Nacionales
¿Continuará Diana Salazar? El período de la Fiscal General termina en medio de definiciones en casos clave
En poco más de una semana, el 8 de abril de 2025, la fiscal general Diana Salazar cumplirá seis años en funciones. La funcionaria tiene que dejar el influyente cargo, pero todavía no hay luces sobre quién la reemplazará.
Salazar acaba de reintegrarse al Ministerio Público, pues a finales de 2024, la funcionaria dio a luz a su segunda hija e hizo uso del tiempo legal de licencia por maternidad. Ahora, en su regreso, tiene que evaluar y decidir sobre su prórroga.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.
El propio COFJ, en el artículo 283, estipula que Salazar puede prorrogarse hasta la designación de su reemplazo, por lo que ella podrá decidir si quedarse hasta que se dé esa designación o retirarse una vez cumplido su período legal.
En una reciente entrevista con revista Vistazo, la funcionaria no respondió directamente si se quedará o no el cargo luego del 8 de abril. Sin embargo, aseguró que su objetivo es asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo de la Fiscalía y de que la transición se lleve a cabo de manera ordenada.
Si la fiscal Salazar decide no continuar en el cargo, debería asumir Wilson Toainga, quien ha sido el fiscal subrogante durante los seis años. Sin embargo, el COFJ también indica que esa subrogación solo puede ser por ausencia temporal.
El rol del CPCCS
Ante estos escenarios, toma relevancia en el futuro de la Fiscalía General el rol del CPCCS, ya que es la entidad que nombra este cargo.
Incluso, hay un antecedente. En 2018, Carlos Baca Mancheno, exfiscal General, fue cesado por la Asamblea Nacional y Thania Moreno, quien era la subrogante, fue suspendida por la Judicatura.
Ante este vacío de autoridad, el CPCCS -en esa época transitorio y presidido por Julio César Trujillo- nombró a Paúl Pérez Reina como fiscal General encargado, hasta que finalizó el nombramiento de Diana Salazar.
Sin embargo, el CPCCS actual lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.
Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior.
Los casos emblemáticos de Salazar
1.-
Caso Sobornos
Proceso por cohecho
Hechos: En este caso, la Fiscalía de Diana Salazar comprobó la existencia de una estructura de corrupción que operó de manera paralela a la Presidencia de la República de Rafael Correa (foto). Esta estructura cobro sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y usó ese dinero para el financiamiento de actividades político electorales. 20 personas, incluyendo a Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios correístas de alto perfil, fueron sentenciados a ocho años de prisión.
Caso Las Torres
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Dentro de este proceso, el Ministerio Público evidenció que en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador funcionaba una red de corrupción que cobraba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y agilizar pagos a proveedores petroleros. Pablo Celi (foto), excontralor General; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. También fueron condenados otros nueve exfuncionarios y empresarios.
Casos Diezmos
Procesos por concusión
Hechos: Durante la gestión de Diana Salazar, la Fiscalía ha iniciado varios casos denominados Diezmos. Se trata de procesos contra autoridades de elección popular -sobre todo asambleístas- que exigieron pagos ilegales a sus colaboradores a cambio de puestos de trabajo y estabilidad laboral. Por estos procesos han sido sentenciadas María Alejandra Vicuña (foto), Noma Vallejo y Karina Arteaga, tres exlegisladoras de Alianza PAIS, así como la exasambleísta lojana Nivea Vélez. También está siendo procesada Bella Jiménez, exasambleísta por la Izquierda Democrática.
Caso Hospítal de Pedernales
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Durante la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía impulsó este caso por un desfalco al Estado por parte de un consorcio privado que recibió USD 8 millones de anticipo para construir el Hospital de Pedernales, pero que, en ligar de edificar la obra, desvío ese dinero. El exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza (foto), fue sentenciado, al igual que Edmundo Tamayo, exdirector del Secob. Mientras que el exlegislador Eliseo Azuero se mantiene prófugo. hasta la actualidad y no ha sido juzgado.
Caso Metástasis
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, a finales de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Con base en los chats encontrados en los equipos de Norero, Salazar desenredó una estructura de corrupción judicial en la que trabajaban abogados, empresarios, policías y políticos con el objetivo de lograr impunidad para Norero. 32 personas fueron sentenciadas, incluyendo a Wilman Terán (exjuez Nacional y expresidente de la Judicatura) y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
Caso Purga
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Una de las sentenciadas en el caso Metástasis fue Mayra Salazar, supuesta operadora de Norero y relacionista pública de la Corte del Guayas. Tras su captura, la mujer colaboró con la Fiscalía y permitió desmantelar una estructura de corrupción que comandaba Pablo Muentes (foto), exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y que manejaba la justicia en esa provincia. En total 10 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada.
Caso Independencia Judicial
Proceso por obstrucción a la justicia
Hechos: En este caso, la Fiscalía procesó a 11 exfuncionarios de la Judicatura quienes suspendieron y destituyeron, de manera ilegal, a Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El objetivo, según la acusación, era separar a Macías del conocimiento del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que era procesada Ruth Barreno (foto), exvocal de la Judicatura y también vinculada a Independencia Judicial. Wilman Terán, Barreno y nueve más fueron condenados.
Durante los seis años en el cargo, la fiscal Diana Salazar ha enfocado sus esfuerzos en casos de corrupción y de la infiltración del narcotráfico en la política y en la justicia. Estos son los procesos más destacados:
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Al momento, y ante los escenarios de la continuidad o no de Salazar, están en juego varios casos clave en etapas definitorias.
Por ejemplo, está pendiente el juicio del caso Plaga, que también se desprendió del caso Metástasis. Además, los llamados a juicio del caso Reconstrucción de Manabí, que involucra a Jorge Glas, y del caso Sinohydro, que incluye al expresidente Lenín Moreno. Fuente: Primicias
Nacionales
Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’
El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.
Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.
Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas
En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.
Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.
Declarar la culpabilidad de todos los procesados.
Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.
Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.
Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.
Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.
La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación
Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.
El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.
El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».
Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.
Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ministro de Producción dice que solicitará a Estados Unidos la revisión de la tasa del 10% para camarón, atún y brócoli
En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, informó sobre los avances de los acuerdos comerciales que negocia Ecuador o están en proceso de ratificación con otros países.
Sobre la reciente sobretasa que aplicó Estados Unidos a Ecuador y otros países, Jaramillo señaló que el país solicitará a la Administración de Donald Trump que se incorporen otros productos a la exoneración de la sobretasa. Sin embargo, no es optimista sobre este tema.
En cuanto al acuerdo comercial firmado recientemente con Canadá, el titular de Producción reiteró que el principal interés de Canadá son las inversiones en minería.
¿Cuándo entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos?
El acuerdo se presentó a la Corte Constitucional meses atrás, pero no ha habido avances al respecto. Tampoco hemos insistido porque estábamos a la espera del cambio que los Estados Unidos implementó la semana pasada, con el que se ratificó la sobretasa de 10% que ya estaba vigente.
Sobre esta nueva investigación relacionada con trabajo forzoso, en el caso de Ecuador, la Administración de Donald Trump ya había indicado que el país cumplía parcialmente con los controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso, y por eso aplicaba una tasa de 10% y para el resto de países, 12,5%.
Considero que más allá de esta investigación, se trata de una medida que llegó para quedarse, esto va a sustituir al 10% que teníamos antes. Es una ventaja para Ecuador tener 2,5 puntos porcentuales menos que el resto de países, pero más allá de eso, creo que Estados Unidos va a mantener la medida.
Entonces, ¿usted no cree que aún haya la posibilidad de renegociar esta sobretasa en el marco del acuerdo firmado?
Nosotros hemos hecho la defensa. Hubo una reunión en Washington hace tres semanas, en la que expusimos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. De hecho, en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) consta que Ecuador va a implementar controles al respecto y que los Estados Unidos inclusive ayudará con inteligencia al respecto.
Entonces, nos sorprendió que, a pesar de que el acuerdo indica esto, hayan señalado que se cumple parcialmente. Pero, como decía, más allá de cumplir o no, creo que se trata de una medida que llegó para quedarse y no la van a mover. Además, pienso que van a venir más investigaciones de Estados Unidos en la que podríamos estar incluidos.
Más allá de cumplir o no, creo que la sobretasa a Ecuador y el resto de países es una medida que llegó para quedarse y no la van a mover.
El presidente Daniel Noboa había dicho que el acuerdo con Estados Unidos se renegociaría en agosto. ¿Esto ya comenzó?
Al respecto, tenemos que llevar a cabo una sesión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TIC, por su siglas en inglés). Estaba programado para junio, en Ecuador, pero ha habido postergaciones por parte del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos); esperemos que la reunión se concrete para agosto o septiembre.
El TIC es el vehículo por el que Ecuador puede exponer su posición y solicitar que se incorporen más productos sin sobretasa, como el caso del camarón, el atún en «pouch» y en lata o el brócoli.
Sobre el TLC con Canadá, usted ha resaltado el interés de ese país en las inversiones mineras. ¿Qué empresas mineras canadienses estarían interesadas en invertir en Ecuador o incrementar sus inversiones?
El acuerdo fue un ganar-ganar. Nosotros ganamos en la posibilidad de incrementar nuestro volumen de exportación a Canadá y también porque van a venir inversiones canadienses, no solo en minería, si no en diferentes sectores. El interés principal de Canadá son las inversiones y que esas inversiones se queden en propiedad canadienses.
También, recordemos que Canadá es una potencia minera y aquí en Ecuador hay proyectos de oro, en el caso canadiense, pero también tienen interés en cobre y en otros minerales. Algunos proyectos están en curso y otros están en análisis. Entonces, sí, el principal interés en Canadá está en invertir en minería.
¿Qué faltaría para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Corea del Sur?
Falta aún la aprobación del Parlamento coreano, esperemos que sea muy pronto, dentro de los próximos 30 o 60 días.
Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso sería renegociar los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos. Eso ya lo acordamos con el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.
Vamos a renegociar con Canadá los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos, como banano y atún.
Por ejemplo, el atún ecuatoriano tiene un plazo de desgravación de 15 años y la idea es reducirlo a máximo cinco años. El banano, que tiene un arancel de 30%, tiene un plazo de cinco años y queremos bajarlo a dos, porque tiene una desventaja competitiva frente a Filipinas.
Además, vamos a iniciar las negociaciones de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Corea del Sur, pero una vez que quede ratificado el acuerdo comercial en ambos países.
También, hay otros temas que tratar con Corea, ellos realizan pruebas para controlar la mancha blanca en el camarón, que es un tema endémico y que no afecta al ser humano. Entonces, quedamos en que se llevaría a cabo una investigación científica para demostrar que la mancha blanca no afecta al ser humano.
¿Cuántas rondas tendrá el acuerdo con República Dominicana y para cuándo se prevé firmar?
Hubo una primera ronda de negociaciones y la segunda se llevará a cabo desde el lunes 3 de agosto, en República Dominicana. No deberían pasar de cuatro rondas. Este será un acuerdo parcial acotado, se ha hablado de negociar una lista de 10 productos, pero podrían ser hasta 20. Podría firmarse en unos 60 días.
¿Qué avances se han logrado para comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos?
La primera ronda de las negociaciones se llevará a cabo en agosto. Este acuerdo se negociará en poco tiempo, son solo cuatro productos de lado y lado. Nosotros tenemos interés en productos como camarón, flores, banano, tableros de madera, enlatados de atún. Marruecos es un importante exportador de fertilizantes de potasio. Fuente: Primicias
Nacionales
Cuando una sociedad pierde el rumbo moral El mayor peligro para una democracia no siempre proviene de la delincuencia organizada ni de la corrupción institucional. En ocasiones, el riesgo más profundo aparece cuando una parte de la sociedad comienza a justificar lo injustificable, a relativizar la ética y a convertir en sospechoso a quien exige transparencia y rendición de cuentas. La inversión de valores es una de las expresiones más graves de la decadencia política. Se desacredita la denuncia, se ridiculiza el esfuerzo por fortalecer las instituciones y se pretende que la exigencia de justicia sea interpretada como intolerancia. Así, el debate público deja de sustentarse en principios y se transforma en una disputa donde la verdad pierde importancia frente a la conveniencia. Ninguna nación progresa cuando la honestidad resulta incómoda y la corrupción encuentra excusas para sobrevivir. La impunidad no nace únicamente de la ausencia de leyes; nace, sobre todo, cuando la ciudadanía deja de sancionar moralmente las conductas que deterioran el bien común y comienza a normalizarlas como parte de la vida política. El Ecuador enfrenta un desafío que trasciende gobiernos, partidos e ideologías. Se trata de recuperar la cultura de la responsabilidad, del mérito, de la legalidad y del respeto a las instituciones democráticas. Un país no se construye sobre la indiferencia ni sobre la complicidad silenciosa, sino sobre ciudadanos capaces de defender principios, incluso cuando hacerlo implique incomodar a quienes se benefician del desorden. La historia es implacable con las sociedades que confunden a sus referentes. Cuando los corruptos son presentados como víctimas y quienes exigen transparencia son tratados como enemigos, el deterioro institucional deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Ha llegado el momento de recuperar la memoria cívica. No para alimentar confrontaciones estériles, sino para comprender que la democracia solo sobrevive cuando la verdad tiene más valor que la propaganda, cuando la justicia prevalece sobre los privilegios y cuando el interés nacional está por encima de cualquier cálculo político. Porque un pueblo que renuncia a defender la ética termina entregando su futuro a la impunidad. Y ninguna nación puede aspirar al desarrollo si deja de distinguir entre quienes sirven al país y quienes se sirven de él.
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 2 de agosto sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 y confirmó cambios de última hora en sus principales postulaciones en Pichincha. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual, simpatizantes acompañaron a los aspirantes en una caminata hasta la sede del organismo en Quito.
Durante el ingreso de los candidatos a la delegación provincial del CNE también se registraron momentos de tensión. Personal de seguridad restringió el acceso al auditorio únicamente a los postulantes acreditados, lo que provocó forcejeos y reclamos de varios simpatizantes que buscaban ingresar junto a la comitiva oficialista.
La directora provincial de ADN y ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que el movimiento modificó sus postulaciones tras evaluar las expectativas de los electores de la provincia. Según indicó, la decisión respondió a las opiniones recogidas durante el proceso político previo a la inscripción de candidaturas.
«Lo que evaluamos siempre es lo que dice la gente«, afirmó Morillo al ser consultada sobre el cambio de última hora. Agregó que la trayectoria de Giovanna Ubidia al frente del Seguro Social Campesino influyó para que el movimiento decidiera postularla a la Prefectura de Pichincha.
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