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Construye denuncia persecución política

En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.

Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.

El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

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Rescate y atención médica

De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec

La polémica alrededor de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) continúa. El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila favoreció a Alexandra Villacís en una acción de habeas data que había interpuesto contra el Ministerio del Trabajo.

Villacís, vocal suplente del CJ, solicitó que se corrija un impedimento de ejercer cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba en su contra, por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ese impedimento obstaculizó que Villacís asumiera temporalmente la presidencia de la Judicatura desde el 9 de febrero, cuando Mario Godoy solicitó una licencia sin sueldo. Y, de manera definitiva, desde el 18 de febrero, cuando Godoy fue destituido por la Asamblea Nacional.

Según la Constitución de Ecuador, la Judicatura debe ser presidida por el vocal representante de la Corte Nacional de Justicia. Ese lugar lo ocupaba Godoy y su suplente era Villacís, por lo que, por sucesión, ese cargo le correspondería a Villacís.

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Pero, ante el impedimento registrado por el Ministerio del Trabajo, la Judicatura declaró vacante esa vocalía suplente y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó un proceso para nombrar a un nuevo representante alterno de la Corte.

Ese proceso de designación, posteriormente, se unificó con el proceso para nombrar también al reemplazo de Godoy.

Ahora, ante la decisión de la jueza Pila todavía no se conoce la posición de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana para saber si se deja sin efecto el proceso de designación y Villacís asume la titularidad de la Judicatura.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura es presidido de manera interina por Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa y quien es el representante del Ejecutivo en el organismo judicial. Fuente: Primicias