Nacionales
Cuatro de cinco vocales de la Judicatura enfrentan procesos penales
El juez Luis Rivera dio la orden de prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, quien ya está en la cárcel; y el vocal Xavier Muñoz, quien seguía en funciones.
En el caso ‘Independencia Judicial’, en el que se investiga el delito de obstrucción a la justicia, Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dio este 28 de diciembre del 2023 la orden de prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ); y Xavier Muñoz, vocal de la misma institución.
Rivera argumentó su decisión sobre Terán, pues no cabía ninguna otra medida que no sea la prisión preventiva, ya que actualmente el exjuez de la CNJ y expresidente del CJ ya está detenido en la Cárcel 4 de Quito, por el caso ‘Metástasis’.
En cambio, sobre Muñoz, el magistrado puntualizó que, tomando en cuenta que la Judicatura es el órgano disciplinario y administrativo de la Función Judicial, cualquier medida que no sea la prisión preventiva le habría permitido al vocal seguir en el cargo, desde el cual podría causar presión para que se falle a su favor.
Rivera también procesó a la exvocal del CJ, Maribel Barreno; y a cuatro funcionarios de esta institución, todos tenían cargos directivos; contra quienes dispuso la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la justicia y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el magistrado ordenó la retención de valores que mantengan los procesados en cuentas de ahorro y corriente, y en pólizas e inversiones, por hasta USD 18 mil, en el caso de Terán, Muñoz y Barreno, y de USD 9 mil para el resto de los procesados; también tienen la prohibición de transferir y enajenar bienes que estén a su nombre.
El caso ‘Independencia Judicial’ inició el pasado 19 de agosto, cuando con solo dos votos, de cinco vocales que tiene la Judicatura, se destituyó al juez Walter Macías, quien estaba al frente del proceso por tráfico de influencias que se les seguía a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.
“La Fiscalía General del Estado reconoce que existen atribuciones propias de cada organismo estatal, pero también advierte que, a pretexto del ejercicio de las mismas se han usado ilegitimidades evidentes, inventándose pasos o procedimientos no reglados, por lo tanto ilegítimos, para impedir la actuación libre de un juez nacional”, afirmó Wilson Toainga, fiscal general subrogante.
Ayer el juez también accedió a la solicitud de la Fiscalía y concedió medidas de protección especial, para garantizar que no se les inicien acciones administrativas desde la Judicatura, a favor del juez Walter Macías; el fiscal general subrogante, Wilson Toainga; y la fiscal Alexandra Zurita, esta última investigó el caso.
Nueva vacante en la Judicatura
Actualmente el Consejo de la Judicatura funciona con solo un vocal principal, Fausto Murillo; mientras que Álvaro Román reemplazó a Terán; y Yolanda Yupangui asumió el cargo por ser la alterna de Maribel Barreno, quien fue debió dejar el cargo cuando fue llamada a juicio por el caso ‘Vocales’.
El futuro de Xavier Muñoz está por definirse, aunque este 28 de diciembre fue detenido para cumplir la prisión preventiva y ya no podría continuar en la Judicatura; se había anunciado que antes de la audiencia solicitó vacaciones y contaría con 16 días en los que se mantendría en el cargo, sin embargo, este 28 de diciembre del 2023 participó, vía telemática, de la sesión del pleno del CJ, por lo que no se conoce si el tiempo receso entró en vigencia.
Nueva vacante en la Judicatura
Actualmente el Consejo de la Judicatura funciona con solo un vocal principal, Fausto Murillo; mientras que Álvaro Román reemplazó a Terán; y Yolanda Yupangui asumió el cargo por ser la alterna de Maribel Barreno, quien fue debió dejar el cargo cuando fue llamada a juicio por el caso ‘Vocales’.
El futuro de Xavier Muñoz está por definirse, aunque este 28 de diciembre fue detenido para cumplir la prisión preventiva y ya no podría continuar en la Judicatura; se había anunciado que antes de la audiencia solicitó vacaciones y contaría con 16 días en los que se mantendría en el cargo, sin embargo, este 28 de diciembre del 2023 participó, vía telemática, de la sesión del pleno del CJ, por lo que no se conoce si el tiempo receso entró en vigencia.
Por su parte, Xavier Muñoz tiene también dos investigaciones en su contra, una por el delito de lavado de activos, mientras que este 28 de diciembre se le procesó por obstrucción a la justicia; por este mismo delito es investigada Maribel Barreno, a quien se le suma el caso por tráfico de influencias, en el que es procesada junto con Juan José Morillo, exvocal de la Judicatura. (I)
Fuente: el Mercurio
Nacionales
¿Cuánto costará la posesión presidencial de Daniel Noboa y cuánto han costado las de sus predecesores?
Lo que se espera de los mandatarios el día de su posesión ha cambiado radicalmente con los años. Las pomposas posesiones al estilo correísta quedaron atrás, la economía del Ecuador y el ánimo de la ciudadanía han obligado a reducir los gastos en ese tipo de eventos.
Fue por eso que, en noviembre de 2023, Daniel Noboa pidió al gobierno saliente que se redujera al 50% el presupuesto de USD 600.000. Y cuando ya estuvo en el poder, su equipo se encargó de aclarar que, finalmente, el monto alcanzó los USD 132.202.
La posesión de Guillermo Lasso, en plena pandemia de Covid-19, apenas alcanzó los USD 123.265, según los gastos declarados en el contrato que hizo la Cancillería en su momento. Aunque en esa ocasión, la entidad incluyó la transmisión de mando presidencial en su contrato anual de servicios para todos sus eventos. Lo que impide observar el detalle de los gastos.
Esta vez, la Cancillería recurre a la misma práctica, pese a que ya no hay restricciones como en la pandemia, a que la agenda internacional del presidente reelecto se catapultó con su primera gran gira internacional y a que el mismo Noboa anunció que invitará a Donald Trump a la sesión.
Pero no solo eso, incluyendo la posesión del 24 de mayo de 2025, el costo calculado por la entidad para al menos 150 eventos protocolares de todo 2025 alcanza apenas USD 430.373, divididos en tres procesos contractuales de logística, catering y alojamiento.
El monto supera en USD 130.000 al contrato para los eventos de Relaciones Exteriores en todo 2024. Lo que podría sugerir que ese dinero extra iría a la posesión presidencial, a menos que haya eventos adicionales o más costosos en el cronograma de la entidad para este 2025.
En los años previos, ese presupuesto anual de la Cancillería alcanzó los USD 350.000 (2023), USD 371.000 (2022), USD 290.000 (2022), USD 700.000 (2021) y USD 880.000 (2019). Solo en 2021 ese monto incluyó la posesión presidencial.
Los costos y detalles
El costo de los eventos de posesión de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa han sido los más austeros desde 2013. El mayor monto de recursos públicos destinado a una transmisión de mando lo tuvo Rafael Correa, con USD 3,1 millones.
La organización de estos eventos recae sobre el gobierno saliente. Pero ese año (2013) no hubo cambio, por lo que el correísmo ‘tiró la casa por la ventana’. En 2017, cuando continuó la tendencia, aunque bajo la figura de Lenin Moreno, el Ejecutivo no dio a conocer el gasto total en la posesión.
El único contrato publicado fue el de «servicios comunicacionales para la difusión e información de los actos relacionados con la transmisión del cambio de mando presidencial», por USD 900.000.
Sin embargo, el objeto central de este proceso era generar propaganda sobre Rafael Correa. Los objetivos eran cuatro: informar sobre la transmisión de mando; generar impacto con los mensajes, logros e hitos alcanzados por el gobierno saliente; dar a conocer la gestión del presidente saliente y «brindar un justo y merecido homenaje» al presidente saliente.
De Moreno no había nada, puesto que ese día empezaba su periodo. De todas formas, aunque nunca se publicó el proceso o contrato para el evento como tal y su organización, la Cancillería sí utilizó un desglose comparativo al momento de buscar proveedores para la posesión de Lasso en 2021.
En esos documentos, a los que accedió PRIMICIAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que en 2017 la posesión de Moreno gastó USD 1,3 millones. Es decir, esa celebración política finalmente sumó un presupuesto total de USD 2,1 millones.
El desglose enumera los gastos de arribo y bienvenida de las autoridades internacionales, la ceremonia como tal, el acto en honor de Correa en el Palacio de Cristal, la bienvenida de Moreno en Carondelet, la presentación del nuevo gabinete en la Plaza Grande, los servicios de alimentación, transporte, hospedaje, bebidas, bocaditos y demás.
Por ejemplo, hubo 5.000 refrigerios en la Plaza Grande, 200 en la Asamblea y 600 en Carondelet; 642 almuerzos en el Itchimbía; 246 cenas y cocteles en Carondelet. Así como alojamientos en los hoteles más caros de Quito.
En el caso de la posesión de Correa en 2013, la Cancillería nunca reveló el desglose de los gastos. Tampoco pasó en la posesión de Guillermo Lasso en 2021.
Mientras que la primera posesión de Noboa, en noviembre de 2023, el Ministerio finalmente cerró el proceso, en el que hubo 75 invitados al almuerzo de honor en Carondelet y «750 cocteles VIP» para esa misma noche. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la premura del cambio de gobierno, solamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pudo asistir a la posesión.
Por lo que, en esta ocasión, el presidente reelecto hace planes para invitar a sus homólogos como Donald Trump y Nayib Bukele, aunque su baja popularidad internacional, que quedó demostrada en fracaso de la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, pondrá a prueba una vez más la gestión de la canciller Gabriela Sommerfeld. Fuente: Primicias
Nacionales
Suspenden por tres años los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió este jueves suspender los derechos políticos de la asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, por un periodo de tres años.
La sentencia fue resuelta ante la denuncia por presunta violencia política de género con tintes racistas, que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, interpuso en contra de la aspirante al Legislativo del correísmo y la abogada Angélica Porras. En el 2023, ellas impulsaron una iniciativa para que la titular del Ministerio Público renunciara.
La magistrada Ivonne Coloma fue quien votó en contra de las sanción, pues consideró que a las sentenciadas no les fue garantizado el derecho a la defensa.
Fue el juez electoral Fernando Muñoz quien determinó el año pasado que Schettini y Porras cometieron actos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de Salazar con miras a impulsarla a dejar su cargo.
De acuerdo a su sentencia, ambas hicieron publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en la que se referían a la fiscal con calificativos como “inepta, incapaz, ignorante, corrupta, 10/20, mentirosa, fraude, ladrona, con problemas en el conocimiento del derecho penal”.
La suspensión de los derechos políticos de Schettini fue ratificada a las puertas de la posesión de la próxima Asamblea Nacional, cuya primera sesión está programada para el próximo 14 de mayo. Fuente: Vistazo
Un día antes de que terminara la instrucción fiscal del caso Malvinas, el pasado 30 de abril, las defensas de las víctimas e implicados revisaron una serie de videos en los que se confirma que los cuatro menores recibieron golpes por parte de algunos militares, los cuales podrían configurar en tortura.
Entre el domingo 27 y el lunes 28 de abril se llevó a cabo la segunda reconstrucción de los hechos solicitada por cinco de los 17 militares implicados. Ellos se acogieron a la cooperación eficaz y narraron una serie de agresiones que habrían cometido sus compañeros contra las víctimas.
En un camino de tercer orden, ubicado en la parroquia Taura (Naranjal), uno de los cooperantes relató que un militar se grabó mientras golpeaba a dos adolescentes.
Con este indicio, la Fiscalía solicitó extraer información de un celular marca Redmi color azul.
La audiencia para revisar el dispositivo se desarrolló el 30 de abril de manera reservada entre los abogados del caso, pero ya se conoce detalles de aquella diligencia.
¿QUÉ HABÍA EN EL VIDEO?
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó a Vistazo que en el video, grabado por uno de los uniformados, se observa a dos adolescentes “en posición fetal con las manos en la cara” mientras son golpeados.
Agregó que inclusive en el celular analizado hay un selfie en la que se observa al subteniente John Henrry Z. E.
Los abogados también observaron los videos de las cámaras de seguridad de la vía Durán-Tambo, la ruta que tomaron las dos patrullas para llegar a Taura. En el peaje de esa carretera “se ve claramente que los militares les pegan”, indica Aguirre.
En la audiencia también se revisó información contenida en un pendrive entregado por el teniente coronel Juan Francisco I. M.
“En el dispositivo había hojas de ruta, con las que la defensa del procesado daba a entender que el teniente coronel sí habría informado a los altos mandos sobre la captura de los tres adolescentes y el niño”, detalló el jurista perteneciente al Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH).
PODRÍAN IR A JUICIO
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó este jueves, primero de mayo, la fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta desaparición forzada contra 17 militares.
El anuncio llegó una vez terminada la instrucción fiscal, que debía culminar el 31 de marzo, pero se extendió por la vinculación del teniente coronel Juan Francisco I. M., quien habría levantado prendas de las víctimas tres días después de la desaparición sin la debida cadena de custodia.
Se espera que los cinco uniformados, que forman parte de la cooperación eficaz, brinden más detalles en las próximas etapas del proceso judicial, ya que tendrían que dar sus testimonios anticipados. Fuente: Vistazo
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