El presidente Daniel Noboa envió el sábado a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista (ADN), un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica para «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno». No obstante, la propuesta que incluye medidas financieras, tributarias y de seguridad, ya enfrenta un anticipado rechazo por parte del bloque correísta.

Entre las medidas, la normativa busca que se califique a los delincuentes como combatientes, y que el presidente pueda anunciar la anticipación de indulto a miembros de la Policía o Fuerzas Armadas.

El proyecto de ley también establece un régimen penal específico y un procedimiento de juzgamiento diferenciado mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye: la autorización de detenciones y allanamientos por parte del Bloque de Seguridad, con revisión judicial posterior.

Además, autoriza el uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales, como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, para precautelar el respaldo al accionar inmediato y oportuno de las fuerzas del orden. Este régimen legal permitirá dejar de utilizar la figura de estado de excepción.

Correísmo rechaza proyecto de ley de Noboa

Varios legisladores del movimiento Revolución Ciudadana rechazaron públicamente el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Ha sido calificada por la oposición como una amenaza a los derechos humanos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el legislador Christian Hernández, quien cuestionó duramente los alcances del proyecto: “Lindo el nombre del proyecto de ley, señor Noboa, pero no. Con esto se puede perseguir a quien se quiera. No se necesita ser abogado para entender lo peligroso de esto. Además, ya mintió cuando dijo que el 3 % del IVA serviría para seguridad; cada día es peor”, escribió en redes sociales.

Por su parte, Fernando Cedeño afirmó que la iniciativa legislativa “lejos de trabajar por la paz, la seguridad y la reactivación económica del Ecuador, pretende provocar aún más horror del que ya enfrenta el pueblo ecuatoriano”. Afirmó que durante el actual gobierno se han reportado más de diez menores desaparecidos en manos de militares, incluyendo el caso de los niños de Las Malvinas, y advirtió que la aprobación del proyecto “legalizaría la vulneración de derechos humanos y garantías constitucionales”.

Liliana Durán, también legisladora de la RC, calificó la propuesta como un “grave retroceso democrático”. Según dijo, “la ley ‘económica urgente’ enviada por Daniel Noboa es todo, menos urgente, y mucho menos económica. Normaliza la impunidad en violaciones de derechos humanos, confunde seguridad con derecho penal y tributario, legaliza el clientelismo como política pública, criminaliza la defensa de derechos, otorga discrecionalidad tributaria sin límites y viola principios constitucionales. No es una ley, es una amenaza”.

Finalmente, el legislador Santiago Díaz señaló que el proyecto representa una “declaración perversa del autoritarismo del régimen de Noboa”, y denunció que, de aprobarse, permitiría a las Fuerzas Armadas y la Policía actuar contra supuestos terroristas sin una investigación judicial previa. “Lo único que pretende esta ley es agravar el terror del pueblo ecuatoriano al legalizar la violación de derechos humanos y producir, a gran escala, masacres como la de los niños de Las Malvinas”, advirtió.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) expresó su respaldo al Ejecutivo y reiteró la necesidad de aprobar esta normativa para combatir al crimen organizado en el país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la importancia del proyecto en el contexto actual de conflicto armado interno. “Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige”, afirmó.

De su lado, la asambleísta Valentina Centeno, quien es jefa de la bancada ADN, fue enfática: “¡No hay tiempo que perder! Urge tener un marco normativo fuerte para combatir las economías criminales. Actuamos con celeridad para proteger a los ecuatorianos y lograr la reactivación económica en zonas afectadas por el crimen”.

Además, advirtió que no se puede hablar de paz sin atacar “el músculo financiero del crimen organizado”.

El legislador Diego Franco, también integrante de ADN, criticó las posturas contrarias al proyecto. “¡Increíble! Ya hay asambleístas que están en contra del proyecto de ley para desarticular la economía criminal. Nuestra bancada no va a descansar hasta que la paz y la justicia se apoderen de todo el Ecuador”, escribió en sus redes sociales.

Si la Asamblea no lo aprueba o archiva en un plazo de 30 días, el proyecto entrará en vigor automáticamente por tener el carácter de ‘urgente en materia económica’, conforme lo establece la ley. Fuente: Vistazo