El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este 2 de septiembre de 2026 la renuncia presentada por Enrique Herrería, quien se desempeñaba como Secretario Jurídico de la Presidencia.

En junio el presidente Noboa no aceptó la renuncia que el funcionario había presentado en el contexto del último proceso de reestructuración del Ejecutivo.

En esta ocasión, la renuncia de Herrería sí fue aceptada tras haber cumplido con el compromiso «de conformar un equipo de profesionales en esa Secretaría que garantice y coordine la elaboración de normas para acelerar el indispensable proceso de modernización del Estado», detalló Presidencia de Ecuador.

Herrería asumió las funciones como Secretario Jurídico en noviembre de 2025, bajo el gobierno de Noboa. Hasta marzo del mismo año se había desempeñado como juez constitucional.

Integró el primer grupo de nueve jueces designados después del proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) tras la consulta popular de 2018 (promovida por el entonces presidente Lenín Moreno). Permaneció en esa entidad durante casi seis años y dejó el cargo en la última renovación de la Corte.

Según el comunicado de la Presidencia, tras dejar la Secretaría Jurídica, Herrería volverá al desempeño de sus actividades profesionales en el sector privado.

Aldrin Gómez es el nuevo Secretario Jurídico 
Herrería se convirtió en el tercer Secretario Jurídico de la Presidencia. Ahora el cargo lo ocupa Aldrin Gómez, quien es parte del equipo de profesionales que se conformó en esa dependencia. Fuente: Primicias

Gabriela Rodríguez, madre de una niña por quien se realizaron campañas de ayuda económica, rompió el silencio luego de la polémica generada en redes sociales por el uso de las donaciones y por un video en el que fue captada junto a su hija sin el equipo de oxígeno que, según había señalado anteriormente, la menor necesitaba de manera permanente.

En una conversación con el influencer Jhonny Cevallos, Rodríguez presentó documentos médicos y aseguró que su hija sí cuenta con un diagnóstico comprobado. Además, explicó que la situación se ha salido de control debido a los cuestionamientos y las reacciones que ha recibido en redes sociales.

La mujer también afirmó que ha sido víctima de amenazas e insultos cuando sale a la calle y a través de plataformas digitales.

Madre reconoce errores en el manejo del dinero

Durante la conversación, Rodríguez reconoció que cometió errores en la administración de parte de los recursos entregados para ayudar a su hija.

“Yo sé que hice mal, tal vez malinterpreté las cosas… perdón”, manifestó la mujer, quien aseguró sentirse avergonzada por sus decisiones.

Según explicó, una parte del dinero recaudado fue utilizada para pagar deudas, una decisión que ahora reconoce que no fue correcta.

Cevallos, quien había participado en la ayuda a la menor a través de su fundación, cuestionó esta situación y le recordó a Rodríguez que los recursos habían sido entregados específicamente para atender las necesidades de la niña.

“La ayuda era para ella, no para ti”, le señaló el influencer durante la conversación.

Asegura que todavía guarda dinero para el tratamiento

Rodríguez sostuvo que conserva parte del dinero recibido, debido a que su hija todavía necesita atención médica y, según su versión, deberá someterse a dos cirugías más.

La madre insistió en que las donaciones fueron destinadas principalmente a las necesidades de la menor y pidió que su hija no sea señalada por las decisiones tomadas por los adultos.

“No juzguen a mi hija, ella no tiene la culpa. Esto no es un juego, ella está mal, es verdad”, expresó.

El video que desató la polémica

La controversia comenzó después de que se difundiera un video en redes sociales en el que Rodríguez aparecía saliendo de un salón de belleza junto a su hija. En las imágenes, la menor estaba sin el equipo de oxígeno, situación que generó cuestionamientos debido a las declaraciones previas de su madre sobre la necesidad de utilizarlo permanentemente.

El caso provocó dudas entre los usuarios sobre el estado de salud de la niña y sobre el destino de las donaciones entregadas por personas que buscaban ayudarla.

Sin embargo, una grabación puntual no permite por sí sola determinar las necesidades médicas de una persona. El uso de oxígeno puede depender de indicaciones médicas específicas y variar de acuerdo con las circunstancias.

Por ello, los cuestionamientos en redes no constituyen por sí mismos una prueba de que haya existido un engaño.

“La gente solo juzga”

Rodríguez pidió que su versión también sea escuchada y lamentó que las reacciones en redes sociales hayan escalado hasta convertirse, según dijo, en amenazas e insultos.

“La gente solo juzga y no se da la oportunidad de explicar cómo realmente son las cosas”, afirmó.

La madre volvió a reconocer que tomó malas decisiones en el manejo de parte de los recursos y pidió disculpas a quienes colaboraron económicamente.

“Hice mal, lo acepto, y vengo avergonzada después de lo que hice. Solo les pido que puedan perdonarme”, manifestó.

El ciudadano Richard Campoverde, residente de la provincia del Azuay, hizo público su reclamo respecto al cobro de una contribución especial de mejoras derivada de la pavimentación de una calle ubicada en el sector de Control Sur, en Cuenca. Según manifestó, el valor asignado a su predio alcanzaría aproximadamente los USD 13.000, monto que, de acuerdo con su explicación, estaría siendo cancelado mediante cuotas de alrededor de USD 1.200 cada seis meses, equivalentes a aproximadamente USD 220 mensuales.

Campoverde sostiene que el cálculo del cobro no habría considerado adecuadamente la existencia de una quebrada ubicada frente a su propiedad, espacio que, según su interpretación de la normativa municipal, tendría carácter de bien de uso público y cuya incidencia en el financiamiento de la obra debería ser asumida por el Municipio.

El ciudadano señaló que aproximadamente 10 personas de su sector estarían afectadas por la situación y que el tramo intervenido tendría una extensión aproximada de 700 metros.

Reclamo por información previa a la obra
Campoverde afirmó que, antes de la ejecución de los trabajos, los moradores recibieron información de una funcionaria municipal identificada como Sara Palacios, quien, según su versión, habría señalado que la presencia de la quebrada permitiría distribuir los costos de manera que el valor para los propietarios no resultara elevado.

El ciudadano asegura que posteriormente, al acudir a diferentes dependencias municipales para presentar su reclamo, recibió respuestas distintas respecto a la existencia de dicha información. Campoverde cuestionó que no se haya considerado lo que, según afirma, fue comunicado durante la etapa previa a la ejecución de la obra.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del denunciante y requerirían ser contrastadas con documentación oficial, expedientes administrativos y la posición del Municipio de Cuenca y de la funcionaria mencionada.

Dos años de reclamos
De acuerdo con Campoverde, el reclamo se mantiene desde hace aproximadamente dos años y ha sido presentado ante diferentes dependencias municipales, entre ellas áreas relacionadas con rentas, avalúos y ejecución de obras públicas.

El ciudadano sostiene que durante este periodo habría sido remitido de una dependencia a otra sin obtener una solución definitiva a su petición. También manifestó que anteriormente presentó su reclamo ante autoridades municipales y concejales, sin que, según su versión, se haya modificado el cobro establecido.

Campoverde anunció que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y señaló que prevé presentar un recurso de revisión, con la expectativa de que la actual administración municipal analice nuevamente su caso.

Solicita revisión del cálculo
El ciudadano considera que el Municipio debería revisar la metodología utilizada para determinar la contribución especial de mejoras correspondiente a la pavimentación, particularmente por la existencia de un área que, según su interpretación, sería de competencia municipal.

Campoverde hizo un llamado a las autoridades para que revisen su caso y determinen, con base en la normativa y documentación correspondiente, si el cobro aplicado se ajusta al marco legal vigente.

La denuncia plantea un debate sobre la aplicación de las contribuciones especiales de mejoras y la distribución de los costos de obras públicas entre propietarios y entidades municipales. Para establecer responsabilidades o confirmar la legalidad del cobro, será necesario contar con la documentación oficial del proceso y con la respuesta de las autoridades competentes.