Nacionales
Cómo el movimiento indígena se vuelve capaz de desestabilizar presidentes
El movimiento indígena del Ecuador está marcado por las movilizaciones generalmente violentas impulsadas como medidas de resistencia a la exclusión y a la pobreza. La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene 35 años de existencia jurídica y más de 40 de organización, pero esto no quiere decir que el movimiento indígena data de su existencia social desde entonces. Los antecedentes de los levantamientos indígenas se rastrean a la llegada de los europeos peninsulares en el siglo XVI al continente. Desde entonces se contabilizan innumerables movilizaciones y protestas, muchas de estas sediciosas, que tuvieron la capacidad de arrinconar a los poderes constituidos.
Más de 60 levantamientos se han reportado desde el primer tercio del s. XVI hasta el mismo periodo del siglo XX, en 400 años, lo que indica una regularidad de 7 años entre cada levantamiento indígena. Durante todo este tiempo han evolucionado los repertorios de la protesta, las demandas de los movilizados e incluso la complejidad de las organizaciones indígenas. Pero desde el retorno a la democracia esta periodicidad se ha estrechado y las protestas indígenas suceden más frecuentemente por cada gobierno en funciones, con la capacidad de empujarlo a las cuerdas del cuadrilátero de la historia. ¿Cómo pueden leerse las recientes movilizaciones de la CONAIE en un contexto más amplio?
La resistencia empezó en la colonia
La historia de las sublevaciones en el Ecuador inició cuando los pueblos indígenas rechazaron a los españoles. Los líderes de esa resistencia fueron los generales incas Rumiñahui, Quizquiz, Calicuchima, o Zopozopangui, cacique de Mocha e hijo de Huayna Cápac.
Otros grupos étnicos los Huancavilcas, entre 1535 y 1542, quemaron por tres ocasiones la ciudad de Guayaquil. Los Mantas y los Caráquez también se opusieron a los ejércitos españoles en la misma época para impedir la fundación de la actual ciudad de Portoviejo, en Manabí. En Esmeraldas, al norte del Ecuador, en 1568, se registró otra sublevación en contra de los españoles.
Todos estos levantamientos son parte de la resistencia indígena durante los siglos XVI y XVII.
Para luchar en contra de los impuestos, del despojo de tierras, los trabajos obligatorios gestados en Otavalo, entre 1559 y 1615. La resistencia en el Corregimiento de Otavalo formado por las actuales Cotacachi, Otavalo, San Pablo, Cayambe, fue de las más importantes en 1777.

La sobre explotación a los trabajadores indígenas suscitó otra serie de levantamientos en el siglo XIX, sucedieron en Cañar, en 1862, en Imbabura y Guano, en 1868, Chimborazo, en 1871, y en Napo, en 1892. La represión en contra de los manifestantes fue brutal. Uno de los nombres más recordados es el de Fernando Daquilema, el líder procedente de la etnia Puruhá se enfrentó a la opresión del gobierno conservador del entonces presidente Gabriel García Moreno.
Es en ese año cuando se creó la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), que luego se denominó Confederación de Organizaciones Clasistas. La Iglesia influyó en esta organización para contrarrestar la creciente influencia de la izquierda y, en la década de los 60, influyó en el sector campesino a través de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC).
Con el desarrollo del capitalismo, en las décadas del 50 y 60, hubo una época intensa para el movimiento campesino indígena, representado por la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), antes conocida como la Federación Ecuatoriana de Indios en la Sierra.
En las décadas del 50 y 60 (caracterizadas por un mayor desarrollo del capitalismo), se vivió una época de efervescencia del movimiento campesino indígena articulado por la FEI en la Sierra y por la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL) en la Costa.
Para rechazar el censo agropecuario, varias comunidades indígenas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo se levantaron. Los enfrentamientos de 1961, terminaron con el asesinato de dos campesinos y varios manifestantes presos.
Asimismo, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, el movimiento indígena presentó su rechazo al decreto que traspasó la Misión Andina, la única entidad que trabajaba con los indígenas, al Ministerio de Agricultura. En esa ocasión, los manifestantes tomaron las oficinas de la institución en Cañar. La medida de hecho, que duró cinco días, se replicó en Loja, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.
Órganos de representación colectiva
Los levantamientos indígenas, hasta inicios del siglo anterior, habían sucedido de manera aislada y las sublevaciones habían sido reprimidas con el uso de la fuerza. Pero, en la década de 1920, el movimiento indígena articulado dentro del movimiento campesino, creó los primeros sindicatos campesinos, que fueron las bases para la creación de la FEI, y de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc).
No fue sino en los 70, cuando se buscó la unidad del movimiento indígena por medio de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en la sierra, y en 1980, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae). La unidad del movimiento indígena dependía también de que, al interior de la organización, se comprendieran los distintos pedidos y problemas de cada región. Por ejemplo, los levantamientos en la Sierra y en la Costa pedían la ejecución de una reforma agraria, pero en la Amazonía era prioritario que se eliminaran los proyectos colonizadores y se diera paso a una legislación que velara por los asentamientos indígenas.
Cuando Ecuador retornó a la democracia en 1978, la Ecuarunari convocó al Quinto Congreso Nacional, en Pichincha. El encuentro sucedió entre el 4 y el 8 de septiembre de 1979, con la participación de 350 delegados, en representación de una decena de provincias y de organizaciones como la FEI, FENOC y CTE.

Dos años después, en 1980, los líderes de la Ecuarunari y de la Confeniae impulsaron el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En esa reunión se constituyó el Consejo de Coordinación, que sentó las bases para la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Ese consejo servía como una instancia de coordinación que permitía canalizar las demandas de las diferentes organizaciones indígenas.
En octubre de 1980, el movimiento indígena realizó la Marcha Nacional Indígena y Campesina “Mártires de Aztra”, que exigía la derogatoria de la Ley de Seguridad Nacional, la nacionalización del petróleo, la derogatoria de la Ley de Fomento Agropecuario, la destitución del ministro de Agricultura, entre otros. Más de 10.000 campesinos-indígenas del país se unieron a la medida. Antes, en mayo de ese mismo año, el movimiento indígena había participado en la Huelga Nacional que rechazaba las medidas económicas decretadas por el gobierno Jaime Roldós, el primer presidente del retorno a la democracia en Ecuador.
Seis años después de la creación del Consejo de Coordinación, se realizó el primer congreso de la Conaie, en noviembre de 1986. Nueve nacionalidades indígenas, de 27 organizaciones y con 500 delegados participaron.
35 años de la Conaie
La Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador tiene una estructura organizativa conformada por 53 organizaciones de base de las tres regiones del Ecuador: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), que agrupan a los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, según se lee en la página web de la Conaie.
Sus objetivos principales buscan la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, integrar a las mujeres indígenas y jóvenes en los espacios de poder organizativos y políticos, la lucha permanente en defensa de las tierras, territorios ancestrales y los recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad, formas de organización social y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, entre otros.
Actualmente, la Conaie está presidida por Leonidas Iza, quien lideró el paro nacional que mantuvo en vilo al Ecuador durante 18 días y que culminó con un acuerdo entre las organizaciones indígenas y el gobierno para que se atiendan 10 pedidos planteados por la Conaie, como la moratoria de un año para los préstamos en el sistema financiero público y privado, la focalización de los subsidios de los combustibles, entre otros.
La Conaie es un actor político con gran poder de convocatoria. Su ala electoral es Pachakutik, cuyo candidato presidencial obtuvo el tercer lugar en las elecciones de 2021 y cuyos asambleístas conforman la segunda bancada más grande en la Legislatura.
El movimiento indígena y los derrocamientos
En una entrevista con Infobae, el legislador Fernando Villavicencio dijo que el movimiento indígena ha participado en el derrocamiento de tres presidentes, pero “nunca ha puesto ninguno”. Los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad y de Lucio Gutierrez, terminaron luego de fuertes conmociones sociales en las que participaron distintos actores del movimiento indígena.
En 1997, cuando cayó Bucaram, los indígenas apoyaron las movilizaciones lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores. A Bucaram lo sucedió Fabián Alarcon, del Frente Radical Alfarista. Las protestas incluyeron el levantamiento indígena, la toma de iglesias, huelgas, marchas, ocupación de espacios públicos y subversión de símbolos de poder. Los manifestantes pedían intolerancia ante la corrupción, que no se aceptara el neoliberalismo y se oponían al estilo de Bucaram.
En el 2000, la Conaie lideró las movilizaciones que terminaron con la caída de Jamil Mahuad. El levantamiento indígena estaba abanderado por la lucha contra la corrupción, el no al neoliberalismo y el pedido de refundar la democracia. A Mahuad lo sustituyó Gustavo Noboa, un político independiente.
En la caída de Lucio Gutierrez, que llegó al poder apoyado por el ala electoral de la Conaie, Pachakutik, también participó una organización indígena: la Feine. Los pedidos de las protestas que se tomaron espacios públicos, que realizaron cacerolazos y marchas nocturnas, eran que no se firme el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se luche contra el autoritarismo y que se condene la corrupción. A la conmoción social que derrocó a Gutierrez se conoce como la rebelión de los forajidos. A Gutierrez lo reemplazó su vicepresidente Alfredo Palacio, que gobernó hasta que fue sucedido por Rafael Correa, que asumió el cargo en 2007.
En octubre de 2019 hubo un levantamiento indígena liderado por la Conaie en oposición a la decisión del expresidente Lenín Moreno de que el gobierno dejara de subsidiar los combustibles. La protesta duró 11 días y por primera vez alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. La Conaie habló de infiltrados. Para terminar con la medida de hecho, Moreno acudió a una mesa de diálogo con los líderes indígenas.
Tres años después, el 13 de junio de 2022, la Conaie impulsó el más reciente paro nacional que duró 18 días en el país. Durante las manifestaciones, hubo un intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. El proceso iniciado por la bancada afín a Rafael Correa no obtuvo los votos necesarios para la destitución.
Aunque la versión gubernamental señala que detrás de los reclamos legítimos había una agenda de desestabilización, esto ha sido desmentido por la Conaie. En una entrevista con Infobae, el presidente Guillermo Lasso aseguró que “la acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaban la desestabilización del país”. Sin embargo, en conversación con Infobae, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, calificó esa versión como una falacia y dijo que el gobierno pretende deslegitimar la lucha del movimiento indígena.
En ambos levantamientos, el de octubre de 2019 y el de junio de 2022, hubo muertos y centenares de heridos. (Infobae)
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El desafío del acceso real y la continuidad en el tratamiento oncológico en Ecuador
En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por las leyes aprobadas ni por los medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado, es decir, que el paciente reciba el tratamiento correcto en el momento preciso. Hoy, Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias ya forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta.
¿Qué está pasando realmente?
Existe una brecha crítica que separa el derecho a la salud de la atención efectiva. Actualmente, menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema de fondo ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo mucho más urgente: qué está disponible en el momento exacto en que el paciente lo necesita.
Según un estudio de EquityCancer-LA, en Ecuador, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, lo que incrementa la presión hospitalaria y los costos de atención.
Esta situación ha forzado una transición peligrosa en la práctica clínica. El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado y preciso para darle calidad de vida al paciente, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta estrictamente a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a un desabastecimiento intermitente, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en una gestión de carencias, y esto genera que los pacientes reciban tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos.
El cáncer no es solo una enfermedad más; requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores. Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados.
El costo humano de la burocracia
La falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. La realidad es inmediata y crítica:
- Los pacientes oncológicos del sistema público están siendo rechazados por SOLCA debido a nudos administrativos y falta de convenios efectivos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejándolos a la deriva.
- En hospitales como el Andrade Marín, la escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida.
En este sentido, cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador. Reportes de impacto socioeconómico en el país evidencian que el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de USD 699 millones entre 2017 y 2023. En ese mismo periodo, las brechas de acceso le costaron a la población ecuatoriana 83.500 años de vida saludable (DALYs). Solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de USD 25 millones anuales.
El laberinto de la compra centralizada
La solución propuesta a través de la compra centralizada se encuentra en un estado de incertidumbre. Los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos: se pasó de una proyección de compra de 15 meses a solo 12, sin que exista claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente informadas. Incluso, se ha reportado que algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero. Por su parte, aunque el Ministerio de Salud cuenta con listados de productos, la ausencia de una hoja de ruta sobre la temporalidad de los procesos impide una planificación que asegure el abastecimiento real.
Aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro, estructurado y con una hoja de ruta definida para su implementación. En este punto, el país enfrenta una oportunidad decisiva: el reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo, sino convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.
Un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente por encima de la burocracia. Asimismo, debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales, permitiendo una transición efectiva de un modelo reactivo a uno preventivo.
Es imperativo transitar hacia un modelo que priorice la descentralización administrativa y la agilidad en la gestión hospitalaria. El acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y asignación presupuestaria sostenible.
Hoy, más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser ese punto de inflexión: el instrumento que transforme el acceso teórico en acceso real y que asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.
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Daniel Noboa viaja a República Dominicana por agenda oficial
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó este martes 5 de mayo a República Dominicana, donde permanecerá hasta este miércoles, según consta en un decreto ejecutivo emitido por el Gobierno.
El documento señala que se trata de un viaje oficial. Además, establece que la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete es la encargada de definir la comitiva que acompañará al mandatario durante su estadía. El decreto no precisa los motivos del viaje.
Relación entre Ecuador y Rep. Dominicana
Noboa y su homólogo dominicano, Luis Abinader, se reunieron en febrero pasado en Dubái, donde hablaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial.
La cita se dio en el marco de la agenda que cumplieron ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.
En ese contexto “coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones”, agregó la Presidencia de Ecuador en un comunicado difundido en febrero.
En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de “alcance parcial”, el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.
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Gremio de transportistas pide «extender» el plazo de compensaciones por el subsidio de diésel
En una entrevista en Televistazo, Jorge Yánez, dirigente del gremio de transportistas sumó un pedido más para este sector.
Yánez solicitó al presidente Daniel Noboa extender por cuatro meses más, las compensaciones por el subsidio del diésel.
“Si es posible al señor Presidente de la República, solicitarle que analice esta posibilidad que existía en el decreto ejecutivo de ampliar a cuatro meses (las compensaciones por alza del diésel) para el sistema de transporte intracantonal, los ciudadanos de Quito le vamos a agradecer que nos dé este salvavidas adicional”, mencionó en la entrevista.
Acerca del incremento de los pasajes
Yánez asegura que la tarifa de USD 0,35 centavos no es rentable. En una reunión con los directivos del sector, se estableció la posibilidad de fijar el valor en USD 0,65 centavos, que podrían ser costeados entre la ciudadanía y el Municipio de Quito.
Para esto, el dirigente explica que en las mesas de trabajo técnicas que se desarrollarán a partir del 13 de mayo, se planteará la posibilidad de establecer un subsidio cruzado.
¿En qué consiste esta opción?
Yánez explica que parte de los rubros que se recaudan por matriculación, pasajes, peajes; entre otros, podrían destinarse para el incremento del pasaje.
“El modelo de gestión debe cambiar y tener decisión política e financiar el sistema de transporte por ejemplo, con rubros de matrículas, multas parqueaderos y así establecer un subsidio cruzado”.
¿Sobre el plazo del incremento?
El dirigente gremial sostiene que por varias ocasiones, se solicitó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dialogar acerca del ajuste en el valor del pasaje y se solicitó los estudios actualizados de la Secretaría de Movilidad para hacer esta revisión, pero no obtuvo respuesta.
“No estamos imponiendo que el pasaje se incremente cada año, sino que la Ley de Tránsito establece un incremento bianual y la última revisión fue en el 2020”, aclaró.
¿Qué pasa con la siniestralidad y la calidad del servicio?
Yánez aseguró que el índice de siniestros causados por buses de transporte público, en parte, se deben a la falta de capacitación.
Según el agremiado, actualmente las escuelas de conducción profesional otorgan una capacitación de seis meses a los conductores.
«Es insuficiente. No nos lavamos las manos, pero es como que los hospitales les enseñaran a los médicos cómo hacer su labor”, precisó.
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