La situación que atraviesan los habitantes del barrio La Balsa, ubicado en el cantón Chinchipe, continúa generando preocupación entre comerciantes y moradores, quienes denuncian que el cierre del paso por el Puente Internacional La Balsa ha provocado una grave afectación económica, social y educativa para las familias de este sector fronterizo.

Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el habitante y comerciante Rómulo Wilfrido González expuso la difícil realidad que enfrenta la población, señalando que la vialidad entre Bellavista y La Balsa se encuentra en condiciones críticas, calificándola como una vía de «tercer orden», lo que dificulta aún más la movilidad de los ciudadanos.

González informó que para el próximo sábado 18 de julio, a partir de las 10:00, se desarrollará una marcha pacífica en el Puente Internacional La Balsa con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional la reapertura del paso fronterizo entre Ecuador y Perú, al considerar que este cierre mantiene paralizada la principal actividad económica del sector.

Según explicó, la economía de La Balsa depende casi exclusivamente del intercambio comercial con los ciudadanos del vecino país. «Nosotros vivimos de nuestros negocios y de las compras que realizan nuestros hermanos peruanos. Pagamos impuestos, tenemos créditos bancarios y hoy no tenemos cómo sostener nuestras familias porque la frontera continúa cerrada», manifestó.

El dirigente barrial indicó que la movilización contará con la participación de comerciantes, hoteleros, propietarios de restaurantes, habitantes de Zumba, La Chonta, Chito, Pucapamba y otros sectores de la zona fronteriza. Además, señaló que se ha extendido la invitación a autoridades provinciales y cantonales, entre ellas el alcalde, concejales, juntas parroquiales, la Prefectura y la asambleísta de la provincia.

Educación afectada por el cierre fronterizo
Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad es la falta de acceso a la educación. González reveló que en el barrio La Balsa ya no existe una escuela ecuatoriana, situación que obliga a los niños del sector a estudiar en instituciones educativas del Perú.

Sin embargo, aseguró que las restricciones impuestas para cruzar el puente también han impedido que varios menores puedan asistir normalmente a clases.

«Nuestros hijos no tienen escuela en Ecuador y deben estudiar en el Perú, pero tampoco los dejan pasar. Estamos hablando de un derecho fundamental como es la educación», expresó.

Denuncian restricciones incluso para emergencias médicas
Durante la entrevista también se expuso el caso de Lisbeth Vélez, una menor de edad del barrio Canadá que sufrió una grave lesión en una de sus manos.

De acuerdo con el testimonio de González, la madre de la niña intentó trasladarla por el Puente Internacional para recibir atención médica en Ecuador; sin embargo, aseguró que el paso fue impedido por personal militar debido a disposiciones vigentes en la zona.

Posteriormente, gracias a la presión de la comunidad, la menor logró ser trasladada hasta una clínica de la ciudad de Loja, donde permanece recibiendo tratamiento especializado para intentar salvar su mano mediante un injerto.

El comerciante cuestionó que incluso en situaciones de emergencia médica existan restricciones que, según afirmó, ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Crisis económica en la frontera
González afirmó que la población de La Balsa no cuenta con otras fuentes importantes de ingresos como actividades ganaderas o agrícolas de gran escala, por lo que el comercio fronterizo constituye el principal sustento de decenas de familias.

Indicó que numerosos comerciantes mantienen préstamos bancarios, permisos municipales y obligaciones tributarias que continúan acumulándose mientras los negocios permanecen prácticamente sin clientes debido al cierre del paso internacional.

«Nos están matando de hambre sin que exista un desastre natural. Aquí no hay derrumbes, pero sí una crisis económica provocada por el cierre de la frontera», expresó.

Asimismo, recordó que otros pasos fronterizos del país, como Macará y Zapotillo, ya fueron reabiertos, por lo que considera que los habitantes de La Balsa merecen recibir el mismo tratamiento por parte del Gobierno Nacional.

Llamado a las autoridades
Finalmente, hizo un llamado al presidente de la República, a las autoridades nacionales y provinciales para que atiendan la problemática que vive la población fronteriza, argumentando que la reapertura del Puente Internacional La Balsa permitiría reactivar el comercio, garantizar el acceso a la educación y facilitar la atención oportuna de emergencias médicas.

Los habitantes esperan que la movilización del sábado permita visibilizar la situación que enfrentan y motive la adopción de soluciones que beneficien a las familias que dependen de esta conexión binacional.

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), rescató con éxito un oso perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), luego de atender una alerta emitida por el ECU 911 que informaba sobre la presencia del ejemplar a un costado de la vía Loja–Zamora.

La intervención oportuna del personal especializado permitió brindar una atención segura al animal, evitando posibles riesgos para su integridad y garantizando su protección. Posteriormente, el oso perezoso fue trasladado hasta el Parque Nacional Podocarpus, donde fue reinsertado en su hábitat natural, contribuyendo a la conservación de esta emblemática especie.

Este procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la colaboración de la ciudadanía, cuyo aporte resulta fundamental para la protección de la fauna silvestre y la preservación de los ecosistemas del país.

Resultados del operativo

• 01 oso perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus) rescatado y reinsertado en su hábitat natural.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural del Ecuador, mediante operativos permanentes orientados a prevenir el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, promover la conservación de la biodiversidad y fomentar una cultura de respeto hacia la vida silvestre.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas o carreteras, evite manipularlos y reporte inmediatamente el hecho a través del ECU 911 o a la Policía Nacional, permitiendo una intervención técnica que garantice el bienestar de las especies y la seguridad de las personas.

En entrevista, el asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, analizó la reciente aprobación de la Ley de Extradición por parte de la Asamblea Nacional, normativa que, según explicó, responde al mandato ciudadano expresado en la consulta popular y busca fortalecer los mecanismos jurídicos para enfrentar la delincuencia y agilizar los procesos de extradición de ciudadanos ecuatorianos con sentencia ejecutoriada.

El legislador señaló que la ley fue aprobada por unanimidad y ahora corresponde al Ejecutivo sancionarla para que entre en vigencia. Indicó que la normativa pretende modernizar el marco legal vigente desde el año 2000 y facilitar la cooperación internacional para que personas condenadas por la justicia ecuatoriana puedan ser entregadas al país y cumplir sus sentencias.

No obstante, Valladarez manifestó que durante el debate legislativo su bancada presentó observaciones respecto al procedimiento contemplado en la ley. En particular, expresó preocupación porque la decisión final sobre la extradición recaería en el Presidente de la República, una disposición que, a su criterio, podría generar discrecionalidad en la aplicación de la norma.

El asambleísta explicó que el procedimiento establece que la Corte Nacional de Justicia deberá evaluar cada caso y emitir un informe favorable. Posteriormente, el Presidente de la República, en coordinación con la Cancillería, resolverá el inicio del trámite internacional de extradición correspondiente.

Consultado sobre las garantías para proteger los derechos constitucionales y el debido proceso, Valladarez sostuvo que la aplicación de la normativa también deberá observar los tratados internacionales y los instrumentos de protección de los derechos humanos vigentes, aunque insistió en que mantiene reservas respecto al margen de decisión otorgado al Ejecutivo.

Durante la entrevista también abordó otros temas relacionados con la situación política y económica del país, cuestionando la gestión del Gobierno Nacional en materia de seguridad, economía y administración pública.

Asimismo, respondió a inquietudes de la audiencia sobre su labor legislativa, indicando que ha presentado proyectos de reforma a la Ley de Minería, la Ley Orgánica Amazónica, la Ley de Contratación Pública, el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, iniciativas que —según afirmó— buscan fortalecer el desarrollo de la Amazonía, la regularización minera, la contratación de mano de obra local y la protección de la producción regional.

Finalmente, Valladarez reiteró que la seguridad ciudadana requiere una política pública integral y sostuvo que la expedición de nuevas leyes, por sí sola, no resolverá la problemática de la violencia si no va acompañada de acciones efectivas por parte del Ejecutivo.