El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este lunes, 27 de julio de 2026, por hasta tres meses y sin remuneración a los tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos en el denominado caso Goleada.

La medida alcanza a los magistrados Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Según la Judicatura, los jueces se habrían extralimitado en sus funciones al pronunciarse sobre aspectos de fondo de la causa cuando únicamente debían resolver la apelación contra la prisión preventiva. De esta forma, habrían incurrido en error inexcusable, tal como lo señaló la Corte Nacional de Justicia.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo mientras se desarrolla el sumario disciplinario. Agregó que la decisión no representa una sanción definitiva ni implica una determinación de responsabilidades.

De acuerdo con el procedimiento, la suspensión es un paso previo a la posible destitución de los magistrados.

El 2 de abril de 2026, la sala aceptó la apelación presentada por Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en el caso Goleada. No obstante, el alcalde permaneció detenido porque pesaban sobre él otras dos órdenes de prisión relacionadas con el caso Triple A y el presunto incumplimiento del uso del grillete electrónico.

El 1 de junio el juez del caso Goleada, Jairo García, ordenó la captura de dos primos del alcalde Alvarez, para quienes el fiscal Dennis Villavicencio había pedido la prisión preventiva luego de vincularlos a esta investigación.

El caso Goleada investiga a 17 personas por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con la supuesta introducción al sistema financiero de recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte. Entre los procesados figuran varios familiares de Aquiles Alvarez, incluidos sus hermanos, su esposa, su madre y sus primos.

Tras la decisión del tribunal, de revocar la prisión de los detenidos en el caso Goleada, el fiscal general, Carlos Alarcón, había presentado ante la Corte Nacional una denuncia contra los jueces que actuaron en el caso Goleada.

Entre los razonamientos de la Corte Nacional consta que el “error” del tribunal de Pichincha al liberar a los detenidos “causa un daño a la administración de justicia, al desconocer el objeto de cada una de las etapas que componen el proceso penal”. Fuente: Primicias

Quito, Ecuador. – En marzo de 2026, la prensa nacional reportó el caso de una familia de Saapapentsa, en Taisha, que caminó durante tres días para conseguir atención médica para sus hijos mellizos de dos meses. El caso evidenció una realidad persistente de las comunidades amazónicas: cuando ocurre una emergencia, el primer obstáculo no siempre es clínico, sino territorial, económico, cultural y lingüístico.

En la Amazonía fluvial, una emergencia puede comenzar mucho antes de que una persona llegue a un hospital. La respuesta depende de reconocer señales de alarma, comunicar la necesidad de ayuda, activar transporte terrestre, fluvial o aéreo, financiar desplazamientos, superar barreras idiomáticas y llegar a un establecimiento con capacidad resolutiva. En territorios dispersos, cada retraso puede convertir una condición tratable en una complicación grave.

Este desafío constituye el punto de partida de “Tejiendo Cirugía Global: rutas interculturales para emergencias quirúrgicas en la Amazonía fluvial ecuatoriana”, un proyecto ecuatoriano desarrollado en el marco de la Global Surgery Advocacy Fellowship, iniciativa internacional impulsada por Operation Smile, la University of Global Health Equity y el Nkafu Policy Institute, orientada a fortalecer liderazgos locales en defensa del acceso seguro, oportuno y asequible a la atención quirúrgica y anestésica.

La propuesta parte de una premisa concreta: el acceso a la salud no depende solo de hospitales, profesionales o equipamiento. También depende de la confianza entre comunidades y servicios, del reconocimiento de saberes locales y de la capacidad institucional para adaptar sus rutas de referencia a las condiciones reales del territorio. Por ello, el proyecto busca comprender y fortalecer los caminos sociales, comunitarios e institucionales que permiten responder a emergencias quirúrgicas, obstétricas y traumáticas en comunidades amazónicas.

“Las comunidades amazónicas han desarrollado durante generaciones formas propias de cuidar la vida y responder ante la urgencia. El desafío no es reemplazar esos conocimientos, sino construir puentes confiables con el sistema de salud para que la atención llegue a tiempo, con seguridad y pertinencia cultural”, señala el doctor Alejandro Torres Balarezo, médico ecuatoriano, doctorando en Ciencias Biomédicas y fellow de la Global Surgery Advocacy Fellowship.

La magnitud del desafío supera el caso ecuatoriano. La Comisión Lancet sobre Cirugía Global estimó que cerca de cinco mil millones de personas en el mundo no acceden a atención quirúrgica y anestésica segura, asequible y oportuna cuando la necesitan; además, calculó que se requieren alrededor de 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales cada año para evitar muertes y discapacidades prevenibles. La Organización Mundial de la Salud también reproduce estas cifras como referencia global sobre la brecha de cirugía segura.

Detrás de estas estadísticas existen trayectorias humanas complejas que rara vez aparecen en los indicadores: familias que deben desplazarse durante horas o días, comunidades que enfrentan barreras lingüísticas y territorios donde la distancia modifica el pronóstico. En Ecuador, el problema se expresa con especial intensidad en provincias amazónicas con alta ruralidad, dispersión geográfica y pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El Censo de 2022 registró 182.166 habitantes en Orellana y 6.872 en el cantón Aguarico; además, los análisis oficiales de pobreza por necesidades básicas insatisfechas muestran que Orellana se ubica entre las provincias donde más del 80 % de la población se encuentra afectada por esta condición.

El corredor fluvial del río Napo constituye un escenario estratégico para esta discusión. Allí convergen comunidades ribereñas, centros de salud de primer nivel, servicios básicos con capacidad limitada y puntos de referencia como Nuevo Rocafuerte, Tiputini y El Coca. En ese territorio, la continuidad de la atención exige algo más que disponibilidad formal de servicios: requiere comunicación temprana, rutas claras de referencia, coordinación comunitaria, transporte oportuno y mecanismos de enlace intercultural.

La iniciativa surge en un momento clave para el país. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado una nueva organización territorial institucional que prioriza direcciones provinciales y oficinas técnicas, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y acercar la gestión pública a la población. En territorios de difícil acceso, este proceso abre una oportunidad para discutir cómo mejorar la referencia, la contrarreferencia y la respuesta sanitaria desde una perspectiva territorial e intercultural.

Lejos de plantear estructuras paralelas o sustituir competencias estatales, el proyecto busca generar evidencia a través de la sistematización de experiencias comunitarias; promover espacios de gobernanza intercultural entre actores comunitarios e institucionales; identificar barreras culturales, administrativas, lingüísticas y logísticas dentro de las rutas de atención; y formular recomendaciones técnicas para que las políticas públicas respondan mejor a las condiciones reales de las poblaciones amazónicas.

La iniciativa cuenta con respaldo y acompañamiento académico y técnico de actores nacionales e internacionales comprometidos con la equidad en salud global, entre ellos Operation Smile, el Nkafu Policy Institute, la University of Global Health Equity y la Corporación Latinoamericana para la Salud.

Más allá del Ecuador, la propuesta aspira a contribuir a una conversación global sobre cirugía, salud pública e interculturalidad. Mientras buena parte del debate se concentra en infraestructura, equipamiento y talento humano, esta iniciativa enfatiza un componente menos visible pero decisivo: que las respuestas sanitarias lleguen efectivamente a las poblaciones, respetando sus contextos geográficos, sus formas de organización y sus conocimientos locales.

Una ruta de emergencia verdaderamente efectiva no solo conecta una comunidad con un hospital. También articula alerta temprana, transporte, coordinación, interpretación cultural, confianza y capacidad resolutiva cuando más se necesita.

Estefanía Sánchez vive con un tumor cerebral. Asegura que, desde hace casi dos años, no recibe de forma constante los medicamentos que necesita para controlar sus convulsiones. Para cubrir sus gastos, vende pan puerta a puerta en Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito.

Los prepara con zapallo, chocho y zucchini, además de empanadas con dulce de zambo. Cada día recorre las calles de ese sector y hay jornadas en las que alcanza a vender USD 20, pero en otras apenas llega a los USD 5, una cantidad que apenas le alcanza para comprar sus tabletas de carbamazepina, un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral.

Ella es parte de los pacientes que viven un calvario para conseguir medicamentos en Ecuador. Con base en el aplicativo web de monitoreo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un informe del Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas del Ecuador señala que la disponibilidad de medicamentos en la red pública descendió del 79 % en enero de 2025 al 68 % en mayo de 2026. En el mismo período, el abastecimiento pasó del 71 % al 59 %, lo que significa que actualmente cuatro de cada diez medicamentos planificados no están disponibles para los pacientes.

Con un abastecimiento del 59 %, el sistema de salud ecuatoriano se ubica por debajo de ese parámetro. Diego Jimbo es coordinador nacional del Observatorio y afirma que la situación por la que atraviesan los pacientes del sistema público del país es muy grave. Explicó que algunos enfrentan tratamientos cuyos valores superan ampliamente sus posibilidades económicas.

Contó que pacientes han recurrido a préstamos informales con chulqueros por desesperación. Hubo el caso de una familia que, tras un accidente y la necesidad de cubrir los gastos en una clínica privada, solicitó un préstamo informal de USD 3 000 a un prestamista que entrega dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’. Es decir, créditos informales e ilegales que ofrecen dinero rápido sin requisitos, pero con intereses muy altos y cobros diarios mediante hombres motorizados que amenazan a quienes no alcanzan a pagar.

“Esto demuestra hasta dónde está llegando la desesperación de las personas por acceder a la salud”.

Aumentaron las consultas sobre eutanasia

Jimbo mencionó casos de medicamentos que pueden costar entre USD 15 mil y USD 20 mil, así como tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden tener un precio que supera los USD 20 mil mensuales. Por eso, hay familias que han buscado alternativas privadas y se endeudan.

Con tristeza -afirma el activista y médico especialista en cuidados paliativos– se han incrementado las consultas sobre eutanasia. No obstante, aclara que no se trata de solicitudes formales para acceder al procedimiento, sino de asesorías relacionadas con los requisitos y posibilidades.

Por todo lo que está sucediendo, los representantes del Observatorio y dirigentes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad recorren los hospitales del país para recopilar información sobre la situación del acceso a medicamentos e insumos. Asimismo, han enviado solicitudes al Gobierno para plantear cambios en el sistema sanitario.

Actualmente, analizan alternativas legales para solucionar la problemática. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General por un presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) relacionada con el acceso a medicinas e insumos para enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad.

“Analizamos qué podemos obtener y también qué consecuencias puede tener esta decisión”.

Esperan tomar una resolución sobre el tema en los próximos días…

Gremios se organizan para recolectar morfina

Gustavo Dávila es presidente nacional de la Alianza Nacional por la Salud y director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Relata que hay gente que ni siquiera puede conseguir morfina para sus terapias del dolor. Explicó que las organizaciones, familiares y amigos han recurrido a colectas voluntarias para adquirir morfina y entregarla a quienes atraviesan por la etapa final de su vida.

De hecho, la última vez se reunieron cerca de 200 ampolletas para entregarlas en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el grado de la enfermedad, hay quienes necesitan hasta cuatro dosis diarias y es casi imposible conseguirlas en el sector público.

“Hay pacientes que están al final de la vida y los dolores son intensos. Llegar al punto de que no exista morfina para una persona que sufre es una situación muy delicada”.

A su criterio, la crisis no es reciente. Se ha evidenciado en los últimos años y se ha agravado en los últimos meses con manifestaciones de personas con distintas patologías, incluidos enfermos renales y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, organizaciones de pacientes y actores del sector salud plantean fortalecer la presión ciudadana, recurrir a mecanismos legales y exigir respuestas concretas de las autoridades para garantizar el acceso oportuno a servicios sanitarios completos.

“El pedido es que la salud vuelva a ser parte de la agenda política. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad y a recibir tratamiento para aliviar su dolor”, afirmó Dávila.

Solicitó una reunión con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para presentarle las necesidades de los diferentes frentes de salud y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.

El pasado 21 de julio, la Alianza Nacional por la Salud —que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con diversas enfermedades, además de médicos y jubilados— ofreció una rueda de prensa para expresar su preocupación por la falta de avances en la compra de medicamentos a la India. Se trata de fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los referentes mundiales en regulación sanitaria.

La adquisición fue anunciada por el presidente Daniel Noboa Azín durante su informe a la nación del 24 de mayo como una medida para enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, dos meses después, las organizaciones aseguran que la compra aún no se ha concretado.

De igual forma, tampoco se cumplieron otros ofrecimientos como la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, pero no hubo resultados. “En 30 días volveremos a evaluar los resultados”, dijo Dávila.