Por: Alcibar Lupercio
La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni una concesión de los gobiernos de turno. Es un derecho fundamental y una de las condiciones esenciales para que una democracia funcione. Cuando una sociedad deja de cuestionar al poder, comienza a perder una de sus principales herramientas de control ciudadano.
Ecuador conoce demasiado bien los riesgos de confundir autoridad con silencio. La historia reciente ofrece antecedentes que deberían servirnos como advertencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó, entre 2007 y 2017, una política de desacreditación, estigmatización y sanción contra periodistas, medios y otros actores críticos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el proceso contra el periodista Emilio Palacio y directivos de El Universo. La CIDH manifestó su preocupación por una sentencia que contemplaba penas de prisión y una millonaria indemnización por un artículo de opinión referido a asuntos de interés público. Posteriormente, la propia Comisión llevó el caso ante la Corte Interamericana.
Aquellos episodios deberían haber dejado una lección permanente: ningún gobierno, independientemente de su ideología, debería sentirse dueño de la verdad ni utilizar el poder estatal para intimidar a quienes lo cuestionan.
Pero el problema no pertenece únicamente al pasado.
Durante el actual Gobierno también se han registrado preocupaciones relacionadas con el ejercicio periodístico. Fundamedios reportó en 2024 un incremento de agresiones contra periodistas y medios, incluyendo obstáculos al acceso a la información y episodios de hostigamiento estatal. En septiembre de ese año señaló además su preocupación por declaraciones que podían interpretarse como una intención de utilizar la publicidad oficial para favorecer o castigar determinadas líneas editoriales.
En 2025, Fundamedios reportó 231 agresiones relacionadas con la libertad de expresión, de las cuales 114 fueron atribuidas a agentes estatales, según su metodología de monitoreo.
A esto se suma una realidad todavía más grave: la violencia del crimen organizado. El Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado amenazas, ataques y el éxodo de periodistas ecuatorianos, mientras varios comunicadores han tenido que abandonar sus ciudades o incluso el país para proteger su integridad.
Entonces, ¿qué país queremos construir?
Un país donde un periodista pueda preguntar por qué faltan medicamentos en un hospital. Donde pueda investigar las condiciones de una escuela pública. Donde pueda cuestionar el estado de una carretera. Donde pueda preguntar cuánto se gastó, quién contrató, quién ganó un contrato y si los recursos públicos fueron utilizados correctamente.
Eso no debería considerarse una agresión contra el Gobierno. Eso es periodismo.
El problema aparece cuando la crítica comienza a interpretarse como enemistad política. Y resulta todavía más preocupante si un periodista o propietario de un medio que mantiene relaciones comerciales legítimas con el Estado siente que, por esa razón, debe guardar silencio frente a posibles irregularidades.
Aquí debemos ser particularmente cuidadosos: ser proveedor del Estado no elimina los derechos constitucionales de una persona, pero tampoco convierte al periodista en intocable frente a la ley. La obligación debe ser la misma para todos: contratos transparentes, información verificable, ausencia de conflictos de interés y respeto absoluto a las normas.
Lo peligroso sería que una relación contractual con una institución pública se convierta, de hecho, o por temor, en un mecanismo de autocensura.
Porque si un periodista piensa: “No puedo investigar esto porque tengo un contrato con el Estado”, la sociedad pierde mucho más que una noticia. Pierde una voz.
Y si un funcionario piensa: “Este medio no puede cuestionarme porque trabaja para el Estado”, entonces el problema ya no es solamente periodístico. Es democrático.
También debemos reconocer que la prensa tiene responsabilidades. La libertad de expresión no significa libertad para mentir, difamar o manipular. El periodismo serio debe investigar, contrastar fuentes, separar información de opinión y permitir el derecho a la réplica. Precisamente por eso, la respuesta frente a una publicación periodística debe ser más información, más transparencia y, cuando corresponda, las vías legales; nunca la intimidación.
Ecuador enfrenta problemas demasiado grandes para desperdiciar energía persiguiendo voces críticas. La inseguridad continúa siendo una preocupación central para los ciudadanos; existen cuestionamientos sobre servicios públicos, infraestructura, educación, salud, empleo y economía. Las decisiones gubernamentales sobre combustibles, impuestos y transporte tienen consecuencias directas sobre millones de personas.
En una democracia, esas decisiones deben poder ser discutidas.
El ciudadano tiene derecho a preguntar. El periodista tiene derecho a investigar. El medio tiene derecho a publicar. Y el Gobierno tiene la obligación democrática de responder.
No importa si el Gobierno es de derecha, de izquierda, liberal, conservador o de cualquier otra corriente. Los derechos no cambian dependiendo del nombre del presidente.
Por eso tampoco debemos repetir los errores del pasado. La defensa de la libertad de prensa no puede convertirse en una bandera selectiva: no puede defenderse cuando gobierna alguien que nos agrada y olvidarse cuando gobierna alguien que nos disgusta.
La libertad de expresión debe defenderse incluso cuando la voz que habla no coincide con nuestra propia opinión.
Y aquí existe una responsabilidad particular para las nuevas generaciones. Los jóvenes no tienen que aceptar que cuestionar sea considerado traición, que investigar sea considerado oposición o que exigir transparencia sea considerado un ataque.
Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de preguntar y autoridades capaces de responder.
El silencio impuesto nunca será una política pública.
El Ecuador no necesita menos periodismo. Necesita mejor periodismo, más investigación, más transparencia y mayor protección para quienes ejercen esta profesión.
Y necesita, sobre todo, entender una verdad elemental: un Gobierno fuerte no es aquel que consigue que nadie lo critique; es aquel que puede soportar la crítica, responder con argumentos y rendir cuentas ante sus ciudadanos.
Porque cuando la prensa deja de preguntar por miedo, cuando el periodista comienza a autocensurarse para conservar un contrato y cuando el ciudadano prefiere callar para evitar consecuencias, la democracia empieza a quedarse sin voz.
Y un país sin voces críticas no es un país en paz.
Es un país en silencio.
