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Corte Constitucional da luz verde para juicio político a Guillermo Lasso

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La Corte Constitucional concedió el dictamen favorable que fue requerido por la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto peculado, delito contra la administración pública.

La decisión se tomó con seis votos a favor y tres votos salvados, de entre los nueve jueces que componen este organismo, este miércoles 29 de marzo del 2023 en una sesión extraordinaria que no fue pública.

«El Pleno resolvió admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado», informó la institución en un comunicado.

A su vez, el organismo no admitió otras dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Observaciones

En el dictamen se determinó que a la Corte le correspondía efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función Ejecutiva y Legislativa, «y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable».

En esa línea, en el análisis del procedimiento, la Corte encontró que, en la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, «se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso».

Sin embargo, el organismo hizo un «llamado de atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional». En alusión a una serie de errores detectados en los documentos.

Asimismo, respecto del contenido de la solicitud, se estableció que los primeros dos cargos formulados por los solicitantes -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional (LOGJCC).

En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC, apuntó la Corte.

Los votos de los jueces

La propuesta de dictamen fue presentada por los jueces Richard González y Alí Lozada, quien preside el organismo, y sumó el respaldo de Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.

En cambio, la vicepresidenta de la Corte, Carmen Corral, y los jueces Teresa Nuques y Enrique Herrería emitieron votos salvados. Ellos -con su propia argumentación- se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos
contemplados en la Constitución y la LOGJCC.

Las acusaciones

Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora, acusaron a Lasso de haber adecuado su conducta a los delitos de concusión y peculado, en relación a una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

No obstante, en dos escritos remitidos a la Corte Constitucional, el presidente Lasso adujo que sus detractores «no han presentado un solo indicio» de los delitos que le imputan. Lasso lleva menos de dos años en el poder y ya ha enfrentado dos intentos de destitución de la Asamblea.

La asambleísta Viviana Veloz (Unes) explicó que la acusación por peculado que admitió la Corte tiene que ver con supuestos hechos de corrupción en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que involucraron a excolaboradores del Mandatario.

«La @CorteConstEcu se ha pronunciado. Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Esto es por ustedes! ¡La bancada @BancadaUNESec jamás los abandonará!», tuiteó Veloz.

Oficialismo acata el dictamen

El oficialismo anticipó que Lasso comparecerá a la Asamblea para defenderse de las acusaciones.

«Como respetuosos de ese sistema de pesos y contrapesos, de la Corte de cortes que se ha pronunciado, del Estado de Derecho, acataremos ese dictamen y llevaremos adelante el juicio político hasta las últimas consecuencias, donde permitiremos que el Presidente de la República se defienda como corresponde», reaccionó Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.

Reservado

La sesión extraordinaria se dio pocas horas después de que los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entregaran un nuevo proyecto de dictamen, al cabo de 48 horas de que la propuesta de la jueza Teresa Nuques, en quien recayó inicialmente esta causa, apenas alcanzó tres de los seis votos que se requerían para ser aprobada.

El contenido del dictamen que debatieron los jueces no fue público de inmediato. Tampoco la sesión. La oficina de prensa de la Corte aclaró que: «Los proyectos de sentencias, dictámenes, autos y providencias constituyen material de trabajo no oficial, no son de carácter público y no tiene valor jurídico alguno».

Añadió que, respecto de las deliberaciones y los votos del Pleno y Salas del Organismo, «estos gozarán de reserva hasta que la decisión sea notificada a las partes procesales y terceros con interés». Para eso, invocó al reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Para aprobar el dictamen se requerían de los votos favorables de, al menos, seis de los nueve jueces (dos tercios) de la Corte.

Con el dictamen favorable, esta causa regresará a la Asamblea Nacional, en donde la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) asegura contar con los 92 votos que se requieren para la censura y destitución del Jefe de Estado. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Las etapas

Con el dictamen favorable, esta causa sigue su trámite en la Asamblea y tomará alrededor de 45 días. De esta forma:

El Pleno de la Corte Constitucional entró a debatir sobre el juicio político contra Guillermo Lasso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La Corte Constitucional concedió el dictamen favorable que fue requerido por la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto peculado, delito contra la administración pública.

La decisión se tomó con seis votos a favor y tres votos salvados, de entre los nueve jueces que componen este organismo, este miércoles 29 de marzo del 2023 en una sesión extraordinaria que no fue pública.

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«El Pleno resolvió admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado», informó la institución en un comunicado.

A su vez, el organismo no admitió otras dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Observaciones

En el dictamen se determinó que a la Corte le correspondía efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función Ejecutiva y Legislativa, «y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable».

En esa línea, en el análisis del procedimiento, la Corte encontró que, en la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, «se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso».

Sin embargo, el organismo hizo un «llamado de atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional». En alusión a una serie de errores detectados en los documentos.

Asimismo, respecto del contenido de la solicitud, se estableció que los primeros dos cargos formulados por los solicitantes -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional (LOGJCC).

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En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC, apuntó la Corte.

Los votos de los jueces

La propuesta de dictamen fue presentada por los jueces Richard González y Alí Lozada, quien preside el organismo, y sumó el respaldo de Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.

En cambio, la vicepresidenta de la Corte, Carmen Corral, y los jueces Teresa Nuques y Enrique Herrería emitieron votos salvados. Ellos -con su propia argumentación- se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos
contemplados en la Constitución y la LOGJCC.

Las acusaciones

Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora, acusaron a Lasso de haber adecuado su conducta a los delitos de concusión y peculado, en relación a una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

No obstante, en dos escritos remitidos a la Corte Constitucional, el presidente Lasso adujo que sus detractores «no han presentado un solo indicio» de los delitos que le imputan. Lasso lleva menos de dos años en el poder y ya ha enfrentado dos intentos de destitución de la Asamblea.

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La asambleísta Viviana Veloz (Unes) explicó que la acusación por peculado que admitió la Corte tiene que ver con supuestos hechos de corrupción en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que involucraron a excolaboradores del Mandatario.

«La @CorteConstEcu se ha pronunciado. Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Esto es por ustedes! ¡La bancada @BancadaUNESec jamás los abandonará!», tuiteó Veloz.

Oficialismo acata el dictamen

El oficialismo anticipó que Lasso comparecerá a la Asamblea para defenderse de las acusaciones.

«Como respetuosos de ese sistema de pesos y contrapesos, de la Corte de cortes que se ha pronunciado, del Estado de Derecho, acataremos ese dictamen y llevaremos adelante el juicio político hasta las últimas consecuencias, donde permitiremos que el Presidente de la República se defienda como corresponde», reaccionó Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.

Reservado

La sesión extraordinaria se dio pocas horas después de que los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entregaran un nuevo proyecto de dictamen, al cabo de 48 horas de que la propuesta de la jueza Teresa Nuques, en quien recayó inicialmente esta causa, apenas alcanzó tres de los seis votos que se requerían para ser aprobada.

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El contenido del dictamen que debatieron los jueces no fue público de inmediato. Tampoco la sesión. La oficina de prensa de la Corte aclaró que: «Los proyectos de sentencias, dictámenes, autos y providencias constituyen material de trabajo no oficial, no son de carácter público y no tiene valor jurídico alguno».

Añadió que, respecto de las deliberaciones y los votos del Pleno y Salas del Organismo, «estos gozarán de reserva hasta que la decisión sea notificada a las partes procesales y terceros con interés». Para eso, invocó al reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Para aprobar el dictamen se requerían de los votos favorables de, al menos, seis de los nueve jueces (dos tercios) de la Corte.

Con el dictamen favorable, esta causa regresará a la Asamblea Nacional, en donde la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) asegura contar con los 92 votos que se requieren para la censura y destitución del Jefe de Estado. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Las etapas

Con el dictamen favorable, esta causa sigue su trámite en la Asamblea y tomará alrededor de 45 días. De esta forma:

  • El Presidente de la Asamblea remitirá al Presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y documentos de sustento.
  • La Comisión de Fiscalización avoca de manera inmediata y se da inicio el trámite
  • Derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas, en el plazo de 10 días.
  • Se concede 10 días adicionales para la actuación de pruebas.
  • En el plazo de 10 días, la Comisión entrega el informe motivado.
  • En el plazo de 3 días, el Presidente de la Asamblea, dispone la difusión del informe.
  • Luego de 48 horas de la difusión del informe, el Presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno, en el plazo de 5 días para el trámite

Nacionales

Universidad Amawtay Wasi alerta sobre grave reducción presupuestaria para el año 2026

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En el programa informativo Frente a Frente, de Diario El Amazónico, participó Freddy Simbaña, Vicerrector de Gestión Comunitaria, Investigación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad Amawtay Wasi, para analizar la crítica reducción presupuestaria que enfrenta la única universidad pública intercultural del país.

Durante la entrevista, el vicerrector contextualizó la situación histórica y estructural de la institución, recalcando que la Universidad Amawtay Wasi es “fruto de la lucha histórica de los pueblos indígenas por una educación superior acorde con su identidad, sus lenguas y saberes ancestrales”. Recordó que la universidad alcanzó la plena autonomía académica en 2024, tras seis años de intervención estatal, e inició un proceso de fortalecimiento institucional y de consolidación de su oferta académica.

Reducción presupuestaria sin precedentes
Para el año 2025, el presupuesto inicial asignado fue de USD 7’056.300. Sin embargo, desde agosto de 2025 la institución dejó de recibir transferencias provenientes de créditos externos, los cuales representaban el 84 % del financiamiento operativo. Esta interrupción afectó directamente el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de vinculación, al destinarse los escasos recursos disponibles casi exclusivamente al pago de nómina.

En la Proforma Presupuestaria del Estado 2026, la Universidad Amawtay Wasi registra una disminución drástica: de USD 12’224.059,61 a USD 3’799.000, lo que representa un 68,92 % de reducción respecto al presupuesto codificado 2025. 46,15 % menos en comparación con el presupuesto inicial del año anterior.

El vicerrector enfatizó que se desconoce el fundamento técnico de esta reducción extrema, que aplica criterios similares a universidades con entre 20 y 100 años de trayectoria, pese a que la Amawtay Wasi es una institución joven y aún en proceso de consolidación.

Impacto directo en 2.200 estudiantes de todo el país
La universidad atiende a más de 2.200 estudiantes, de los cuales el 68 % son mujeres, en su mayoría jóvenes, indígenas y rurales. Para muchas de ellas, la Amawtay Wasi constituye la única posibilidad de acceder a la educación superior.

Según Freddy, el recorte “no es sólo una afectación institucional; es una afectación a 15 nacionalidades y 18 pueblos que estudian, investigan y transmiten su forma de comprender el mundo”. La reducción amenaza:
• La sostenibilidad de la planta docente.
• La continuidad de proyectos de investigación territorial.
• La oferta de cupos para 2026.
• Los procesos de vinculación comunitaria.
• La revitalización lingüística y cultural de 14 lenguas ancestrales.

La universidad cuenta con 10 carreras, entre ellas la carrera de Lengua y Cultura, y el Instituto de Lenguas Originarias. La falta de recursos obligaría a reducir estudiantes, limitar salidas de campo, y restringir la oferta académica, generando un impacto proyectado a 10, 20 y hasta 40 años, debido al riesgo de desaparición de lenguas ancestrales.

Proyectos de investigación y cooperación internacional detenidos
El vicerrector informó que un proyecto internacional de investigación sobre saberes alimentarios y soberanía epistémica, que beneficiaría a ocho pueblos y nacionalidades, permanece sin ejecución desde 2024, pese a contar con recursos aprobados y depositados en el Banco Central.

La universidad ha cumplido con todos los requisitos, cronogramas y reformulaciones solicitadas, pero el Ministerio de Economía no ha liberado los fondos, imposibilitando avanzar en los indicadores de investigación para la acreditación 2026–2027.

Riesgos en la acreditación universitaria
La ausencia de recursos comprometería seriamente los estándares requeridos para la acreditación nacional, tales como:
• Infraestructura propia.
• Publicaciones científicas.
• Ejecución de proyectos de investigación.
• Proyectos de vinculación en territorios rurales.
• Movilidad estudiantil y docente nacional e internacional.

Actualmente, la universidad funciona en dos inmuebles prestados mediante comodatos temporales, mientras continúa pendiente, desde 2023, la firma del Gobierno Nacional para entregar oficialmente las 5 hectáreas destinadas al campus universitario en Conocoto, un proyecto fundamental para su desarrollo académico.

¿Existe riesgo de cierre de la universidad?
Ante esta pregunta, Freddy afirmó que la institución “no contempla ningún escenario de cierre”, y que las autoridades, docentes, estudiantes y organizaciones indígenas mantienen un firme compromiso para sostener la universidad mediante:
• Diálogos con la Asamblea Nacional.
• Mesas de trabajo con SENESCYT, CES, CASES y Ministerio de Economía.
• Movilización y gestión comunitaria.
• Articulación con universidades nacionales e internacionales.

¿Existe discriminación en la asignación presupuestaria?
El vicerrector señaló que existe “una vulneración de derechos”, pues la Constitución reconoce a la educación pública como un derecho universal, y recordó que la Universidad Amawtay Wasi se construye como parte del proyecto histórico del Estado intercultural y plurinacional.

Además, recalcó que muchos parámetros tradicionales utilizados para asignación presupuestaria, como número de graduados, infraestructura propia, docentes con nombramiento o publicaciones indexadas, no son aplicables con equidad para una universidad intercultural en proceso de consolidación.

Actualmente, la institución cuenta únicamente con 12 docentes con nombramiento, dos funcionarios administrativos y tres autoridades universitarias, dotación insuficiente para sostener la estructura mínima que exige el modelo ecuatoriano de educación superior.

Llamado urgente al Estado ecuatoriano
Finalmente, Freddy reiteró que la reducción presupuestaria pone en riesgo:
• La sostenibilidad institucional.
• La continuidad de la oferta académica 2026.
• Los procesos comunitarios interculturales.
• La revitalización de lenguas y culturas ancestrales.
• La calidad, permanencia y acreditación de la universidad.

La Universidad Amawtay Wasi exhorta al Estado a revisar la fórmula presupuestaria aplicada y a garantizar los recursos necesarios para sostener el único proyecto universitario público intercultural del Ecuador.

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Nacionales

Rector de la Universidad Estatal Amazónica aclara avances, fundamentos técnicos y proceso para la creación de la nueva Universidad de Zamora Chinchipe

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En una entrevista concedida a un medio de comunicación de la ciudad de Zamora, el rector de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), Dr. David Sancho, expuso de manera detallada el estado actual del proceso de creación de la nueva Universidad Pública para Zamora Chinchipe, así como los fundamentos técnicos, administrativos y financieros que respaldan las decisiones adoptadas por esa institución de educación superior.

Infraestructura, estudios y fundamentos técnicos
El rector Sancho recalcó que la UEA, en su calidad de institución encargada de impulsar la creación de las dos nuevas universidades amazónicas, ha trabajado con planificación, criterios técnicos y seriedad institucional:

• Se han desarrollado estudios, diagnósticos, planificación, hoja de ruta y proyectos técnicos, muchos de ellos iniciados en el período legislativo anterior, en cumplimiento de la Ley Amazónica.
• La universidad ha gestionado terrenos que no generen costos adicionales al presupuesto destinado, desmontando la idea de que existe “abundancia” de recursos para este proyecto.
• Explicó que el financiamiento proviene del Fondo de Desarrollo Amazónico, un rubro mensualizado similar al que reciben municipios y prefecturas. Este fondo oscila entre 190 mil y 200 mil dólares mensuales, lo que obliga a esperar acumulaciones presupuestarias antes de ejecutar obras mayores.
• Informó que, gracias a gestiones realizadas ante el Ministerio de Finanzas, se logró asegurar la disponibilidad de aproximadamente 4 millones de dólares acumulados, recursos que inicialmente corrían el riesgo de no ejecutarse al cierre fiscal.

Proceso de adquisición del edificio y transparencia administrativa
En relación con la compra de infraestructura para la sede de la futura universidad, Sancho aclaró que el proceso se realizó a través de un mecanismo Estado–Estado, mediante un remate público del inmueble perteneciente a la ex ESPEA.
Dicho bien está bajo administración fiduciaria del Mandato 14 (Más Calidad) y forma parte del catálogo de inmuebles del Estado administrados por Inmobiliar.
El rector enfatizó que:
• No existe posibilidad de sobreprecio, pues los valores son fijados por el propio Estado.
• Los procesos fueron públicos, auditables y registrados en el portal de Compras Públicas, lo que exige la presentación previa de estudios técnicos.
• Cualquier cuestionamiento deberá dirigirse a las autoridades nacionales responsables del fideicomiso y no a la universidad, que se limitó a participar en un proceso formal.

Evitar confrontaciones y proteger el proyecto
El rector manifestó su preocupación por la politización del proceso, recordando que una situación similar provocó que el proyecto universitario se detuviera durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

“No podemos ser irresponsables generando expectativas o confrontación entre cantones. La universidad debe unir a la provincia, no dividirla.”, expresó.

También señaló que la difusión anticipada de información sensible, como la ubicación final o la oferta académica, podría generar polémicas innecesarias que afecten el avance del proyecto.

Razones técnicas de la sede en El Pangui
Frente a los cuestionamientos sobre la ubicación de la sede en el cantón El Pangui, Sancho recordó que:
• La extensión oficial de la Universidad Estatal Amazónica en Zamora Chinchipe ya se encuentra en El Pangui.
• Estudios técnicos realizados desde la creación de la UEA y actualizados para este nuevo proceso concluyen que El Pangui es la ubicación más estratégica, debido a su cercanía con el proyecto minero Mirador, la infraestructura existente y su posición geográfica dentro de la provincia.
• La universidad no será de una sola localidad; podrá expandirse con el tiempo a varios puntos de la provincia e incluso del país.

Oferta académica: carreras de impacto regional y nacional
El rector afirmó que no revelará aún las carreras que integrarán la oferta académica, para evitar distorsiones políticas y proteger el proceso técnico.
Sin embargo, adelantó que la nueva universidad tendrá carreras estratégicas que:
• Responderán a la realidad amazónica.
• Atenderán necesidades de desarrollo regional y nacional.
• Representarán un referente para la educación superior del país.

Observaciones de la CTA y la Asamblea Nacional
Sobre las declaraciones de la asambleísta Esperanza Rogel, quien señaló falta de estudios técnicos por parte de la UEA, el rector Sancho enfatizó que:
• Las competencias de la Comisión Técnica Amazónica (CTA) se limitan al seguimiento y cumplimiento de la Ley Amazónica, no a decidir terrenos ni diseñar hojas de ruta.
• Toda la documentación requerida, hoja de ruta, plan anual de inversiones, estudios y proyectos, ya fue presentada ante los organismos correspondientes.
• Los proyectos en el portal de Compras Públicas cuentan con estudios previos, por lo cual es incorrecto afirmar que no existen fundamentos técnicos.

Ante la observación emitida por el CERCO, Sancho explicó que la UEA dará de baja el proceso para evitar retrasos indefinidos y cumplir con el cronograma previsto para 2025–2026.

Responsabilidad institucional y llamado a la unidad
El rector reiteró que el proyecto universitario es académico, técnico y estratégico, no político.

Señaló que la historia evidenciará quiénes trabajaron por la creación de la universidad y quiénes buscaron protagonismo político.

Concluyó afirmando:
“La nueva universidad será un orgullo para Zamora Chinchipe y para la Amazonía. Será una institución moderna, técnica y con carreras que marcarán un antes y un después en la educación superior pública del país.”

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ECSA es reconocida por su moderno Laboratorio de Suelos y Materiales

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Ecuacorriente S.A. recibió el Premio Ecuador Tecnológico e Innovación en el evento Inspira, organizado por el medio especializado Mundo Minero.

Este reconocimiento destaca el aporte del moderno Laboratorio de Suelos y Materiales, equipado con tecnología de última generación; el ingenio de sus profesionales en la creación de software y procesamiento de big data; así como la tecnología aplicada al monitoreo de los depósitos de relaves.

Inspira Ecuador 2025 consolidó un espacio de reconocimiento para los líderes, proyectos e ideas que están transformando positivamente al país a través de una minería moderna, sostenible y comprometida con el futuro.

El evento reunió a referentes nacionales e internacionales en innovación, sostenibilidad y tecnología aplicadas al sector extractivo, destacando iniciativas que impulsan el desarrollo responsable del sector minero en Ecuador.

César Vásquez, gerente de Gestión de Depósitos de Relaves de la mina Mirador, señaló que estas instalaciones, su equipamiento, el talento humano y la investigación científica han fortalecido el control de calidad y el monitoreo de estas estructuras mineras, haciendo de Mirador un referente nacional de innovación y minería responsable.

Con este reconocimiento, Ecuacorriente S.A. reafirma su compromiso con la excelencia operativa y la innovación continua, impulsando una minería que prioriza la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo del país. La empresa ratifica su visión de seguir liderando proyectos que marquen un estándar de calidad y responsabilidad para toda la industria minera ecuatoriana

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