Falta un poco más de un mes para que termine 2025 y aunque el Gobierno de Daniel Noboa ha destacado que ya se ha usado el 73% del Presupuesto del Estado, algunos de los sectores prioritarios no llegan ni al 55%.

Y sí, de los USD 41.338 millones previstos para sostener el Presupuesto del Estado 2025, hasta el 23 de noviembre ya se han usado el 73%: USD 30.287 millones.

Sin embargo en salud y educación, el porcentaje de ejecución es más bajo.

En el caso del Ministerio de Salud, hasta el 23 de noviembre se ha usado el 45% del presupuesto total asignado.

Y en el Ministerio de Educación se ha ejecutado el 53% de lo asignado para todo el año.

Otros ministerios clave, por su peso en el Presupuesto, como el de Infraestructura (antes MTOP) y el de Energía también tienen una ejecución menor al 60%, cuando ya está por terminar el año.

No obstante, los presupuestos para el sector de seguridad y para el Ministerio de Desarrollo Humano sí tienen una ejecución superior al 70%.

Este último, sobre todo, debido a que el gobierno de Noboa hizo una fuerte inyección de gasto público en bonos sociales y compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel y en momentos de campaña electoral.

¿Qué pasa con los presupuestos de salud y educación?
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica el porqué de la baja ejecución en salud y educación

Se debe a que los gobiernos de turno ponen en el presupuesto inicial el monto de aumento anual que manda la Constitución para los dos sectores, pero en la práctica a lo largo del año, el dinero no se usa por completo y el aumento queda en el papel, dice el exministro.

«No debería ser así, la Constitución dice que se debe aumentar, pero lo que ocurre cada año es que no se usa todo el dinero y al final no hay tal aumento» Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.

Ortiz explica que en los últimos años, el Ministerio de Finanzas ha incluido el monto de aumento que dispone la Constitución en la cuenta: «Bienes de larga duración».

Y es precisamente esa la cuenta que hasta ahora muestra la más baja ejecución en los dos ministerios.

En el caso del Ministerio de Salud, en su presupuesto se asignaron USD 2.112 millones a la cuenta de bienes de larga duración. Solo se han usado USD 25 millones de ese dinero hasta el 23 de noviembre.

Y en el Ministerio de Educación, dentro de su presupuesto se asignaron USD 1.854 millones, pero solo se han usado USD 7 millones hasta el 23 de noviembre.

Mathias Haas, consultor senior de la empresa Inteligencia Empresarial, explica que la baja ejecución de presupuesto en estos dos sectores tiene efectos directos en la economía.

«Más ejecución en el Ministerio de Salud significa menos desabastecimiento y menor presión sobre emergencias. Un país saludable es un país productivo». Mathias Haas, economista.

Y añade que en el caso de la educación, «los recursos bien ejecutados en mantenimiento, escuelas e insumos elevan la asistencia, crean entornos seguros y fortalecen el aprendizaje. Esto sostiene el crecimiento económico a largo plazo».

¿En qué se ha usado el dinero del Estado hasta ahora?
Haas añade que un problema es que la estructura del presupuesto ecuatoriano es muy rígida, pues la mayor parte del dinero público ya está comprometido.

«Deja muy poco margen operativo para inversión en obra y para la ejecución de programas nuevos o ampliados», añade.

De hecho, casi la mitad de esos recursos se ha destinado a sueldos de los funcionarios públicos y al pago de deuda interna y externa.

El pago de salarios a los funcionarios públicos representa el 28% de lo que se ha usado hasta el 23 de noviembre del Presupuesto del Estado 2025.

Por eso, entidades cuyo presupuesto está principalmente compuesto por el rubro de salarios son los que tienen mejor ejecución, como en el caso de la Policía Nacional, que ha ejecutado el 84% de lo asignado.

Le sigue lo destinado a deuda púbica. Los pagos de las cuotas de préstamos (amortizaciones) representan el 21% de lo que se ha usado del  Presupuesto del Estado.

Tanto el pago de sueldos como de la deuda pública son rubros que los gobiernos normalmente tratan de pagar a tiempo, mientras otros rubros suelen tener menos ejecución por la falta de ingresos, entre ellos, la inversión en obra pública, explica Ortiz.

Incurrir en altos atrasos en salarios provocaría dificultades en el funcionamiento del Estado, pero también tendría un alto costo político y social para el Gobierno, pues se arriesgaría a protestas y paralizaciones de servicios.

La última vez que el Estado tuvo problemas para pagar a tiempo sueldos de funcionarios públicos fue en noviembre de 2023, en medio de la transición del gobierno de Guillermo Lasso al de Daniel Noboa, por la severa crisis de liquidez que vivía el país.

Noboa tuvo que hacer un préstamo de emergencia al banco público CFN y se anunciaron cronogramas de pago.

Y en el caso de la deuda pública, si el Estado cae en mora incurriría en lo que se conoce como ‘default’.

En ese escenario, al país le resultaría mucho más costoso y difícil conseguir nuevos préstamos para financiar los gastos del Estado que no alcanzan a cubrirse cada año con ingresos regulares como venta de petróleo o cobro de impuestos.

Para 2026, por ejemplo, Ecuador necesita contratar préstamos por USD 12.999 millones.

Una farmacia de Cuenca fue clausurada tras una inspección en la que técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hallaron más de 300 medicamentos caducados, varios de ellos con fechas de vencimiento borradas y remarcadas. Entre los productos irregulares se identificaron antigripales, mentol, suplementos alimenticios y soluciones para nebulización.

La institución alertó que la venta de medicamentos vencidos representa un riesgo sanitario grave. Después de su fecha de caducidad, los fármacos pueden perder eficacia, volverse inestables e incluso generar efectos adversos. En el caso de bálsamos y productos inhalados, la oxidación de sus componentes puede causar irritación en la piel y vías respiratorias, reacciones alérgicas y una reducción del efecto descongestionante. Estos peligros aumentan especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En total, Arcsa registró 311 productos irregulares. Todo el inventario fue inmovilizado, el establecimiento quedó clausurado y se inició un proceso administrativo sancionatorio. Según la Ley Orgánica de Salud, las sanciones por comercializar medicamentos caducados pueden incluir multas de hasta 10 salarios básicos unificados (USD 4.700) y clausuras temporales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La institución recordó que toda farmacia debe operar bajo la supervisión de un bioquímico o químico farmacéutico, responsable de garantizar la calidad y seguridad de los productos que se ofrecen al público.

La investigación para dar con los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador, ha entrado en una fase crítica de complicaciones procesales. Lo que comenzó como un expediente sustentado en testimonios de exoperadores del crimen organizado, se ha transformado en una batalla de desacreditaciones cruzadas entre la Fiscalía General del Estado y los procesados.

En el centro de la trama judicial se encuentran cuatro figuras procesadas por asesinato: Xavier Jordán, prófugo por corrupción hospitalaria y señalado como supuesto financista; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción; Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo; y José Serrano, exministro del Interior.

La teoría del caso de la Fiscalía se basa, principalmente, en los relatos de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y el testigo protegido identificado como RPHR. Todos ellos, sentenciados o involucrados en otras tramas de delincuencia organizada, quienes han señalado una supuesta estructura jerárquica detrás del crimen de Villavicencio perpetrado en agosto de 2023.

Asesinato, espionaje, extorsión y narcotráfico, entre los antecedentes del nuevo testigo del caso Villavicencio
Sin embargo, en las últimas semanas, la solidez de estas versiones ha sido puesta a prueba. Los procesados, desde el exterior o desde prisión, han desplegado una estrategia para evidenciar supuestas inconsistencias y montajes por parte de las autoridades investigadoras.

Un audio apunta a Vimos, el primer testigo
Esta dicotomía procesal se evidencia en el manejo del primer testimonio clave: el de Lenin Vimos. Este abogado sentenciado en el caso Plaga fue pieza fundamental para explicar cómo operaba la red de protección judicial del narcotraficante Leandro Norero.

Según su versión, rendida el 4 de abril de 2024, la planificación del crimen se gestó mientras Villavicencio vivía. Vimos relató contactos con Jorge Robinson Chonillo, alias ‘Negro Yorkis’, un sujeto cercano a Fabricio Colón Pico, quien le habría confesado reuniones en Cali con cabecillas de Los Lobos.

En dicha reunión en Colombia, según el testimonio de Vimos, alias ‘Negro Yorkis’ presenció una videollamada de Ronny Aleaga. En esa comunicación se habría coordinado el pago de USD 1 millón para la ejecución del asesinato, estableciendo una cadena de mando clara.

Vimos fue explícito al describir la estructura intelectual. Señaló a Jorge Glas y José Serrano en la cúspide de las órdenes, a Xavier Jordán como el financista económico y a Aleaga como el coordinador operativo con las bandas criminales.

Además, Vimos aseguró que alias ‘Invisible’, uno de los sicarios materiales, le confirmó en la Cárcel 4 la participación de Daniel Salcedo como enlace entre la clase política y Los Lobos, banda a la que se le adjudica el crimen.

No obstante, la credibilidad de este relato recibió un golpe este 24 de noviembre de 2025. José Serrano, prófugo y detenido en Miami por temas migratorios, publicó en su cuenta de X lo que califica como una prueba del «montaje».

Serrano hizo referencia a un audio donde, supuestamente, un testigo relata que Lenin Vimos le confesó: «No te preocupes, esa versión es creada por las autoridades». El exministro acompañó la publicación con ataques directos a la gestión de la exfiscal Diana Salazar y su equipo.

 El giro del testigo Marcelo Lasso  
El segundo frente de conflicto se abrió con Marcelo Lasso, conocido por haber sido la mano derecha de Leandro Norero en la cárcel de Latacunga. Su participación en el caso Metástasis fue el antecedente de su involucramiento en el caso Villavicencio.

Lasso declaró bajo juramento que Norero, antes de ser asesinado en octubre de 2022, ya tenía planes para atentar contra Villavicencio. Según su relato, estos planes incluían seguimientos coordinados con figuras políticas y criminales.

El testigo afirmó que, tras la muerte de Norero, la posta fue tomada por Xavier Jordán y los otros procesados. Lasso detalló que se reunió USD 1 millón, entregados por Salcedo a alias ‘Sianca’, financiero de Los Lobos, para dividir el pago con el Frente Oliver Sinisterra.

Sin embargo, la narrativa de Lasso sufrió un revés radical en Estados Unidos. El 20 de noviembre de 2025, Xavier Jordán reveló extractos de una deposición que Lasso rindió ante la Corte de Miami Dade, en el marco de una demanda por difamación contra Diana Salazar.

En esa diligencia en suelo norteamericano, Lasso se habría retractado de lo dicho en Ecuador. Según los documentos presentados por la defensa de Jordán, el testigo afirmó que su versión incriminatoria fue realizada bajo presión y pedido de la Fiscalía ecuatoriana.

La respuesta del Ministerio Público fue inmediata. La Fiscalía anunció el inicio de una investigación por fraude procesal, argumentando que las «narrativas» posicionadas desde el extranjero carecen de sustento legal y buscan la impunidad.

A pesar de la retractación en EE.UU., la Fiscalía sostiene que los testimonios originales de Lasso han sido corroborados con otras pericias técnicas y versiones dentro del expediente nacional.

 RPHR: El expolicía que denuncia sobornos  
El tercer vértice de esta disputa es el testigo protegido RPHR, un expolicía de inteligencia que trabajó durante la gestión de José Serrano y que terminó preso por delitos comunes. Su testimonio conecta la operatividad de los seguimientos con los autores intelectuales.

RPHR relató que fue reclutado en la cárcel por Daniel Salcedo. Debido a su experiencia en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), se le encargó coordinar las tareas de vigilancia a Fernando Villavicencio, en julio de 2023.

Según su versión, presenció videollamadas entre Salcedo y Serrano, donde el exministro urgía la obtención de información sobre la rutina y seguridad del candidato presidencial, bajo la promesa de reincorporarlo a la Policía.

El expolicía detalló la entrega de fotografías y reportes de seguimiento a través de la aplicación encriptada Threema, la misma utilizada por la red de Norero. Por este trabajo, afirmó haber recibido USD 5.000 en efectivo.

Tras el asesinato, RPHR ha sufrido múltiples atentados contra su vida dentro del sistema penitenciario, incluyendo intentos de ahorcamiento y envenenamiento, lo que obligó a su traslado y protección especial.

Este 24 de noviembre de 2025, RPHR rindió su testimonio anticipado y lanzó una acusación que conecta los cabos sueltos de las retractaciones recientes. El testigo aseguró que intentaron comprar su silencio.

En 2019, RPHR fue detenido luego de ser vinculado a un robo con muerte en Cuenca.X / @daburma69

Desde la Cámara de Gesell, RPHR reveló que fue contactado por Marcelo Lasso —el testigo que se retractó en Miami— para ofrecerle dinero a nombre de Xavier Jordán.

Según abogados presentes en la diligencia, la oferta ascendía a USD 300.000. El objetivo era que RPHR alterara su versión y acusara a la fiscal Diana Salazar de armar fraudulentamente los casos Metástasis y Villavicencio.

El testigo protegido fue más allá y aseguró que el propio Xavier Jordán le escribió desde una cuenta falsa de Instagram. En esos mensajes, le prometía «arreglar su vida» a cambio de colaborar con la narrativa del montaje fiscal.

RPHR entregó a las autoridades el dispositivo móvil donde constan estos mensajes, el cual fue incautado en la Cárcel 4 y entrará en cadena de custodia para su peritaje.

Además, el expolicía lanzó un dardo contra la credibilidad de la retractación de Lasso en Estados Unidos. Aseguró tener conocimiento de que Lasso cobró USD 200.000 a Jordán por dar ese testimonio favorable en la Corte de Miami. Fuente: Primicias