La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de las votaciones, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, y comprimir el calendario electoral, sorprendió al país entero la tarde del viernes y levantó una serie de cuestionamientos contra los consejeros del organismo, debido al impacto de la medida.

Durante el lunes siguiente, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el vicepresidente, Enrique Pita, desplegaron una campaña de justificación, a través de entrevistas en medios, en la que han repetido, de forma atropellada, los argumentos técnicos y legales que utilizaron para la dramática reducción de todos los plazos y procesos de las elecciones seccionales en Ecuador.

El adelanto de los comicios pondrá presión no solo sobre las organizaciones políticas, los aspirantes a candidatos, sino también sobre las propias autoridades. La decisión tendrá un impacto directo en el tiempo para que la ciudadanía conozca sus opciones, la cantidad de votantes que ingresarán al padrón y hasta los días para que se impriman los millones de papeletas necesarias.

Por todo esto, el discurso del adelanto de las elecciones seccionales como medida de prevención frente a un supuesto fenómeno de El Niño que causaría estragos en febrero de 2027 genera más dudas que certezas. La principal es la imposibilidad de vaticinar un evento climático de esa magnitud con tanta anticipación.

A continuación PRIMICIAS recoge las inquietudes que ha generado la polémica decisión del CNE:

1 Una excusa sin precedente
Desde el cambio de Constitución, y después del periodo inicial de transición, se han llevado a cabo tres elecciones presidenciales y tres seccionales en febrero, sin importar la intensidad de los inviernos y sin que los pronósticos climáticos interfirieran.

La alarma por el fenómeno de El Niño ya se instaló en Ecuador en 2023: se esperaba que llegue entre noviembre y diciembre y que se intensifique hasta marzo. Por lo que el gobierno de Guillermo Lasso tomó extensas previsiones para asegurar la respuesta estatal ya que se esperaban USD 4.000 millones en pérdidas.

En ese entonces la probabilidad técnica de ocurrencia fue del 100%, ahora es del 62%. Sin embargo, al final, la intensidad fue moderada y, en realidad, hubo una sequía intensa que afectó a la generación eléctrica del país. En ese febrero de 2024, el registro de la Secretaría de Riesgos ascendía a 2.875 personas afectadas. La cifra es baja en comparación con las casi 20.000 registradas entre enero y febrero de este 2026.

Pero ese lejano pronóstico no fue suficiente para que las autoridades electorales pasen del tradicional plan de contingencia (para los recintos electorales que durante los últimos 12 años han tenido riesgos de afectación por las frecuentes lluvias de febrero) a una abrupta reducción del calendario electoral.

Por ejemplo, para la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral reubicó 24 recintos electorales, que estaban afectados por las lluvias o habían sido usados como albergues. Lo mismo que ha sucedido en cada votación.

2 Plazos legales reducidos
La reducción de todos los plazos para las etapas del calendario electoral pone presión sobre todos los actores del sistema; incluso, sobre las mismas autoridades electorales.

El mismo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se ha visto en el problema de resolver todos los recursos que llegan a sus oficinas durante un periodo electoral ordinario, mucho más aún durante uno que ha sido modificado para ser más corto.

Los jueces del TCE han tenido desacuerdos en varias ocasiones con el CNE, puesto a que la carga procesal y los plazos fijos legales imponen ritmos imposibles para el Tribunal y su capacidad operativa.

Ya pasó en las seccionales de 2019, la demora en la resolución de los recursos electorales hizo que no se tenga autoridades definidas para el 14 de mayo, fecha de posesión de las dignidades locales. Los problemas se reportaron principalmente en Los Ríos.

Ni siquiera en momentos como la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el TCE y el mismo CNE estuvieron de acuerdo con que se modifique el calendario electoral establecido para 2021, justamente por la afectación que implicaría para todos los eslabones del proceso.

No existe un artículo en la Constitución ni en el Código de la Democracia que faculte al CNE a adelantar la fecha de las votaciones, una vez establecida. Aunque los consejeros del organismo sostienen que mientras cumplan el plazo de convocar a elecciones, con al menos 120 días de anticipación, no hay problema.

 3 Obstáculos para la participación
Aunque la presidenta del CNE, Diana Atamaint, insiste en que el tablero electoral está marcado de igual manera para todas las organizaciones políticas, no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas capacidades. Tampoco todas están en la misma situación legal.

Por ejemplo, pese a que las autoridades electorales lo nieguen, su decisión de acortar el calendario pone en serios aprietos a partidos y movimientos nacionales, que enfrentan procesos electorales administrativos y contenciosos; al igual que a movimientos locales.

El impedimento de la participación del movimiento Revolución Ciudadana era una certeza no confirmada con el calendario original. Entonces, quedaba una remota posibilidad de sortear sus impedimentos legales, para ejecutar sus procesos de democracia interna hasta el 14 de agosto, incluyendo la participación del alcalde Aquiles Alvarez. Ahora les quedaría como única opción su inmediata desafiliación hasta el 19 de mayo, para poder así terciar por otras listas.

Algo similar ocurre con Unidad Popular y Construye, que están en proceso de eliminación por parte del CNE. Los dos tenían cuatro meses por delante para allanar su camino a las papeletas. Ahora tienen uno.

A esa lista se suman los movimientos nacionales y locales que buscan ser calificados por el Consejo para inscribirse y participar. Ahora tienen hasta el 3 de mayo, lo que no solo depende de que completen o subsanen los requisitos, sino de que el CNE tenga la capacidad operativa para procesar los registros.

4 Menos tiempo de campaña
Algo particularmente difícil en todas las elecciones seccionales es que la ciudadanía conozca a los candidatos a todas las dignidades que debe escoger. No sucede. La mayoría de votantes no reconocen los nombres en las papeletas, menos aún sus perfiles y propuestas de trabajo.

Esa es una realidad incluso cuando el CNE otorga largos periodos de campaña, permitidos por el Código de la Democracia, con un máximo de 45 días. Ahora, los candidatos pasaron de tener 30 días a apenas dos semanas para poder darse a conocer y convencer al electorado.

Esto solamente influirá en la cantidad de campaña anticipada (sancionada por la Ley) y el abuso de la pauta en redes, un agujero negro que el CNE no logra controlar.

5 Efectos en el registro electoral
Al mover el calendario electoral, también habrá un impacto directo en la población que podrá participar. Por ejemplo, ya no podrán votar aquellas personas que cumplan 16 años entre el 30 de noviembre y el 14 de febrero.

Tampoco podrán hacerlo aquellas que preveían concretar un cambio de domicilio electoral hasta mediados de mayo, porque esa posibilidad se reduce hasta mediados de abril.

6 Incertidumbre legal
La polémica decisión del CNE también genera un escenario de inseguridad jurídica, como lo han manifestado varias organizaciones políticas. Ya que la planificación de su participación en las elecciones seccionales se hizo con la meta de llegar a febrero de 2027.

Sin embargo, los consejeros aprobaron una reducción de 77 días que afecta todas las etapas del proceso. Esto pese a que, como lo establece la Constitución, la posesión de las autoridades tendrá que esperar de todas formas hasta el 14 de mayo de 2027.

Además, no hay certezas de cómo esto afectará el trámite de las apelaciones y medidas interpuestas ante el TCE. Sin contar que el Tribunal podría echar abajo la decisión del CNE o que la Corte Constitucional podría pronunciarse frente a una eventual demanda de inconstitucionalidad o pedido de medidas cautelares. Aunque la presidenta Atamaint advirtió que los magistrados no podrían interferir en sus decisiones. Fuente: Primicias

Por la falta de lluvias, siguen a la baja los caudales de los ríos que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador al finalizar marzo de 2026.

Y esto configura un escenario complejo, ya que alrededor del 70% de la demanda de energía de Ecuador se cubre con hidroeléctricas.

A esto se suma que la demanda de energía ha aumentado, porque es época de más calor en la Costa de Ecuador y hay más uso de aires acondicionados.

Por ejemplo, entre el 1 y el 28 de marzo de 2026, la demanda promedio del país fue de 4.060 megavatios de potencia (MW).

Y hasta las 15:00 del lunes 30 de marzo, la demanda ya era de alrededor de 4.200 MW; es decir, estaba por encima del promedio del mes.

En marzo, de hecho, se registraron picos máximos de demanda. El miércoles 18 de marzo de 2026, la demanda llegó a 5.274 MW, el nivel histórico más alto registrado, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace.

En ese contexto, Cenace pidió a los privados activar su autogeneración, aunque el Gobierno dijo que era una medida opcional para las empresas, no una imposición.

Coca Codo ha caído hasta al 28% de su capacidad
Los caudales de los ríos en la cuenca oriental, que alimentan a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, están en el momento más bajo en lo que va de  2026, según la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

En un escenario normal, el caudal en Coca Codo Sinclair, ubicada entre Napo y Sucumbíos, es de alrededor de 200 metros cúbicos por segundo (m3/s).

Pero hasta el 29 de marzo de 2026, el caudal cayó a su nivel más bajo en lo que va del año: 100 m3/s. De eso, por su diseño, la central está captando alrededor de 80 m3/s, explica el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón.

Este bajo nivel de caudales es preocupante, ya que Coca Codo Sinclair es una central de paso; es decir, no cuenta con un reservorio de agua para generar más energía en épocas de menos lluvias.

De ahí que, con este bajo nivel de caudales,  entre el 1 y el 29 de marzo de 2026, Coca Codo Sinclair ha estado trabajando al 42% de su capacidad instalada, que es 1.500 MW.

Uno de los días más bajos fue el domingo 29 de marzo, cuando generó 421 MW; esto es, operó al 28% de su capacidad.

Otro día crítico fue el 18 de marzo de 2026, cuando el país tuvo una demanda histórica máxima de 5.274 MW. Ese día la central generó 549 MW; esto es el 37% de su capacidad.

¿Mazar podrá ser el salvavidas?
Por esta baja generación en la central Coca Codo Sinclair, el complejo hidroeléctrico Integral Paute, ubicado entre Azuay y Cañar, ha tenido que compensar la caída, pese a que también está afectado por el estiaje.

Y con esto, se ha comenzado a consumir con más rapidez el agua en el gigantesco embalse de Mazar, que es un reservorio clave para la operación de este complejo conformado por tres centrales ubicadas en forma de cascada en este orden: Mazar, Paute Molino y Sopladora.

Se trata de un complejo que tiene una capacidad total de 1.756 megavatios, y es importante porque cubre alrededor del 38% de la demanda del país.

En febrero de 2026, el complejo Integral Paute generó 1.225 megavatios de potencia (MW), mientras que entre el 1 y el 29 de marzo tuvo que aportar más al sistema y generó 1.314 MW.

Se trata de un embalse cuya cota o nivel máximo de agua es de 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Y durante febrero y los primeros días de marzo de 2026, había más tranquilidad, porque la cota estuvo en su nivel máximo.

Del embalse de Mazar depende el funcionamiento de todo el complejo.

Y es que si el agua del embalse de Mazar cae bajo el umbral de 2.115 metros sobre el nivel del mar (msnm), la hidroeléctrica más pequeña, que lleva el mismo nombre (170 MW), tiene que salir de operación para no sufrir daños en sus turbinas por el ingreso de sedimentos.

Además, en este escenario también baja el agua que llega al otro embalse estratégico que se ubica río abajo: Amaluza, que abastece a las dos hidroeléctricas más grandes: Paute-Molino, que genera 1.100 MW, y Sopladora, que tiene una capacidad de 486 MW.

Hasta las17:00  del 30 de marzo de 2026, el nivel de agua del embalse de Mazar estaba en 2.142 msnm; es decir, ha caído 11 metros por debajo de la cota máxima desde el 12 de marzo.

Aunque la cota todavía está 27 metros por encima del nivel crítico de los 2.115 msnm, lo que preocupa es la rapidez con que se ha consumido en apenas 13 días, dice Buitrón.

Los caudales en Mazar se acercan a los de 2024
Y es que el agua se está consumiendo con rapidez en el embalse porque también hay una fuerte caída de caudales desde el 12 de marzo, explica Buitrón.

Ese día, el caudal promedio en Mazar fue de 231 m3/s, pero desde entonces el caudal ha caído diariamente y hasta el 29 de marzo de 2026 ya estaba en 26 m3/s.

Y este 30 de marzo el escenario seguía a la baja. Ese día se registraron caudales mínimos de entre 8,4 y 10,8 m3/s entre las 10:00 y las 16:00 del 30 de marzo de 2026.

Se trata de caudales casi tan bajos como los que se registraron en los primeros días de octubre de 2024, el mes más fuerte de estiaje en ese año, cuando el país vivió apagones de más de 10 horas, recuerda el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón.

Por ejemplo, entre el 4 y el 7 de octubre de 2024, el caudal de Mazar estuvo entre 8 y 2,56 m3/s, recuerda Buitrón.

La caída de los caudales en Mazar es fuerte también si se compara con el escenario de febrero de 2026. En ese mes, el caudal promedio en Mazar fue de 90 m3/s.

El Ministerio de Energía ha explicado que la situación está controlada, pues se prevé que esta es la última fase del estiaje.

Buitrón coincide en que normalmente abril suele ser un mes más lluvioso y se podrían recuperar los caudales.

Sin embargo, advierte que el clima no es predecible, por lo que, sin la venta de energía de Colombia y el aumento de la demanda, el país seguirá necesitando la autogeneración de empresas privadas en ciertos horarios, para evitar riesgos de cortes de luz en los hogares.  Fuente: Primicias

Fuente: Ecuavisa

Chinapintza, en la parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, Zamora Chinchipe, es uno de los principales focos auríferos del sur del país: más de 30 años de explotación ha dejado el cerro devastado. Existen 120 labores mineras identificadas desde 2010 que aún no han sido regularizadas, en medio de la suspensión del catastro minero.

Pero Chinapintza no es solo extracción: es un corredor clave donde circula material ilegal, incluso desde Perú.

Llegar no es fácil. Desde Zamora son casi dos horas en vehículo y luego una caminata entre lodo, selva y pendientes hasta llegar a los 2 000 metros de altura.

«Esas bocas minas que están en lado peruano no solamente extraen material aurífero de Perú sino también de Ecuador. Inicia en el territorio peruano, pero subterráneamente ya están atravesando suelo ecuatoriano más o menos se extienden entre 500 y 800 metros», revela un minero

Ante la falta de vías y plantas de procesamiento en el país del sur, el material aurífero cruza hacia Ecuador, donde termina siendo blanqueado.

La frontera, extensa y cubierta de vegetación, permite que cualquier sendero se convierta en una ruta clandestina, las huellas quedan en el camino: restos de maquinaria destruida, canecas de combustible y campamentos inhabilitados.

En Ecuador están Los Choneros; en el lado peruano, Los Trujillanos. Ambos disputan el tránsito del material aurífero, con cobros que alcanzan hasta USD 10 mil por cada volqueta. También exigen pagos por combustible, alimentos, armas y explosivos.

“La minera Las ansias sería una fachada de Los Trujillanos se hacen base para enfrentarse contra Los Choneros”, explica un minero

En septiembre de 2025, esta disputa entre bandas dejó cinco muertos. Ese mismo mes, el Ejército incautó cuatro fusiles, dos mil municiones y 25 explosivos.

Aquí arranca la ruta del oro ilegal y su blanqueo en el sur del país. ¿Cuántas volquetas pasan al día? Nadie responde.