Nacionales
Colombia responde al arancel de 30% de Ecuador cerrando mecanismo para facilitar venta de energía
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tachó este miércoles de «agresión económica» la «tasa de seguridad» del 30% que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.
Noboa explicó que tomó esa decisión por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
En su comunicado, Noboa aseguró que su Gobierno ha hecho «esfuerzos reales de cooperación con Colombia», pese a un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
El presidente indicó que la medida se mantendrá «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».
Crisis energética de Ecuador
El ministro colombiano de Minas recordó este miércoles que su país mantuvo «la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación)».
«Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmontarla«, advirtió Palma.
Droga decomisada en Ecuador
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisan con frecuencia cargamentos de droga provenientes de Colombia o en zonas fronterizas con ese país.
Una de las últimas incautaciones se produjo el pasado 6 de enero, cuando el Ejército encontró 2,2 toneladas en la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo.
Los soldados sospechan que la droga pertenecía a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A este grupo armado el Gobierno ecuatoriano también atribuye el asesinato de once militares el 9 de mayo pasado en una emboscada mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Tras ese ataque, Noboa los catalogó como «grupos armados organizados» junto al Frente Oliver Sinisterra, a las Disidencias Comuneros del Sur, y los incorporó como enemigos dentro del «conflicto armado interno» que desde enero de 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales en el país.
Además, el pasado 24 de diciembre el Gobierno ecuatoriano anunció que mantendría abierto solo un paso fronterizo con Colombia y también con Perú, debido a «criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado».
Rodeado por estos países, que son los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
En 2025, Ecuador decomisó 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. Fuente: Vistazo
Nacionales
Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.
En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.
Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.
Nacionales
Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora
Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.
Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.
Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.
Nacionales
Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas
El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.
En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.
En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.
Sobre posible alza de pasajes
“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.
Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.
Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.
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