean investigadas sin preferencias y sin sobornos.
Además, en la educación se incorpora la materia de Ética e Integridad en la malla curricular, y se capacitará a las personas del sector público sobre sus obligaciones y transparencia.
El presidente Noboa concluyó que en su gobierno y el Estado “no habrá espacio para la impunidad, ni para quienes pretendan lucrar con el sufrimiento de la gente. Estoy aquí para servir al pueblo, con integridad, con respeto y con determinación”.
Enfrentamiento Noboa y Correa
Este mismo lunes, el presidente Noboa mantuvo un enfrentamiento en redes sociales con el expresidente Rafael Correa, a quien le recordó varios casos de corrupción en su contra.
Noboa reaccionó así después de que Correa criticara su gestión económica, al señalar que mientras él solo tiene el vicio de leer, el actual mandatario tiene el vicio de acumular dinero porque «su codicia es ilimitada» y «el rico busca más plata y va a robar de alto vuelo».
«Ya que su único vicio es la lectura, por favor dígame si le enviamos una copia de estos documentos a Bélgica, México o Venezuela para que los lea», escribió Noboa en su cuenta de la red social X, al ofrecer una copia de su sentencia en el caso Sobornos y otros documentos judiciales. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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