La Policía Nacional desplegó más de 4.300 uniformados en los diferentes ejes viales del país como parte de la ‘Estrategia Operacional 3D’, ​​orientada a debilitar, desorganizar y desarticular las estructuras criminales.

Este lunes 9 de febrero, la institución informó que las acciones se ejecutan mediante la estrategia denominada ‘Intervención Focalizada’, que busca incidir en la percepción, la toma de decisiones y la conducta de actores criminales, a través de operativos dirigidos a los denominados centros de gravedad del crimen, especialmente en los ejes viales del país.

Según la Policía, la interdicción focalizada en carreteras y nodos logísticos considerados críticos para el crimen organizado se basa en labores de inteligencia. El objetivo es interrumpir los flujos logísticos ilícitos relacionados con el transporte interprovincial, la carga pesada y el envío de encomiendas, afectando directamente la cadena de valor de estas estructuras delictivas.

Mediante el control de rutas nacionales utilizadas para la movilización criminal, las autoridades buscan prevenir y neutralizar el tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos (TAME). Además, se pretende contrarrestar la falta de control territorial en zonas críticas y evitar la consolidación de corredores clandestinos para el ingreso y salida de mercancías ilegales.

Para la ejecución del operativo, los más de 4.300 servidores policiales fueron distribuidos estratégicamente en 25 ejes viales con el objetivo de frenar delitos como extorsiones, secuestros y sicariato.

Los controles se desarrollarán en horarios y puntos considerados críticos, con presencia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana. También se realizarán operativos preventivos en peajes, terminales terrestres y estaciones de servicio.

De los 32 puntos de control establecidos, 23 corresponden a puntos fijos estándar y 9 a puntos fijos priorizados, ubicados en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay, Guayas, Santa Elena, Morona Santiago, Bolívar, Manabí, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Napo, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Carchi, Cañar y Los Ríos. En estos lugares se ejecutan registros a personas y vehículos.

Asimismo, las autoridades identificaron 15 tramos priorizados en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, donde se realizan patrullajes permanentes.

Cristian Barreiros, supervisor de Control de Ejes Viales, señaló que, además del despliegue logístico, se establecieron ocho puntos de interdicción en distintos sectores del país, los cuales están a cargo del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), enfocados en la revisión de vehículos que podrían transportar sustancias sujetas a fiscalización.

El oficial también informó que se retomaron los controles integrados en seis puntos estratégicos de los ejes viales de la Costa ecuatoriana. Según detalló, estas operaciones han permitido reducir en un 8 % los índices de delincuencia en las vías del país, fortaleciendo la seguridad de transportistas y ciudadanos que utilizan las principales carreteras nacionales. Fuente: Vistazo

La mañana de este lunes se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra la jueza Nubia Vera, procesada por el presunto delito de concusión en el marco del caso “Mueble Fino”.

De acuerdo con las indagaciones, la magistrada —quien cobró notoriedad pública tras conceder, en diciembre del 2024, una acción de protección a la exvicepresidenta Verónica Abad en un proceso ajeno a esta causa— habría exigido beneficios indebidos, entre ellos mobiliario de alto valor y dinero en efectivo, a cambio de emitir un fallo favorable en un caso que se tramitaba en su despacho.

La denuncia de concusión fue interpuesta por un padre que estaba inmiscuido en un proceso para la tenencia de un menor de edad. El hombre aseguró que Vera supuestamente le “exigió que le invite a comer a ella y a su hija” a un restaurante que ella frecuentaba porque era “discreto, tranquilo y los dueños eran de confianza”.

Dentro de las exigencias supuestamente constaba la entrega de un juego de muebles y comedor, sillas de auditorio para su teatro y clases de manejo para su hija.

En esta fase del proceso, la autoridad judicial deberá determinar si la investigación se llevó a cabo conforme a los parámetros legales o si existieron elementos que afecten su validez. En caso de no detectarse irregularidades, el caso avanzará a la etapa de juzgamiento.

La decisión de conceder una acción favorable a la entonces vicepresidenta Verónica Abad colocó a la jueza Vera en el centro de una serie de controversias judiciales ajenas al caso «Mueble Fino».

El escenario se tensó luego de que la magistrada denunciara supuestas presiones de autoridades del Consejo de la Judicatura —entre ellas su presidente, Mario Godoy, hoy sometido a un juicio político en la Asamblea por presunta interferencia en la Función Judicial— para que fallara en contra de la otrora segunda mandataria.

Estas declaraciones derivaron, en enero del año pasado, en la apertura del denominado caso Pendrive contra Godoy. Sin embargo, el funcionario respondió con una demanda por calumnia, tras lo cual Vera cambió de defensa legal y se retractó de los señalamientos que había hecho.