Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.

En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.

No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.

La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.

La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.

Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.

No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.

La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.

Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.

Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.

Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.

Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.

El director del Distrito Educativo 19D01 Zamora-Yacuambi, Medardo Ortega, ofreció declaraciones a Diario El Amazónico, en las cuales abordó con claridad y responsabilidad tres temas fundamentales para la comunidad educativa: la atención inmediata a denuncias en la Unidad Educativa 12 de Febrero, la situación en la Unidad Educativa Río Zamora, y el avance en proyectos de infraestructura educativa con apoyo interinstitucional.

Atención oportuna a denuncias en la Unidad Educativa 12 de Febrero

En respuesta a una denuncia presentada por una madre de familia respecto al caso de una estudiante, Ortega informó que se activó de inmediato la Unidad Distrital de Apoyo y Seguimiento (DECE), la cual ha trabajado conjuntamente con las autoridades institucionales para atender los requerimientos. Se realizaron procesos de recalificación académica y evaluación justa, que fueron resueltos a satisfacción de los representantes legales de la menor.

“La atención ha sido integral. El 100% de las solicitudes de la madre de familia han sido resueltas y se ha brindado contención emocional tanto a padres como a estudiantes”, señaló Ortega.

Unidad Educativa Río Zamora: acompañamiento institucional y contención emocional

Respecto a una situación reciente en la Unidad Educativa Río Zamora, el director indicó que se trató de una actividad estudiantil relacionada con la elaboración de un video, que generó inquietudes en la comunidad. Tras la publicación de una nota en Diario El Amazónico, Ortega confirmó que se han activado los equipos técnicos de Apoyo, Seguimiento, Talento Humano y DECE para evaluar lo ocurrido.

“Hemos mantenido reuniones con padres de familia y estudiantes, quienes han comprendido que fue un tema que se salió de control, pero que está siendo gestionado con responsabilidad”, afirmó.

El proceso de investigación continúa y se entregará un informe final en los próximos días, con el compromiso de fortalecer la convivencia escolar y evitar que estos hechos se repitan.

Asignación y cobertura docente conforme a normativas

Frente a cuestionamientos sobre la asignación de docentes fuera de su especialidad, Ortega aclaró que, ante vacantes temporales, se han tomado decisiones responsables para no dejar sin atención a los estudiantes. Explicó que cuando un docente se retira, se asignan encargos temporales hasta que el proceso de concurso permita incorporar al profesional idóneo.

“En ningún momento se ha dejado a los estudiantes sin clases. La intención ha sido siempre garantizar continuidad educativa, sin comprometer la calidad del aprendizaje”, puntualizó.

Investigación sobre recursos económicos y adecuaciones escolares

Consultado sobre un presunto cobro para la construcción de baterías sanitarias, Ortega explicó que, según las investigaciones preliminares, no se trató de una actividad del tercer año de bachillerato, sino del segundo, y que los aportes fueron voluntarios y gestionados por los propios padres de familia.

“Esperamos el informe definitivo en una semana, y con ello podremos socializar todos los documentos y evidencias conforme a la normativa del Ministerio de Educación”, dijo.

Avances significativos en infraestructura educativa con apoyo de GADs

En otro ámbito, el director distrital destacó importantes inversiones que se ejecutan en los cantones Zamora y Yacuambi, gracias a convenios interinstitucionales. Entre ellas:

• Presupuesto del Ministerio de Educación de $300.000 para la adecuación de las escuelas Bracamoros y María Montessori.
• Convenio con el Municipio de Yacuambi por $480.000, que incluye obras en las escuelas Otto Arosemena Gómez, Modesto Chávez Franco, Jaime Roldós Aguilera, entre otras.
• Intervenciones en parroquias como Sabanilla, San Carlos de las Minas y Cumbaratza, con una inversión total de $1.5 millones en infraestructura educativa.
• Convenio con el Municipio de Zamora para habilitar un estadio sintético en la Unidad Educativa Luis Felipe Borja.

“Hemos trabajado de manera articulada con los GAD parroquiales y cantonales. El objetivo es claro: mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en todos los rincones del distrito”, expresó Ortega.

Finalmente, el director reiteró que su gestión prioriza el bienestar estudiantil y la mejora continua del sistema educativo. La coordinación con padres de familia, docentes, autoridades y entidades cooperantes ha sido clave para atender las necesidades del territorio y avanzar hacia una educación pública de calidad.

Con el objetivo de fortalecer el ejercicio profesional del Derecho en la provincia, el Colegio de Abogados de Zamora Chinchipe desarrollará el Bootcamp Jurídico «Macharos de Oro», los días jueves 10 y viernes 11 de julio de 2025, en el local La Colina VIP del cantón Yantzaza. Este evento académico y de especialización contará con la presencia de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, constituyéndose en una oportunidad única de formación para profesionales del área jurídica de toda la provincia.

El anuncio fue realizado por la presidenta del gremio, abogada Janneth Guamán, en una entrevista con Diario El Amazónico, donde destacó la relevancia del evento dentro del plan de actividades de la actual directiva. El taller abordará como tema central el recurso de casación, tanto en materia penal como no penal, con un enfoque intensivo y técnico, orientado a elevar el nivel profesional de los abogados de la provincia.

“Lo que busca el Colegio de Abogados es que nuestros profesionales estén al ritmo de quienes ejercen en las grandes ciudades. Queremos que nuestros usuarios de justicia no tengan que recurrir a otras provincias en busca de especialistas, sino que encuentren aquí, en su propia tierra, a profesionales capacitados y competitivos”, señaló la presidenta Guamán.

El término bootcamp —tomado del inglés— hace referencia a un entrenamiento intensivo, en este caso jurídico, que busca brindar herramientas especializadas a los asistentes. En palabras de la titular del Colegio, este taller tiene la finalidad de acercar el conocimiento técnico y práctico directamente desde la Corte Nacional a los abogados de la provincia, permitiéndoles resolver dudas, compartir criterios con los magistrados y perfeccionar el manejo del recurso de casación, uno de los mecanismos más complejos del sistema judicial ecuatoriano.
Además, Guamán recalcó que la iniciativa responde a una necesidad histórica del gremio jurídico local, que por la ausencia de centros universitarios en Zamora Chinchipe debe buscar constantemente vías alternativas para su formación continua.

El costo de participación en el evento es de 20 dólares, un valor simbólico destinado a cubrir únicamente los gastos logísticos, ya que —según se enfatizó— el Colegio de Abogados no persigue fines de lucro, sino el fortalecimiento institucional y el beneficio final para el usuario del sistema de justicia.

“Este tipo de espacios son valiosos porque nuestros abogados tendrán la posibilidad de consultar de manera directa a los jueces nacionales, despejar dudas y adquirir las herramientas necesarias para afrontar procesos de alta complejidad con mayor seguridad y preparación. El objetivo final siempre será garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”, afirmó la abogada Guamán.

Finalmente, se extiende una cordial invitación a los profesionales del Derecho de toda la provincia, en especial de los cantones Zamora, Yantzaza, Yacuambi, Centinela del Cóndor Paquisha, Nangaritza y El Pangui, a que asistan y aprovechen esta jornada académica que, por su nivel y enfoque, constituye un hito formativo en la historia reciente del gremio provincial.