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¿Cuál será la postura de la Corte Constitucional frente a las leyes de Daniel Noboa? Crece el debate en redes sociales

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En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.

El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.

Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.

Sin embargo, las tres normas aprobadas por la Asamblea a las que se suma la Ley de Inteligencia, que nació en el 2008 y fue replanteada por el oficialismo, acumulan al menos una treintena de demandas en la Corte Constitucional. Aunque la mayoría están pendientes de admisión.

Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.

$!Marcha de la UNE en contra de las leyes aprobadas por la Asamblea.

¿QUÉ DECIDIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL?

Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.

En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.

“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.

Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.

El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.

$!Jueces de la Corte Constitucional.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS?

Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.

Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.

Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.

Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.

Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.

En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.

Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.

Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.

Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.

Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.

De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo

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Exasambleísta advierte: “El país exige un giro urgente y profundo”

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En una entrevista concedida al noticiero Frente a Frente, el exasambleísta por la provincia de Pastaza, Raúl Tello, realizó un amplio análisis sobre los resultados de la reciente jornada electoral y las implicaciones políticas y económicas que enfrenta el país. Durante su intervención, el exasambleísta dirigió un saludo a los ciudadanos del sur del Ecuador, en especial a la provincia de Zamora Chinchipe, y señaló que la votación registrada refleja un «rechazo rotundo del pueblo ecuatoriano a la actual forma de gobernar».

Un mensaje claro desde las urnas
Tello afirmó que el resultado electoral constituye una reacción ciudadana frente al desgaste del Gobierno. Indicó que “la gente se cansó”, aludiendo a que la población puede tolerar ciertas inconsistencias, “pero no se le puede mentir toda la vida”. Según el exasambleísta, el país expresó de forma categórica su inconformidad con el manejo político, económico y social demostrado hasta el momento.

Señaló además que el Gobierno enfrenta dos caminos: persistir en la misma línea de gestión, arriesgando un escenario de mayor autoritarismo e inestabilidad, o asumir críticamente los resultados y ejecutar cambios profundos en su conducción.

Contradicciones entre el discurso oficial y la realidad ciudadana
El exasambleísta indicó que los errores no se limitan a la estrategia comunicacional, sino a la contradicción entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana de los ecuatorianos. Cuestionó afirmaciones oficiales sobre mejoras en el empleo, seguridad y economía, enfatizando que “no hay cosa más falsa que eso”, pues la población no percibe esos supuestos avances.

Tello destacó que la reacción electoral responde también al contexto post-paro, cuando muchos ciudadanos no participaron en las manifestaciones debido a la precariedad económica, pero sí expresaron su posición en las urnas de manera “contundente”.

Críticas a las políticas económicas, sociales y de seguridad
El exasambleísta cuestionó la narración oficial en torno al denominado Plan Fénix, indicando que “nunca existió tal plan”. Señaló que bajo ese argumento se incrementó el IVA y se aprobaron leyes que, a su criterio, “no han servido para nada”. Asimismo, criticó el gasto de aproximadamente USD 120 millones en dos consultas populares sin resultados tangibles.

Tello también advirtió sobre la falta de medicamentos en hospitales públicos, la inseguridad en crecimiento y la ausencia de políticas efectivas para reducir las muertes violentas. A su juicio, esta gestión ha puesto incluso en riesgo la dolarización, al disminuir la confianza de los organismos multilaterales.

Responsabilidades y caminos de acción
El exasambleísta sostuvo que, tras el “chuchaqui electoral”, el Gobierno deberá “acomodar las cuentas”, lo que implicaría revisar bonos y compromisos económicos asumidos con diversos sectores. Señaló que el despilfarro y el manejo fiscal ponen al país en una posición delicada.

Pidió al Ejecutivo asumir con seriedad este mensaje ciudadano, realizar un cambio integral en su gabinete y reemplazar a ministros que, según él, se han convertido en “un lastre en la conducción del Estado”, mencionando específicamente al Ministro de Defensa. Asimismo, llamó a revisar los nombramientos en niveles provinciales, donde, afirmó, algunos funcionarios solo buscan preservar sus cargos.

El triunfo pertenece al pueblo, no a fuerzas políticas
Al ser consultado sobre si este resultado electoral representa una victoria de una organización política específica, Tello fue enfático: “Lo más irresponsable sería apropiarse de un triunfo que no nos corresponde”. Sostuvo que la victoria es del pueblo ecuatoriano, especialmente de los jóvenes, artistas populares, organizaciones indígenas y ciudadanos que defendieron derechos como la educación gratuita y los derechos de la naturaleza.

El legislador resaltó el papel activo de la ciudadanía, que impulsó por iniciativa propia una campaña basada en argumentos y no en narrativas, logrando un impacto decisivo en la opinión pública.

Llamado final al diálogo y a las reformas efectivas
Raúl Tello afirmó que la Constitución no impide al Gobierno implementar políticas efectivas de seguridad, educación y desarrollo. Exhortó a convocar a todos los sectores del país para construir reformas desde el marco constitucional vigente, especialmente en temas como el sistema educativo, la seguridad y la protección de la niñez y juventud.

Concluyó indicando que el momento actual exige responsabilidad, humildad y decisiones de Estado: “El gobierno debe asumir este mensaje poderoso y contundente de los ecuatorianos”.

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La Tertulia Jurídica analizó el alcance constitucional y procesal del recurso de doble conforme

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El programa La Tertulia Jurídica desarrolló, el 5 de noviembre, una sesión académica dedicada al estudio del recurso de doble conforme, una institución procesal que ha generado amplio debate en el país tras su incorporación mediante resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El espacio contó con la participación del Dr. Manuel Alexander Velepucha Ríos, reconocido penalista ecuatoriano, quien impartió un dialogo magistral sobre el tema.

Formación y trayectoria del conferencista
El Dr. Manuel Alexander Velepucha Ríos es abogado por los tribunales de la República del Ecuador titulado en la Universidad Nacional de Loja, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.
En su experiencia profesional se ha desempeñado como:
• Procurador judicial del Ministerio de Gobierno
• Procurador judicial del Ministerio de Salud Pública
• Director de Patrocinio Judicial del Ministerio del Interior
• Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior
Contenido académico de la conferencia

Durante su intervención, el Dr. Velepucha explicó que el recurso de doble conforme no debe confundirse con el derecho genérico a recurrir, sino que constituye una garantía específica dentro del debido proceso. Señaló que esta figura surge a partir de dos fallos de la Corte Constitucional:
• Acción extraordinaria de protección No. 1965-18-EP/21
• Acción pública de inconstitucionalidad No. 8-19-IN acumulados/2021

En estas sentencias se determinó la existencia de un vacío legislativo respecto de la garantía del doble conforme, reconocido por instrumentos internacionales de derechos humanos, y se dispuso al Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitir una resolución —con fuerza temporalmente normativa— hasta que la Asamblea Nacional incorpore este recurso en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La resolución fue finalmente publicada en el Registro Oficial el 18 de abril de 2022.

Aspectos esenciales del recurso
El jurista explicó que el doble conforme:
• Es un recurso ordinario, no extraordinario,
• Procede cuando una primera condena proviene de una sala de apelación o de casación,
• Debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia condenatoria,
• No requiere formalismos excesivos y se fundamenta oralmente en audiencia.

Asimismo, detalló que la competencia recae inicialmente en los conjueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, debido a la falta de suficientes jueces penales, la resolución prevé que, de agotarse esta especialidad, el sorteo recaiga en salas afines como Familia, Niñez y Adolescencia, lo cual —según el conferencista— genera debates sobre el derecho al juez natural.

Procedimiento y efectos
El Tribunal de Apelación debe calificar el recurso en un plazo de cinco días y, de concederlo, enviar el expediente a la Corte Nacional para sorteo. La audiencia debe convocarse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del proceso, aunque en la práctica existen demoras por la carga laboral del sistema judicial.

En la audiencia, las partes pueden ejercer réplica y contrarréplica, y la decisión se anuncia de forma verbal, notificándose por escrito dentro de los tres días establecidos.

Si el recurso no se interpone, se habilita inmediatamente el término para la casación. En cambio, si se resuelve el doble conforme, la casación procede únicamente después de la notificación de dicha resolución.

El conferencista precisó que este recurso no solo aplica para delitos, sino también para contravenciones, constituyendo el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia el cierre del proceso en materia contravencional, dado que estas causas no admiten casación.

Conclusiones de la ponencia
El Dr. Velepucha destacó que el recurso de doble conforme permite revisar aspectos jurídicos, fácticos, probatorios y valorativos, y constituye una garantía esencial para las personas condenadas. Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de que la Asamblea Nacional incorpore esta figura en el COIP, como ordenó la Corte Constitucional, para evitar incertidumbres sobre competencias y asegurar seguridad jurídica en el proceso penal ecuatoriano.

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¿Qué alternativas le quedan a Daniel Noboa para reformar la Constitución, tras el triunfo del ‘No’ en la consulta popular 2025?

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El triunfo del ‘No’ en la consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente descartó la elaboración de una nueva Constitución. La propuesta del presidente Daniel Noboa logró el 38,35% de apoyo, con el 98% de actas escrutadas, mientras la opción del ‘No’ logró el 61,65% de respaldo.

Este resultado es un claro revés para el Mandatario y su movimiento político, que llevan meses señalando que es necesaria una nueva Constitución para enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Según los resultados por provincias, solo Tungurahua y Galápagos apoyaron la propuesta presidencial. En las demás provincias, se impuso la opción del ‘No’.

En este escenario, si el presidente Noboa insiste en que el problema para la lucha contra la violencia está en la normativa, tendrá que apuntar a otras opciones: reformas legales en la Asamblea Nacional, o enmiendas y reformas constitucionales:

Dependiendo del tema, estos procesos podrían tomar incluso menos tiempo que el total de la Asamblea Constituyente, que podía llegar a tardar hasta un año entre las elecciones y el funcionamiento de la institución.

Las opciones de Noboa
La Constitución que quedó vigente tras los resultados de la consulta popular prevé dos maneras de reformarla, con las que el Gobierno podría impulsar sus iniciativas:

1 Reforma parcial
La primera opción que le queda a Noboa es la reforma parcial a la Constitución, que se puede aplicar cuando sean iniciativas que no supongan una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de reforma de la Constitución.

El proceso para la reforma podría comenzar por iniciativa del Presidente, pero se tramita por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate debe realizarse al menos 90 días después del primero.

Es decir que este proceso es más rápido que una Constituyente, y al que el Presidente puede acudir en caso de querer cambios a la Constitución.

2 Enmienda constitucional
La enmienda se puede aplicar en los casos en los que se requiera no alterar su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución.

El Presidente puede plantear la necesidad de una enmienda directamente a la Corte Constitucional, y si esta se aprueba pasa directamente a un referendo. Es lo que pasó, por ejemplo, con la pregunta para la reducción de la Asamblea.

Es decir, este proceso duraría menos que una Asamblea Constituyente, igual que la reforma constitucional. Fuente: Primicias

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