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Nacionales

Cuestionan la reducción de asignaciones presupuestarias para la niñez y adolescencia

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La Comisión de la Niñez y Adolescencia recibió a representantes de instituciones del Estado, para analizar la Proforma Presupuestaria 2024, en materia de primera infancia, niñez y adolescencia y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.

Olga Núñez, subsecretaria de Finanzas, informó que se han asignado 642 millones de dólares a las instituciones del área social; sin embargo, reconoció que existe una reducción en el presupuesto para el 2024, en el área social. Justificó esta decisión por la relevancia que ha dado el Gobierno Nacional a la seguridad, hacia donde se destinan rubros del presupuesto nacional.

Sin embargo, dijo que hay la posibilidad de mejorar la ejecución del presupuesto y las asignaciones. Los legisladores Arturo Ugsha y Pierina Correa reclamaron que el Gobierno gaste 60 millones de dólares en una consulta popular y pague puntualmente la deuda externa, cuando esos rubros pueden atender las necesidades de los ecuatorianos.

Por su parte, María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, indicó que el país estaría enfrentando consecuencias graves en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, debido a la desatención por falta del presupuesto, lo que incrementaría los niveles de enfermedades y pobreza.

No obstante, aseguró que trabajan para encontrar formas que cubran el presupuesto faltante y que, al momento, ha conseguido un 30 % con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. “Estamos seguros que mejorarán las asignaciones que nos corresponde, con el mecanismo de presupuestos por resultados”, afirmó.

El subsecretario de Planificación, Gustavo Cuesta habló sobre el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual de Inversiones enfocados a niños, niñas y adolescentes, en los que se articulan otras instancias de gobierno, como AME, CONGOPE, CONAGOPARE para la construcción de políticas públicas en educación, salud y servicios sociales.

La presidenta de la comisión, Pierina Correa cuestionó que en el informe presentado por el Ministerio de Educación no existan rubros para la adquisición de uniformes, útiles escolares, entre otros beneficios para los estudiantes de escasos recursos económicos.

Uno de los rubros de mayor relevancia presentados por el Ministerio de Educación, es el destinado al proyecto de reducción de la brecha digital en el sistema nacional de educación. De igual manera, el proyecto Reestructuración Integral de Infraestructura Educativa que cuenta con un presupuesto de más de 55 millones de dólares, rubro considerado en el Plan Anual de Inversiones 2024.

Pierina Correa insistió en que está ausente la intervención social. En este aspecto, el delegado del Ministerio de Educación, mencionó algunos de los programas que se encuentran en el plan, como son las aulas hospitalarias, instituciones educativas a distancia para las personas en movilidad, con discapacidad, deportistas, entre otros, para que puedan culminar su bachillerato.

El vicepresidente de la comisión, Samuel Celleri, por su lado, preguntó sobre la estrategia que tiene el Ministerio de Educación para la recategorización de los docentes, la deserción escolar, la falta de regularización del porte de armas y la falta de acceso a escuelas por falta de transporte en zonas de difícil acceso.

Marco Ortiz indicó que al momento se están tomando las medidas respectivas para dar la solución. 9.1 millones de dólares estarían destinados para brindar el acceso a la comunidad educativa y al soporte para la reinserción escolar. En relación a la seguridad, expresó que existe un plan piloto denominado Escuelas Seguras, en el que se reconocen 220 unidades en peligro y se articuló con la Policía Comunitaria, MIES y tenientes políticos. “Ahora el objetivo es que sean comunidades seguras, en las que se trabajará de forma integral”, agregó.

Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social, dio a conocer las estrategias para enfrentar el recorte presupuestario del MIES. Se refirió a convenios firmados con los gobiernos autónomos descentralizados, los que darán sostenibilidad a los servicios de la institución.

Asimismo, indicó que trabajarán conjuntamente con el CONAGOPARE para atender especialmente a niños de 0 a 3 años. “La gestión de protección especial es otro programa, cuyo fin es dar acogida tanto a niños como adolescentes. Aquí cuenta la atención a personas en estado de calle y mendicidad”, añadió.

Por otro lado, manifestó que existe un nuevo proyecto que busca ofrecer herramientas para emprendimientos, y que, en lugar de gestionar los bonos de desarrollo humano, cuya ejecución representa la mayor parte del presupuesto asignado, es decir, 1.300 millones de dólares, y no resuelven la pobreza del sector, se entregarán 60 mil créditos de desarrollo humano y se impulsarán las asociaciones para emprendimientos. Recordó que 653 mil usuarios reciben el Bono de Desarrollo Humano.

En cuanto a los bonos para las víctimas indirectas de femicidio, el viceministro dijo que se han entregado 473. Sobre los bonos por la pandemia, indicó que por una sola vez se entregaron y que, los afectados, deben recibir asistencia en salud mental.

Finalmente, sostuvo que el MIES requiere 238 millones de dólares para atender a la población vulnerable del país, pero que ese déficit deben solucionarlo trabajando de manera articulada con los gobiernos autónomos descentralizados. (I)

Fuente: Ecuadorenvivo

Internacionales

Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú

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San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

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Policía frustra atentado con explosivos en el norte de Quito

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La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.

Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.

“Pero se les acaba su hora. Nada nos detiene”, advirtió el titular del Interior.

El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.

“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.

Alerta máxima desde atentado letal

Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.

Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.

Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo

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Daniel Noboa viajará a Bolivia para la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Bolivia para la asunción de mando del presidente electo Rodrigo Paz, quien asumirá el cargo en sustitución de Luis Arce tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el pasado 19 de octubre.

El viaje institucional, anunciado mediante el Decreto Ejecutivo 203, se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. A la ceremonia acudirá una comitiva oficial que estará formada únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield.

Adicionalmente, la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de Presidencia.

$!El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

La asistencia de Noboa responde, según el Decreto Ejecutivo, al interés de Ecuador de fortalecer relaciones bilaterales con los países de la región.

El pasado 19 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, alcanzó el 54,5% de los votos frente al 44,5% de la Alianza Libre del expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002).

Dos décadas de gobiernos izquierdistas como precedente

La victoria de Paz pone fin a 20 años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Tras conocerse el resultado electoral, el Gobierno de Ecuador felicitó al centrista por su triunfo y le deseó «éxito en el desempeño de su mandato en beneficio del hermano pueblo boliviano».

“Ecuador reitera su compromiso de seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre nuestros países, en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina», señaló el Ejecutivo por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Fuente: Vistazo

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