El comercio entre Ecuador y Colombia enfrenta un nuevo escenario de tensión tras la imposición de aranceles recíprocos que podrían afectar el intercambio bilateral y la economía de la frontera norte.

Representantes del sector comercial y logístico advierten que las medidas encarecerán las operaciones y reducirán el flujo de mercancías entre ambos países.

En 2025, el comercio entre Ecuador y Colombia alcanzó cifras importantes. Colombia le vendió a Ecuador alrededor de USD 1.900 millones en mercaderías y materia prima.

Mientras tanto, Ecuador le vendió a Colombia cerca de USD 900 millones, explicó Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, en la provincia del Carchi, una de las principales zonas del comercio fronterizo.

El dirigente considera que el flujo comercial entre Ecuador y Colombia podría verse afectado si se mantiene el arancel del 30% impuesto por Ecuador a ciertos productos que ingresan desde Colombia.

Como respuesta, el país vecino anunció aranceles recíprocos y nuevos impuestos al comercio exterior para al menos 23 categorías de productos ecuatorianos, lo que tensiona las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia.

Ayer se cumplieron tres días desde que los aranceles entraron en vigencia, por lo que aún es temprano para evaluar los efectos reales sobre el comercio internacional, señaló Cano.

No obstante, recalcó que “es un hecho” que las medidas arancelarias impactarán negativamente en el comercio exterior.

Como primera señal de malestar, transportistas del Carchi, en Ecuador, e Ipiales, en Colombia, realizaron un plantón en el Puente de Rumichaca, principal paso del transporte de mercancías en la frontera Ecuador–Colombia, para protestar contra las nuevas disposiciones.

En el lugar, Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, explicó que estas decisiones afectan especialmente a las zonas fronterizas, donde operan servicios logísticos del comercio exterior, como bodegas, agentes aduaneros, transportistas y operadores de logística fronteriza.

Cuántas empresas de transporte están golpeadas
En Carchi, el transporte de carga es la segunda actividad productiva de la provincia. De hecho, existen 155 empresas con unos 3.500 vehículos pesados, que ya sienten los efectos de la medida económica.

“Esta semana prácticamente no se ha movido carga por el puente. Son contados los camiones que han pasado de un país a otro». Carlos Bastidas / Presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi

Al parecer, están haciendo cálculos para evaluar la situación económica de su actividad. Se calcula que en Colombia hay el triple de vehículos pesados.

En la zona fronteriza colombiana también hay malestar. Aunque no hay cifras globales, negocios como la Agencia Colombiana de Aduanas, que realiza trámites de importación y exportación, señala que las labores cayeron desde la semana anterior.

Jonathan Chalacán, funcionario de la agencia, asegura que mientras el mes anterior se realizaban hasta 30 trámites de nacionalización de mercadería o de tránsito de productos, la semana anterior fue de una operación diaria.

Considera que los gobiernos de las dos naciones vecinas deben sentarse a dialogar porque el efecto podría ser nefasto, con medidas como el despido de trabajadores de las empresas de servicios logísticos.

La manifestación realizada el 3 de febrero de 2026 por distintos sectores productivos de la frontera entre ambos países fue el resultado de varias reuniones que han mantenido.

Una de ellas se hizo la semana pasada, dijo Javier Cabezas, asesor del despacho de la Gobernación de Nariño en Asuntos de Frontera.

Lamenta que los gobiernos de Quito y Bogotá tomen medidas unilaterales sin consultar la situación de las fronteras.

«Nosotros vamos y venimos de Ipiales y Pasto, en Colombia, y Tulcán e Ibarra, en Ecuador, porque nos necesitamos. Somos economías complementarias, con una cultura común».

Y «lo más seguro es que las medidas tomadas por los gobiernos centrales nos pueden golpear económicamente», añade.

Además, los sectores comerciales de los dos países temen que se puedan disparar actividades al margen de la ley, como el contrabando de productos.

En medio de este panorama, los gremios y sectores productivos de ambos países esperan una respuesta de las autoridades. Caso contrario, no descartan medidas más radicales.

Pedirán mediación de la Comunidad Andina   
Los sectores comerciales y productivos del Carchi, Ecuador, e Ipiales, Colombia, solicitarán a Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina (CAN) su mediación entre ambos países para que el comercio fluya libre de acuerdo con la normativa andina.

Ayer los sectores productivos de la frontera revelaron que tenían la esperanza de que los mandatarios de Ecuador y Colombia se reúnan en la última cita de Panamá para limar diferencias. Pero, lamentablemente, este encuentro no se dio. Fuente: Primicias

El pasado miércoles, en el programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Víctor Herrero Escrich, experto internacional en justicia juvenil y políticas públicas, quien abordó el tema “Justicia Juvenil Restaurativa y su aplicación en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos”, en una ponencia transmitida a través de plataformas digitales, redes sociales y Zoom.

Durante su intervención, el doctor Herrero Escrich compartió una amplia trayectoria profesional desarrollada principalmente en España y América Latina. Nacido en España y con 68 años de experiencia de vida, ha estado vinculado durante décadas al ámbito de la ejecución penal, las medidas alternativas a la privación de libertad y los servicios sociales, desempeñándose como jefe del Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior y Justicia de España, así como director general de Asuntos Sociales. Desde el año 2011 reside en América Latina, donde ha liderado proyectos de justicia juvenil restaurativa en distintos países del continente.

En su exposición, el experto enfatizó que la justicia juvenil restaurativa no debe confundirse con impunidad, despenalización ni abolicionismo penal, ni tampoco con una justicia “blanda” o limitada a delitos menores. Por el contrario, explicó que se trata de una forma distinta de interpretar y aplicar las normas existentes, con un enfoque serio, riguroso y profundamente vinculado a los derechos humanos.
El doctor Herrero señaló que este modelo pone en el centro la responsabilidad del adolescente que ha cometido un delito, no solo desde una dimensión penal, sino también desde un proceso educativo y de toma de conciencia del daño causado. A ello se suma un rol protagónico de las víctimas, quienes dejan de ser actores secundarios del proceso penal para convertirse en sujetos de reparación integral, evitando su revictimización y garantizando su participación conforme a sus intereses y voluntades.

Asimismo, destacó el papel fundamental de la comunidad, entendida como un conjunto de instituciones y actores concretos —familia, sistema educativo, sistema de salud, gobiernos locales, asociaciones sociales y líderes comunitarios— que deben asumir una corresponsabilidad activa en los procesos de reintegración social de los adolescentes. Según explicó, la exclusión histórica de estos jóvenes por parte del tejido social ha sido uno de los factores que favorece su captación por estructuras delictivas.

En relación con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el experto subrayó que la justicia juvenil restaurativa se articula directamente con los principios de protección integral de la niñez y adolescencia, garantizando que los adolescentes en conflicto con la ley no pierdan sus derechos fundamentales, aun cuando deban asumir responsabilidades por sus actos. En este contexto, citó experiencias comparadas, como el caso de Colombia, donde junto al proceso penal se activa un proceso paralelo de restitución de derechos vulnerados.

Durante el diálogo con los panelistas Boris Pazmiño y otros participantes, se abordaron también las limitaciones estructurales y operativas de los sistemas de justicia en América Latina, particularmente en lo referente a la falta de protocolos claros, recursos institucionales y mecanismos efectivos para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. El doctor Herrero advirtió que el uso indiscriminado del internamiento juvenil, lejos de resolver la delincuencia, incrementa los riesgos de violencia, reincidencia y vinculación con el crimen organizado.

Finalmente, el experto hizo un llamado a fortalecer la pedagogía social, el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad del Estado en la correcta aplicación de las leyes vigentes, recordando que las normas de justicia juvenil restaurativa ya existen, pero su impacto depende del “cómo” se ejecutan. Enfatizó que las políticas de mano duran y el endurecimiento de penas no han demostrado eficacia, y que solo un enfoque restaurativo, integral y basado en derechos humanos puede ofrecer respuestas sostenibles frente a la problemática de la delincuencia juvenil.

Más préstamos, más movimiento económico. El 2025 cerró con números al alza para la banca pública ecuatoriana, que incrementó la entrega de créditos y fortaleció su desempeño financiero, con impacto directo en pequeños y medianos productores, emprendedores y sectores productivos.

Diciembre marcó el pico del crédito público

Durante 2025, las entidades financieras del Estado registraron operaciones crediticias por USD 3.120 millones. El mayor impulso llegó en diciembre, cuando se colocaron USD 653,1 millones, frente a los USD 476,5 millones de diciembre de 2024.

El incremento del 37 % interanual convirtió a ese mes en el de mayor dinamismo crediticio del año, reflejando una mayor demanda de financiamiento y una política de colocación más activa.

Más crédito para producción y consumo

El aumento de los préstamos permitió inyectar liquidez a la economía, favoreciendo actividades productivas, consumo interno y generación de empleo. El crédito público se concentró, principalmente, en sectores estratégicos y en actores que históricamente enfrentan mayores barreras de acceso al sistema financiero.

BanEcuador mejora su desempeño

Los resultados a diciembre de 2025 también evidencian una gestión más eficiente y responsable en la banca pública. Destaca la recuperación financiera de BanEcuador B.P., entidad que enfoca su cartera en pequeños y medianos productores, agricultores y emprendedores.

Este mejor desempeño se reflejó en el incremento de utilidades frente a años anteriores, consolidando a BanEcuador como uno de los pilares del crédito productivo estatal.

Banca pública con números en verde

Los balances del cierre de 2025 muestran entidades más sólidas, con mejor manejo de cartera y mayor capacidad para seguir financiando proyectos productivos, en un contexto de reactivación económica y mayor demanda de crédito.