El nuevo año arranca con sinsabor, tanto para los ecuatorianos como para los actores políticos, especialmente para el presidente Daniel Noboa. Ecuador cerró 2025 como el año más violento de la historia, con una grave crisis hospitalaria, denuncias de presunta corrupción que salpicaron al Ejecutivo y una reciente derrota electoral.

No obstante, el país empezará 2026 de la mano de la vicepresidenta María José Pinto: el Primer Mandatario estará de vacaciones hasta el 15 de enero e inmediatamente después tiene previstos dos viajes oficiales a Suiza y Bélgica. Es decir, en enero, Noboa estaría apenas nueve días en el Palacio de Carondelet

Esto marcará el arranque de la ya cuestionada gestión gubernamental, que, dependiendo de la voluntad del Jefe de Estado, podría reajustar el rumbo de su administración para responder al llamado de atención que tuvo en las urnas cuando perdió todas las preguntas de la consulta popular y referéndum.

Sin embargo, el movido y ausente inicio de año del presidente Noboa apunta a que el estilo de Gobierno se mantendrá: silencio ante los cuestionamientos, opacidad en la administración de lo público y una negativa a reconocer los problemas.

Esta también ha sido la tónica en la Asamblea Nacional, marcada por Acción Democrática Nacional (ADN) en sus principales competencias, de legislar y fiscalizar:

Leyes bajo la ‘sombra’ de Noboa
En el primer caso, se espera que la bancada oficialista intente tramitar otras medidas definidas por el Primer Mandatario, especialmente como leyes urgentes en materia económica.

Y con la ayuda del nuevo secretario Jurídico en Carondelet, Enrique Herrería, el objetivo del Gobierno sería evitar nuevos fiascos como la caída de leyes por incumplimientos del proceso legislativo y de los principios constitucionales. Además, si el Gobierno mantiene la política de decretar permanentes estados de excepción, podría enviar hasta dos leyes cada mes.

Sin embargo, la bancada oficialista también se enfrentará a la disyuntiva de mantener su subordinación al Ejecutivo o sostener el discurso del ‘nuevo Ecuador’, defendiendo los intereses nacionales y no la agenda de turno, sin repetir viejas prácticas de bloqueo y silenciamiento de la oposición.

Además, en el horizonte podrían estar las enmiendas constitucionales que anunció el mismo Noboa después de haber perdido en las urnas, temas en los que el Ejecutivo quiere insistir, pese a la negativa de la Corte Constitucional y de la ciudadanía.

Fiscalización: una deuda permanente
En el segundo caso, la primera prueba para ADN será la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El trámite que se dé a las graves denuncias de corrupción en su contra serán la muestra del camino que tomará el oficialismo en 2026.

Aunque Godoy no es un funcionario del Ejecutivo, ADN ha mostrado vacilación para juzgarlo. Su llegada a la cúspide del poder judicial provocó dudas sobre una presunta injerencia del Gobierno, no solo en la Corte Nacional de Justicia, sino también en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

No obstante, el mismo Noboa se encargó de apuntar sus deseos para el futuro del funcionario judicial al sugerirle que renuncie, a través de sus redes sociales, el 29 de diciembre. En caso de cumplirse, esto evitaría que su bancada tenga que lidiar con el caso directamente, puesto que pondría en riesgo la posibilidad de un juicio político, bajo la presión de la opinión pública.

Pero esto no quitará las sombras de duda sobre el papel del CPCCS, que continúa moviéndose al vaivén de los pulsos políticos, y este año deberá designar al nuevo Fiscal General y, al menos, reemplazar a los ‘superprorrogados’ vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y jueces Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Y todas esas autoridades de control están a la vez en la mira de los grupos de poder, especialmente de los dos partidos políticos ahora hegemónicos: ADN y la Revolución Ciudadana (RC). Aunque en el papel exista una supuesta independencia de funciones, los ecuatorianos han sido testigos de que los intereses partidistas inundan esas designaciones.

Pero, este año, las conveniencias políticas no serán las únicas en influir en el rumbo del país y del Estado. El avance del crimen organizado, pese a la ‘mano dura’, la constante militarización y las decenas de videos e imágenes promocionales de capturas e incautaciones, ha demostrado que continuará acechando no solo al poder judicial, sino también abriéndose espacios en la tarima política.

Un nuevo proceso electoral, en la mira
El escenario electoral entrará nuevamente a prueba en el segundo semestre del año, cuando las debilitadas organizaciones políticas deban prepararse para arrancar el camino hacia las seccionales de 2027, que definirán miles de candidaturas locales.

Las autoridades electorales ya han dejado claro que no pueden ejercer un control efectivo del financiamiento de la política, por falta de recursos, de cumplimiento de la legislación e incluso de tiempo e interés. Apenas a finales de 2026, el CNE denunció a las agrupaciones que no transparentaron su gasto electoral en la campaña extraordinaria de 2023.

Y por más que ADN y el correísmo hayan unido fuerzas para modificar nuevamente las reglas electorales y quitarse de encima al resto de los partidos y movimientos, que, mayoritariamente, solo necesitan un fracaso más para desaparecer.

Esto porque ha quedado claro que el distanciamiento entre los actores políticos y la ciudadanía, sumado a la violencia política infligida por el crimen organizado, ha provocado que las listas de candidatos sean, cada vez, más difíciles de completar y que quienes acepten la participación estén subyugados a los intereses de los dueños o ‘líderes’ de cada tienda.

Este sistemático debilitamiento del sistema político tiene y mantendrá impacto directo en el destino del país, aunque la ciudadanía, cada vez más alejada de la participación en los asuntos de interés público, se niegue a aceptarlo.

ADN pondrá a prueba su nueva estructura, que pese a su juventud ya ha recurrido a figuras recicladas de otros partidos y a cuadros sin experiencia ni conocimientos para ocupar cargos públicos. Todo después de descubrir que las redes sociales y la propaganda gubernamental no alcanzan para convencer a los votantes que padecen día a día con los problemas del país.

Mientras que el correísmo arrancará 2026 con una definición interna clave: su nueva presidencia nacional. Tras el fracaso de Luisa González y las posturas inapelables de Rafael Correa, que solo dividen a sus bases, la lista 5 decidirá si seguir bajo la sombra exclusiva del exmandatario o arriesgarse a probar su propia suerte.

Esa decisión podría marcar el fin de la tendencia política como la conocía el Ecuador, que poco a poco dejó de ser la primera fuerza electoral y empezó a desgranarse bajo el peso de los casos de corrupción, los audios filtrados y las pugnas internas, que han alejado a sus figuras más conocidas y con mayor trayectoria.

Y esos rostros, especialmente los que ya han sido descartados públicamente por el mismo Correa, podrían encontrar cabida en las listas de RETO, para intentar mantener espacios de poder cuatro años más en los distintos gobiernos locales, como prefecturas y alcaldías.

Aunque eso les implique mantener pulsos políticos con el Gobierno, que ha demostrado su obstinación en enfrentarse con las autoridades correístas o de oposición, que están por terminar sus periodos, pese a que esa pugna y división pudo haber influido en la última decisión de los ecuatorianos, que ya advirtieron que sus votos no están garantizados para ninguna tendencia. Fuente: Primicias

Nueva estado de excepción