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Nacionales

Contraloría ejecutará un programa agresivo de auditoría al sector eléctrico

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En 2024, la Contraloría ejecutará un programa agresivo de auditoría al sector eléctrico, al fin de salvaguardar el uso de los recursos públicos, dijo el contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, en el marco del control político que sigue a la crisis energética, que derivó en la aplicación de un programa de racionamiento del servicio eléctrico.

Indicó que desde 2021 se han desarrollado 99 acciones de control en el ámbito energético, que arrojaron 82 informes generales y 37 informes con indicios de responsabilidad penal. Recordó que todo proceso de control es posterior al ejercicio de una función.

Añadió que también se han efectuado acciones de control específicamente a las empresas Corporación Nacional de Electricidad (CENEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y al Operador Nacional de Electricidad (CENACE), como también a las diferentes unidades de negocio de varias provincias del país. En este ámbito, en el plan de trabajo de 2024 constan 52 nuevas acciones de control.

Igualmente, anticipó que está en agenda el examen especial a la importación de energía de Colombia y Perú del período enero a noviembre de 2023. Subrayó que se incluirá la auditoría de gestión, con lo cual se podrá evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, por ejemplo, en lo que se refiere a la aplicación del Plan Maestro de Electrificación.

De otro lado, el gerente del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), Javier Guevara, explicó el rol que cumple esta entidad en el sector energético, para garantizar el abastecimiento de la electricidad en todo el país, los 365 días del año.

Guevara, quien asumió el cargo el pasado 1 de diciembre, agregó que sí hubo varias alertas a las demás autoridades del sector, como el mismo Ministro de Energía, sobre los riesgos de que exista un desabastecimiento de energía eléctrica y que se llegue a los racionamientos, debido a las condiciones climáticas que, si bien son cíclicas, es importante que exista la debida prevención y preparación por la época de estiaje, que se extiende de octubre a febrero.

La presidenta del organismo legislativo, Pamela Aguirre agradeció por la información entregada ante la comisión y, a la vez, cuestionó la ausencia del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, quien por segunda ocasión no asistió al llamado de la Asamblea para rendir cuentas de su gestión, al anunciar que insistirán en su comparecencia. (I)

Fuente: El Mercurio

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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