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CONAGOPARE espera se apruebe el informe para redistribución de recursos

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Actualmente los 821 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales del Ecuador reciben el 6% de recursos desde el gobierno central. Mediante un estudio técnico realizado, de forma justa y legal deberían recibir el 19%, pero por ahora luchan porque se les reste 4 puntos a los gobiernos municipales y provinciales para que sumados, se les pueda aumentar al 10%.

La distribución actual se realiza de la siguiente manera: 67% a los municipios, 27% para las prefecturas y un 6% para las juntas parroquiales. Es por ello, que el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) busca que se ejecuten la reforma al Cootad.

El paso más importante es que se apruebe un informe para la reforma y este a su vez, pase a la Asamblea Nacional y sea quien la apruebe en dos debates. Es un pedido de todos los gobiernos parroquiales del país a los recursos que reciben directamente de los fondos estatales a través del Ministerio de Economía y Finanzas para beneficio del sector rural.

“Para la reforma hemos tomado en cuenta varios artículos, pero especialmente el 192 con el cual estamos siendo afectados en el país y cada una de las parroquias”, relató Patricio Montero, presidente del gad parroquial de Guadalupe y del Conagopare en Zamora Chinchipe.

La reforma plantea la reducción de los porcentajes que tienen los municipios del 67 al 65% y a los gad provinciales del 27 al 25%, sumados esos puntos, llegarían al 10% para los gobiernos parroquiales, lo que significaría un aumento para la administración en cada parroquia. En base al estudio técnico que realizó Conagopare en todo el Ecuador, la distribución real que debía ser legal y justa para los ecuatorianos, debe ser del 19% para los gad parroquiales, el 59% para los municipios y el 22% para los gad provincial, de acuerdo al cálculo técnico.

Montero dice que las parroquias necesitan recursos propios para fortalecerse desde cada uno de sus espacios. El planteamiento fue realizado hacia la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, mismo que está compuesto por nueves asambleístas entre ellos: Ceslestino Chumpi, quien preside esta comisión, Patricia Sánchez, vicepresidenta y los asambleístas Peter Fernando Calo, Yeseña Guamaní Vásquez, Marlon Cadena, Henry Kronfle, Francisco León Flores, Lenin Barreto Zambrano y Gustavo Mateus Acosta.

El presidente del Conagopare Zamora Chinchipe indica que este pedido no tiene nada que ver con los recursos asignados a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía, pues son recursos directos desde el gobierno central para los gobiernos autónomos descentralizados.

El plazo que los asambleístas de esta comisión tienen para presentar las enmiendas y correcciones al proyecto presentado es hasta el 2 de mayo. Como Conagopare muestran su compromiso de asistir nuevamente a futuras reuniones para obtener resultados positivos y den paso a debate en el pleno.

Los 29 gobiernos parroquiales de la provincia de Zamora Chinchipe están recibiendo anualmente alrededor de USD 5’000.000 anuales y si se aprobaría esta reforma, subiría a USD 7’000.000.

Este tema sería de total conocimiento de los alcaldes y prefectos del país porque se habría realizado una socialización en la provincia de Manabí con la parte técnica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), con el Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (CONGOPE), CONAGOPARE nacional y la Comisión de la Asamblea Nacional.

 Secretaría Técnica de la Amazonía

Dentro de esta institución reposan los recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible y del Fondo Común, del cual se deben beneficiar netamente los gobiernos autónomos descentralizados de las seis provincias amazónicas. Pero, al momento de realizar gestiones muy pocas veces se da mayor atención, según las autoridades que buscan se les aprueben proyectos para beneficio de cada una de sus jurisdicciones.

Desde el Fondo Común, Montero dice que se da poca atención, es así que, en la jurisdicción de los gobiernos parroquiales de la provincia, solo se han aprobado 3 de 29 proyectos.

 

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¿Qué justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe?

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En esta columna quiero contarles una experiencia propia como abogado. Una de esas experiencias que, más allá de ganar o perder un proceso, obligan a preguntarnos qué clase de justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe.

Hoy acabo de presenciar una resolución judicial que me dejó profundamente preocupado. Se discutía un incidente de rebaja de pensión alimenticia y, entre los beneficiarios, se encontraba un niño con discapacidad física y una enfermedad catastrófica. Sin embargo, dentro del razonamiento utilizado para resolver se sostuvo, en esencia, que los niños debían ser considerados iguales.

Por supuesto que todos los niños son iguales en dignidad y derechos. Nadie podría discutir semejante principio. Pero jurídicamente resulta incomprensible confundir igualdad con idénticas condiciones de vulnerabilidad.

El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria a los niños, a las personas con discapacidad y a quienes padecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Incluso dispone una protección especial para quienes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad. El artículo 44, además, obliga a que prevalezca el interés superior del niño.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado. En la sentencia 1351-19-JP/22 recordó la necesidad de realizar un análisis minucioso cuando se encuentran involucrados niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, atendiendo precisamente a su especial condición de vulnerabilidad.

Pero hubo algo más que llamó mi atención; para justificar la rebaja se habrían considerado cargas familiares que, según los antecedentes del caso, ya habían sido tomadas en cuenta anteriormente al establecer la pensión. Entonces surge una pregunta elemental: ¿qué circunstancia nueva justificaba modificarla?

Los abogados debemos respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Pero respetar a la Función Judicial jamás puede significar guardar silencio frente a decisiones que consideramos jurídicamente cuestionables.

Los jueces tienen en sus manos algo demasiado importante: la vida, el patrimonio, la libertad y los derechos de las personas. Cuando se trata de niños en condiciones especialmente vulnerables, esa responsabilidad es todavía mayor.

Esta experiencia no me lleva a generalizar. En Zamora Chinchipe existen excelentes jueces y profesionales comprometidos con el Derecho. Precisamente por respeto a ellos debemos exigir que toda decisión judicial esté a la altura de la Constitución.

La justicia no consiste simplemente en resolver expedientes.

Consiste en comprender que detrás de cada expediente existe una vida.

Y cuando esa vida pertenece a un niño con discapacidad y una enfermedad catastrófica, la Constitución exige algo más que decir que “todos somos iguales”.

 

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Cursos vacacionales despertaron nuevos talentos en niños y jóvenes panguenses

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Con una jornada marcada por el talento, la creatividad y el entusiasmo de niños, niñas y jóvenes, EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Pangui realizaron la ceremonia de clausura de los Cursos Vacacionales El Pangui 2026.

El objetivo de esta iniciativa fue promover el aprovechamiento positivo del tiempo libre y fortalecer las habilidades artísticas, culturales y deportivas. Los talleres se desarrollaron durante cuatro semanas, del 13 de julio al 7 de agosto, bajo el proyecto “Nuestras raíces culturales nos preparan para un mundo mejor”.

Durante este periodo, los participantes tuvieron acceso a diferentes espacios de formación, entre ellos dibujo y pintura, pintura en cerámica, natación, locución, manualidades, tecnología, escritura creativa, turismo, danza, música, fútbol, entre otras actividades.

Durante la ceremonia de clausura intervino Klever Juepa, concejal del cantón El Pangui, quien destacó la importancia de generar espacios que permitan a niños y jóvenes desarrollar sus capacidades durante el periodo vacacional y valoró la articulación entre el Gobierno Municipal y la empresa privada para impulsar iniciativas en beneficio de las familias del cantón.

Por su parte, Fernando Regalado, Coordinador de Relaciones Comunitarias de EcuaCorriente S.A., resaltó que el respaldo a este tipo de proyectos forma parte del compromiso de ECSA con el desarrollo social de las comunidades de su zona de influencia.

Claudia Lozano, madre de familia, expresó el reconocimiento de las familias por la generación de estos espacios y destacó el valor que tienen las actividades recreativas y formativas para que los niños aprovechen sus vacaciones, descubran nuevas habilidades y compartan experiencias con otros participantes.

La clausura permitió además evidenciar los conocimientos y destrezas desarrollados durante las jornadas de formación, constituyéndose en un espacio de encuentro entre participantes, familias, instructores, autoridades y representantes de las instituciones involucradas.

 

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¡Tragedia en Zamora! Reportan derrumbe en una zona minera y deja dos fallecidos

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Zamora, 11 de agosto de 2026. La tragedia registrada durante la madrugada de este martes en la mina Cañar, perteneciente a la parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, deja un saldo fatal que enluta a dos familias de la provincia.

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo alrededor de la 01:00, cuando un derrumbe sorprendió a trabajadores que se encontraban en una labor minera. En las primeras horas se reportó un fallecido y un trabajador desaparecido, mientras los organismos de socorro y compañeros de labores intensificaban las tareas de búsqueda.

Con el avance de las operaciones de rescate, se confirmó que las dos víctimas mortales fueron identificadas como Luis Alfredo Minga Calva y Edgar Edison Cañar Sánchez, cuyos cuerpos fueron recuperados entre la madrugada y la mañana de este martes.

Además de la pérdida de vidas humanas, el deslizamiento ocasionó importantes daños materiales, afectando tres excavadoras y una máquina clasificadora que se encontraban en la zona de trabajo.

Las autoridades competentes mantienen la supervisión del área afectada mientras continúan las evaluaciones para determinar las causas del derrumbe y verificar las condiciones de seguridad del sitio.

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