Nacionales
Cuatro de cinco vocales de la Judicatura enfrentan procesos penales
El juez Luis Rivera dio la orden de prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, quien ya está en la cárcel; y el vocal Xavier Muñoz, quien seguía en funciones.
En el caso ‘Independencia Judicial’, en el que se investiga el delito de obstrucción a la justicia, Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dio este 28 de diciembre del 2023 la orden de prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ); y Xavier Muñoz, vocal de la misma institución.
Rivera argumentó su decisión sobre Terán, pues no cabía ninguna otra medida que no sea la prisión preventiva, ya que actualmente el exjuez de la CNJ y expresidente del CJ ya está detenido en la Cárcel 4 de Quito, por el caso ‘Metástasis’.
En cambio, sobre Muñoz, el magistrado puntualizó que, tomando en cuenta que la Judicatura es el órgano disciplinario y administrativo de la Función Judicial, cualquier medida que no sea la prisión preventiva le habría permitido al vocal seguir en el cargo, desde el cual podría causar presión para que se falle a su favor.
Rivera también procesó a la exvocal del CJ, Maribel Barreno; y a cuatro funcionarios de esta institución, todos tenían cargos directivos; contra quienes dispuso la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la justicia y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el magistrado ordenó la retención de valores que mantengan los procesados en cuentas de ahorro y corriente, y en pólizas e inversiones, por hasta USD 18 mil, en el caso de Terán, Muñoz y Barreno, y de USD 9 mil para el resto de los procesados; también tienen la prohibición de transferir y enajenar bienes que estén a su nombre.
El caso ‘Independencia Judicial’ inició el pasado 19 de agosto, cuando con solo dos votos, de cinco vocales que tiene la Judicatura, se destituyó al juez Walter Macías, quien estaba al frente del proceso por tráfico de influencias que se les seguía a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.
“La Fiscalía General del Estado reconoce que existen atribuciones propias de cada organismo estatal, pero también advierte que, a pretexto del ejercicio de las mismas se han usado ilegitimidades evidentes, inventándose pasos o procedimientos no reglados, por lo tanto ilegítimos, para impedir la actuación libre de un juez nacional”, afirmó Wilson Toainga, fiscal general subrogante.
Ayer el juez también accedió a la solicitud de la Fiscalía y concedió medidas de protección especial, para garantizar que no se les inicien acciones administrativas desde la Judicatura, a favor del juez Walter Macías; el fiscal general subrogante, Wilson Toainga; y la fiscal Alexandra Zurita, esta última investigó el caso.
Nueva vacante en la Judicatura
Actualmente el Consejo de la Judicatura funciona con solo un vocal principal, Fausto Murillo; mientras que Álvaro Román reemplazó a Terán; y Yolanda Yupangui asumió el cargo por ser la alterna de Maribel Barreno, quien fue debió dejar el cargo cuando fue llamada a juicio por el caso ‘Vocales’.
El futuro de Xavier Muñoz está por definirse, aunque este 28 de diciembre fue detenido para cumplir la prisión preventiva y ya no podría continuar en la Judicatura; se había anunciado que antes de la audiencia solicitó vacaciones y contaría con 16 días en los que se mantendría en el cargo, sin embargo, este 28 de diciembre del 2023 participó, vía telemática, de la sesión del pleno del CJ, por lo que no se conoce si el tiempo receso entró en vigencia.
Nueva vacante en la Judicatura
Actualmente el Consejo de la Judicatura funciona con solo un vocal principal, Fausto Murillo; mientras que Álvaro Román reemplazó a Terán; y Yolanda Yupangui asumió el cargo por ser la alterna de Maribel Barreno, quien fue debió dejar el cargo cuando fue llamada a juicio por el caso ‘Vocales’.
El futuro de Xavier Muñoz está por definirse, aunque este 28 de diciembre fue detenido para cumplir la prisión preventiva y ya no podría continuar en la Judicatura; se había anunciado que antes de la audiencia solicitó vacaciones y contaría con 16 días en los que se mantendría en el cargo, sin embargo, este 28 de diciembre del 2023 participó, vía telemática, de la sesión del pleno del CJ, por lo que no se conoce si el tiempo receso entró en vigencia.
Por su parte, Xavier Muñoz tiene también dos investigaciones en su contra, una por el delito de lavado de activos, mientras que este 28 de diciembre se le procesó por obstrucción a la justicia; por este mismo delito es investigada Maribel Barreno, a quien se le suma el caso por tráfico de influencias, en el que es procesada junto con Juan José Morillo, exvocal de la Judicatura. (I)
Fuente: el Mercurio
Nacionales
Hallan ocho cabezas humanas en Naranjal: víctimas eran de Manabí y Guayas
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

Nacionales
La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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