El exalcalde del cantón Zamora, Smilcar Rodríguez, se pronunció sobre la situación del actual Hospital Julio Doepfner y el proceso de gestión para la construcción de un nuevo hospital general provincial para Zamora Chinchipe, señalando que la infraestructura existente ya cumplió su vida útil tras 58 años de funcionamiento.

Rodríguez, quien actualmente lidera el colectivo ciudadano que impulsa esta propuesta, manifestó que la lucha por el nuevo hospital responde a un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la República, relacionado con el acceso a la salud pública y la atención digna para la ciudadanía.

“El tema de la salud no puede tomarse a la ligera. El hospital provincial atiende no solamente a Zamora Chinchipe, sino también a sectores de Loja y Morona Santiago. Necesitamos una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la provincia”, sostuvo.

Durante la entrevista, explicó que uno de los principales avances alcanzados ha sido la obtención de un terreno de aproximadamente 35 mil metros cuadrados en el sector La Chacra, límites con Tunantza, destinado exclusivamente para la construcción del nuevo hospital. Indicó que el predio cuenta con servicios básicos, acceso energético, estudios previos e incluso una línea eléctrica denominada “Hospital de Zamora”.

Rodríguez recordó que el terreno fue entregado durante su administración municipal y aseguró que, pese a existir estudios técnicos iniciales, estos no fueron validados por el Gobierno Nacional de turno debido a discrepancias políticas registradas en el año 2014.

El exalcalde cuestionó la falta de respaldo efectivo de algunas autoridades locales y nacionales, señalando que gran parte de la presión y gestión ha recaído sobre la ciudadanía organizada. “La colectividad ha tomado la posta porque no tiene compromisos políticos con los gobiernos de turno, mientras que algunas autoridades han actuado con pasividad”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por el deterioro actual del terreno destinado al hospital, señalando que existen escombros, maleza e incluso riesgos de invasiones debido a la falta de mantenimiento y control institucional.

En ese contexto, propuso la realización de una minga ciudadana para adecentar el predio y demostrar al Gobierno Nacional que la provincia mantiene firme el interés de concretar el proyecto hospitalario.

Rodríguez explicó que actualmente ya existe una partida presupuestaria destinada para la contratación de los estudios técnicos definitivos, recursos que reposan en la cédula presupuestaria del Hospital Julio Doepfner. Indicó que el siguiente paso es que el Ministerio de Salud Pública y las autoridades hospitalarias ejecuten de manera inmediata el proceso de contratación.

“El estudio es la herramienta técnica fundamental. Sin estudios aprobados no se puede gestionar financiamiento ni presentar proyectos ante el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Técnica Amazónica o incluso organismos privados”, señaló.

El dirigente ciudadano indicó que el objetivo es que los estudios técnicos, ambientales, arquitectónicos y estructurales puedan estar aprobados hasta finales del presente año, lo que permitiría iniciar la gestión de recursos económicos en 2027.

De igual manera, insistió en la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados participen mediante convenios de competencias concurrentes, aportando recursos y articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional para hacer viable la obra.

“El argumento de que no es competencia de los municipios o de la prefectura no puede convertirse en excusa. Las competencias concurrentes permiten unir recursos y esfuerzos para obras prioritarias como esta”, enfatizó.

Rodríguez también criticó el estado actual del sistema de salud pública a nivel nacional, mencionando deficiencias en ambulancias, alimentación hospitalaria, dotación de médicos, enfermeras, seguridad e insumos médicos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, autoridades para mantener activa la presión social para garantizar que el proyecto no quede archivado. “Las grandes obras de la provincia han nacido de la lucha social del pueblo. El nuevo hospital debe convertirse en una causa provincial”, concluyó.

El coordinador provincial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, se pronunció sobre la reciente designación de Cléver Jiménez como precandidato a la Prefectura de Zamora Chinchipe, en el marco de una reunión política desarrollada el pasado sábado con la participación de aproximadamente 150 dirigentes de la organización, entre hombres y mujeres.

Durante la entrevista, Quishpe calificó el encuentro como “una reunión común y corriente”, descartando que se trate de un hecho extraordinario. No obstante, reconoció que la decisión generó reacciones diversas en redes sociales y en distintos sectores políticos, especialmente por el acercamiento político entre él y Jiménez, luego de diferencias públicas mantenidas en años anteriores.

El dirigente de Pachakutik defendió el proceso de reconciliación y sostuvo que la política debe construirse sobre la capacidad de superar conflictos. “¿Quieren que vivamos peleados? ¿No se supone que el perdón y el reencuentro son mejores que permanecer enfrentados?”, expresó, señalando que no es la primera vez que en su vida pública opta por dejar atrás disputas personales o judiciales.

En ese contexto, recordó episodios de procesos legales y denuncias que enfrentó en años anteriores, afirmando que en varias ocasiones decidió otorgar el perdón a quienes promovieron acciones en su contra. Según indicó, la reconciliación política y social debe verse como un ejercicio democrático y no como motivo de escándalo.

Más allá de la designación de la precandidatura, Quishpe aseguró que el principal objetivo del encuentro fue iniciar la construcción de una propuesta integral de desarrollo para Zamora Chinchipe con visión a diez años. Explicó que el planteamiento se estructura en siete ejes estratégicos: salud, educación, productividad, conectividad, minería, pueblos indígenas y medio ambiente.

El ex prefecto sostuvo que la propuesta no se limita a un plan de gobierno electoral, sino que busca recoger “los sueños y anhelos de toda la provincia”, incluyendo temas cuya solución depende del Gobierno Nacional y no exclusivamente de los gobiernos autónomos descentralizados.

En materia minera, enfatizó la necesidad de implementar un ordenamiento territorial que permita definir las zonas aptas para actividades extractivas y aquellas donde las comunidades no desean minería. Citó como ejemplo el sector de Ortega Alto, donde, según dijo, la población mantiene una postura contraria a la explotación minera.

Asimismo, propuso impulsar infraestructura para fortalecer la economía provincial, entre ellas una planta de beneficio minero en Zamora Chinchipe para evitar el traslado de material aurífero hacia Portovelo, así como la construcción de una planta de faenamiento tecnificada que permita mejorar la comercialización de productos cárnicos y abrir posibilidades de exportación.

Quishpe también insistió en la necesidad de una mayor unidad provincial para exigir obras estratégicas como el nuevo hospital para Zamora Chinchipe, la universidad amazónica y el avance del Eje Vial 4. En ese sentido, planteó la conformación de una gran asamblea provincial liderada por autoridades locales y ciudadanía para solicitar audiencias al Presidente de la República y reclamar atención a las necesidades históricas de la provincia.

Respecto al proyecto universitario para Zamora Chinchipe, cuestionó el archivo de la propuesta por parte del Consejo de Educación Superior y criticó la falta de reacción de los representantes legislativos de la provincia. “No podemos dar brazo a torcer en un sueño tan anhelado por la juventud y los padres de familia”, manifestó.

Durante la entrevista también respondió a las declaraciones del asambleísta Héctor Valladarez, quien habría cuestionado la decisión de Pachakutik de respaldar a Jiménez. Quishpe defendió la autonomía de las organizaciones políticas para definir sus candidaturas y rechazó lo que calificó como intentos de interferencia externa en decisiones internas del movimiento.

Finalmente, informó que Pachakutik continúa trabajando en la definición de candidaturas para alcaldías, juntas parroquiales y viceprefectura, cuyos nombres serán anunciados en los próximos días. Además, reiteró que la organización priorizará propuestas orientadas a la gestión de recursos y obras para la provincia, más allá de las competencias tradicionales de los gobiernos locales.

“Cuando se quiere, se hace”, concluyó Quishpe, insistiendo en que la provincia debe mantenerse unida para exigir atención estatal en temas de salud, educación superior, conectividad vial y desarrollo productivo.

Un grupo de exguardias de seguridad que prestaron servicios en el Hospital Básico Cantonal de Yantzaza denunció públicamente una presunta deuda laboral que se mantiene desde hace aproximadamente un año, situación que, según manifestó, afecta gravemente a 33 trabajadores y sus familias.

La denuncia fue realizada durante una entrevista radial, en la que uno de los afectados solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias. El ciudadano explicó que él y sus compañeros trabajaron durante el año 2025 brindando servicios de seguridad privada en la casa de salud de Yantzaza, sin que hasta la fecha hayan recibido el pago correspondiente por sus labores.

Según el testimonio, la empresa contratista responsable del servicio sería “912 Company Security”, con sede en Quito. El denunciante aseguró que tanto la empresa como las instituciones estatales involucradas se atribuyen mutuamente la responsabilidad de los retrasos, sin ofrecer soluciones concretas a los trabajadores afectados.

“Ya es un año que a mí y a mis compañeros no nos han pagado. Debemos arriendos, servicios básicos y tenemos familias que mantener”, expresó el exguardia, quien además indicó que muchos de los trabajadores han tenido que buscar empleos ocasionales para subsistir ante la falta de ingresos.

El ciudadano señaló que el problema no se limitaría únicamente al Hospital Básico de Yantzaza, sino que existirían casos similares en otras casas de salud del país. Asimismo, manifestó que los afectados han intentado acudir a diferentes autoridades provinciales en busca de apoyo y mediación, sin obtener respuestas efectivas.

Durante la entrevista, también cuestionó el rol de los directivos de la empresa contratista y de los supervisores encargados de coordinar las jornadas laborales, asegurando que los trabajadores cumplían extensas jornadas sin recibir garantías sobre el pago de sus haberes.

El caso ha generado preocupación ciudadana debido al impacto social y económico que representa para las familias afectadas. Los denunciantes solicitan la intervención inmediata de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, la Gobernación de Zamora Chinchipe y organismos de control laboral, con el fin de esclarecer responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.

En la entrevista radial también se cuestionó la falta de acciones de fiscalización y mediación institucional frente a este tipo de conflictos laborales, enfatizando la necesidad de que las autoridades provinciales y nacionales atiendan de manera prioritaria la problemática de los trabajadores impagos en el sistema de salud pública.

Los afectados reiteraron su llamado para que el caso sea visibilizado a nivel nacional y se adopten medidas que permitan solucionar una situación que califican como “inhumana”, considerando que llevan aproximadamente doce meses sin percibir remuneración por servicios ya prestados.