Nacionales
Condenan a 5 años de cárcel por secuestro a Fabricio Colón Pico, cabecilla del grupo delictivo Los Lobos
Un tribunal condenó a cinco años de prisión a Fabricio Colón Pico, considerado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, por el secuestro del hijo de un narcotraficante, según señaló este miércoles la Fiscalía en un comunicado.
Según las investigaciones fiscales, Colón Pico, quien en octubre ya había recibido otra condena de cinco años por haber intimidado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estuvo al mando del secuestro del hijo de un narcotraficante conocido como alias ‘Chugo Porto’, investigado en Estados Unidos y buscado por la Interpol.
El caso se remonta al 9 de julio de 2023, cuando el joven se encontraba en una reunión con cinco amigos en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito.
Casi a la medianoche, solicitó un taxi a través de una aplicación y cuando salió a esperar al vehículo observó que un automóvil negro sin placas estaba esperando en la calle.
Minutos después, cuatro personas armadas descendieron del vehículo y aunque él intentó refugiarse en la casa de la que salía, los hombres lo sacaron a la fuerza y lo llevaron a un lugar apartado en el sector de Nanegalito, en el noroccidente de la capital.
Los secuestradores, quienes según la Fiscalía estaban bajo el mando de Colón Pico, no solicitaron dinero a la familia, sino parte de un territorio en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el padre del joven desarrolla negocios ilícitos.
Tres días después del secuestro, los criminales dejaron al joven en un centro comercial en el norte de Quito «con 20 dólares para su movilización», dijo el Ministerio Público.
Los dos hombres también fueron sentenciados como coautores del delito y recibieron la misma pena de cárcel que Colón Pico, a la que se suma una multa de 5.520 dólares que deberá pagar cada una y otra de 3.000 dólares que deberán asumir entre los tres como reparación integral.
Colón Pico guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, conocida como La Roca, luego que fuera recapturado en abril pasado en las afueras de Quito.
El condenado había sido detenido inicialmente en enero pasado en el marco de esta investigación por secuestro, pero se fugó pocos días después de su primera captura de la cárcel de Riobamba, cuando se habían registrado motines simultáneos en varias prisiones, como parte de un conjunto de eventos violentos vinculados al crimen organizado que incluyó la incursión de sujetos armados en un canal de televisión durante una emisión en directo, que terminó con trece detenidos.
Tras su fuga, permaneció prófugo y en paradero desconocido hasta abril de este año, cuando fue recapturado en una zona rural de las afueras de Quito.
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
Nacionales
Captación ilegal de depósitos: Chimborazo es la provincia con la mayor tasa de casos en Ecuador
En 2025, se registraron en Ecuador 200 reportes de posibles delitos de captación ilegal de depósitos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cifra total de 2025 mostró un incremento de 31,6% con relación a 2019. Sin embargo, entre 2022 y 2025, hubo una reducción sostenida en las noticias de delitos (NDD) relacionados a esta actividad.
Los datos son parte de los hallazgos de un estudio, difundido el 18 de septiembre de 2026, que analiza esquemas de financiamiento ilícito, como la captación ilegal de dinero, y su relación con el crimen organizado en Ecuador.
El informe fue desarrollado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, como parte del Proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
¿Qué es la captación ilegal de depósitos?
Según el estudio, la captación ilegal de dinero o depósitos se genera a través de la constitución de entidades ficticias o fachada que, sin autorización, «ofrecen o promocionan servicios financieros y reciben dinero de las personas bajo ofertas fraudulentas».
Los esquemas de captación ilegal pueden adquirir diversas formas, como estafas, estructuras piramidales e incluso fachadas para el lavado de activos, detalla el documento.
El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de cinco a siete años para quienes organicen, desarrollen y promocionen, de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar dinero del público en forma habitual y masiva.
Chimborazo, con la tasa más alta
La captación ilegal de dinero muestra una concentración importante en la Sierra, particularmente del centro hacia el norte del país.
Para 2025, Pichincha fue la provincia que acumuló la mayor cantidad de casos, con una participación de 57% en el total nacional. Le siguió Chimborazo, con 14,5%, y Cotopaxi, con 9%.
Pero al analizar la tasa de noticias del delito (NDD) por cada 100.000 habitantes, Chimborazo ocupó el primer lugar, con 5,95. Por detrás, se ubicó Pichincha con 3,46, seguida de Cotopaxi (3,45), Orellana (1,53) e Imbabura (1,2).
A escala cantonal, durante 2025, en 32 de los 221 cantones de Ecuador se registró al menos una denuncia ante la FGE relacionada con captación ilegal de dinero.
El cantón con mayor número de reportes fue Quito, con 111 casos. Le siguió Riobamba con 26, Latacunga con 14 y Cuenca con 7.
Al analizar la incidencia de este delito en cantones con más de 100.000 habitantes, Riobamba lideró con una tasa de 9,5. Por detrás, se ubicaron Latacunga (6,1), Quito (3,9) y Francisco de Orellana (2). Fuente: Primicias
Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.
La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.
Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.
A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.
A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.
Regresó a la vivienda, pero sin su hijo
El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.
Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.
Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.
Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.
Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo
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