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¿Cuál será la postura de la Corte Constitucional frente a las leyes de Daniel Noboa? Crece el debate en redes sociales

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En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.

El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.

Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.

Sin embargo, las tres normas aprobadas por la Asamblea a las que se suma la Ley de Inteligencia, que nació en el 2008 y fue replanteada por el oficialismo, acumulan al menos una treintena de demandas en la Corte Constitucional. Aunque la mayoría están pendientes de admisión.

Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.

$!Marcha de la UNE en contra de las leyes aprobadas por la Asamblea.

¿QUÉ DECIDIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL?

Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.

En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.

“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.

Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.

El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.

$!Jueces de la Corte Constitucional.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS?

Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.

Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.

Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.

Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.

Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.

En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.

Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.

Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.

Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.

Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.

De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo

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El cacao ecuatoriano arrancó 2026 con sus peores cifras de exportaciones en 22 meses

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El cacao ecuatoriano cerró enero de 2026 con la cifra de exportaciones más baja en 22 meses, debido a la caída que ha tenido el precio de la fruta en el mercado internacional.

Según el Banco Central, el valor de las exportaciones de cacao y elaborados fue de USD 223,5 millones, lo que representa una caída de 57% frente a igual mes de 2025. En volumen, también hubo una caída de 32%.

Ese comportamiento está relacionado con el desplome que ha tenido el precio en el mercado internacional en el último año. Este 13 de marzo de 2026, el precio de la tonelada de cacao, para contratos futuros, cerró en USD 3.336 en el mercado bursátil, según el portal financiero Investing.com.

Si se compara con un año atrás, el precio ha caído en 59%. Y sigue con tendencia a la baja, tomando en cuenta que en los últimos siete días ha disminuido 9%.

Exportaciones no petroleras 
Pese a la caída del cacao, las exportaciones no petroleras de Ecuador siguen con crecimiento. En enero de 2026, cerraron con un monto de USD 2.491 millones, lo que representa un alza de 8,6%. En volumen, tuvieron un mayor impulso, con un incremento de 14,7%.

El camarón se mantiene como el producto líder de las exportaciones del país, con un valor de USD 728,9 millones, en enero de 2026, lo que representa un alza de 22%.

Sin embargo, la minería tuvo el mejor desempeño en enero, con un crecimiento en valor de 77,6%, para un monto de USD 483,6 millones, impulsado por los buenos precios del oro en el mercado internacional. En volumen, también crecieron en 55%.

En Ecuador, hay dos grandes minas a gran escala, en producción: Fruta del Norte, de oro, y Mirador, de cobre; ambas ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

Con las cifras alcanzadas en enero, la minería sigue superando al banano y plátano, que en el primer mes del año, cerraron con un valor de exportaciones por USD 419,4 millones. No obstante, los envíos de estas frutas tropicales también tuvieron un crecimiento de 18,7% en valor y de 13,6% en volumen.

Exportaciones totales 
Las exportaciones totales del país cerraron enero con un valor de USD 3.100 millones, para una caída de 2,2%, arrastradas por el bajo desempeño de las exportaciones petroleras del país.

Los envíos de crudo y sus derivados llegaron a un monto de USD 609,8 millones, lo que refleja una disminución de 30%. También tuvieron un caída en volumen de 11%.

Ese comportamiento está atado a una caída de la producción petrolera, que en enero fue de 2% y para febrero, siguió a la baja. De igual manera, en ese mes, el precio del crudo ecuatoriano fue de USD 53,1 por barril, cuando un año antes estaba en USD 67,3.

Sin embargo, el precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, ha estado subiendo en el mes de marzo por el impacto de la guerra en Medio Oriente en la oferta de crudo. Fuente: Primicias

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Gobierno amplía modelo de alimentación escolar para fortalecer la nutrición estudiantil en Ecuador

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En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.

El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.

Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.

Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.

El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.

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Análisis jurídico sobre la formulación de cargos centró el programa “La Tertulia”

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En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.

Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.

El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.

Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.

Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.

La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.

La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.

Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.

Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.

En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.

En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.

Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.

El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.

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