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Condenan a 5 años de cárcel por secuestro a Fabricio Colón Pico, cabecilla del grupo delictivo Los Lobos

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Un tribunal condenó a cinco años de prisión a Fabricio Colón Pico, considerado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, por el secuestro del hijo de un narcotraficante, según señaló este miércoles la Fiscalía en un comunicado.

Según las investigaciones fiscales, Colón Pico, quien en octubre ya había recibido otra condena de cinco años por haber intimidado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estuvo al mando del secuestro del hijo de un narcotraficante conocido como alias ‘Chugo Porto’, investigado en Estados Unidos y buscado por la Interpol.

El caso se remonta al 9 de julio de 2023, cuando el joven se encontraba en una reunión con cinco amigos en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito.

Casi a la medianoche, solicitó un taxi a través de una aplicación y cuando salió a esperar al vehículo observó que un automóvil negro sin placas estaba esperando en la calle.

Minutos después, cuatro personas armadas descendieron del vehículo y aunque él intentó refugiarse en la casa de la que salía, los hombres lo sacaron a la fuerza y lo llevaron a un lugar apartado en el sector de Nanegalito, en el noroccidente de la capital.

Los secuestradores, quienes según la Fiscalía estaban bajo el mando de Colón Pico, no solicitaron dinero a la familia, sino parte de un territorio en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el padre del joven desarrolla negocios ilícitos.

Tres días después del secuestro, los criminales dejaron al joven en un centro comercial en el norte de Quito «con 20 dólares para su movilización», dijo el Ministerio Público.

Los dos hombres también fueron sentenciados como coautores del delito y recibieron la misma pena de cárcel que Colón Pico, a la que se suma una multa de 5.520 dólares que deberá pagar cada una y otra de 3.000 dólares que deberán asumir entre los tres como reparación integral.

Colón Pico guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, conocida como La Roca, luego que fuera recapturado en abril pasado en las afueras de Quito.

El condenado había sido detenido inicialmente en enero pasado en el marco de esta investigación por secuestro, pero se fugó pocos días después de su primera captura de la cárcel de Riobamba, cuando se habían registrado motines simultáneos en varias prisiones, como parte de un conjunto de eventos violentos vinculados al crimen organizado que incluyó la incursión de sujetos armados en un canal de televisión durante una emisión en directo, que terminó con trece detenidos.

Tras su fuga, permaneció prófugo y en paradero desconocido hasta abril de este año, cuando fue recapturado en una zona rural de las afueras de Quito.

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Horror en Latacunga: madre es procesada por el femicidio de su hija de 3 años

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La investigación por la muerte violenta de una niña de 3 años en Latacunga avanza. La Fiscalía vinculó a la madre de la menor, Lizbeth Katherine T. Ch., de 21 años, como presunta coautora del delito de femicidio y obtuvo una orden de prisión preventiva en su contra.

La causa ya tenía como procesado a Jhon Carlos C. V., pareja de la mujer y padrastro de la niña, quien es agente de control municipal del GAD de Latacunga. Él permanece procesado desde agosto de 2026.

Fiscalía presentó más de 35 elementos de convicción

Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial de Cotopaxi, la Fiscalía expuso más de 35 elementos de convicción para sustentar la presunta participación de la madre.

Entre ellos constan declaraciones de policías, documentos relacionados con el levantamiento del cuerpo, pericias realizadas en el lugar de los hechos y la ampliación de la autopsia médico-legal.

El juez consideró suficientes los elementos presentados para incorporarla al proceso y dispuso su encarcelamiento preventivo. Con esta decisión, la etapa de instrucción fiscal se amplió por 30 días.

La niña habría sido golpeada durante varios días

La investigación reconstruye una secuencia de agresiones que habría comenzado el 3 de agosto de 2026.

Ese día, la pequeña viajó junto con su padrastro desde Latacunga hacia Quito. Durante el recorrido habría tenido un incidente y, según la hipótesis fiscal, el hombre habría reaccionado golpeándola en repetidas ocasiones.

Al regresar a la vivienda familiar, ubicada en el sector La Merced, el procesado habría contado a la madre lo sucedido durante el trayecto.

En ese punto, la Fiscalía atribuye una participación directa a Lizbeth Katherine T. Ch.: la mujer presuntamente golpeó a su hija con un cinturón.

Las investigaciones sostienen que los ataques contra la menor habrían continuado hasta el día siguiente y que tanto la madre como su pareja habrían participado en las agresiones.

La niña llegó al hospital sin signos vitales

El 5 de agosto, Jhon Carlos C. V. habría llevado a la menor al Hospital General de Latacunga después de encontrarla nuevamente en la vivienda y, según la investigación, agredirla.

El médico que la recibió alertó a la Policía al detectar numerosas lesiones en su cuerpo. Durante el examen externo se identificaron hematomas en el rostro, espalda, tórax y otras zonas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Latacunga.

Autopsia determinó una muerte violenta

La autopsia médico-legal estableció que la pequeña murió debido a una hemorragia interna y determinó que se trató de una muerte violenta.

La Fiscalía sostiene que la madre habría tenido un rol activo en la coejecución de los hechos, razón por la cual decidió procesarla como presunta coautora de femicidio.

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IESS: transferencias estatales aumentan un 91% en los últimos tres años

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El Gobierno Nacional prevé destinar 8.917 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2024 y diciembre de 2026, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP). La cifra representa un incremento del 91% frente a los 4.668 millones de dólares registrados entre 2021 y 2023.

Del monto previsto para el periodo 2024-2026, 8.595 millones de dólares corresponden al aporte estatal del 40% para pensiones jubilares, seguro social campesino, contribución anual, Ley 2004-39, seguro del magisterio y riesgos de trabajo.

Este rubro registra una variación del 94% respecto de los 4.435 millones de dólares contabilizados entre 2021 y 2023.

Prestaciones de salud también aumentan

El MDEP señaló que otros 322 millones de dólares corresponden a prestaciones externas de salud para jubilados, previamente auditadas. Este valor supera en 38% los 233 millones de dólares registrados durante el periodo de 2021-2023.

El Gobierno también informó que trabaja con el IESS en la revisión de registros contables, bases de datos y montos pendientes relacionados con obligaciones de administraciones anteriores.

En lo que va de 2026, se han suscrito siete actas de conciliación por concepto del 40% de pensiones y otros rubros, de acuerdo al boletín 113 MDEP, emitido el 15 de septiembre de 2026.

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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